Sentencia 297/2018 de Oviedo: Indemnización de 5000 euros por indebida inclusión en ficheros de morosos del cliente

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.8 DE OVIEDO
Procedimiento Ordinario ***/2018
N.I.G.: ████████

Procedimiento origen: / Sobre OTRAS MATERIAS. DEMANDANTE: D/ña. ████████. Procurador/a: Sr/a. ████████. Abogado/a: Sr/a. ████████. DEMANDADO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA. Procurador/a: Sr/a. ████████. Abogado/a: Sr/a. ████████.

SENTENCIA Nº 297/2018

En OVIEDO, a 23 de noviembre de 2018.

Vistos por D. ████████, Juez del Juzgado de Primera Instancia 8 de Oviedo, los presentes Autos de juicio ordinario, con el número ████████, y en el que han sido partes las arriba referenciadas, se procede a dictar la presente

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Procuradora de los Tribunales doña ████████, en nombre y representación de doña ████████, y bajo la dirección letrada de don ████████, se interpuso demanda de juicio ordinario el 4 de septiembre de 2018 contra Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. en la que se ejercitaba acción de reclamación de cantidad, así como de obligación de hacer. En la demanda se hacía alusión al hecho de que la demandante ha realizado diversas contrataciones con la demandada, en orden a la disposición de tarjetas de crédito y productos financieros.

El 9 de abril de 2018, la actora requirió a la demandada para que se reconociera el carácter usurario de un contrato de tarjeta de crédito hecho entre las partes.

Posteriormente, la actora tuvo conocimiento de que sus datos figuraban en los ficheros de solvencia patrimonial Asnef-Equifax y Badexcug-Experian, con fechas de incorporación 12 de abril de 2018 y 15 de abril de 2018, en relación a una deuda de la actora por importe de 2.052,11 euros, siendo la entidad informante, la demandada BBVA.

La inclusión se considera injusta, y no adecuada a los parámetros establecidos en la normativa sobre protección de datos. Por todo ello solicita que se condene a la demandada a solicitar la anulación y cancelación de los datos facilitados de la actora como deudoras de las demandadas, así como la declaración de vulneración al derecho de honor, condenando a cada una de las demandadas al pago de 10.000 euros en concepto de daños y perjuicios, con imposición de costas procesales.

SEGUNDO.- Admitida a trámite por Decreto de fecha 18 de septiembre de 2018, se dio traslado de la demanda a las demandadas para contestación. En éstas, tras alegar los antecedentes y fundamentos de derecho que consideró de aplicación y que constan en Autos, solicitaban que se le absolviera de los pedimentos efectuados en su contra, y expresa condena en costas a la parte demandante. Igualmente, el Ministerio Fiscal, dada la materia, contestó a la demanda.

Tras lo cual, se convocó a las partes para la celebración de la audiencia previa el 22 de noviembre de 2018.

TERCERO.- Celebrada la Audiencia Previa en el día indicado, las partes manifestaron la subsistencia del litigio. En ésta, quedaron fijados los hechos controvertidos, se pasó a examinar los documentos alegados de contrario para a continuación pasar a la fase de proposición de prueba. Por la parte actora se propuso se tuviera por reproducida la prueba documental aportada junto con la demanda, así como más documental. Por la demandada, interrogatorio de parte y prueba documental. Se admitió únicamente la prueba documental obrante en las actuaciones, y al no ser necesaria la celebración de vista, quedaron los autos vistos para Sentencia.

CUARTO.- En la sustanciación del proceso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se ejercita por la parte actora la acción de obligación de hacer tendente a que previa declaración de una inclusión indebida de los datos de la actora en ficheros de solvencia patrimonial a instancias de BBVA, se proceda a anular y cancelar todos los datos que haya facilitado de la demandante, en cuanto deudora de la demandada, comunicándolo a todas las entidades a quien haya facilitado datos en tal sentido. Igualmente, se condene a la demandada al pago de 10.000 euros derivados de los daños y perjuicios provocados por su actuación, al haber atentado frente al honor de la actora, al incluirla sin su conocimiento en diversos ficheros de morosos y de manera indebida.

Los hechos en los que basa su petición, son los siguientes. La actora suscribió en julio de 2011 un contrato de tarjeta de crédito con la demandada. El 9 de abril de 2018, requirió a la demandada para que reconociera el carácter usurario del contrato, y en consecuencia, su nulidad.

De otra parte, y como ya se expuso, la demandada comunicó los datos de la demandada en cuanto deudora de BBVA, por dicho contrato, a los ficheros de solvencia patrimonial Asnef-Equifax y Badexcug-Experian. Lo que tuvo lugar en fechas 12 y 15 de abril de 2018 respectivamente.

Consecuencia de lo anterior, habiendo soportado la injusta inclusión en un registro de morosos, y dado el tiempo transcurrido desde que se origina el problema, junto con la inacción de la demandada, considera que la demanda ha de ser estimada, con imposición de costas procesales.

La demandada BBVA comparece en el sentido de interesar la desestimación de la demanda. En primer lugar, advierte que el contrato de tarjeta de crédito al que alude la actora, ha originado una deuda cierta, vencida y exigible. Que motiva la inclusión de los datos de la actora en los mencionados ficheros de morosos, previo requerimiento de pago. Lo cual tuvo lugar el 16 de marzo de 2018, resultando una deuda de 2.478,56 euros.

Así las cosas, al incumplir lo convenido, es que se considere la existencia de una deuda cierta, vencida y exigible.

Consiguientemente, se afirma haber requerido de pago a la demandante, advirtiendo de las consecuencias de no pago. Y en especial, de su posible inclusión en los ficheros de solvencia patrimonial.

En definitiva, defiende su actuación como correcta, habiendo ajustado su proceder a lo establecido en la LOPD. De forma subsidiaria, la cantidad reclamada por daño moral habría de ser muy inferior a la solicitada.

En definitiva, considera que la demanda debe ser desestimada con imposición de costas a la actora.

SEGUNDO.- Versa el presente litigio sobre la inclusión de la demandante en los conocidos archivos de morosos o de solvencia patrimonial. En concreto, los puntos de debate tratan sobre si la deuda que la demandada afirma mantenía con la actora, tiene el carácter de cierta, vencida y exigible. A partir de la cual se originan las deudas que derivan en la inclusión en el fichero Asnef y Badexcug. También es crucial, determinar si existió un previo de requerimiento de pago a la actora, advirtiendo de las consecuencias del impago, como paso previo a la inclusión en los ficheros de morosos. A partir de estos dos presupuestos, quedaría pendiente valorar si la inclusión en los ficheros de morosos fue o no debida, y en su caso, si la cantidad reclamada es o no proporcionada.

Como es de ver, las partes están de acuerdo en la contratación que vinculó a demandante y demandada. Se trata de un contrato de tarjeta de crédito, aportado tanto en demanda como en contestación. BBVA afirma que este contrato generó una deuda de la demandante para con BBVA. Que cifra en 2.4778,56 euros.

Como documentos 2 a 4 de la contestación, aporta requerimiento de pago que afirma tuvo lugar el 16 de marzo de 2018, donde se afirma adeudar 408,36 euros. Al documento nº3, se aporta el detalle del contrato, reseñando una deuda de 2.478,56 euros.

Al documento nº4, se aporta el detalle del contrato de mora real, señalando que la entrada en mora tiene lugar el 6 de abril de 2018,, siendo la deuda de 2.478,56 euros. El principal, parece ser de 2.046,62 euros, y luego se señalan 140 euros de comisiones, y 291,94 euros de indemnizaciones.

También se observa que a fecha 6 de abril de 2018, se alude a la entrada en deuda por 2.186,62 euros.

A partir de lo anterior, la demandada afirma que requirió de pago por la deuda que mantenía la actora. Prueba de ello es el documento nº2 de la demanda, ya citado, que fija a fecha 16 de marzo de 2018, una deuda de 408,36 euros. De esta misiva, no consta una efectiva recepción por la demandante. La demandada, a fin de demostrar su envío y recepción, aporta el documento nº7 de la contestación. Que consiste en un certificado de la mercantil Servinform, en el sentido de que se generó la impresión y puesta en servicio de la comunicación dirigida a la sra. ████████, a su domicilio de la calle **************** de Oviedo. Tratándose de un requerimiento de pago de BBVA.

Como digo, no consta que dicha misiva fuera efectivamente recibida por la demandante, pues únicamente cabe inferir que se envió. En modo alguno, su recepción. Cuestión distinta es que el 7 de abril de 2018, la actora remitió burofax a la demandada, donde manifestaba no estar conforme con el saldo deudor pendiente de su tarjeta de crédito, por la aplicación de tipos de interés remuneratorios usurarios. Lo que tiene incidencia en el saldo, instando al reconocimiento de que el contrato, era usurario. Solicitando todas las liquidaciones y extractos del contrato. Dicho burofax, aportado como documento nº2 de la demanda, consta recibido por BBVA el día 9 de abril de 2018.

A partir de lo anterior, el documento nº3 de la demanda refleja la evidencia de la inclusión de los datos de la actora en los denominados ficheros de morosos. O más exactamente, ficheros de solvencia patrimonial. En el caso del fichero Asnef, la inclusión es el 12 de abril de 2018, por una deuda de 2.052,11 euros, en relación a una tarjeta de crédito. En el caso de Badexcug, el día 15 de abril de 2018, por el mismo importe con causa en una tarjeta de crédito. En ambos casos, el comunicante fue BBVA.

TERCERO.- La STS de 16 de febrero de 2016, analiza como se debe producir la cesión y tratamiento de datos de carácter personal. En lo que ahora interesa, hace mención al principio de la calidad del dato, bajo el enfoque constitucional y el contenido de la L.O. 15/99 sobre protección de datos. La cesión de datos será legítima cuando esté autorizada por la ley. Si bien a fin de valorar la solvencia patrimonial del titular del dato objeto de tratamiento, deben ser los datos adecuados, pertinentes, exactos y proporcionados. Como señala el artículo 4 de la L.O. 15/99"no pueden ser excesivos en relación con el ámbito y la finalidad determinada". Han de ser por tanto, veraces y actuales. El artículo 29.4, reitera que los datos han de ser determinantes para enjuiciar la solvencia económica, veraces, y que respondan con fidelidad a la situación actual.

En el Reglamento 1720/2007, se explica el concepto de determinante, en el sentido de que la deuda ha de ser cierta, vencida, exigible e impagada. El impago, se dice, ha de ser determinante para enjuiciar la solvencia económica patrimonial del interesado. Mientras que en cuanto a que los datos sean ciertos y exactos, se hace una precisión. Pues han de estar supeditados a que sean determinantes para valorar o enjuiciar la solvencia patrimonial del titular de los datos. Pueden ser datos ciertos y exactos, pero que no sean determinantes para hacer la evaluación de solvencia. Y entonces, ni existe adecuación, ni la cesión del dato es pertinente.

La propia STS de 29 de enero de 2013, recuerda que la L.O. 15/99 parte de la prudencia, de la ponderación, de la veracidad. Por lo que la deuda ha de ser inequívoca, indudable, siendo por tanto necesario el previo requerimiento de pago. Termina indicando la Sentencia, que no cabe la inclusión de una deuda incierta, dudosa, sometida a litigio o no pacífica. Situación concurrente desde que exista un principio de prueba que contradiga la existencia o certeza de la deuda.

Desde el punto de vista de la proporcionalidad, resulta indiferente que la deuda sea de mucha o escasa cuantía. Como también es indistinto, el que previamente el afectado no haya figurado en los registros de morosos. Porque se trata de analizar la solvencia, que puede resultar de la imposibilidad de poder hacer frente a las obligaciones, como de la renuente voluntad de atenderlas. Lo relevante es que la deuda sea cierta, y no esté sometida a una controversia razonable.

Llegados este punto, se incumple el principio de la calidad del dato, si la deuda no es pacífica ni cierta ni exigible.

Pues no existe adecuación, veracidad, pertinencia o proporcionalidad. Finalmente, no está de más recordar la línea jurisprudencial que establece que"la inclusión en un registro de morosos, erróneamente, sin que concurra veracidad, es una intromisión ilegítima en el derecho al honor, por cuanto es una imputación, la de ser moroso, que lesiona la dignidad de la persona y menoscaba su fama y atenta a su propia estimación". En este sentido, STS de 5 de julio de 2004, 24 de abril de 2009, o 6 de marzo de 2013.

CUARTO.- Así las cosas, en relación al contrato que da lugar a la deuda que se afirma justifica la cesión de los datos de la actora, lo es en la modalidad de tarjeta de crédito. Cuyo límite se fija en 1.800 euros, y el sistema de pago de la cuota, anual, por años vencidos. En el capítulo de intereses, se distingue el caso de pago personalizado, aplazado o moratorio. Siendo el TIN del 1,50%, 1,85% o 2% mensual. Y en términos TAE, del 19,56%, 24,60% o 26,82%. Así se desprende del documento nº1 de la contestación. Debe además destacarse que en la copia del contrato que aporta la actora como documento nº1 de la demanda, se establece como sistema de reembolso, una cuota fija de 100 euros. En todo caso, aunque los documentos se refieren al mismo número de contrato, el ejemplar que aporta BBVA tiene fecha de 18 de julio de 2011, mientras que el que aporta la actora, la señala el día 20 de julio de 2011.

De la demanda se desprende que la inclusión de la actora en los ficheros sobre morosos fue indebida, porque tuvo lugar una vez se había requerido a BBVA en cuanto al carácter usurario del contrato que daba soporte a la deuda que la demandada reclamaba de la actora. Como ya se ha expuesto, el burofax que se envía al BBVA es recepcionado por ésta el día 9 de abril de 2018. Mientras que la inclusión en los ficheros Asnef y Badexcug, tiene lugar los días 12 y 15 de abril de 2018.

Aunque no es objeto de expresa petición en la demanda, el Tribunal Supremo en su Sentencia de 5 de junio de 2014, vino a señalar que no es necesario plantear un juicio autónomo para analizar la pertinencia y exigibilidad del contrato. De manera que como en el presente juicio debe estudiarse el carácter de la deuda, si es cierta, líquida, exigible y vendida, resulta el litigio apto para analizar si la deuda reúne tales caracteres. La respuesta, como ya se ha expuesto, ha de ser negativa.

No se trata de que el actor haya abonado la deuda irregularmente. O de que no haya protestado, o de que incluso pueda ostentar una deuda con la demandada. Se trata de que el actor, previa a la inclusión de los datos en los ficheros, advierte al BBVA de que no está conforme con el saldo deudor que se reclama. Entendiendo que el contrato es usurario, y que los intereses remuneratorios son abusivos. Por lo que resulta con una deuda sometida a controversia, que vistas las condiciones del contrato en cuanto devengo de intereses, es legítima y razonable. Pues los tipos de interés indicados en el contrato, comparten las notas de usura que la jurisprudencia ha venido perfilando.

Debe además tomarse en consideración que la actora exigió una extracto del contrato, de sus movimientos habidos, lo que la demandada no atiende. Procediendo sin más, y negando el derecho de la actora, a la comunicación de los datos. Se aporta en la contestación la respuesta que ofreció BBVA a la actora, que en todo caso, no impidió el que se procediera a la comunicación de los datos de la demandante.

QUINTO.- Por tanto, las consecuencias del proceder de BBVA se pueden presumir una vez leído cuanto antecede. Que consiste en que la cesión por BBVA de los datos del actor para su inclusión en ficheros de solvencia patrimonial, no se ajusta a las exigencias de la Ley Orgánica sobre protección de datos.

Pues la inclusión tiene lugar en cuanto deudor de una cantidad que se nutre de conceptos que presumiblemente, comparten los caracteres de resultar usurarios, y en otros abusivos, como puede desprenderse de los conceptos por comisiones.

La situación expuesta es concluyente de que la cesión de los datos, en relación a una deuda por impago de un contrato de tarjeta de créditos, no era determinante para enjuiciar la solvencia patrimonial de doña ████████. Pues el impago no deviene porque no pueda pagar o por una negativa maliciosa. Sino por una abierta y razonable discrepancia con la conducta de BBVA, como entidad prestadora del servicio.

Habiendo la actora dejado constancia de su disconformidad con la cantidad que se reclamaba con anterioridad, precisamente, por la apariencia del contrato por usurario. Lo que resulta posible conforme constante jurisprudencia, y el tipo de interés contenido el contrato, los cargos por comisiones que contiene la liquidación que aporta la contestación, o las diversas comisiones que contiene el contrato. La inclusión de los datos del actor en el registro Asnef y Badexcug, se hace a modo de presión, para pretender el cobro de una reclamación cuyo fundamento es dudoso. La deuda que da lugar a la cesión, ni era inequívoca, ni era indudable. En definitiva, ante el impago de un préstamo trufado de conceptos abusivos, la inclusión en los ficheros de solvencia por su impago no es legítima. Ante la inclusión sin esperar a atender la petición de la actora, o revisar cuando menos si era cierto que la reclamación podía ser cierta, en cuanto al carácter usurario en que se apoyaba la deuda por la que se iban a ceder los datos de la demandante.

En conclusión, no se cumplen los parámetros de adecuación, veracidad y exactitud. Porque acerca de la deuda, existía una discrepancia razonable respecto su importe, y conceptos, de la cual la demandada era conocedora con anterioridad a la comunicación de los datos de la actora a los ficheros sobre solvencia patrimonial.

SEXTO.- Evidenciada la falta de razón para ceder los datos de la demandante a los ficheros, se ha de analizar la conducta de la demandada como generadora de daños y perjuicios. No hay constancia de que dicha situación haya desaparecido a la fecha actual. Pues la demandada desliza que al momento el contrato es válido, lo que ya se ha dicho, resulta incorrecto a los fines de enjuiciar la conducta desde la perspectiva de la normativa sobre protección de datos, y de la protección del derecho fundamental al honor.

De este modo, se reclaman 10.000 euros, comprensivo de los daños y perjuicios sufridos por la sra. ████████, a raíz de la inclusión en dos ficheros, desde los días 12 y 15 de abril de 2018. Se alude en la demanda a la imposibilidad de otorgar una indemnización simbólica, sin que por lo demás, se precise un concreto daño producido, más allá de incidir en el descrédito e injerencia que supone la inclusión indebida en los conocidos ficheros de morosos.

Dice la STS de 6 de marzo de 2.013 que en cuanto al importe de la indemnización por daños morales que « Apreciada la intromisión ilegítima en el derecho al honor del recurrente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.3 LPDH «[l]a indemnización se extenderá al daño moral que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta, en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido». En cuanto a las circunstancias del caso, en la medida en que la ley no las concreta, ha señalado esta Sala, sentencia de 21 de noviembre de 2008, RC n.º 1131/2006 que «queda a la soberanía del tribunal de instancia hacerlo, señalando las que, fruto de la libre valoración probatoria, han de entenderse concurrentes y relevantes en este concreto caso para cifrar la cuantía indemnizatoria».

Posteriormente, el Tribunal Supremo, en Sentencia dictada el 21 de septiembre de 2017, manifestó que"La sentencia recurrida infringe la doctrina sentada en esta jurisprudencia, puesto que otorga una indemnización que ha de considerarse simbólica, sin tener en consideración que se ha vulnerado un derecho fundamental del demandante, que la inclusión indebida de sus datos personales se produjo en dos ficheros de morosos y durante un tiempo considerable(nueve y seis meses, respectivamente), que los datos fueron comunicados a varias entidades(siete comunicaciones en cada fichero) y que el demandante ejercitó su derecho de cancelación al que Orange se opuso injustificadamente.

Estas circunstancias no han sido tomadas en consideración por la Audiencia Provincial, que ha fijado una indemnización simbólica. Una indemnización de este tipo tiene un efecto disuasorio inverso. No disuade de persistir en sus prácticas ilícitas a las empresas que incluyen indebidamente datos personales de sus clientes en registros de morosos, pero sí disuade de entablar una demanda a los afectados que ven vulnerado su derecho al honor puesto que, con toda probabilidad, la indemnización no solo no les compensará el daño moral sufrido sino que es posible que no alcance siquiera a cubrir los gastos procesales si la estimación de su demanda no es completa". En dicha resolución, se consideró adecuada la indemnización por la cantidad de 8.000 euros. Se tomó en cuenta la inclusión en dos ficheros, por tiempo de 6 y 9 meses respectivamente, y la existencia de siete consultas por diversas entidades.

Anteriormente, en Sentencia de 26 de abril de 2017, el Tribunal Supremo señaló que"Como declara la sentencia de esta Sala núm. 386/2011, de 12 de diciembre, «según la jurisprudencia de esta Sala(SSTS de 18 de noviembre de 2002 y28 de abril de 2003) no es admisible que se fijen indemnizaciones de carácter simbólico, pues al tratarse de derechos protegidos por la CE como derechos reales y efectivos, con la indemnización solicitada se convierte la garantía jurisdiccional en un acto meramente ritual o simbólico incompatible con el contenido de los artículos 9.1, 1.1. y 53.2 CE y la correlativa exigencia de una reparación acorde con el relieve de los valores e intereses en juego( STC 186/2001, FJ 8)»( STS 4 de diciembre 2014, rec. núm. 810/2013).

Para valorar este segundo aspecto afirma la sentencia núm. 81/2015, de 18 de febrero, que ha de tomarse en consideración la divulgación que ha tenido tal dato, pues no es lo mismo que sólo hayan tenido conocimiento los empleados de la empresa acreedora y los de las empresas responsables de los registros de morosos que manejan los correspondientes ficheros, a que el dato haya sido comunicado a un número mayor o menor de asociados al sistema que hayan consultado los registros de morosos.

También sería indemnizable el quebranto y la angustia producida por las gestiones más o menos complicadas que haya tenido que realizar el afectado para lograr la rectificación o cancelación de los datos incorrectamente tratados". En esta ocasión, se validó una indemnización por importe de 7.000 euros. Se valoró la inclusión en dos ficheros de solvencia, por tiempo de 6 meses y 22 meses respectivamente, así como la existencia de siete consultas.

SEPTIMO.- De cuanto se ha expuesto, resulta que la cantidad reclamada se considera excesiva. Pues la permanencia de los datos de la actora se produce en dos ficheros, habiendo transcurrido cuatro meses desde la inclusión hasta la interposición de la demanda. Asimismo, no constan consultas por terceras entidades al no haberse aportado prueba en tal sentido, tal como se advierte en la Audiencia Previa al estar a disposición de la parte demandante. Tampoco hay prueba de que se frustrara alguna contratación por figurar en uno de los ficheros en cuestión. O que la demandante realizara gestiones para que sus datos obrantes en los ficheros fueran eliminados.

Téngase en cuenta que el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 23 de marzo de 2018, confirma la decisión de primera instancia de establecer una indemnización de 10.000 euros. En un supuesto en el que se produjo la cesión de los datos a dos ficheros, por tiempo de dos años y medio y cuatro meses respectivamente, constando la denegación de una tarjeta de crédito por figurar en uno de los indicados ficheros.

En definitiva, en el presente caso no se cumplen los parámetros para que la indemnización se corresponda con lo solicitado en el suplico de la demanda, debiendo reducirse a la cantidad de 5.000 euros, que se considera más ajustada a las circunstancias que concurren en el presente caso. La cantidad objeto de condena, devengará intereses desde la interposición de la demanda.

OCTAVO.- En cuanto al pago de las costas procesales, dada la estimación parcial de las pretensiones, no procede efectuar particular imposición de costas procesales.

MODO DE IMPUGNACIÓN: recurso de apelación, que se interpondrá ante el Tribunal que haya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de veinte días contados desde el día siguiente de la notificación de aquélla.

Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos, sin que en ningún caso proceda actuar en sentido contrario a lo resuelto (artículo 456.2 L.E.C.).

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J., para la admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un depósito de 50 euros, salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente.

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en el BANCO SANTANDER en la cuenta de este expediente ████████ indicando, en el campo "concepto" la indicación "Recurso" seguida del código "02 Civil-Apelación".

Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir, tras la cuenta referida, separados por un espacio la indicación "recurso" seguida del código "02 Civil-Apelación".

En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma cuenta, deberá verificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando, en este caso, en el campo observaciones la fecha de la resolución recurrida con el formato DD/MM/AAAA.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Incorpórese el original al Libro de Sentencias

EL/LA MAGISTRADO/JUEZ, ████████

PUBLICACION.- La anterior Sentencia, ha sido dada, leída y publicada, por el sr. Magistrado-Juez que la dictó, estando celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Doy fe.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado, y se expide testimonio de la anterior Sentencia para su unión a los autos de su razón; doy fe.