Sentencia real · falta de transparencia · primera instancia
Sentencia 154/2025 de Sevilla: nulidad por falta de transparencia de tarjeta DESPUES BBVA
| Nº de sentencia | 154/2025 |
|---|---|
| Órgano | Juzgado de Primera Instancia Número 22 de Sevilla |
| Ciudad | Sevilla |
| Fecha | 15 de abril de 2025 |
| Procedimiento | Procedimiento Ordinario 2442/2023 |
| Entidad | BBVA |
| Vía de nulidad | Otra |
La sentencia condena a BBVA a devolver a nuestro cliente todos los intereses y comisiones que le cobraron de más por la tarjeta de crédito, al no explicarle claramente cómo funcionaba el sistema de pagos. El juzgado declara la nulidad de la cláusula de intereses remuneratorios por falta de transparencia, al no informar adecuadamente al consumidor sobre las consecuencias económicas del sistema de amortización revolving, ordenando la restitución de las cantidades excedentes al capital dispuesto.
«estimando la demanda en su acción subsidiaria, deducida por la Procuradora en nombre y representación del demandante contra la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., sobre nulidad de condiciones generales de la contratación, debo declarar y declaro la nulidad de la cláusula que regula los intereses remuneratorios TAE por falta de transparencia y, en consecuencia, debo declarar la nulidad del contrato, condenando a la demandada a restituir a la parte actora todas las cantidades que excedan del capital prestado, más los intereses legales desde la fecha del emplazamiento.»
Fallo de la sentencia 154/2025, Juzgado de Primera Instancia Número 22 de Sevilla
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO 22 DE SEVILLA
Procedimiento Ordinario 2442/2023
N.I.G.: ██████████████████████
Materia: Resto de acciones individuales sobre condiciones generales de la contratación
De: ████████████████ Abogado/a: ████████████████ Procurador/a: ████████████████ Contra: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA y BBVA SA Abogado/a: ████████████████ Procurador/a: ████████████████
SENTENCIA N.º 154/2025
En SEVILLA, a quince de abril de dos mil veinticinco.
D. ████████████████, MAGISTRADO/JUEZ del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 22 DE SEVILLA y su partido, habiendo visto los presentes autos de Juicio Ordinario 2442/2023 seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una como demandante ████████████████ representada por la Procuradora D. ████████████████ y asistida del Letrado D. ████████████████ y de otra como demandado BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. representada por el Procurador D. ████████████████ y asistida del Letrado D. ████████████████ sobre nulidad condiciones generales, y,
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En turno de reparto correspondió a este Juzgado la demanda inicio de las presentes actuaciones mediante la cual la parte actora ejercita acción en Juicio Declarativo Ordinario, en la que tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por convenientes terminaba interesando que se dictara sentencia conforme a las peticiones contenidas en el suplico de su demanda.
SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se dio traslado de ella emplazando a la parte demandada, quien se personó en tiempo y forma, formulando oposición a la misma en base a los hechos y fundamentos de derecho que en su escrito se señalan.
TERCERO.- Convocadas las partes para la celebración de la Audiencia Previa, ésta se celebró el día y hora señalado con asistencia de ambas partes que fueron exhortadas por S.Sª, para llegar a un acuerdo, lo que no se logró, mandando que prosiguiera la audiencia, proponiendo las partes la documental aportada, con lo que a tenor de lo establecido en el artículo 429.8 de la LEC, quedaron los autos conclusos para dictar sentencia.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. La parte actora solicita que se declare la obligación de la demandada de aportar la documentación relativa al contrato de tarjeta de crédito sucrito por el actor con la entidad demandada, así como que se declare la nulidad del contrato por el carácter usurario de los intereses remuneratorios pactados.
Subsidiariamente solicita que se declare la nulidad por falta de transparencia de la cláusula relativa a los intereses remuneratorios y el sistema de amortización revolving, así como el carácter abusivo de los intereses moratorios y el carácter abusivo de la cláusula de comisión por posiciones deudoras, con las consecuencias económicas inherentes a dichas declaraciones.
La parte demandada se opuso a la acción principal y a las acciones subsidiarias.
En el acto de la Audiencia previa, la parte actora renunció a la acción principal referente a la solicitud de nulidad del contrato por el carácter usurario de los intereses remuneratorios pactados, solicitando la continuación del procedimiento por el resto del contenido del petitum de la demanda.
SEGUNDO. Por lo que se refiere a la acción principal en la que solicita la parte actora que se declare la obligación de la demandada de aportar la documentación relativa al contrato de tarjeta de crédito, según se deduce de la propia documental aportada con el escrito de demanda, queda suficientemente acreditado que se encuentra en poder de la actora tanto el contrato de tarjeta denominada:"Después BBVA", como el documento denominado: "información normalizada sobre crédito al consumo".
Estos mismos documentos son los que aporta la parte demandada en su escrito de contestación a la demanda.
Dichos documentos, como consta en el pie de los mismos, fueron firmados por el actor mediante firma electrónica, con fecha 26 de septiembre de 2017 mediante el canal de firma de Banca a distancia telefonía móvil/tableta. Es decir, que el actor tenía a su disposición dichos documentos, en el teléfono móvil o bien en la tableta, por lo que la entidad demandada cumplió con su obligación de entregar dicha documentación al cliente.
En consecuencia, debemos entender que la acción principal debe decaer, dado que queda suficientemente probado que el actor dispone de dicha documentación desde la suscripción del contrato.
TERCERO. Por lo que se refiere a la acción subsidiaria, la parte actora denuncia la falta de transparencia en la suscripción del contrato, y, en concreto, en lo referente a la cláusula relativa a los intereses remuneratorios y a la explicación del sistema revolving.
Manifiesta la parte actora que el contrato no supera ni el control de incorporación, ni el control de contenido, entendiendo que adolece de falta de transparencia.
Respecto de la falta de transparencia e información de la cláusula de intereses remuneratorios en la formalización del contrato, debemos atender a un doble control en el sentido de que la información que se facilita, y en los términos en los que se facilita, cubra las exigencias positivas de oportunidad real de su conocimiento por el adherente al tiempo de la celebración del contrato, y las negativas de no ser ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles, todo ello acorde a lo previsto en los arts. 5.5. y 7 de la L.C.G.C., cuando exigen la redacción de las cláusulas generales con arreglo a los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez, contemplando la no incorporación al contrato de las condiciones generales que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer, o las ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles, conforme al contenido del art. 80.1 del TRLCU. Debemos citar en este sentido la STS de 9.05.2013.
Junto al filtro de la transparencia de la cláusula aisladamente considerada, debe aplicarse el control de compresibilidad real de su importancia en el desarrollo razonable del contrato. En este sentido, hay que estudiar la posible falta de información al consumidor de las cláusulas contractuales, ya que pese a tratarse del objeto principal del contrato, pueden ocultarse tras el condicionado general, por lo que la entidad crediticia realmente le está dando un tratamiento secundario, lo que incide en una falta de claridad de la cláusula, al no percibirla el cliente como relevante al objeto principal del contrato.
El TJUE respecto de la transparencia de las cláusulas no negociadas en los contratos celebrados con consumidores, como es el supuesto objeto de litis, exige que el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, esté en condiciones de comprender el funcionamiento concreto de la cláusula y de valorar así, basándose en criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas, potencialmente significativas, de dicha cláusula sobre sus obligaciones.
La exigencia de que una cláusula contractual debe redactarse de manera clara y comprensible se ha de entender también como una obligación de que el contrato exponga de manera transparente el funcionamiento concreto del mecanismo al que se refiere la cláusula de que se trate, así como, en su caso, la relación entre ese mecanismo y el prescrito por otras cláusulas, de manera que el consumidor de que se trate esté en condiciones de valorar, basándose en criterios precisos e inteligibles, las consecuencias económicas que se deriven para él.
El TJUE ya ha declarado la importancia fundamental para el consumidor de poder disponer, antes de la celebración del contrato, de información sobre las condiciones contractuales y las consecuencias de dicha celebración. El consumidor debe poder decidir si desea quedar vinculado por las condiciones redactadas de antemano por el profesional, basándose principalmente en esa información.
Respecto del control de incorporación, pese a lo indicado por el actor en su demanda, el clausulado del contrato resulta perfectamente legible, así como el documento denominado:"información normalizada sobre crédito al consumo". Se trata de una letra de fácil lectura y de tamaño suficiente, en la que figuran destacadas en negrita las condiciones más relevantes del contrato.
Igualmente, al tratarse de un documento firmado digitalmente y a disposición del actor mediante su teléfono o tablets, el tamaño de la letra incluso puede ser modificado para una más fácil lectura y comprensión.
Las cláusulas contractuales se encuentran debidamente detalladas tanto en la información previa contractual, como en el propio contrato, sin que podamos considerar que sean ilegibles, ambiguas oscuras o incomprensibles.
Se detalla que el contrato tendrá una duración indefinida, y se describen las distintas modalidades de pago, así como el importe total a pagar acción de cada modalidad de pago y los intereses aplicables a cada modalidad de pago. Igualmente se describen los costes y las comisiones aplicables por el uso de la tarjeta.
En definitiva, debemos considerar que el contrato cumple con el control de incorporación.
Respecto del control de contenido, debemos hacer expresa referencia a las sentencias del Tribunal Supremo nº 154/2025 y 155/2025, ambas de 30 de enero de 2025 en las que se describe las características del contrato de crédito revolving:
"El crédito revolving es un crédito al consumo con interés, de duración indefinida o de duración definida prorrogable de forma automática, concedido a personas físicas, en el que el crédito dispuesto no se satisface en su totalidad al final del período de liquidación pactado.
El consumidor puede disponer hasta el límite del crédito concedido sin tener que pagar la totalidad de lo dispuesto en un plazo determinado, sino que reembolsa el crédito dispuesto de forma aplazada sin una duración determinada, mediante el pago de cuotas periódicas cuyo importe puede consistir en una cantidad fija o en un porcentaje de la cantidad dispuesta, siendo habitual que la entidad financiera fije, por defecto, una cantidad o un porcentaje bajo, lo que alarga significativamente el plazo de amortización y supone la generación de una gran cantidad de intereses al amortizarse poco capital en cada cuota. El límite del crédito disminuye según se dispone de él mediante adquisiciones de bienes o servicios, disposiciones de efectivo, transferencias del crédito concedido, etc. A su vez, el crédito disponible se repone, fundamentalmente con la parte de las cuotas destinada a la amortización del capital y que el prestatario paga periódicamente. Por tanto, el crédito se renueva de manera automática en el vencimiento de cada cuota(habitualmente, mensual) por lo que es un crédito rotativo o revolvente, equiparable a una línea de crédito permanente."
Este tipo de operaciones de crédito presentan riesgos que ya fueron mencionados en la sentencia del Tribunal Supremo de Pleno número 149/2020, de 4 de marzo:
«Han de tomarse además en consideración otras circunstancias concurrentes en este tipo de operaciones de crédito, como son el público al que suelen ir destinadas, personas que por sus condiciones de solvencia y garantías disponibles no pueden acceder a otros créditos menos gravosos, y las propias peculiaridades del crédito revolving, en que el límite del crédito se va recomponiendo constantemente, las cuantías de las cuotas no suelen ser muy elevadas en comparación con la deuda pendiente y alargan muy considerablemente el tiempo durante el que el prestatario sigue pagando las cuotas con una elevada proporción correspondiente a intereses y poca amortización del capital, hasta el punto de que puede convertir al prestatario en un deudor «cautivo», y los intereses y comisiones devengados se capitalizan para devengar el interés remuneratorio».
El Tribunal Supremo en dichas resoluciones y respecto del cumplimiento del deber de transparencia indica que:
"es necesario verificar que se comunicaron al consumidor todos los elementos que pueden incidir en el alcance de su compromiso, que se expusieron de manera transparente los motivos y las particularidades de la estipulación contractual, así como la relación entre dicha cláusula y otras cláusulas relativas a la retribución del prestamista, de forma que un consumidor informado pueda prever, sobre la base de criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas que para él se derivan y le permitan evaluar, en particular, el coste total de su préstamo, permitiéndole evaluar las consecuencias financieras de este".
Respecto del contenido de la información indica, que se debe exponer, de manera transparente por su contenido, forma de expresión y ubicación en el documento, el funcionamiento concreto del mecanismo de recomposición del capital y su influencia en la liquidación de los intereses y en la amortización del capital dispuesto, especialmente los supuestos de incremento notable del riesgo, ya indicados: cuando la cuota periódica de pago no es elevada pero sí lo es el tipo de interés; y cuando se produce un impago y la capitalización de los intereses y las comisiones devengadas prolonga indefinidamente el pago de la deuda porque las cuotas periódicas, que por defecto se fijan en una cuantía mínima, apenas amortizan capital. Debe informarse, por tanto, de la relación entre la elevada TAE, el mecanismo de recomposición del capital y las demás cláusulas con trascendencia en la creación de los riesgos descritos, de manera que el consumidor esté en condiciones de valorar, basándose en criterios precisos e inteligibles, las consecuencias económicas que se deriven para él.
Por lo que se refiere al momento en el que debe facilitarse dicha información indica el Tribunal Supremo en la sentencia 154/2025:
"En este caso, como se ha expresado al resolver el recurso extraordinario por infracción procesal, la información consistente en el clausulado del contrato y en la ficha con el formato de la Información Normalizada Europea no se entregó con antelación a la suscripción del contrato. El contrato se suscribió electrónicamente y la fecha que aparece en el contrato y en la ficha INE es la misma de la primera utilización de la tarjeta.
El hecho de que la tarjeta pueda comenzar a utilizarse con posterioridad a la celebración del contrato y no necesariamente en el momento de la suscripción del contrato, no exime al profesional de facilitar esa información con antelación suficiente a la celebración del contrato pues, una vez celebrado este, el consumidor puede hacer uso inmediato del crédito facilitado y sufrir las consecuencias derivadas de los riesgos del sistema revolving a que hemos hecho referencia, antes de haber analizado la información".
El supuesto indicado es semejante al supuesto objeto de litis, ya que en el presente caso el contrato se ha suscrito electrónicamente y la fecha que aparece en el contrato y en la ficha de la información normalizada europea es la misma.
En los documentos entregados al actor no se indica si el interés se devengarán no sólo respecto del capital dispuesto, sino también respecto del total de la cantidad adeudada(incluyendo intereses, comisiones) y no contiene unos ejemplos adecuados tanto para comprender los riesgos del sistema, como para permitir la comparación con otras modalidades de amortización o con las ofertas de otras entidades financieras. Tampoco consta que se haya facilitado información que incida sobre la forma en que la TAE opera en la propia economía del contrato, dadas las particularidades del sistema de amortización del contrato de crédito revolving.
El hecho de que se indique que el importe total a pagar estará en función de las modalidades de pago, no es suficiente para que la demandada cumpla con las exigencias establecidas por la jurisprudencia del Tribunal Supremo para que la demandada cumpla con el deber de información previo a la celebración del contrato respecto de las características del contrato, en especial de la modalidad de pago aplazado, no especificando que se trata de un pago aplazado tipo revolving, ni explicando las características de este modelo de pago, por lo que no se puede asegurar de que el consumidor actor ha tenido un conocimiento real y veraz de las consecuencias del contrato.
En el contrato es cierto que se indica el tipo de interés TAE aplicable, pero, como ya ha indicado la jurisprudencia Tribunal Supremo, dicha información no es suficiente para cumplir con las exigencias de transparencia.
Ni en el contrato, ni en la información normalizada europea entregada con el mismo, se indica con claridad el funcionamiento concreto del mecanismo de recomposición del capital y su influencia en la liquidación de los intereses y en la amortización del capital dispuesto, tal y como indica el Tribunal Supremo en sus sentencias, especialmente los supuestos de incremento notable del riesgo.
La información previa acompañada por la parte demandada en ningún caso aclara dichas cuestiones. Es cierto que en dicha información se indica que la TAE es el 27,6300% en el supuesto de modalidad de pago aplazado por un porcentaje mensual, y se establece un ejemplo para una disposición de 1500 €, pero en ningún caso debemos entender que con ello la demandada cumpla con el deber información.
La información no comprende debidamente las características del contrato y las peculiaridades del sistema de amortización revolving.
Ni el uso de la tarjeta durante varios años, ni el hecho de que la parte actora haya recibido los extractos mensuales de las disposiciones realizadas justifica que sea plenamente consciente de las implicaciones económicas del contrato y de la comprensión de las características del sistema de amortización establecido en el mismo.
Consecuentemente, debemos concluir que la parte demandada no cumple con la exigencia de transparencia.
Aún cuando la falta de transparencia no conlleva automáticamente que una cláusula sea abusiva, las dos sentencias referidas anteriormente del Tribunal Supremo indican que la falta de transparencia de la cláusula relativa a la TAE, valoradas junto a las cláusulas relativas al sistema de amortización y la escasa cuota mensual, no es inocuo para el consumidor, sino que provoca un grave desequilibrio, en contra de las exigencias de la buena fe, puesto que, al ignorar los riesgos significativos que entraña dicho sistema de amortización, no puede comparar la oferta con las de otros sistemas de amortización y se compromete en un contrato que puede tener para él graves consecuencias pues puede terminar siendo lo que denominan"deudor cautivo" y el Banco de España denomina"efecto bola de nieve." Es evidente que así sucede en el presente caso, por lo que nos encontramos ante una clausula abusiva, con su consecuente nulidad.
Por todo lo expuesto, procede estimar la acción subsidiaria ejercitada por la parte actora, declarando la nulidad de la cláusula de intereses remuneratorios contenida en el contrato de tarjeta objeto de la presente litis y en consecuencia, procede la devolución de las cantidades que hayan sido abonadas por la parte actora como consecuencia de su aplicación, que excedan del capital dispuesto, más los intereses legales.
CUARTO. Por lo que a las costas se refiere, dada la estimación de la acción subsidiaria, procede imponer las costas a la parte demandada, de conformidad con lo establecido en el artículo 394 LEC.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación al caso
FALLO
Que estimando la demanda en su acción subsidiaria, deducida por la Procuradora doña ████████, en nombre y representación de don ████████ contra la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., sobre nulidad de condiciones generales de la contratación, debo declarar y declaro la nulidad de la cláusula que regula los intereses remuneratorios TAE por falta de transparencia y, en consecuencia, debo declarar la nulidad del contrato, condenando a la demandada a restituir a la parte actora todas las cantidades que excedan del capital prestado, más los intereses legales desde la fecha del emplazamiento.
Se condena a la parte demandada al abono de las costas del presente juicio.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de Apelación en el plazo de veinte días.
Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado nº ████████████████, indicando en las Observaciones del documento de ingreso que se trata de un recurso seguido del código 02 y tipo concreto del recurso, de conformidad con lo establecido en la L.O 1/2009 de 3 de noviembre, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en el apartado 5º de la Disposición adicional decimoquinta de dicha norma o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Documento anonimizado por LaCarpeta.es a partir de la resolución judicial original, con disociación de datos de carácter personal conforme a los arts. 235 bis y 236 quinquies LOPJ. No sustituye a la resolución oficial y no puede utilizarse como documento probatorio en otro procedimiento.
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