Sentencia 373/2026 de Sevilla: nulidad de tarjeta revolving Carrefour PASS

TRIBUNAL DE INSTANCIA DE SEVILLA SECCIÓN CIVIL PLAZA NÚMERO 2
PROCEDIMIENTO: JUICIO VERBAL NÚMERO 1713/2025
SENTENCIA NÚMERO 373/26

En Sevilla, a 6 de noviembre de 2026

Vistos por mí, ████████████████, Magistrado-Juez titular de la Plaza número 2 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Sevilla, los autos de Juicio Verbal número 1713/2025 de este órgano, en el que han sido partes, como demandante, D. ████████████████, representado por la Procuradora de los Tribunales DÑA. ████████████████, y asistido por la Letrada DÑA. ████████████████; y como demandada, la entidad mercantil SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR, EFC, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales D. ████████████████, y defendida por el Letrado D. ████████████████, se procede, en nombre de S. M. el Rey, a dictar la presente resolución

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La Procuradora de los Tribunales DÑA. ████████████████, actuando en nombre y representación de D. ████████████████, presentó ante la Presidencia del Tribunal de Instancia de Sevilla, con fecha de registro general 19 de septiembre de 2.025, demanda de juicio verbal contra la entidad mercantil SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR, EFC, S.A, en la que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que entendía de aplicación, suplicaba del Juzgado que se dictase sentencia “por la que: PRIMERO.– PETICIÓN PRINCIPAL. Respecto a la acción por falta de incorporación y transparencia.

I. Se declare la nulidad del contrato por no superación del control de incorporación y transparencia de las cláusulas que fijan el sistema revolving del contrato que une a las partes, de 10 de septiembre de 2023, así como de posibles modificaciones y de los vinculados al mismo.

II. Como consecuencia de la nulidad deberán las partes devolverse íntegramente las prestaciones, así la parte prestamista deberá devolver las cantidades percibidas por cualquier concepto de la prestataria que tengan origen en el contrato declarado nulo, con sus intereses desde la fecha de cada pago, y la parte prestataria, el capital dispuesto, debiendo llevarse a cabo la oportuna liquidación en ejecución de sentencia con compensación de los saldos deudores y acreedores, debe abonar el prestamista en su caso el importe del saldo resultante a la prestataria, con todo lo demás que en derecho proceda.

III. Se condene en costas a la entidad demandada.

SEGUNDO.– PETICIÓN SUBSIDIARIA. Respecto a la abusividad de la cláusula por la que se establece una penalización por mora.

I. se declare la nulidad de la cláusula relativa a la comisión de impago, condenando a la mercantil a eliminar la misma del contrato, con los efectos restitutorios inherentes del art. 1.303 C.C., más los intereses devengados desde la fecha de cada pago de las citadas comisiones.

II. Se condene en costas a la parte demandada.”

SEGUNDO.- Turnado que fue el conocimiento de la demanda a la Plaza número 2 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Sevilla, con fecha 3 de febrero de 2.026 se dictó decreto admitiendo a trámite de la demanda, y en dicha resolución se acordó incoar procedimiento de juicio verbal, dar traslado de la demanda y de sus documentos adjuntos a la demandada, y emplazarle para que la contestase en el plazo de diez días, con los apercibimientos legales.

El emplazamiento se llevó a cabo con fecha 26 de mayo de 2.026.

D. ████████████████, Procurador de los Tribunales y de la entidad mercantil SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR, EFC, S.A, presentó, con fecha de registro general 10 de junio de 2.026, escrito de contestación a la demanda en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideraba relevantes para la resolución del litigio, suplicaba del Juzgado la admisión del indicado escrito y documentos adjuntos y, previos los trámites legales, se dictase sentencia por la que “(i) DESESTIME la pretensión relativa a la nulidad de la cláusula que regula los intereses remuneratorios;(ii), subsidiariamente, para el supuesto de que se estime dicha acción, se aprecie la PRESCRIPCIÓN respecto de la acción de restitución de los importes abonados en el periodo comprendido entre 6 de septiembre de 2003(fecha en la que se suscribió el contrato litigioso) y el 13 de mayo de 2020.; y(iii) y, en lo que respecta a la pretensión relativa a la nulidad de la cláusula de comisión por reclamación de impago, tenga a esta parte por ALLANADA, todo ello sin imposición de costas por no apreciarse mala fe.

TERCERO.- Mediante diligencia de ordenación de fecha 29 de junio de 2.026 se tuvo por contestada la demanda, y se acordó, en aplicación de lo codificado en el artículo 438.8 de la LECiv., en la redacción dada a dicho precepto por la Ley Orgánica 1/2025, conceder a ambas partes el plazo común de cinco días a fin de que propusieran la prueba que quisieran practicar, debiendo, igualmente, indicar las personas que, por no poder presentar ellas mismas, habían de ser citadas por el letrado o la letrada de la Administración de Justicia a la vista para que declarasen en calidad de parte, testigos o peritos, a cuyo fin debían facilitar todos los datos y circunstancias precisos para llevar a cabo la citación.

Mediante escrito de 7 de julio de 2.026, la parte demandante propuso como prueba la documental aportada con la demanda, e hizo alegaciones en relación con las excepciones planteadas de contrario y con la cuantía del procedimiento.

La parte demandada, a través de escrito de fecha 9 de julio de 2.026, propuso como prueba la documental y la pericial aportada con su escrito de contestación a la demanda, y la ratificación en el plenario del perito que había redactado el informe pericial aportado con su escrito rector.

Por auto de fecha 23 de octubre de 2.026 se admitió toda la prueba propuesta por las partes litigantes, salvo la ratificación en el plenario por los peritos redactores del informe pericial aportado con la contestación a la demanda. En la misma resolución se acordaba quedasen los autos pendientes del dictado de sentencia, sin celebración de vista, al haberse admitido únicamente prueba documental y no haber sido impugnada la autenticidad de los documentos. Igualmente, se fijaba la cuantía del procedimiento como indeterminada y se desestimó la excepción procesal opuesta por la parte demandada consistente en la falta de Poder del Procurador de la parte actora.

Dicha resolución no fue recurrida, por lo que, por diligencia de ordenación de fecha 6 de noviembre de 2.026, se declaró su firmeza y se acordó quedasen los autos pendientes del dictado de sentencia.

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- RESUMEN DE LA LITIS.

Ejercita la parte demandante acción individual de nulidad de condiciones generales de la contratación, prevista en los artículos 82 y siguientes del actual Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, en el artículo 6 de la Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril, del Consejo, y acción de no incorporación de condiciones generales de la contratación contemplada en los artículos 5, 7 y 8 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, de Condiciones Generales de la Contratación(en adelante LCGC).

Concretamente, las cláusulas cuya nulidad, por su carácter abusivo, solicita la demandante son las siguientes, insertas todas ellas en el contrato de tarjeta de crédito firmado con la parte demandada el 6 de septiembre de 2.003:

-Con carácter principal, el clausulado regulador del interés remuneratorio y sistema de amortización en su modalidad revolving.

- Con carácter subsidiario a la anterior, el clausulado regulador del devengo de una comisión por reclamación de impagados.

De forma acumulada, la parte actora interesa la devolución de cantidades pagadas en cumplimiento del contrato en que se insertan las cláusulas cuestionadas en cuanto excedan de la devolución del capital dispuesto, o, en su caso, devolución de las cantidades pagadas en aplicación de las cláusulas que prevé que sean declaradas nulas por su abusividad.

Los hechos en los que asienta la parte actora su pretensión son los que seguidamente se exponen.

La entidad demandada, actuando como acreditante, y la parte actora, como acreditada y consumidora, suscribieron contrato de tarjeta de crédito Carrefour Pass el 6 de septiembre de 2.003.

Dicho contrato fue presentado por la demandada a la parte actora redactado de modo unilateral por aquella, conforme a su modelo de contratación y sin posibilidad alguna de negociación o modificación por la demandada, bajo un ejemplar propio estandarizado.

El clausulado del contrato suscrito, no negociado individualmente como se ha reseñado, presenta un importante desequilibrio entre las obligaciones y derechos de las partes en contra de las exigencias de la buena fe.

Las cláusulas relativas al interés remuneratorio pactado y al sistema de amortización previsto, que son condiciones generales de la contratación impuestas a una persona consumidora, no cumplen los criterios establecidos por la jurisprudencia nacional sobre el control de transparencia que debe efectuarse a este tipo de estipulaciones, ni superan tampoco el control de inclusión contemplado en los artículos 5 y 7 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, por lo que deben tenerse por no incorporadas y, en su caso, ser consideradas abusivas, y, por tanto, debe declararse su nulidad. No son claras en su redacción, no están suficientemente destacadas en el contrato, no cumplen con los requisitos de legibilidad, y no se suministró a la demandante la información precontractual necesaria para que pudiera conocer la verdadera carga económica que asumía al usar la tarjeta contratada.

La lectura del contrato, la de las cláusulas atinentes al sistema de amortización revolvente y la de las cláusulas relativas al TIN y a la TAE no permite conocer el funcionamiento del sistema revolving de amortización, ni el impacto económico que el mismo supone para el acreditado, ni consta que se facilitasen ejemplos a la parte demandante sobre cómo se desarrolla el sistema de crédito revolving y las implicaciones económicas tiene para el consumidor.

Por los motivos indicados, las cláusulas referidas no superan el doble control de transparencia y, por esa razón, en cuanto además causan un desequilibrio en perjuicio del consumidor, deben ser consideradas abusivas y, por ello, nulas.

La nulidad de las cláusulas relativas a los intereses remuneratorios y al sistema de amortización revolvente debe determinar la expulsión de esa cláusula del contrato(artículo 83 del Tr), y, consecuentemente, la nulidad de la relación contractual, dado el carácter esencial de dichas estipulaciones, con los efectos restitutorios contemplados en el artículo 1.303 del CC.

La cláusula que prevé el pago de una comisión por reclamación de cuotas impagadas debe considerarse abusiva y, por ello, nula, ya que no se corresponde esa comisión con ningún servicio que la demandada haya prestado o deba prestar a la actora. Además, la referida comisión, que no excluye la posibilidad de reclamar los intereses de demora correspondientes, constituye una indemnización desproporcionada en favor de la entidad demandada en caso de incumplimiento. Todo ello es contrario a lo previsto en los artículos 85.6 y 87.6 del Tr. En definitiva, la estipulación no cumple con los requisitos expuestos en la STS, Sala Primera, número 566/2019, de 25 de octubre.

Por tal motivo la cláusula, en cuanto causa un desequilibrio para la parte demandante, debe ser reputada abusiva y, por ello, nula.

La nulidad de esta cláusula debe determinar que sea expulsada del contrato(artículo 83 del TR), y que se reintegre al demandante la suma pagada en aplicación de la misma.

Sobre esa base fáctica, la parte demandante funda su pretensión principalmente en la cita de las siguientes normas: Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril, del Consejo, Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre(artículos 80 y siguientes), Ley 7/1998, de 13 de abril, de Condiciones Generales de la Contratación (artículos 5 y 7), Ley 16/2011, de Crédito al Consumo, la Orden ETD 699/2020, de 24 de julio, de regulación del crédito revolvente, y la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.

La parte demandada se opone a la demanda por las siguientes razones.

-Las cláusulas contractuales son legibles, están redactadas de manera comprensible, y se encuentran incorporadas correctamente al contrato, por lo superan los controles que regulan los artículos 5 y 7 de la Ley 7/1998. Además, en el clausulado del contrato se expresa con claridad el tipo de interés aplicable, las distintas formas de amortización que se prevén, y el funcionamiento de esas modalidades de pago, y la parte demandante, en todo momento, contó con la información precontractual necesaria para conocer la carga económica que asumía con la firma del contrato y el contenido del negocio jurídico.

Asimismo, la demandada fue informando durante la vida del contrato de las TAEs que se aplicaban, y de los extractos que reflejaban los movimientos y liquidaciones de deuda de las disposiciones realizadas con la tarjeta de crédito contratada. Por ello, las cláusulas relativas a la TAE y al TIN y la que regula el sistema de amortización revolving incluidas en el contrato superan el doble control de transparencia.

-La tarjeta de crédito a que se refiere el contrato no produce el efecto “bola de nieve” ni genera riesgos de convertir al acreditado en un “deudor cautivo”, ya que las condiciones del contrato litigioso son sustancialmente diferentes a las analizadas por la STS, Sala primera, número 154/25.

Así, mientras que el sistema revolving de la Tarjeta Pass establece un sistema de cuota mínima fija del 3% calculado sobre el importe total de la línea de crédito(con independencia del capital efectivamente dispuesto), con un importe mínimo de ██; en el caso del contrato analizado por la STS, Sala Primera, número 154/2025 se establece un esquema de cuota mínima variable que se calcula a partir del saldo efectivamente dispuesto, y que por tanto evoluciona en función del importe de dicho saldo.

Esta diferencia –aparentemente inocua– tiene unas consecuencias importantísimas en lo que al plazo de amortización de la deuda se refiere, en perjuicio del consumidor, cuando la cuota se calcula respecto al saldo efectivamente dispuesto.

Los contratos de Tarjeta Pass examinados en el dictamen pericial aportado con la contestación a la demanda –incluidos los vigentes con anterioridad a 2022, entre los que se encuentra el contrato litigioso– comparten en su modalidad revolving las siguientes condiciones económicas esenciales: i) el pago mínimo mensual se fija en el 3% del límite máximo de la línea de crédito, con un mínimo de ██, o en otro porcentaje fijado de mutuo acuerdo; ii) el límite máximo de crédito se establece conforme al correspondiente estudio previo de solvencia y condiciones económicas del cliente; iii) el tipo de interés nominal anual fue del 17,50% para el periodo 2018-2022 y del 20,99% en el ejercicio 2024; y iv) se contempla, en su caso, la posibilidad de contratación opcional de un seguro de protección de pagos.

A partir de esas condiciones, el informe pericial aporatdo con la contestación a la demanda explica que, dado que el pago mensual se determina aplicando un porcentaje fijo sobre el límite máximo de crédito disponible –y no sobre una magnitud inferior que impida amortizar principal–, la cuota satisfecha por el cliente resulta suficiente para cubrir no sólo los intereses devengados, sino también una parte del capital pendiente, permitiendo una amortización real y continuada del capital y evitando con ello la cronificación o crecimiento de la deuda.

Conclusión que, incluso, se verifica en el escenario más desfavorable posible, esto es, aquel en el que el titular de la Tarjeta Pass hubiera dispuesto la totalidad del límite de crédito concedido.

Con datos reales tomados del contrato, el informe pericial expone el supuesto de una línea de crédito de ████, con pago mensual del 3% del límite y un TIN del 20,99%, concluyendo que el crédito queda íntegramente amortizado en 51 meses(4 años y 3 meses), sin que en ningún momento la deuda aumente ni se produzca situación alguna de cliente cautivo.

El mismo dictamen considera asimismo la hipótesis de contratación del seguro de protección de pagos, y, aun incorporando ese coste adicional, verifica igualmente que no se produce efecto “bola de nieve”, puesto que el porcentaje de pago mensual sobre el límite de crédito(3%) sigue siendo superior a la suma del tipo de interés mensual(1,75%) y del coste mensual del seguro(0,81%)(esto es, 3%> 2,56%), quedando completamente amortizado en 75 meses(6 años y 3 meses), sin generación del efecto deudor cautivo.

En cualquiera de los escenarios descritos, y para despejar cualquier tipo de duda, el eventual alargamiento del periodo de devolución no equivale, por sí mismo, a la existencia de los efectos de “bola de nieve” y “deudor cautivo”.

Ello en la medida en que la prolongación del plazo solo sería jurídicamente relevante si respondiera a una estructura patológica de la deuda que hiciera prácticamente imposible su cancelación o trasladara al consumidor a una posición de sujeción financiera indefinida. Pero no cuando, como sucede aquí, la extensión temporal responde al funcionamiento natural de un crédito aplazado cuyo capital se reduce mes a mes hasta su desaparición.

La conclusión final de la pericia es irrefutable: “es imposible que el efecto bola de nieve o de deudor cautivo se produzca con base en las condiciones económicas establecidas en los contratos de la Tarjeta Pass”.

No concurre, por ende, en el caso de la Tarjeta Pass el presupuesto material necesario para estimar la nulidad pretendida, porque se ha acreditado en este caso concreto que la propia estructura económico-financiera de la tarjeta excluye objetivamente los riesgos que podrían provocar un desequilibrio en el que fundar la pretendida falta de transparencia y abusividad.

Por todo ello, no procede declarar su nulidad, al no concurrir el presupuesto material imprescindible para ello, como es el desequilibrio importante en perjuicio del consumidor basado en un efecto “bola de nieve” o “deudor cautivo”, que en este caso ha quedado acreditado que no concurre.

-No pueden extenderse automáticamente los efectos de la STS, Sala Primera, número 257/2026, al presente litigio, ya que aquella resolución resolvi´´o una acción colectiva promovida por ASUFIN, con una causa de pedir distinta a la que sustenta la acción de la parte demandante en estos autos, por lo que no produce efectos de cosa juzgada en el presente procedimiento.

-Los actos propios de la demandante evidencian que la misma conocía y aceptaba la aplicación de las cláusulas relativa a los intereses remuneratorios. Esos actos propios consistían en el uso continuado de la tarjeta a pesar de conocer el coste económico que representaba con la lectura de los extractos de uso mensual que le remitían.

-La acción de restitución ejercitada por la demandante está prescrita, de conformidad con la STS, Sala Primera, número 350/25, de 5 de marzo, que fija la fecha de cómputo del plazo de prescripción desde el momento de cada uno de los pagos, y que es aplicable también a las acciones de reclamación de cantidad derivada de la declaración de nulidad de un contrato de crédito revolvente por fala de transparencia como ha declarado la SAP de Barcelona, Sección 14ª, número 561/2025, de 30 de septiembre.

El plazo de prescripción aplicable es el previsto en el artículo 1.964.2 del CC.

Teniendo en cuenta lo anterior, y que la fecha de la reclamación extrajudicial es el 13 de mayo de 2.025, las liquidaciones correspondientes al periodo comprendido entre el 6 de septiembre de 2003(fecha en la que se suscribió el contrato litigioso) y el 12 de mayo de 2020(5 años antes de la reclamación extrajudicial), estarían prescritas, no procediendo su restitución.

-En relación con la acción de nulidad de la cláusula que prevé el devengo de una comisión por reclamación de cuotas impagadas, la parte demandada manifiesta que se alana a su declaración de nulidad, pero que no deben imponérsele las costas procesales, ya que en una comunicación extrajudicial anterior al inicio del procedimiento la entidad mercantil reconoció la nulidad de dicha cláusula y sus efectos.

Sobre la base de estas razones, y con cita de las mismas normas que invoca la parte actora, pero a contrario sensu, la parte demandada impetra la íntegra desestimación de la demanda, con imposición de costas a la contraparte.

Expuestos los términos de la controversia, procede acometer su resolución en los Fundamentos siguientes.

SEGUNDO.- ABUSIVIDAD DE LAS CLÁUSULAS DE INTERESES REMUNERATORIOS Y REGULADORAS DEL SISTEMA DE AMORTIZACIÓN REVOLVING. DOCTRINA DEL DOBLE CONTROL DE TRANSPARENCIA.

Antes de exponer el régimen legal aplicable para decidir la cuestión planteada, debe decirse que la parte demandada no ha controvertido en su escrito rector que la parte actora tuviera la consideración de consumidora y usuaria en el contrato litigioso, ni que las estipulaciones discutidas fueran condiciones generales de la contratación. Antes bien, ha aclarado en el acto de la audiencia previa que no discutía esos extremos, por lo que se trata de dos hechos no controvertidos y, por ello, exentos de prueba(artículos 399, 405, 428 y 281.3 de la LECiv.) Asentado lo anterior, pasa a exponerse la doctrina relativa al doble control de transparencia.

La cláusula que regula el interés remuneratorio, que es objeto de impugnación en la demanda, define el objeto del contrato, lo que excluye la posibilidad de controlar su contenido, como se desprende de la Directiva 93/13, que establece, por una parte, que “la apreciación del carácter abusivo no debe referirse ni a cláusulas que describan el objeto principal del contrato ni a la relación calidad/precio de la mercancía o de la prestación” (considerando decimonoveno), y, por otra parte, que “la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida”(artículo 4.2). En este sentido se pronuncia el Tribunal Supremo en Sentencias 406/2012, de 18 de junio y 241/2013, de 9 de mayo.

No cabe, por tanto, apreciar la abusividad de la cláusula sobre la base de la falta de equilibrio objetivo de las prestaciones derivada de la misma, lo que impide que sea posible declarar su nulidad por falta de reciprocidad, pero sí someterla a un doble control de transparencia.

Un primer control relativo al modo de inclusión en el contrato, que afecta todas las condiciones generales de la contratación, con independencia del carácter de las partes, y que se ciñe a examinar el cumplimiento formal de la normativa bancaria que regula la incorporación a los contratos y que, esencialmente y según los casos, se encuentra en las Órdenes Ministeriales de 12 de diciembre de 1.989, 5 de mayo de 1.994 y 28 de octubre de 2.011, en la Ley 2/2009, de 31 de marzo, de Contratación de Préstamos Hipotecarios con Particulares y en la propuesta de Directiva n° 2011/0062(COD) del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los contratos de crédito bienes inmuebles de uso residencial.

Y un segundo control, limitado a los supuestos en los que el contratante es un consumidor, que se extiende a la comprensibilidad real de la importancia de la cláusula en el desarrollo razonable del contrato y que se desprende del tenor literal del artículo 80.1 del Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, a tenor del cual “en los contratos con consumidores y usuarios que utilicen cláusulas no negociadas individualmente[...], aquéllas deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión directa [...]-;b) Accesibilidad y legibilidad, de forma que permita al consumidor y usuario el conocimiento previo a la celebración del contrato sobre su existencia y contenido”.

Este segundo control es desarrollado por la tan citada sentencia 241/2013 del Tribunal Supremo que, tras indicar en el Razonamiento Jurídico 211 que “es preciso que la información suministrada permita al consumidor percibir que se trata de una cláusula que define el objeto principal del contrato, que incide o puede incidir en el contenido de su obligación de pago y tener un conocimiento real y razonablemente completo de cómo juega o puede jugar en la economía del contrato”, señala en el Razonamiento Jurídico 225 los siguientes elementos indiciariamente reveladores de la falta de transparencia: “a) Falta información suficientemente clara de que se trata de un elemento definitorio del objeto principal del contrato. b) Se insertan de forma conjunta con las cláusulas techo y como aparente contraprestación de las mismas. c) No existen simulaciones de escenarios diversos relacionados con el comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de contratar. d) No hay información previa clara y comprensible sobre el coste comparativo con otras modalidades de préstamo de la propia entidad –caso de existir- o advertencia de que al concreto perfil de cliente no se le ofertan las mismas. e) En el caso de las utilizadas por el BBVA, se ubican entre una abrumadora cantidad de datos entre los que quedan enmascaradas y que diluyen la atención del consumidor.” Lista respecto de la cual hubo de aclarar el Tribunal Supremo mediante auto de 3 de junio de 2.013, que “no se trata de una relación exhaustiva de circunstancias a tener en cuenta con exclusión de cualquier otra. Tampoco determina que la presencia aislada de alguna, o algunas, sea suficiente para que pueda considerarse no transparente la cláusula a efectos de control de su carácter eventualmente abusivo”. Lo que debe ponerse en relación con la afirmación de que “el perfecto conocimiento de la cláusula, de su trascendencia y de su incidencia en la ejecución del contrato, a fin de que el consumidor pueda adoptar su decisión económica después de haber sido informado cumplidamente, es un resultado insustituible, aunque susceptible de ser alcanzado por pluralidad de medios”.

Es preciso que la información suministrada permita al consumidor percibir que se trata de una cláusula que define el objeto principal del contrato, que incide o puede incidir en el contenido de su obligación de pago y tener un conocimiento real y razonablemente completo de cómo juega o puede jugar en la economía del contrato.

Según la referida sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, tales cláusulas: “212. No pueden estar enmascaradas entre informaciones abrumadoramente exhaustivas que, en definitiva, dificultan su identificación y proyectan sombras sobre lo que considerado aisladamente sería claro. Máxime en aquellos casos en los que los matices que introducen en el objeto percibido por el consumidor como principal puede verse alterado de forma relevante. 213. En definitiva, como afirma el IC 2000,"(e)l principio de transparencia debe garantizar asimismo que el consumidor está en condiciones de obtener, antes de la conclusión del contrato, la información necesaria para poder tomar su decisión con pleno conocimiento de causa". 214. En este sentido la STJUE de 21 de marzo de 2013, RWE Vertrieb AG, ya citada, apartado 49, con referencia a una cláusula que permitía al profesional modificar unilateralmente el coste del servicio contratado, destacaba que el contrato debía exponerse de manera transparente"(...) de forma que el consumidor pueda prever, sobre la base de criterios claros y comprensibles, las eventuales modificaciones del coste(...)".

TERCERO.- La doctrina sobre la sumisión al control de transparencia de las cláusulas que definen el objeto del contrato, y su amparo legal, fue ratificada y explicada de forma abundante en la STS, Sala Primera, número 138/2015, de 24 de marzo, que empleó a tal fin los siguientes argumentos en relación con una acción individual(la STS, Sala Primera, de 9 de mayo de 2.013, resolvía una acción colectiva):

“Esta Sala ha declarado en varias sentencias la procedencia de realizar un control de transparencia de las condiciones generales de los contratos concertados con consumidores, y en especial de aquellas que regulan los elementos esenciales del contrato, esto es, la definición del objeto principal del contrato y la adecuación entre precio y retribución. Esta línea jurisprudencial se inicia en sentencias como las núm. 834/2009, de 22 de diciembre, 375/2010, de 17 de junio, 401/2010, de 1 de julio, y 842/2011, de 25 de noviembre, y se perfila con mayor claridad en las núm. 406/2012, de 18 de junio, 827/2012, de 15 de enero de 2013, 820/2012, de 17 de enero de 2013, 822/2012, de 18 de enero de 2013, 221/2013, de 11 de abril, 638/2013, de 18 de noviembre y 333/2014, de 30 de junio. Y, en relación a las condiciones generales que contienen la denominada" cláusula suelo", puede citarse tanto la referida sentencia núm. 241/2013, de 9 de mayo, como la posterior sentencia núm. 464/2014, de 8 de septiembre.

2.- La recurrente alega que este control de transparencia carece de base jurídica y responde al mero voluntarismo de la Sala, pues no tiene anclaje en ninguna norma, nacional o comunitaria europea, ni en la jurisprudencia del actualmente denominado Tribunal de Justicia de la Unión Europea(en adelante, TJUE).

La Sala no comparte esta apreciación de la recurrente.

3.- El art. 4.2 de la Directiva1993/13/CEE, de 5 abril, sobre cláusulas abusivas en contratos celebrados con consumidores, establece que « la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible».

La sentencia núm. 241/2013, de 9 de mayo, con referencia a la anterior sentencia núm. 406/2012, de 18 de junio, consideró que el control de contenido que puede llevarse a cabo en orden al posible carácter abusivo de la cláusula no se extiende al equilibrio de las "contraprestaciones", que identifica con el objeto principal del contrato, a que se refería la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios en el artículo 10.1.c en su redacción originaria, de tal forma que no cabe un control del precio. En este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea(en lo sucesivo, STJUE) de 30 de abril de 2014, asunto C-26/13, declara, y la de 26 de febrero de 2015, asunto C-143/13, ratifica, que la exclusión del control de las cláusulas contractuales en lo referente a la relación calidad/precio de un bien o un servicio se explica porque no hay ningún baremo o criterio jurídico que pueda delimitar y orientar ese control. Pero, se añadía en la citada sentencia núm. 241/2013, con la misma referencia a la sentencia anterior, que una condición general defina el objeto principal de un contrato y que, como regla, no pueda examinarse la abusividad de su contenido, no supone que el sistema no las someta al doble control de transparencia.

Este doble control consistía, según la sentencia núm. 241/2013, en que, además del control de incorporación, que atiende a una mera transparencia documental o gramatical, « conforme a la Directiva 93/13/CEE y a lo declarado por esta Sala en la Sentencia 406/2012, de18 de junio, el control de transparencia, como parámetro abstracto de validez de la cláusula predispuesta, esto es, fuera del ámbito de interpretación general del Código Civil del"error propio" o"error vicio", cuando se proyecta sobre los elementos esenciales del contrato tiene por objeto que el adherente conozca o pueda conocer con sencillez tanto la "carga económica" que realmente supone para él el contrato celebrado, esto es, la onerosidad o sacrificio patrimonial realizada a cambio de la prestación económica que se quiere obtener, como la carga jurídica del mismo, es decir, la definición clara de su posición jurídica tanto en los presupuestos o elementos típicos que configuran el contrato celebrado, como en la asignación o distribución de los riesgos de la ejecución o desarrollo del mismo ». Por ello, seguía diciendo nuestra sentencia, « la transparencia documental de la cláusula, suficiente a efectos de incorporación a un contrato suscrito entre profesionales y empresarios, es insuficiente para impedir el examen de su contenido y, en concreto, para impedir que se analice si se trata de condiciones abusivas. Es preciso que la información suministrada permita al consumidor percibir que se trata de una cláusula que define el objeto principal del contrato, que incide o puede incidir en el contenido de su obligación de pago y tener un conocimiento real y razonablemente completo de cómo juega o puede jugar en la economía del contrato ».

Por tanto, que las cláusulas en los contratos concertados con consumidores que definen el objeto principal del contrato y la adecuación entre precio y retribución, por una parte, y los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, se redacten de manera clara y comprensible no implica solamente que deban posibilitar el conocimiento real de su contenido mediante la utilización de caracteres tipográficos legibles y una redacción comprensible, objeto del control de inclusión o incorporación(arts. 5.5 y 7.b de la Ley española de Condiciones Generales de la Contratación-en adelante, LCGC).

Supone, además, que no pueden utilizarse cláusulas que, pese a que gramaticalmente sean comprensibles y estén redactadas en caracteres legibles, impliquen subrepticiamente una alteración del objeto del contrato o del equilibrio económico sobre el precio y la prestación, que pueda pasar inadvertida al adherente medio.

El art. 4.2 de la Directiva1993/13/CEE conecta esta transparencia con el juicio de abusividad(« la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a[...] siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible »), porque la falta de transparencia trae consigo un desequilibrio sustancial en perjuicio del consumidor, consistente en la privación de la posibilidad de comparar entre las diferentes ofertas existentes en el mercado y de hacerse una representación fiel del impacto económico que le supondrá obtener la prestación objeto del contrato según contrate con una u otra entidad financiera, o una u otra modalidad de préstamo, de entre los varios ofertados.

Por tanto, estas condiciones generales pueden ser declaradas abusivas si el defecto de transparencia provoca subrepticiamente una alteración no del equilibrio objetivo entre precio y prestación, que con carácter general no es controlable por el juez, sino del equilibrio subjetivo de precio y prestación, es decir, tal y como se lo pudo representar el consumidor en atención a las circunstancias concurrentes en la contratación.

4.- La sentencia núm. 241/2013 basaba dicha exigencia de transparencia, que iba más allá de la transparencia"documental" verificable en el control de inclusión( arts. 5.5 y 7 LCGC), en los arts. 80.1 y 82.1 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios(en lo sucesivo, TRLCU), interpretados conforme al art. 4.2 y 5 de la Directiva 93/13/CEE, y citaba a tales efectos lo declarado en la STJUE de 21 de marzo de 2013, asunto C-92/11, caso RWE Vertrieb AG, respecto de la exigencia de transparencia impuesta por tal directiva, conforme a la cual el contrato debe exponer « de manera transparente el motivo y el modo de variación de tal coste, de forma que el consumidor pueda prever, sobre la base de criterios claros y comprensibles, las eventuales modificaciones del coste ».

5.- La STJUE de 30 de abril de 2014, dictada en el asunto C-26/13, en relación a las condiciones generales empleadas en un préstamo multidivisa, confirma la corrección de esta interpretación, al afirmar que « la exigencia de transparencia de las cláusulas contractuales establecida por la Directiva 93/13 no puede reducirse sólo al carácter comprensible de éstas en un plano formal y gramatical »(párrafo 71), que « esa exigencia de transparencia debe entenderse de manera extensiva »(párrafo 72), que « del anexo de la misma Directiva resulta que tiene un importancia esencial para el respeto de la exigencia de transparencia la cuestión de si el contrato de préstamo expone de manera transparente el motivo y las particularidades del mecanismo de conversión de la divisa extranjera, así como la relación entre ese mecanismo y el prescrito por otras cláusulas relativas a la entrega del préstamo, de forma que un consumidor pueda prever, sobre la base de criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas derivadas a su cargo »(párrafo 73), y concluir en el fallo que «el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que, en relación con una cláusula contractual como la discutida en el asunto principal, la exigencia de que una cláusula contractual debe redactarse de manera clara y comprensible se ha de entender como una obligación no sólo de que la cláusula considerada sea clara y comprensible gramaticalmente para el consumidor, sino también de que el contrato exponga de manera transparente el funcionamiento concreto del mecanismo de conversión de la divisa extranjera al que se refiere la cláusula referida, así como la relación entre ese mecanismo y el prescrito por otras cláusulas relativas a la entrega del préstamo, de forma que ese consumidor pueda evaluar, basándose en criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas derivadas a su cargo ».

Esta doctrina ha sido reiterada en la posterior STJUE de 26 de febrero de 2015, asunto C-143/13, cuyo párrafo 74 declara: «de los artículos 3 y 5 de la Directiva 93/13 y de los puntos 1, letras j) y l), y 2, letras b) y d), del anexo de la misma Directiva resulta, en particular, que para satisfacer la exigencia de transparencia reviste una importancia capital la cuestión de si el contrato de préstamo expone de manera transparente los motivos y las particularidades del mecanismo de modificación del tipo del interés, así como la relación entre dicha cláusula y otras cláusulas relativas a la retribución del prestamista, de forma que un consumidor informado pueda prever, sobre la base de criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas que para él se derivan(véase, en este sentido, la sentencia Kásler y Káslerné Rábai, EU:C:2014:282, apartado 73) ».

6.- Lo expuesto lleva a la desestimación de este motivo del recurso. La Sala, en la sentencia núm. 241/2013, no ha realizado una labor de"creación judicial del Derecho" que exceda de su función de complemento del ordenamiento jurídico que le asigna el art. 1.6 del Código Civil, sino que ha interpretado la normativa interna a la luz de la letra y la finalidad de la Directiva 93/13/CEE, tal como esta ha sido interpretada por la jurisprudencia del TJUE.

No procede por tanto el planteamiento de cuestión prejudicial ante el TJUE, por cuanto que el mismo ya ha dictado varias sentencias en las que fija con claridad el alcance del control de transparencia que resulta de los arts. 4.2 y 5 de la Directiva 93/13/CEE.” Más recientemente, y sobre la base de los mismos argumentos, el Tribunal Supremo ha reiterado en las SSTS, Sala Primera, de 25 de marzo, 29 de abril y de 23 de diciembre de 2.015, la legalidad del control de transparencia que exigió en la sentencia de 9 de mayo de 2.013.

Además, como el Alto Tribunal pone de manifiesto en la sentencia extractada en este Fundamento, y en la citada STS, Sala Primera, número 705/2015, de 23 de diciembre, el control de transparencia exigido por el Alto Tribunal ha recibido el refrendo del TJUE a través de las sentencias de este último Órgano de 30 de abril de 2.014, y de 26 de febrero de 2015.

Ahora bien. El control de transparencia de las cláusulas que definen el objeto del contrato ha sido matizado por la STS, Sala Primera, de 9 de marzo de 2.017, al analizar el que puede llevarse a cabo respecto de las denominada cláusulas suelo. Para ello, la citada resolución ha tenido presente las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que a continuación se mencionan: STJUE de 21 de diciembre de 2016(caso Gutiérrez Naranjo), la cual, después de recordar que “el control de transparencia material de las cláusulas relativas al objeto principal del contrato procede del que impone el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 “(ap. 49), añade: “50 Ahora bien, a este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que reviste una importancia fundamental para el consumidor disponer, antes de la celebración de un contrato, de información sobre las condiciones contractuales y las consecuencias de dicha celebración. El consumidor decide si desea quedar vinculado por las condiciones redactadas de antemano por el profesional basándose principalmente en esa información (sentencia de 21 de marzo de 2013, RWE Vertrieb, C-92/11, EU:C:2013:180, apartado 44). 51 Por lo tanto, el examen del carácter abusivo, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13, de una cláusula contractual relativa a la definición del objeto principal del contrato, en caso de que el consumidor no haya dispuesto, antes de la celebración del contrato, de la información necesaria sobre las condiciones contractuales y las consecuencias de dicha celebración, está comprendido dentro del ámbito de aplicación de la Directiva en general y del artículo 6, apartado 1, de ésta en particular.”.

-STJUE de 26 de enero de 2017, caso Banco Primus( C-421/14), que explicita la consecuencia o efecto de que una determinada cláusula, referida al objeto principal del contrato o a la adecuación entre precio y retribución, no pase el control de transparencia: “62(...) según el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13, las cláusulas que se refieran a la definición del objeto principal del contrato o a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, y los servicios o bienes que hayan de proporcionarle como contrapartida, por otra-cláusulas comprendidas en el ámbito regulado por esta Directiva-, sólo quedan exentas de la apreciación sobre su carácter abusivo cuando el tribunal nacional competente estime, tras un examen caso por caso, que han sido redactadas por el profesional de manera clara y comprensible(véanse, en este sentido, las sentencias de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, apartado 41, y de 9 de julio de 2015, Bucura, C-348/14, EU:C:2015:447, apartado 50).”.

Previa cita de las mencionadas resoluciones, la STS, Sala Primera, de 9 de marzo de 2.017 razona que: “La ratio de la sentencia 241/2013, de 9 de mayo, era básicamente que la ausencia de una información suficiente por parte del banco de la existencia de la cláusula suelo y de sus consecuencias en el caso en que bajara el tipo de referencia más allá de aquel límite, y la inclusión de tal cláusula en el contrato de forma sorpresiva, oculta entre una profusión de cláusulas financieras, provoca una alteración subrepticia del precio del crédito, sobre el que los prestatarios creían haber dado su consentimiento a partir de la información proporcionada por el banco en la fase precontractual. De tal forma que un consumidor, con la información suministrada, entendería que el precio del crédito estaría constituido por el tipo de referencia variable más el diferencial pactados.

Si partimos de la base de que, incluso en los contratos de adhesión con consumidores, rige la autonomía de la voluntad de los contratantes respecto del precio y la contraprestación, esto presupone la plena capacidad de elección entre las diferentes ofertas existentes en el mercado, para lo cual es preciso que el consumidor tenga un conocimiento cabal y completo del precio y de las condiciones de la contraprestación antes de la celebración del contrato. Como explica la doctrina, la regla de la irrelevancia del equilibrio económico del contrato sufre un cambio de perspectiva cuando esta parte del contrato no puede ser suficientemente conocida por el consumidor. En caso de que por un defecto de transparencia las cláusulas relativas al objeto principal del contrato no pudieran ser conocidas y valoradas antes de su celebración, faltaría la base para la exclusión del control de contenido, que es la existencia de consentimiento.

Por eso, el control de transparencia a la postre supone la valoración de cómo una cláusula contractual ha podido afectar al precio y a su relación con la contraprestación de una manera que pase inadvertida al consumidor en el momento de prestar su consentimiento, alterando de este modo el acuerdo económico que creía haber alcanzado con el empresario, a partir de la información que aquel le proporcionó.

5. En una acción individual como la presente, el juicio sobre la transparencia de la cláusula no tiene por qué atender exclusivamente al documento en el cual está inserta o a los documentos relacionados, como la previa oferta vinculante, sino que pueden tenerse en consideración otros medios a través de los cuales se pudo cumplir con la exigencia de que la cláusula en cuestión no pasara inadvertida para el consumidor y que este estuviera en condiciones de percatarse de la carga económica y jurídica que implicaba.

En este sentido, en la contratación de préstamos hipotecarios, puede ser un elemento a valorar la labor del notario que autoriza la operación, en cuanto que puede cerciorarse de la transparencia de este tipo de cláusulas(con toda la exigencia de claridad en la información que lleva consigo) y acabar de cumplir con las exigencias de información que subyacen al deber de transparencia.” Sobre la base de tales consideraciones, la STS, Sala Primera, de 9 de marzo de 2.017 concluye que lo verdaderamente relevante para realizar un juicio sobre la transparencia de una cláusula, tal y como se afirmaba en la STS, Sala Primera, de 9 de mayo de 2.013, es comprobar que “la información suministrada permita al consumidor percibir que se trata de una cláusula que define el objeto principal del contrato, que incide o puede incidir en el contenido de su obligación de pago, y tener un conocimiento real y razonablemente completo de cómo juega o puede jugar en la economía del contrato.”.

En este mismo sentido se ha pronunciado la STS, Sala Primera, de 8 de junio de 2.017, según la cual es necesario que el adherente puedas tener un conocimiento real de las cláusulas, de forma que un consumidor informado puedas prever sus consecuencias económicas.

Más recientemente, han reiterado esta doctrina las SSTS, Sala Primera, de 7 y 24 de noviembre de 2.017.

Así pues, con independencia de la forma que está redactada la cláusula, en cada caso pueden concurrir unas circunstancias propias cuya acreditación, en su conjunto, ponga de relieve con claridad el cumplimiento o incumplimiento de la exigencia de transparencia.

Como puede apreciarse con su lectura, las sentencias citadas en este Fundamento son resoluciones que analizaban el control de transparencia aplicable a la denominada clausula suelo, pero que son perfectamente aplicables al control de transparencia que puede llevarse a cabo sobre cualquier condición general de la contratación, y más específicamente sobre aquellas que definen el objeto del contrato.

Que la cláusula que define el interés remuneratorio puede ser objeto del mismo control, es una cuestión que queda completamente aclarada en la STS, Sala Primera, número 628/2015, de 25 de noviembre, la cual reitera que dicha estipulación no puede ser sometida al control de abusividad por contenido: “Mientras que el interés de demora fijado en una cláusula no negociada en un contrato concertado con un consumidor puede ser objeto de control de contenido y ser declarado abusivo si supone una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor que no cumpla con sus obligaciones, como declaramos en las sentencias núm. 265/2015, de 22 de abril, y 469/2015, de 8 de septiembre, la normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no permite el control del carácter"abusivo" del tipo de interés remuneratorio en tanto que la cláusula en que se establece tal interés regula un elemento esencial del contrato, como es el precio del servicio, siempre que cumpla el requisito de transparencia, que es fundamental para asegurar, en primer lugar, que la prestación del consentimiento se ha realizado por el consumidor con pleno conocimiento de la carga onerosa que la concertación de la operación de crédito le supone y, en segundo lugar, que ha podido comparar las distintas ofertas de las entidades de crédito para elegir, entre ellas, la que le resulta más favorable.” Esta resolución impide que se lleve a cabo el control de contenido de la cláusula relativa al interés remuneratorio, en tanto que la cláusula en que se establece tal interés regula un elemento esencial del contrato, pero habilita expresamente la posibilidad de someter la cláusula al control de transparencia.

En el mismo sentido, la STS, Sala Primera, núm. 149/2020, que, después de reiterar la doctrina contenida en la STS, Sala Primera, número 628/2015, expresa que, en caso de consumidores, el control de la estipulación que fija el interés remuneratorio puede realizarse también mediante los controles de incorporación y transparencia, propios del control de las condiciones generales(Fundamento de Derecho Quinto): “Aunque al tener la demandante la condición de consumidora, el control de la estipulación que fija el interés remuneratorio puede realizarse también mediante los controles de incorporación y transparencia, propios del control de las condiciones generales en contratos celebrados con consumidores, en el caso objeto de este recurso, la demandante únicamente ejercitó la acción de nulidad de la operación de crédito mediante tarjeta revolving por su carácter usurario.”

CUARTO.- APLICACIÓN AL CASO DE AUTOS.

En el presente caso, se ha alegado la falta de transparencia como motivo de la nulidad de las cláusulas que regulan los intereses remuneratorios y el sistema de amortización revolvente.

Como ya se ha dicho previamente, el control de inclusión o de incorporación supone el cumplimiento por parte del predisponente de una serie de requisitos para que las condiciones generales queden incorporadas al contrato. Mediante el control de incorporación se intenta comprobar que la adhesión se ha realizado con unas mínimas garantías de cognoscibilidad por parte del adherente de las cláusulas que se integran en el contrato.

Aunque la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación (LCGC), se refiere a la incorporación de las condiciones generales al contrato en dos preceptos, concretamente en el art. 5, para establecer los requisitos de incorporación, y en el art. 7, para establecer cuándo las condiciones generales no quedan incorporadas al contrato, en la práctica se aplica en primer lugar el filtro negativo del art. 7 de la LCGC, y, si se supera, es necesario pasar una segunda criba, ahora positiva, que es la prevista en los arts. 5.5 y 7 de la misma Ley: la redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez, de modo que no quedarán incorporadas al contrato las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles (sentencias 314/2018, de 28 de mayo, y 57/2019, de 25 de enero).

El primero de los filtros mencionados, el del art. 7, consiste, pues, en acreditar que el adherente tuvo ocasión real de conocer las condiciones generales al tiempo de la celebración.

La sentencia 241/2013, de 9 mayo, de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (a la que sigue, entre otras, la sentencia 314/2018, de 28 de mayo) consideró suficiente que la parte predisponente acredite la puesta a disposición y la oportunidad real de conocer el contenido de dichas cláusulas para superar este control, independientemente de que el adherente o el consumidor realmente las haya conocido y entendido, pues esto último tendría más que ver con el control de transparencia y no con el de inclusión.

El segundo de los filtros del control de incorporación, previsto en los arts. 5 y 7 de la LCGC, hace referencia a la comprensibilidad gramatical y semántica de la cláusula.

En suma, para superar el control de incorporación, debe tratarse de una cláusula con una redacción clara, concreta y sencilla, que permita una comprensión gramatical normal y que el adherente haya tenido oportunidad real de conocer al tiempo de la celebración del contrato.

La STS, Sala Primera, de 20 de enero de 2020, con cita de precedentes, hace un resumen del alcance de este control de inclusión y transparencia formal, razonando que: “mediante el control de incorporación se intenta comprobar que la adhesión se ha realizado con unas mínimas garantías de cognoscibilidad por parte del adherente de las cláusulas que se integran en el contrato, de manera que conforme al art. 5 de la LCGC: a) Las condiciones generales pasarán a formar parte del contrato cuando se acepte por el adherente su incorporación al mismo y sea firmado por todos los contratantes. b) Todo contrato deberá hacer referencia a las condiciones generales incorporadas. c) No podrá entenderse que ha habido aceptación de la incorporación de las condiciones generales al contrato cuando el predisponente no haya informado expresamente al adherente acerca de su existencia y no le haya facilitado un ejemplar de las mismas. d) La redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez.

A su vez, a tenor del art. 7, no quedarán incorporadas al contrato las condiciones generales que: a) El adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa al tiempo de la celebración del contrato o cuando no hayan sido firmadas, si ello fuera necesario conforme al art. 5. b) Sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles, salvo, en cuanto a estas últimas, que hubieren sido expresamente aceptadas por escrito por el adherente y se ajusten a la normativa específica que discipline en su ámbito la necesaria transparencia de las cláusulas contenidas en el contrato. En la práctica, como ya señalaron las sentencias de esta Sala 314/2018, de 28 de mayo y 57/2019, de 25 de enero, se aplica en primer lugar el filtro negativo del art. 7 LCGC; y si se supera, es necesario pasar una segunda criba, ahora positiva, que es la prevista en los arts. 5.5 y 7 de la misma Ley: la redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez, de modo que no quedarán incorporadas al contrato las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles. El primero de los filtros mencionados, el del art. 7, consiste, pues, en acreditar que el adherente tuvo ocasión real de conocer las condiciones generales al tiempo de la celebración. La sentencia 241/2013, de 9 mayo (a la que sigue, entre otras, la sentencia 314/2018, de 28 de mayo ) consideró suficiente que la parte predisponente acredite la puesta a disposición y la oportunidad real de conocer el contenido de dichas cláusulas para superar este control, independientemente de que el adherente o el consumidor realmente las haya conocido y entendido, pues esto último tendría más que ver con el control de transparencia y no con el de inclusión. El segundo de los filtros del control de incorporación, previsto en los arts. 5 y 7 LCGC, hace referencia a la comprensibilidad gramatical y semántica de la cláusula. En suma, para superar el control de incorporación, debe tratarse de una cláusula que el adherente haya tenido oportunidad real de conocer al tiempo de la celebración del contrato y que cuente con una redacción clara, concreta, sencilla, que permita una comprensión gramatical normal sin necesidad de un estudio profundo o en detalle, y que además no se vea desvirtuada por otras que alteren las prestaciones que el consumidor pudo y debió racionalmente prever al aceptar dicho condicionado general.”

El control de transparencia no se agota en el mero control de incorporación, sino que supone un plus sobre el mismo. Según se desprende inequívocamente de la jurisprudencia del TJUE, no solo es necesario que las cláusulas estén redactadas de forma clara y comprensible, sino también que el adherente pueda tener un conocimiento real de las mismas, de forma que un consumidor informado pueda prever, sobre la base de criterios precisos y comprensibles, sus consecuencias económicas.

El control de transparencia tiene por objeto las cláusulas predispuestas que afectan a los elementos esenciales del contrato.

A las condiciones generales que versan sobre elementos esenciales del contrato se les exige un plus de información que permita al consumidor adoptar su decisión de contratar con pleno conocimiento de la carga económica y jurídica que le supondrá concertar el contrato, sin necesidad de realizar un análisis minucioso y pormenorizado del contrato

El control de transparencia excluye que, en contratos en que el adherente sea un consumidor, pueda agravarse la carga económica que el contrato supone para el consumidor, tal y como éste la había percibido, mediante la inclusión de una condición general que supere los requisitos de incorporación, pero cuya trascendencia jurídica o económica le pasó inadvertida, porque se le dio un inapropiado tratamiento secundario y no se le facilitó la información clara y adecuada sobre las consecuencias jurídicas y económicas de dicha cláusula.

Lo relevante es que un consumidor medio, razonablemente atento y perspicaz, pueda tener un conocimiento adecuado de la cláusula concreta, cualquiera que fuera el medio por el que adquirió tal conocimiento.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo afirma que, en todo caso, la cláusula que no sea transparente no implica necesariamente que sea abusiva, y señala que, respecto de los elementos esenciales del contrato(precio y prestación), el juicio de abusividad debe hacerse una vez apreciada la falta de transparencia; es decir, en tales casos, la declaración de falta de transparencia sería condición necesaria, pero no suficiente, para la apreciación de la abusividad.

A efectos del juicio de abusividad, para determinar si una cláusula causa en detrimento del consumidor un"desequilibrio importante" entre los derechos y las obligaciones de las partes que se derivan del contrato, deben tenerse en cuenta, en particular, las normas aplicables en el derecho nacional cuando no exista un acuerdo de las partes en ese sentido, para analizar si el contrato deja al consumidor en una situación jurídica menos favorable que la prevista por el derecho nacional vigente. Y respecto a en qué circunstancias se causa ese desequilibrio" contrariamente a las exigencias de la buena fe", habrá que comprobar si el profesional podía estimar razonablemente que, tratando de manera leal y equitativa con el consumidor, éste aceptaría una cláusula de ese tipo en el marco de una negociación individual.

Más concretamente, para las cláusulas que regulan el interés remuneratorio y el sistema de amortización revolvente, las recientes SSTS, Sala Primera, número 154/2025, y número 155/2025, ambas de 30 de enero de 2.025, han analizado los requisitos necesarios para que esas estipulaciones superen el control de transparencia.

En la primera de tales resoluciones, concretamente a partir de su Fundamento de Derecho Tercero, el Alto Tribunal hace las siguientes consideraciones sobre el control de transparencia al que debe ser sometida la cláusula que, en un contrato de tarjeta revolvente, regula el tipo de interés aplicable: “En la sentencia del pleno de esta sala 628/2015, de 25 de noviembre, declaramos que la normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no permite el control del carácter «abusivo» del tipo de interés remuneratorio en tanto que la cláusula en que se establece tal interés regula un elemento esencial del contrato, como es el precio del servicio, siempre que cumpla el requisito de transparencia, que es fundamental para asegurar, en primer lugar, que la prestación del consentimiento se ha realizado por el consumidor con pleno conocimiento de la carga onerosa que la concertación de la operación de crédito le supone y, en segundo lugar, que ha podido comparar las distintas ofertas para elegir, entre ellas, la que le resulta más favorable. En la sentencia también del pleno de esta sala 149/2020, de 4 de marzo, tras reiterar lo anterior, añadimos que la expresión de la TAE es requisito imprescindible, aunque no suficiente por sí solo, para que la cláusula que establece el interés remuneratorio pueda ser considerada transparente.

Por tanto, la cuestión que debe abordarse en este recurso y que constituye la cuestión central del litigio tal como ha quedado configurado tras la sentencia de primera instancia, es si la cláusula que establece el tipo porcentual del interés remuneratorio(TAE 21,84%), considerada conjuntamente con las cláusulas que regulan el sistema de amortización al que va ligado esa TAE, es transparente en el sentido de los arts. 4.2 y 5 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores(en lo sucesivo, Directiva 93/13/CEE); y, caso de no serlo, si es abusiva.

Al tratarse de una cuestión regulada por el Derecho de la Unión Europea, deberemos atenernos a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea(en lo sucesivo, TJUE) sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores y, en concreto, en los contratos sobre crédito al consumo, pues el art. 4.bis.1) de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece: «Los Jueces y Tribunales aplicarán el Derecho de la Unión Europea de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea».

2.- La transparencia de las cláusulas no negociadas en los contratos celebrados con consumidores. El TJUE ha señalado que la exigencia de transparencia de las cláusulas no negociadas en contratos celebrados con consumidores que resulta de los arts. 4.2 y 5 de la Directiva 93/13/CEE no puede reducirse solo al carácter comprensible de estas en un plano formal y gramatical, sino que, por el contrario, toda vez que el sistema de protección establecido por dicha Directiva se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional en lo referido, en particular, al nivel de información, esa exigencia de redacción clara y comprensible de las cláusulas contractuales, y por tanto de transparencia, debe entenderse de manera extensiva (sentencias de 30 de abril de 2014, C-26/13, Kásler y Káslerné Rábai, apartados 71 y 72, de9 de julio de 2015, C-348/14, Bucura, apartado 52, y, más recientemente, de 20 de abril de 2023, C-263/22, Ocidental-Companhia Portuguesa de Seguros de Vida SA, apartado 26).

Esta exigencia requiere que el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, esté en condiciones decomprender el funcionamiento concreto de tal cláusula y de valorar así, basándose en criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas, potencialmente significativas, de dicha cláusula sobre sus obligaciones(sentencias de 10 de junio de 2021, BNP Paribas Personal Finance, C-609/19, apartados 42 y 43, de 10 de junio de 2021, BNP Paribas Personal Finance, C-776/19 a C-782/19, apartados 63 y 64, y de 20 de abril de 2023, C-263/22, Ocidental-Companhia Portuguesa de Seguros de Vida SA, apartado 26).

Por consiguiente, la exigencia de que una cláusula contractual debe redactarse de manera clara y comprensible se ha de entender también como una obligación de que el contrato exponga de manera transparente el funcionamiento concreto del mecanismo al que se refiere la cláusula de que se trate, así como, en su caso, la relación entre ese mecanismo y el prescrito por otras cláusulas, de manera que el consumidor de que se trate esté en condiciones de valorar, basándose en criterios precisos e inteligibles, las consecuencias económicas que se deriven para él(sentencias de 30 de abril de 2014, C-26/13, Kásler y Káslerné Rábai, apartado 75, C-96/14, de 23 de abril de 2015, Van Hove, apartados 41 y 50, de 20 de septiembre de 2017, C-186/16, Andriciuc, apartado 45, de 3 de octubre de 2019, Kiss y CIB Bank, C-621/17, apartado 37, de 3 de marzo de 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, apartado 43, y de 16 de julio de 2020, Caixabank y BBVA¸C-224/19 y 259/19, apartado 67).

Esta interpretación de la transparencia implica que los profesionales deben proporcionar información clara a los consumidores sobre las cláusulas del contrato y sus implicaciones y consecuencias antes de la celebración del contrato. El TJUE ha enfatizado repetidamente la importancia de dicha información para que los consumidores puedan comprender el alcance de sus derechos y obligaciones en virtud del contrato antes de estar sujetos a este. Así, en las sentencias de 21 de marzo de 2013, C-92/11, RWE Vertrieb, apartado 44, y de 21 de diciembre de 2016, C-154/15, C-307/15 y C-308/15, Gutiérrez Naranjo y otros, apartado 50, de 13 de julio de 2023, Banco Santander, C-265/22, apartado 51, y de 12 de diciembre de 2024, C-300/23, Kutxabank, el TJUE ha declarado que reviste una importancia fundamental para el consumidor disponer, antes de la celebración de un contrato, de información sobre las condiciones contractuales y las consecuencias de dicha celebración. El consumidor decide si desea quedar vinculado por las condiciones redactadas de antemano por el profesional basándose principalmente en esa información.

El TJUE ha especificado los requisitos aún más, en particular con respecto a las cláusulas contractuales que son esenciales para el alcance de las obligaciones que los consumidores aceptan asumir. De la doctrina sentada en las sentencias de 21 de marzo de 2013, C-92/11, RWE Vertrieb, apartado 49, de 26 de febrero de 2015, C-143/13, Matei, apartado 74, y de 20 de septiembre de 2017, C-186/16, Andriciuc, apartado 47, se desprende que al tener en cuenta el conjunto de circunstancias que rodearon la celebración del contrato, es necesario verificar que se comunicaron al consumidor todos los elementos que pueden incidir en el alcance de su compromiso, que se expusieron de manera transparente los motivos y las particularidades de la estipulación contractual, así como la relación entre dicha cláusula y otras cláusulas relativas a la retribución del prestamista, de forma que un consumidor informado pueda prever, sobre la base de criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas que para él se derivan y le permitan evaluar, en particular, el coste total de su préstamo, permitiéndole evaluar las consecuencias financieras de este.

4.- Aplicación de los anteriores criterios a las cláusulas del contrato de crédito revolving. El crédito revolving es un crédito al consumo con interés, de duración indefinida o de duración definida prorrogable de forma automática, concedido a personas físicas, en el que el crédito dispuesto no se satisface en su totalidad al final del período de liquidación pactado. El consumidor puede disponer hasta el límite del crédito concedido sin tener que pagar la totalidad de lo dispuesto en un plazo determinado, sino que reembolsa el crédito dispuesto de forma aplazada sin una duración determinada, mediante el pago de cuotas periódicas cuyo importe puede consistir en una cantidad fija o en un porcentaje de la cantidad dispuesta, siendo habitual que la entidad financiera fije, por defecto, una cantidad o un porcentaje bajo, lo que alarga significativamente el plazo de amortización y supone la generación de una gran cantidad de intereses al amortizarse poco capital en cada cuota. El límite del crédito disminuye según se dispone de él mediante adquisiciones de bienes o servicios, disposiciones de efectivo, transferencias del crédito concedido, etc. A su vez, el crédito disponible se repone, fundamentalmente con la parte de las cuotas destinada a la amortización del capital y que el prestatario paga periódicamente. Por tanto, el crédito se renueva de manera automática en el vencimiento de cada cuota(habitualmente, mensual) por lo que es un crédito rotativo o revolvente, equiparable a una línea de crédito permanente.

En la sentencia de pleno 149/2020, de 4 de marzo, mencionamos algunos de los riesgos que presenta este tipo de crédito, cuando afirmamos: «Han de tomarse además en consideración otras circunstancias concurrentes en este tipo de operaciones de crédito, como son el público al que suelen ir destinadas, personas que por sus condiciones de solvencia y garantías disponibles no pueden acceder a otros créditos menos gravosos, y las propias peculiaridades del crédito revolving, en que el límite del crédito se va recomponiendo constantemente, las cuantías de las cuotas no suelen ser muy elevadas en comparación con la deuda pendiente y alargan muy considerablemente el tiempo durante el que el prestatario sigue pagando las cuotas con una elevada proporción correspondiente a intereses y poca amortización del capital, hasta el punto de que puede convertir al prestatario en un deudor «cautivo», y los intereses y comisiones devengados se capitalizan para devengar el interés remuneratorio».

El Banco de España también ha hecho referencia a las consecuencias financieras que puede tener esta peculiaridad del crédito revolving, que puede dar lugar a lo que dicho organismo califica como «efecto de bola de nieve», que es el riesgo de encadenarse a una deuda indefinida, que nunca se termina de pagar.

Estas consecuencias negativas para el consumidor pueden producirse por la conjunción de varios factores: el carácter indefinido o prorrogable automáticamente del crédito; el límite del crédito se va recomponiendo constantemente; el elevado tipo de interés; la escasa cuantía de las cuotas, bien porque han sido establecidas por defecto en el contrato, bien porque han sido elegidas por el consumidor por el atractivo de ser asumibles en el corto plazo pero que van acrecentando un problema que se hará cada vez más serio a largo plazo pues suponen que se amortice muy poco capital; y, en su caso, el anatocismo en caso de impago de alguna cuota, comisión o indemnización de modo que el interés de demora se calcula sobre la totalidad de la cantidad adeudada, incluyendo capital, intereses, indemnizaciones y comisiones.

En consecuencia, es preciso que el consumidor reciba una información sobre estas características y estos riesgos, con un contenido y presentación adecuada y en el momento oportuno.

5.- El momento en que debe facilitarse la información. Respecto del momento en que debe facilitarse la información, ya hemos hecho referencia a la doctrina del TJUE que resalta la importancia de que la información sea facilitada al consumidor antes de celebrar el contrato. También la normativa nacional aplicable cuando se celebró el contrato establecía esta obligación de informar con antelación a la celebración del contrato. El art. 60.1 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en la redacción vigente cuando se celebró el contrato, establecía: «Antes de que el consumidor y usuario quede vinculado por un contrato u oferta correspondiente, el empresario deberá facilitarle de forma clara y comprensible, salvo que resulte manifiesta por el contexto, la información relevante, veraz y suficiente sobre las características principales del contrato, en particular sobre sus condiciones jurídicas y económicas».

En lo que se refiere concretamente a la normativa sectorial sobre crédito al consumo, el art. 5 de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo, establece en dos de sus apartados: «Artículo 5 »Información precontractual »1. Con la debida antelación, y antes de que el consumidor asuma cualquier obligación en virtud de un contrato u oferta de crédito, el prestamista y, en su caso, el intermediario de crédito deberán facilitar al consumidor, sobre la base de las condiciones del crédito ofrecidas por el prestamista y, en su caso, de las preferencias manifestadas y de la información facilitada por el consumidor, la información que sea precisa para comparar las diversas ofertas y adoptar una decisión informada sobre la suscripción de un contrato de crédito. Esta información, en papel o en cualquier otro soporte duradero, se facilitará mediante la Información normalizadaeuropea sobre el crédito al consumo que figura en el anexo II. Se considera que el prestamista ha cumplido los requisitos de información del presente apartado y del artículo 3, apartados 1 y 2, de la Directiva 2002/65/CE si facilita la Información normalizada europea sobre el crédito al consumo.[...] »6. Los Estados miembros velarán por que los prestamistas y, cuando proceda, los intermediarios de crédito faciliten al consumidor las explicaciones adecuadas para que este pueda evaluar si el contrato de crédito propuesto se ajusta a sus necesidades y a su situación financiera, si fuera preciso explicando la información precontractual que se facilitará conforme a lo dispuesto en el apartado 1, las características esenciales de los productos propuestos y los efectos específicos que pueden tener sobre el consumidor, incluidas las consecuencias en caso de impago por parte del consumidor. Los Estados miembros podrán adaptar el modo de prestación de esta asistencia y su alcance, así como la identidad de la parte que se hará cargo de ella, a las circunstancias particulares de la situación en que se ofrece el contrato de crédito, la persona a quien se ofrece y el tipo de crédito ofrecido».

En desarrollo de esta directiva, la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo, en la redacción aplicable al caso por razones temporales, establece: «Artículo 10. Información previa al contrato. »1. El prestamista y, en su caso, el intermediario de crédito deberán facilitar de forma gratuita al consumidor, con la debida antelación y antes de que el consumidor asuma cualquier obligación en virtud de un contrato u oferta de crédito sobre la base de las condiciones del crédito ofrecidas por el prestamista y, en su caso, de las preferencias manifestadas y de la información facilitada por el consumidor, la información que sea precisa para comparar las diversas ofertas y adoptar una decisión informada sobre la suscripción de un contrato de crédito.[...] »Artículo 11. Asistencia al consumidor previa al contrato. »Los prestamistas y, en su caso, los intermediarios de crédito facilitarán al consumidor explicaciones adecuadas de forma individualizada para que éste pueda evaluar si el contrato de crédito propuesto se ajusta a sus intereses, a sus necesidades y a su situación financiera, si fuera preciso explicando la información precontractual, las características esenciales de los productos propuestos y los efectos específicos que pueden tener sobre el consumidor, incluidas las consecuencias en caso de impago por parte del mismo».

Esta norma es desarrollada por la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, que, en la redacción aplicable por razones temporales, establece: «Artículo 6. Información precontractual. »Las entidades de crédito deberán facilitar de forma gratuita al cliente de servicios bancarios toda la información precontractual que sea legalmente exigible para adoptar una decisión informada sobre un servicio bancario y comparar ofertas similares. Esta información deberá ser clara, oportuna y suficiente, objetiva y no engañosa y habrá de entregarse con la debida antelación en función del tipo de contrato u oferta y, en todo caso, antes de que el cliente quede vinculado por dicho contrato u oferta».

En este caso, como se ha expresado al resolver el recurso extraordinario por infracción procesal, la información consistente en el clausulado del contrato y en la ficha con el formato de la Información Normalizada Europea no se entregó con antelación a la suscripción del contrato. El contrato se suscribió electrónicamente y la fecha que aparece en el contrato y en la ficha INE es la misma de la primera utilización de la tarjeta.

El hecho de que la tarjeta pueda comenzar a utilizarse con posterioridad a la celebración del contrato y no necesariamente en el momento de la suscripción del contrato, no exime al profesional de facilitar esa información con antelación suficiente a la celebración del contrato pues, una vez celebrado este, el consumidor puede hacer uso inmediato del crédito facilitado y sufrir las consecuencias derivadas de los riesgos del sistema revolving a que hemos hecho referencia, antes de haber analizado la información.

6.- El contenido de la información. En lo que respecta al contenido, la información que debe suministrarse al consumidor al que se le ofrece una tarjeta con la modalidad revolving debe cumplir con las exigencias establecidas en la normativa nacional y con aquellas que el TJUE ha extraído de la Directiva 93/13/CEE.

Debe exponer, de manera transparente por su contenido, forma de expresión y ubicación en el documento, el funcionamiento concreto del mecanismo de recomposición del capital y su influencia en la liquidación de los intereses y en la amortización del capital dispuesto, especialmente en los supuestos de incremento notable del riesgo, ya indicados: cuando la cuota periódica de pago no es elevada pero sí lo es el tipo de interés; y cuando se produce un impago y la capitalización de los intereses y las comisiones devengadas prolonga indefinidamente el pago de la deuda porque las cuotas periódicas, que por defecto se fijan en una cuantía mínima, apenas amortizan capital. Debe informarse, por tanto, de la relación entre la elevada TAE, el mecanismo de recomposición del capital y las demás cláusulas con trascendencia en la creación de los riesgos descritos, de manera que el consumidor esté en condiciones de valorar, basándose en criterios precisos e inteligibles, las consecuencias económicas que se deriven para él.

En concreto, en lo que respecta al anatocismo, constituye una previsión contractual lícita, pero excepcional y con efectos significativamente gravosos para el consumidor, que requiere, por tanto, información clara al consumidor y que la redacción de la cláusula sea inteligible para el consumidor medio, como requisito para que pueda ser considerada transparente.

En consecuencia, la información debe permitir al consumidor medio comprender el producto ofertado, tomar conciencia de los riesgos que se derivan del plazo indefinido o prorrogable automáticamente, el elevado tipo de interés, la recomposición constante del crédito, la escasa amortización del capital en el caso de cuotas bajas, y el anatocismo; y, asimismo debe permitirle comparar las diversas ofertas, tal como exige el art. 10 de la Ley de contratos de crédito al consumo, pues para optar por una u otra modalidad de amortización es necesario que las comprenda. Por tanto, es necesaria una información diferenciada sobre las características, los costes y los riesgos de las tres modalidades de financiación que por lo general son electivas, por más que en muchos casos se aplique, por defecto, la modalidad revolving. Porque la diferencia de la modalidad revolving con la modalidad de pago aplazado a fin de mes, sin intereses, puede ser fácil de comprender, pero no lo es tanto la diferencia entre la modalidad de pago aplazado, que es en realidad un préstamo al consumo, parecido a la compra a plazos, y la modalidad revolving.

Para cumplir tales exigencias no es suficiente que la información contenga la TAE.

En términos comprensibles para el consumidor medio, la información debe indicar que el sistema de amortización es del tipo revolving; debe establecer cuál es la cuota mensual (bien en una cantidad determinada, bien en un porcentaje de la cantidad dispuesta); debe establecer cuál es la duración del contrato; debe indicar si, y en qué casos, el interés se devengará no solo respecto del capital dispuesto sino también respecto del total de la cantidad adeudada(incluyendo intereses, comisiones e indemnizaciones devengadas); y deberá contener unos ejemplos adecuados tanto para comprender los riesgos del sistema como para permitir la comparación con otras modalidades de amortización o con las ofertas de otras entidades financieras. Es preciso que la información incida sobre la forma en que esa elevada TAE opera en la propia economía del contrato, dada las particularidades del sistema de amortización y las demás cláusulas a que se ha hecho referencia. Y debe hacerlo de modo claro y comprensible, no de una forma dispersa a lo largo de un extenso documento y en términos poco expresivos de los riesgos del sistema de amortización revolving, como es el caso objeto de este recurso.

Estas exigencias, para el caso de contratos a los que sea aplicable por razones temporales, están actualmente explicitadas en la Orden ETD/699/2020, de 24 de julio, de regulación del crédito revolvente y por la que se modifica la Orden ECO/697/2004, de 11 de marzo, sobre la Central de Información de Riesgos, la Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad de los servicios y productos bancarios y la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.

El sistema de amortización revolving no es simplemente un sistema como el de pago aplazado, que puede considerarse un simple préstamo al consumo que se va amortizando en cuotas periódicas durante un periodo determinado. Ya hemos expuesto sus peculiares características y los riesgos que conllevan, significativamente superiores a los de un simple préstamo al consumo. No se trata solo de que el mayor aplazamiento generará mayores intereses, conocimiento que alcanza al consumidor medio; o que, por su propia naturaleza, no pueda fijarse ex ante el coste total del crédito ni establecer un cuadro de amortización.

La duración indefinida o prorrogable del contrato de crédito revolving resulta relevante y ha de ser puesta en relación con el mecanismo de reconstitución de la deuda, especialmente si el contrato contempla la capitalización de los intereses y/o una cuota mínima por defecto de cuya incidencia en el coste del crédito es necesario advertir con suficiente claridad.

Con la información contenida en el contrato y en la ficha INE entregada a la demandante, un consumidor medio, normalmente informado,razonablemente atento y perspicaz, no es capaz de tomar conciencia de la naturaleza y consecuencias del mecanismo de amortización revolving, los elevados costes que pueden suponerle y los riesgos de terminar siendo un «deudor cautivo» que tal sistema puede implicar.

7.- Valoración del carácter abusivo de las cláusulas, una vez determinada su falta de transparencia. Una vez que se ha determinado que la cláusula relativa al interés del crédito, considerada conjuntamente con el resto de las cláusulas del contrato y, más concretamente, las relativas al sistema de amortización revolving, no es transparente, es necesario valorar si es abusiva.

Cuando un tribunal considera que una cláusula contractual no está redactada de manera clara y comprensible a efectos del artículo 4, apartado 2, y 5 de la citada Directiva 93/13/CEE, le incumbe examinar si tal cláusula es abusiva en el sentido del artículo 3, apartado 1, de esa misma Directiva. La falta de transparencia no supone automáticamente que una cláusula contractual sea considerada abusiva en virtud del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE pues la mera circunstancia de que una cláusula no esté redactada de manera clara y comprensible no le confiere, por sí sola, carácter abusivo.

Esto significa que, aun estableciendo que una cláusula cubierta por el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13/CEE no es clara ni comprensible, su carácter abusivo debe todavía evaluarse con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 3, apartado 1.

Así lo ha declarado el TJUE desde la sentencia de 26 de enero de 2017, C-421/14, Banco Primus, apartados, 62 a 67, habiéndolo reiterado en sentencias como la de 3 de octubre de 2019, Kiss y CIB Bank, C-621/17, apartado 49, y de 13 de julio de 2023, C-265/22, Banco Santander, apartado 66.

Sin embargo, en la medida en que las cláusulas contractuales no sean claras ni comprensibles, esta circunstancia puede contribuir a concluir que una cláusula contractual es abusiva en virtud del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE, o incluso puede indicar su carácter abusivo. La transparencia de una cláusula contractual que exigen los arts. 4.2 y 5 de la Directiva 93/13/CEE(más exactamente, su falta de transparencia) es uno de los elementos que deben tenerse en cuenta para apreciar si tal cláusula es abusiva(por todas, las recientes sentencias de 13 de julio de 2023, C-265/22, Banco Santander, apartado 66, y de 12 de diciembre de 2024, C-300/23, Kutxabank, apartado 110).

Pues bien, de manera similar a como hemos declarado en los supuestos de cláusulas suelo o de préstamos en divisas, en el caso de las tarjetas revolving, la falta de transparencia de la cláusula relativa a la TAE, valorada junto con las cláusulas relativas al sistema de amortización, el anatocismo y la escasa cuota mensual, no es inocua para el consumidor, sino que provoca un grave desequilibrio, en contra de las exigencias de la buena fe, puesto que, al ignorar los riesgos significativos que entraña dicho sistema de amortización, no puede comparar la oferta con las de otros sistemas de amortización y se compromete en un contrato que puede tener para él graves consecuencias pues puede terminar siendo lo que hemos venido en llamar un «deudor cautivo» y el Banco de España denomina «efecto bola de nieve».

Son también circunstancias relevantes para la valoración de la buena fe del predisponente necesaria para apreciar la abusividad de estas cláusulas la incitación por parte del profesional a la contratación en la modalidad revolving en los términos más proclives a acentuar tales riesgos, como resulta de su comercialización fuera de establecimientos financieros(en las estaciones de tren, autobús, aeropuerto o centros comerciales tales como hipermercados, grandes superficies de electrodomésticos y electrónica, etc.), con denominaciones que ocultan esos riesgos e incitan a su contratación («cuota fácil» en este caso), con previsiones contractuales en las que, por defecto, se contrata el sistema revolving y/o las cuotas de escasa cuantía que incrementan el pago de intereses y prolongan el plazo de amortización.”

Por su parte, la STS, Sala Primera, número 155/2025, reitera la doctrina que expone la STS, Sala Primera, número 154/20205, parcialmente reproducida en este Fundamento.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, debe concluirse que, efectivamente, la cláusula que regula el interés remuneratorio del contrato, valorada juntamente con el sistema de amortización pactado, no supera el doble control de transparencia y, por lo tanto, debe considerarse abusiva y, consecuentemente, nula. Y se obtiene esta conclusión por los siguientes motivos.

En primer lugar, debe concluirse que la redacción del contrato no permite que el consumidor conozca de manera más o menos precisa la carga económica que asume.

El tamaño de la letra con la que se redacta el contrato(aportado como documento número 1 de la demanda, y como documento número 3 de la contestación) no cumple las exigencias mínimas de la legislación de consumo, que siempre ha requerido que la información figure con caracteres legibles, fácilmente visibles e indelebles, de forma que permita al consumidor y usuario el conocimiento previo a la celebración del contrato sobre su existencia y contenido, señalando actualmente el artículo 80,1, b) del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, sobre este particular, que "En ningún caso se entenderá cumplido este requisito si el tamaño de la letra del contrato fuese inferior a los 2.5 milímetros, el espacio entre líneas fuese inferior a los 1.15 milímetros o el insuficiente contraste con el fondo hiciese dificultosa la lectura."(en la redacción dada a dicho precepto por el art. 1.10 de la Ley 4/2022, de 25 de febrero de 2022).

Es cierto que, hasta la modificación llevada a cabo en el artículo 80.1, b, del Tr, por la Ley 3/2014, que entró en vigor en el mes de marzo de 2.014, dicho precepto no establecía un tamaño mínimo de la letra con la que debían ser redactadas las estipulaciones contractuales, por lo que no es aplicable al caso presente dada la fecha del contrato controvertido, como tampoco lo es el párrafo tercero de la norma décima de la Circular 5/2012, que entró en vigor el 1 de julio de 2013, y que establece que"los documentos contractuales se redactarán de forma clara y comprensible para el cliente. En particular, el tamaño de la letra minúscula no podrá tener una altura inferior a 1,5 milímetros".

Además, a la vista de la fecha del contrato, firmado en el año 2.003, tampoco era aplicable el Texto Refundido aprobado por el Real Decreto legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, ya que, en esa fecha, estaba en vigor la Ley 26/1984.

Sin embargo, los artículos 5 y 7 de la Ley 7/1998, que, aunque no especifiquen cuál deba ser la dimensión mínima de la letra del contrato, sí exigen que sea al menos legible, sí estaban en vigor en la fecha del contrato y exigían que el mismo se redactase con una letra legible.

Como se ha indicado, el tamaño de la letra no es adecuado para su lectura, pues es muy reducido, y solamente ampliando con empleo de herramientas informáticas el tamaño del documento aportado electrónicamente con la demanda(bloque documental número 1) y con la contestación(documento número 3), puede leerse el contenido de las condiciones generales contractuales. Esta posibilidad no la tuvo el consumidor, pues la solicitud de contrato fue cumplimentada por la demandante de forma manuscrita, no informática, de manera que no pudo usar un editor de textos para aumentar el tamaño de la letra y poder leer con claridad las estipulaciones antes de suscribir la petición de concesión de la tarjeta.

Solamente con dificultad, y porque están en negrita, se pueden llegar a leer los epígrafes de cada estipulación, pero no su contenido. La letra utilizada es tan pequeña que, sin emplear un editor informático de textos, solo con una lupa-y suponiendo un tamaño de la hoja real DIN A4 o superior- sería posible leer el condicionado.

Así pues, dada la letra con la que está redactado el contrato, puede decirse que las cláusulas que en el mismo regulan el interés remuneratorio, y las demás que atañen al coste del producto para el consumidor(TAE, sistema de amortización, etc...) no superan el control de incorporación efectuado de acuerdo con los artículos 5 y 7 de la Ley 7/1998. En concreto, el artículo 7, apartado b), del texto legal indicado codifica que no quedarán incorporadas al contrato las condiciones generales que sean ilegibles, que es precisamente lo que ocurre en este caso.

Sobre la base de estas razones, ya sería suficiente para estimar la acción principal entablada, que la de no incorporación de las estipulaciones en análisis de acuerdo con lo previsto en los artículos 5, 7 y 8 de la Ley 7/1998, de 13 de abril.

Además, debe ponderarse que las estipulaciones comprensivas de la TAE y del TIN no permiten, con su sola lectura, aprehender la carga económica del vínculo concertado.

La simple indicación del TIN o de la TAE no resulta bastante para satisfacer ese deber de información que permita al consumidor conocer el verdadero alcance económico del contrato cuando el sistema de pago contemplado es el revolvente.

Al tratarse de un contrato de tarjeta revolving, solamente podrá asimilar el consumidor cuál es el coste del crédito si tiene una adecuada comprensión sobre la forma en que se amortiza este peculiar producto financiero.

Aunque no sea aplicable al contrato litigioso por su fecha de suscripción, la Orden ETD/699/2020 es muy ilustrativa en la forma en la que su exposición de motivos define las características esenciales de estos créditos revolving, que se reflejan en las cláusulas que regulan el interés remuneratorio del contrato litigioso: "El principal elemento que los caracteriza es que el prestatario puede disponer hasta el límite de crédito concedido sin tener que abonar la totalidad de lo dispuesto a fin de mes o en un plazo determinado, sino que el prestatario se limita a reembolsar el crédito dispuesto de forma aplazada mediante el pago de cuotas periódicas cuyo importe puede elegir y modificar durante la vigencia del contrato dentro de unos mínimos establecidos por la entidad. La cuantía de las cuotas puede variar en función del uso que se haga del instrumento del crédito y de los abonos que se realicen por el prestatario. Así, el límite de crédito establecido por el prestamista disminuye según se dispone de él, principalmente mediante adquisiciones de bienes o servicios, disposiciones de efectivo, transferencias del crédito concedido o liquidaciones de intereses y gastos. A su vez, se repone con abonos, en esencia mediante el pago de los recibos periódicos o la realización de amortizaciones anticipadas, si bien, en particular en el caso de los créditos asociados a un instrumento de pago, también se pueden producir devoluciones de compras que reponen igualmente el crédito disponible. Las cuantías de las cuotas destinadas a la amortización del capital que el prestatario abona de forma periódica vuelve a formar parte de su crédito disponible(de ahí su nombre, revolvente o revolving), por lo que constituye un crédito que se renueva de manera automática en cada vencimiento, de tal forma que en realidad es un crédito rotativo equiparable a una línea de crédito permanente. Sobre el capital dispuesto se aplica el tipo de interés pactado. En ocasiones, si se producen impagos o la cuantía de la cuota periódica es muy baja y no cubre los intereses, estas cantidades se capitalizan mediante nuevas disposiciones del crédito que, a su vez, generarán intereses. Estos créditos se comercializan mayoritariamente asociados a instrumentos de pago que prevén, de forma exclusiva o junto con otras modalidades de reembolso, la posibilidad de establecer una modalidad de pago aplazado flexible o revolving, lo que facilita su accesibilidad y la inmediatez en la realización de disposiciones del límite por el titular. En estos casos, aunque habitualmente el titular del instrumento de pago tiene la posibilidad de modificar su funcionamiento, pasando a operar alternativamente con la modalidad de pago diferido a fin de mes, las características de estos créditos pueden dar lugar a que la amortización del principal se realice con frecuencia en un período de tiempo muy prolongado, lo que supone el pago total de una cifra elevada de intereses a medio y a largo plazo o incluso el riesgo de que la deuda se prolongue de manera indefinida ".

Teniendo en cuenta lo anterior, debe destacarse que, sobre esta forma de comportamiento del crédito contratado, no existe una explicación mínima en el contrato.

Ninguna advertencia se hace en el documento contractual sobre que la amortización del principal puede realizarse, a consecuencia del sistema revolvente, en un período de tiempo muy prolongado, lo que supone el pago total de una cifra elevada de intereses a medio y a largo plazo o, incluso, el riesgo de que la deuda se prolongue de manera indefinida.

Estas son las características esenciales de los créditos revolving, según expresa la Orden ETD 699/2020, de 24 de julio, de regulación del crédito revolvente, cuya operativa de forma llamativa se silenciaba o se ocultaba en el complejo clausulado contractual.

Y no constan fueran debidamente explicadas al contratante, ni desarrolladas de forma comprensible y destacada en el contrato.

Sobre las formas de pago, en la cláusula número 7 del apartado intitulado “CONDICIONES PARTICULARES (Tarjeta CARREFOUR PASS)”, se distingue entre el sistema al contado, previsto en el apartado A) de la estipulación, que, a su vez, diferencia entre el contado inmediato y el contado a fin de mes, y el sistema de crédito, al que se dedica el apartado B) de la estipulación.

En este último apartado se hace la siguiente regulación del sistema de crédito: “En caso de utilización del sistema crédito, bien como consecuencia de la adquisición de los bienes o servicios o por el impago de cualquier importe del sistema contado, el Titular queda obligado a pagar a la Entidad la cuota mensual pactada por las partes que, como mínimo, sera del 3% de la linea de crédito autorizada, con un importe mínimo de ██, o el saldo pendiente si fuese menor. Sin embargo en los supuestos en los que el limite de la linea de crédito inicial sea igual o inferior a 150 Euros, la mensualidad mínima será del 10%, hasta el momento en que, en su caso, se amplíe el limite inicialmente concedido. La cuota mensual comprende, además de la amortización del capital correspondiente, los intereses calculados desde el último período de liquidación y, en su caso, el seguro y las comisiones y gastos aplicables en cada momento. El cálculo de la amortización de capital se efectuará deduciendo del total de la mensualidad el importe de los gastos, seguro e intereses señalados anteriormente. El pago de la cuota mensual se realizará mediante adeudo en la cuenta designada por el Titular en su Banco o Caja no más tarde del día 5 de cada mes(o en su caso, el siguiente día hábil bancario), pudiendo no obstante efectuar reembolsos suplementarios. El pago de una cuota no presupone el de las demás. La periodicidad con que se producirá el devengo de intereses será mensual, siendo su fecha de pago la misma que la de las cuotas mensuales. El saldo pendiente de reembolso produce intereses pagaderos mensualmente y se incluyen en cada cuota mensual, siendo calculados entre cada saldo mensual como prorrata del número de las que presentan un saldo deudor. El importe total de los intereses devengados se obtienen a partir del a sigulente fórmula:...”(seguidamente se refleja la fómrula)

Además de estas menciones, en la cláusula primera de las condiciones particulares contractuales se indica que el contrato es de duración indefinida, en la cláusula número 4 de las condiciones generales de la contratación se indica que el cálculo de la TAE comprende el tipo de interés nominal así como las comisiones y gastos en vigor en cada momento, y está realizado de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo de la Ley 7/1995, de 23 de marzo; y el cláusula 10 de las mismas condiciones generales de la contratación se expresa que cualquier cantidad recuperada por la entidad se imputará, en primer lugar, al pago de los intereses contractuales, en segundo, a la satisfacción de las comisiones, intereses, penalizaciones por morra y gastos ocasionados, y, en tercero, al reembolso del principal adeudado.

Estas menciones solamente informan sobre el importe mínimo de cada cuota, sobre la forma en que se ha calculado la TAE, sobre los conceptos que se incluyen en cada una de las cuotas y el orden de imputación de los pagos, y sobre la duración del contrato, pero nada se dice en estas referencias documentales sobre cómo funciona el sistema revolving.

Estas cláusulas no contienen mayor explicación sobre el efecto que, en la deuda que adquiere el demandante con el uso de la tarjeta, tiene la reconstitución del crédito con los pagos efectuados por el acreditado, máxime teniendo en cuenta la duración indefinida del vínculo contractual, y que, en caso de pagarse una cuota mensual baja respecto al importe de la deuda, la amortización del principal se realizará a un plazo muy largo, lo que puede derivar en que se tengan que pagar muchos intereses.

Ningún ejemplo o simulación hay en las cláusulas ahora analizadas relativas al efecto que el carácter revolvente del crédito tiene en la economía del contrato en relación con el importe de las cuotas que pueden abonarse mensualmente.

En las estipulaciones en análisis no se detalla el coste a satisfacer cuando, antes de terminar de pagar una compra o una disposición de dinero, vuelven a realizarse nuevas operaciones, como aquí sucedió a la vista del extracto global que han aportado tanto demandante como demandada con sus escritos rectores. Esta circunstancia no se ejemplifica.

No existen ejemplos ni simulaciones del interés que hay que abonar dependiendo de la cuantía de la cuota mensual y de eventuales disposiciones dinerarias y compras encadenadas.

Las estipulaciones que ahora se analizan, por tanto, no definen de manera clara y comprensible para un consumidor perspicaz cuál será el coste que, para el consumidor, tendrá el sistema revolving de amortización.

Debe reiterarse que los contratos"revolving"(apertura de crédito, o tarjetas), como el suscrito por las partes, son unos contratos en los que se dispone de un límite de crédito determinado, que puede devolverse a plazos, a través de cuotas periódicas. Estas pueden establecerse como un porcentaje de la deuda existente o como una cuota fija; cuotas periódicas que se pueden elegir y cambiar dentro de unos mínimos establecidos por la entidad.

Su peculiaridad reside en que la deuda derivada del crédito se'renueva' mensualmente: disminuye con los abonos que se hacen a través del pago de las cuotas, pero aumenta mediante las peticiones de numerario o el uso de la tarjeta(pagos, reintegros en cajero), así como con los intereses, las comisiones y otros gastos generados, que se financian conjuntamente.

Lo anterior conlleva, por un lado, que, en caso de pagarse una cuota mensual baja respecto al importe de la deuda, la amortización del principal se realizará a un plazo muy largo, lo que puede derivar en que se tengan que pagar muchos intereses, y, por otro lado, al variar la deuda y las cuotas mensuales a pagar, no resulta posible emitir un cuadro de amortización previo, lo que dificulta que el titular de la tarjeta pueda apercibirse de la carga económica que supone la suscripción del contrato.

Así pues, una condición tan esencial en el desarrollo del contrato, dadas las muy importantes obligaciones que comporta para el prestatario o acreditado consumidor, debe ser resaltada o destacada, detallada y explicada debidamente sus consecuencias, en definitiva, exige un plus de información que permita al consumidor percatarse plenamente de la carga jurídica y económica que le supone, sin necesidad de realizar un análisis minucioso y pormenorizado del contrato.

Sin embargo, en este caso, la explicación que se contiene sobre estos extremos en el contrato no está lo suficientemente desarrollada o expuesta como para ser ilustrativas de tales aspectos.

Además, y salvo error u omisión por parte de este juzgador, no se indica con claridad el porcentaje que se aplica para el cálculo de los intereses remuneratorios pactados, ni tampoco cuál es la concreta TAE del contrato

En estas condiciones, no resultaba posible que el cliente, con la mera lectura del contrato, conociera la mecánica de funcionamiento del singular contrato de crédito que se le presentaba a la firma, en el que no existía ninguna mención destacada sobre las características esenciales de ese vínculo más allá de las que se han reproducido como ien los párrafos precedentes.

En definitiva, a criterio de este sentenciador, las cláusulas que regulan el TIN en el contrato, y que se refieren asimismo al sistema revolving de amortización, no permiten, con su lectura, que el consumidor medio pueda aprehender la carga económica del contrato que suscribe.

En segundo lugar, debe recordarse que, como ya se ha expresado previamente, la claridad gramatical de la cláusula no es determinante de su conformidad a derecho, como expresamente declara la STS, Sala Primera, de 23 de diciembre de 2.015, sino que debe primar el análisis de la información precontractual facilitada al prestatario, de manera que pueda comprobarse que se ha facilitado una idea fiel y accesible del significado del pacto, lo que, como ya se ha ponderado en esta sentencia, no ha ocurrido en el caso de autos. La STS, Sala Primera, de 8 de junio de 2.017 ha reiterado que no basta con que las cláusulas estén redactadas de forma clara y comprensible, sino que es necesario que el adherente pueda tener un conocimiento real de las mismas, de forma que un consumidor informado puedas prever sus consecuencias económicas.

Esta conclusión ha sido reiterada por la STS, Sala Primera, de 7 de noviembre de 2017.

La doctrina jurisprudencial establecida por la Sala Primera del Tribunal Supremo en sentencias como la de 21 de enero de 2021 o la número 105/2020, de 19 de febrero, reiteraba lo anteriormente expuesto:"En la contratación con consumidores no basta que la cláusula sea clara, comprensible y destacada, sino que es necesario que el consumidor tenga el conocimiento real de la carga económica y jurídica del contrato suscrito. En la sentencia 105/2020, de 19 de febrero, declaramos al respecto que:"La Audiencia entiende cumplido el control de transparencia porque considera que la cláusula es clara, comprensible y destacada. Pero no queda constancia de que hubiera sido objeto de una información precontractual, que garantizara su conocimiento con antelación suficiente a la firma de la póliza. Como hemos recordado en la sentencia 367/2017, de 8 de junio, en este tipo de contratos de préstamo a largo plazo, es necesaria una información precontractual suficiente que incida en la transparencia de la cláusula inserta en el contrato que el consumidor ha decidido suscribir".

En el mismo sentido, debe citarse la reciente sentencia del Tribunal de Justicia la Unión Europea de 9 de julio de 2.020, según la cual, 44,"De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que la exigencia de transparencia de las cláusulas contractuales a las que se refieren los artículos 4 apartados 2 y 5 de la Directiva 93/13 no puede reducirse exclusivamente al carácter comprensivo un plano formal y gramatical de la cláusula de que se trate toda vez que el sistema de protección establecido por dicha Directiva se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional en lo relativo en particular al nivel de información, la mencionada exigencia de redacción clara y comprensible de las cláusulas contractuales y por tanto de transparencia a que obliga la propia Directiva debe interpretarse de manera extensiva(Sentencia de 3 de marzo de 2020 Gómez del Moral Guasch C- 125/18, EU: C 2020:138, apartado 50)".

Por tanto, la jurisprudencia comunitaria ha hecho una interpretación extensiva del control de transparencia, que sobrepasa el mero control formal de comprensibilidad gramatical, para exigir que el predisponente informe debidamente al consumidor de la carga económica y jurídica que asume, en los términos antes expuestos. Lo que lleva a concluir al TJUE que el examen del carácter abusivo, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13, de una cláusula contractual relativa a la definición del objeto principal del contrato, en caso de que el consumidor no haya dispuesto, antes de la celebración del contrato, de la información necesaria sobre las condiciones contractuales y las consecuencias de dicha celebración, está comprendido dentro del ámbito de aplicación de la Directiva en general y, en particular, de artículo 6.1.

En el caso de la cláusula que regula el interés remuneratorio en un contrato de tarjeta revolving, como la de autos, ya se ha dicho en los párrafos precedentes no es suficiente la información proporcionada sobre la TAE o el TIN aplicable, o el importe del límite mensual de pago, sino que lo relevante es la mecánica de funcionamiento del contrato de crédito, esto es, el sistema de amortización, al tratarse de contratos que tienen la peculiaridad de que los intereses y comisiones devengados se capitalizan para devengar el interés remuneratorio, y el límite del crédito se recompone constantemente, de modo que, dependiendo de la cuantía de las cuotas, si no son muy elevadas en comparación con la deuda pendiente, se puede llegar a pagar durante mucho tiempo una elevada cantidad de intereses frente a poca amortización de capital.

Como dice la sentencia del Tribunal Supremo 149/2020, de 4 de marzo, para valorar la suficiencia de la información facilitada"Han de tomarse además en consideración otras circunstancias concurrentes en este tipo de operaciones de crédito, como son el público al que suelen ir destinadas, personas que por sus condiciones de solvencia y garantías disponibles no pueden acceder a otros créditos menos gravosos, y las propias peculiaridades del crédito revolving, en que el límite del crédito se va recomponiendo constantemente, las cuantías de las cuotas no suelen ser muy elevadas en comparación con la deuda pendiente y alargan muy considerablemente el tiempo durante el que el prestatario sigue pagando las cuotas con una elevada proporción correspondiente a intereses y poca amortización del capital, hasta el punto de que puede convertir al prestatario en un deudor "cautivo", y los intereses y comisiones devengados se capitalizan para devengar el interés remuneratorio".

Y como señala la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra número 26/2022, de 19 de enero, en un supuesto similar al de autos,"Estas características peculiares de la operación obligan al profesional a extremar el deber de información que contiene el contrato, información sobre el coste real del crédito que está lejos de acreditarse en este caso, pues no puede desprenderse de la documental aportada. La información normalizada europea a que hace referencia la sentencia de instancia nada especifica al respecto, sino que hemos de ir a determinadas condiciones generales del contrato, especialmente la número 14 relativa a la utilización del crédito, y su significado económico, más que plantear algo entendible como la TAE o ininteligible para profanos como la fórmula matemática relativa al devengo de intereses".

Como ya razonase la STS, Sala Primera, número 155/2025, el sistema de amortización revolving no es simplemente un sistema como el de pago aplazado, que puede considerarse un simple préstamo al consumo que se va amortizando en cuotas periódicas durante un periodo determinado. Ya hemos expuesto sus peculiares características y los riesgos que conllevan, significativamente superiores a los de un simple préstamo al consumo. No se trata solo de que el mayor aplazamiento generará mayores intereses, conocimiento que alcanza al consumidor medio; o que, por su propia naturaleza, no pueda fijarse ex ante el coste total del crédito ni establecer un cuadro de amortización. La duración indefinida o prorrogable del contrato de crédito revolving resulta relevante y ha de ser puesta en relación con el mecanismo de reconstitución de la deuda, especialmente si el contrato contempla la capitalización de los intereses y/o una cuota mínima por defecto de cuya incidencia en el coste del crédito es necesario advertir con suficiente claridad.

Según la indicada resolución, la información que debe suministrar la entidad bancaria cuando comercializa una tarjeta revolvente debe permitir al consumidor medio comprender el producto ofertado, tomar conciencia de los riesgos que se derivan del plazo indefinido o prorrogable automáticamente, el elevado tipo de interés, la recomposición constante del crédito, la escasa amortización del capital en el caso de cuotas bajas, y el anatocismo; y, asimismo debe permitirle comparar las diversas ofertas, tal como exige el art. 10 de la Ley de contratos de crédito al consumo. Y para que ello sea posible, según el Alto Tribunal, no es suficiente que la información contenga la TAE.

En términos comprensibles para el consumidor medio, según explica la STS, Sala Primera, número 155/2025, la información debe indicar que el sistema de amortización es del tipo revolving; debe establecer cuál es la cuota mensual(bien en una cantidad determinada, bien en un porcentaje de la cantidad dispuesta); debe establecer cuál es la duración del contrato; debe indicar si, y en qué casos, el interés se devengará no solo respecto del capital dispuesto sino también respecto del total de la cantidad adeudada (incluyendo intereses, comisiones e indemnizaciones devengadas); y deberá contener unos ejemplos adecuados tanto para comprender los riesgos del sistema como para permitir la comparación con otras modalidades de amortización o con las ofertas de otras entidades financieras. Es preciso que la información incida sobre la forma en que esa elevada TAE opera en la propia economía del contrato, dada las particularidades del sistema de amortización y las demás cláusulas a que se ha hecho referencia. Y debe hacerlo de modo claro y comprensible, no de una forma dispersa a lo largo de un extenso documento y en términos poco expresivos de los riesgos del sistema de amortización revolving, como es el caso objeto de este recurso.

Expuesto lo anterior, debe indicarse que no consta que se hubiera facilitado a la parte actora información precontractual de ningún tipo. Solamente se ha aportado a los autos el contrato litigioso(documento 1 de la demanda, y documento número 3 de la contestación), sin ningún otro documento precontractual que permita concluir que a la parte acreditada se le facilitó con antelación a la firma del acuerdo la información necesaria para que conociera la carga económica del contrato suscrito.

A la fecha de concertación del contrato, en el año 2.003, no había entrado en vigor la Ley 16/2011(entró en vigor el día 25 de septiembre de 2.011), que, en su artículo 10, obliga a la entidad financiera que concede créditos al consumo a entregar al cliente, de forma gratuita, con la debida antelación y antes de que el consumidor asuma cualquier obligación en virtud de un contrato u oferta de crédito sobre la base de las condiciones del crédito ofrecidas por el prestamista y, en su caso, de las preferencias manifestadas y de la información facilitada por el consumidor, la información que sea precisa para comparar las diversas ofertas y adoptar una decisión informada sobre la suscripción de un contrato de crédito.

Tampoco eran de observancia la Orden EHA/1608/2010, de 14 de junio, sobre transparencia de las condiciones y requisitos de información aplicables a los servicios de pago, y la Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad de los servicios y productos bancarios.

Pero la obligación de suministrar información precontractual al cliente bancario, para este ámbito de la contratación, estaba recogida en la Circular 8/1990, de 7 de septiembre, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre transparencia de las operaciones y protección de la clientela, y que estaba vigente a la fecha de celebración del contrato(fue derogada por la Circular 5/2012, de 27 de junio; aunque la norma 9 fue derogada por Circular 6/2010, de 28 de septiembre, la norma 29, por Circular 1/2009, de 18 de diciembre, y las normas 11 a 27, por Real Decreto 303/2004, de 20 de febrero), que también establecía los requisitos de transparencia que debían cumplir en su contratación las entidades financieras.

E igualmente se regulaba esa información en la Orden de fecha 12 de diciembre de 1.989, sobre tipos de interés y comisiones, normas de actuación, información a clientes y publicidad de Entidades de Crédito, que no fue derogada hasta el 29 de abril de 2.012.

Por su parte, el artículo 13 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, vigente al concertarse el contrato, también preveía la necesidad de suministrar información suficiente al consumidor antes de llevarse a cabo la contratación.

Así pues, pese a existir normativa suficiente para exigir a la entidad bancaria que diera información sobre el producto al contratante, no se ha aportado justificante documental alguno, firmado por el actor, de la entrega de documentación que le informase sobre el coste económico del contrato o el funcionamiento del sistema revolvente de pago en relación con los tipos de interés pactados, ni se han aportado evidencias de que esa información fuera remitida a la demandante por cualquier vía electrónica, telemática o postal antes de la firma del contrato, ni siquiera se ha practicado prueba testifical o de interrogatorio de parte que adverar que esa información previa existió..

Ninguno de los documentos aportados con la contestación a la demanda recoge qué tipo de información se facilitó al demandante en este concreto caso ni al contratar ni antes de emitir su consentimiento contractual, que es el instante en que debe evaluarse qué información se suministró al contratante.

Por otro lado, la mera declaración que pudiera constar en el contrato, atribuida al acreditado, según la cual el mismo asevera haber recibido toda la información sobre el producto bancario, carecería de cualquier eficacia al respecto por los siguientes motivos.

Es doctrina jurisprudencial pacífica que carecen de valor alguno las menciones genéricas que constan en cualquier documento vinculado al contrato prerredactado por el predisponente(o incluso las que se puedan hacer constar en una escritura pública notarial que sirva para instrumentar el acuerdo de voluntades), y que tienen por objeto atribuir a los prestatarios o acreditados declaraciones en que aseveran conocer el producto que adquieren y haber recibido toda la información precontractual legalmente exigible, como ocurre con el documento en análisis.

Y ello porque se trata de cláusulas estereotipadas, que según ha declarado la STJUE de 18 de diciembre de 2014, dictada en el asunto C-449/13, no pueden significar que el consumidor reconoce el cumplimiento del deber de información por parte de la entidad bancaria. En este sentido se ha pronunciado ya el Tribunal Supremo, Sala Primera, en su sentencia núm. 244/2013, de 18 abril, y en su más reciente sentencia número 769/14, de 12 de enero de 2.015, que contiene el siguiente razonamiento: “Se trata de menciones predispuestas por la entidad bancaria, que consisten en declaraciones no de voluntad sino de conocimiento que se revelan como fórmulas predispuestas por el profesional, vacías de contenido real al resultar contradichas por los hechos, como ya dijimos en la sentencia núm. 244/2013, de 18 abril. La normativa que exige un elevado nivel de información en diversos campos de la contratación resultaría inútil si para cumplir con estas exigencias bastara con la inclusión de menciones estereotipadas predispuestas por quien está obligado a dar la información, en las que el adherente declarara haber sido informado adecuadamente. La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de diciembre de 2014, dictada en el asunto C-449/13, en relación a la Directiva de Crédito al Consumo, pero con argumentos cuya razón jurídica los hace aplicable a estos supuestos, rechaza que una cláusula tipo de esa clase pueda significar el reconocimiento por el consumidor del pleno y debido cumplimiento de las obligaciones precontractuales a cargo del prestamista.”.

En el mismo sentido se ha pronunciado la SAP de Sevilla, Sección 5ª, número 212/16: “La escritura se limita a la inclusión de una cláusula de estilo, de carácter genérico, en la que se dice que el consentimiento ha sido libremente prestado y que el otorgamiento se adecúa a la legalidad y a la voluntad libre y debidamente informada de los otorgantes. Estas cláusulas, meramente formales y de estilo, son notoriamente insuficientes para considerar que los prestatarios quedaron debida y suficientemente informados del alcance de una cláusula tan trascendente para los efectos económicos de los contratos como la que es objeto de la presente controversia. Cláusula que quedó dispersa en el contenido obligacional del contrato, sin que ni por la parte acreedora ni por el Notario autorizante se pusiese expresamente de manifiesto su relevancia y trascendencia jurídica y económica.”

En sentido parecido se pronuncia también la STS, Sala Primera, de 17 de enero de 2.018, en la que se valora que la declaración hecha en la escritura pública por los prestatarios sobre el conocimiento que tienen del préstamo en que se subrogan, no garantiza que se hubiera informado a los mismos adecuadamente sobre la existencia de la cláusula y su significado.

Es por ello que, aunque en el contrato o documentos anexos se recoja una declaración atribuida al acreditado en la cual el mismo admita haber sido informado de todo lo relacionado con el contrato suscrito, esa afirmación carece de eficacia suasoria para adverar que se entregara a la actora la información necesaria para conocer las implicaciones económicas del producto contratado.

Por lo demás, como ya se ha dicho, no se han aportado documentos que evidencien qué información precontractual, se dio a la parte actora, ni se ha practicado ningún otro acto de adveración de los previstos en el artículo 299 de la LECiv que pruebe que, con la antelación necesaria a la celebración del contrato para que el consumidor pudiera asimilar correctamente la explicación sobre el producto, se ofreciera algún tipo de información que elucidara el tipo de crédito ofertado y su funcionamiento.

También debe decirse que la información que la demandada hubiera facilitado a la demandante durante la vida del contrato carece de relevancia a los efectos ahora considerados. La STS, Sala Primera, número 845/2023, de 31 de mayo, con cita de otras anteriores, establece que la información relevante para superar el control de transparencia es la facilitada u obtenida por los consumidores antes de la celebración del contrato. El TJUE ha insistido también sobre la importancia de la antelación en el suministro de la información.

Por todas, la STJUE de 21 de diciembre de 2016(caso Gutiérrez Naranjo) que declaró al respecto lo siguiente: «50 Ahora bien, a este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que reviste una importancia fundamental para el consumidor disponer, antes de la celebración de un contrato, de información sobre las condiciones contractuales y las consecuencias de dicha celebración. El consumidor decide si desea quedar vinculado por las condiciones redactadas de antemano por el profesional basándose principalmente en esa información (sentencia de 21 de marzo de 2013, RWE Vertrieb, C-92/11, EU: C: 2013:180, apartado 44). »51 Por lo tanto, el examen del carácter abusivo, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13, de una cláusula contractual relativa a la definición del objeto principal del contrato, en caso de que el consumidor no haya dispuesto, antes de la celebración del contrato, de la información necesaria sobre las condiciones contractuales y las consecuencias de dicha celebración, está comprendido dentro del ámbito de aplicación de la Directiva en general y del artículo 6, apartado 1, de ésta en particular».

Y en el mismo sentido se han pronunciado las recientes SSTS, Sala Primera, números 154/2025 y 155/2025.

En el plano normativo, la obligación de información en contratos con consumidores viene establecida por las normas antes citadas, que eran de observancia a la fecha de concertación del contrato, e igualmente se refieren al deber de informar con carácter previo a la contratación del producto, no con posterioridad.

Así pues, solamente es relevante para poder considerar superado el control de transparencia la información precontractual, no la que posteriormente se pudiera facilitar durante la vida del contrato.

Y, según resulta de lo expuesto, no se han cumplido las obligaciones de información precontractual que vinculaban a la parte demandada en la fecha de la concertación del contrato.

En cualquier caso, debe decirse que a la contestación a la demanda no se acompañan los correspondientes justificantes de remisión a la parte actora de los extractos mensuales de tarjeta durante la vida del contrato, de manera que no se acredita que esos extractos se hicieran llegar a la parte demandante durante la vida de la relación contractual.

Y la absoluta carencia de la información previa a la concertación del contrato es una objeción relevante a la transparencia de la cláusula. Debe recordarse que, en definitiva, como señala la STS, Sala Primera, número 346/2020, de 23 de junio:"La información precontractual es la que permite realmente comparar ofertas, o alternativas de financiación, y adoptar la decisión de contratar. No se puede realizar una comparación fundada entre las distintas ofertas o alternativas si al tiempo de realizar la comparación el consumidor no puede tener un conocimiento real de la trascendencia económica y jurídica de alguno de los contratos objeto de comparación porque no ha podido llegar a comprender lo que significa en él una concreta cláusula, que afecta a un elemento esencial del contrato, en relación con las demás, y las repercusiones que tal cláusula puede conllevar en el desarrollo del contrato".

Por tanto, puede entenderse que no se ha cumplido la obligación de informar a la demandante de la carga jurídica y económica que conllevaba la contratación de la tarjeta. Y es por ello que no puede considerarse superado el control de transparencia. Esa falta de transparencia determina que se concluya que la cláusula es abusiva, al provocar un desequilibrio sustancial en perjuicio del consumidor a quien no le ha sido posible hacerse una representación fiel del impacto económico que le supondrá el contrato(SSTS, Sala Primera, de 8 de junio de 2017 y 20 de enero de 2020)".

En definitiva, y de acuerdo con todo lo razonado hasta el momento, las cláusulas en análisis no superan el doble control de transparencia a que han sido sometidas.

La parte demandada ha aportado un informe pericial para adverar que las tarjetas de crédito por ella comercializadas no producen riesgo de provocar el efecto denominado “bola de nieve”, ni de provocar que el deudor quede “cautivo”, riesgos que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, deben precaverse con la información precontractual, que ha de versar especialmente sobre los elementos del contrato que provocan ese peligro.

Pero, en este caso, el problema no estriba solamente en el tipo de información suministrada por la demandada a la actora sobre los riesgos reales del contrato, sino en la no incorporación de la estipulación controvertida al negocio jurídico, pues, como ya se ha analizado, las cláusulas contractuales ni siquiera superan el control de incorporación previsto en los artículos 5 y 7 de la LCGC, y eso ya sería suficiente como para declarar la abusividad de la cláusula por no sobrepasar el control formal de transparencia, con independencia de si la tarjeta, tal y como está configurada, supone un riesgo de deudor cautivo o de provocar un efecto bola de nieve”.

En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que lo que exige el Tribunal Supremo es que se informe sobre los riesgos concretos que esta modalidad de crédito supone.

En este sentido, la reciente STS, Sala Primera, número 187/2026, de 10 de febrero, ha reiterado la jurisprudencia contenida en las ya referenciadas SSTS, Sala primera, números 154 y 155/2025, y ha declarado lo siguiente: “En este caso, hemos de tener en cuenta que el crédito revolving es un crédito al consumo con interés, de duración indefinida o de duración definida prorrogable de forma automática, concedido a personas físicas, en el que el crédito dispuesto no se satisface en su totalidad al final del período de liquidación pactado. El consumidor puede disponer hasta el límite del crédito concedido sin tener que pagar la totalidad de lo dispuesto en un plazo determinado, sino que reembolsa el crédito dispuesto de forma aplazada sin una duración determinada, mediante el pago de cuotas periódicas cuyo importe puede consistir en una cantidad fija o en un porcentaje de la cantidad dispuesta, siendo habitual que la entidad financiera fije, por defecto, una cantidad o un porcentaje bajo, lo que alarga significativamente el plazo de amortización y supone la generación de una gran cantidad de intereses al amortizarse poco capital en cada cuota. El límite del crédito disminuye según se dispone de él mediante adquisiciones de bienes o servicios, disposiciones de efectivo, transferencias del crédito concedido, etc. A su vez, el crédito disponible se repone, fundamentalmente con la parte de las cuotas destinada a la amortización del capital y que el prestatario paga periódicamente. Por tanto, el crédito se renueva de manera automática en el vencimiento de cada cuota(habitualmente, mensual) por lo que es un crédito rotativo o revolvente, equiparable a una línea de crédito permanente. En la sentencia de pleno 149/2020, de 4 de marzo, mencionamos algunos de los riesgos que presenta este tipo de crédito, cuando afirmamos: «Han de tomarse además en consideración otras circunstancias concurrentes en este tipo de operaciones de crédito, como son el público al que suelen ir destinadas, personas que por sus condiciones de solvencia y garantías disponibles no pueden acceder a otros créditos menos gravosos, y las propias peculiaridades del crédito revolving, en que el límite del crédito se va recomponiendo constantemente, las cuantías de las cuotas no suelen ser muy elevadas en comparación con la deuda pendiente y alargan muy considerablemente el tiempo durante el que el prestatario sigue pagando las cuotas con una elevada proporción correspondiente a intereses y poca amortización del capital, hasta el punto de que puede convertir al prestatario en un deudor «cautivo», y los intereses y comisiones devengados se capitalizan para devengar el interés remuneratorio». El Banco de España también ha hecho referencia a las consecuencias financieras que puede tener esta peculiaridad del crédito revolving,que puede dar lugar a lo que dicho organismo califica como «efecto de bola de nieve», que es el riesgo de encadenarse a una deuda indefinida, que nunca se termina de pagar. Estas consecuencias negativas para el consumidor pueden producirse por la conjunción de varios factores: el carácter indefinido o prorrogable automáticamente del crédito; el límite del crédito se va recomponiendo constantemente; el elevado tipo de interés; la escasa cuantía de las cuotas, bien porque han sido establecidas por defecto en el contrato, bien porque han sido elegidas por el consumidor por el atractivo de ser asumibles en el corto plazo pero que van acrecentando un problema que se hará cada vez más serio a largo plazo pues suponen que se amortice muy poco capital; y, en su caso, el anatocismo en caso de impago de alguna cuota, comisión o indemnización de modo que el interés de demora se calcula sobre la totalidad de la cantidad adeudada, incluyendo capital, intereses, indemnizaciones y comisiones. En consecuencia, es preciso que el consumidor reciba una información sobre estas características y estos riesgos, con un contenido y presentación adecuada y en el momento oportuno, que es, conforme a la mencionada doctrina del TJUE, antes de celebrar el contrato 4.. -La información que debe suministrarse al consumidor al que se le ofrece una tarjeta con la modalidad revolvingdebe cumplir con las exigencias establecidas en la normativa nacional y con aquellas que el TJUE ha extraído de la Directiva 93/13/CEE. Debe exponer, de manera transparente por su contenido, forma de expresión y ubicación en el documento, el funcionamiento concreto del mecanismo de recomposición del capital y su influencia en la liquidación de los intereses y en la amortización del capital dispuesto, especialmente en los supuestos de incremento notable del riesgo, ya indicados: cuando la cuota periódica de pago no es elevada pero sí lo es el tipo de interés; y cuando se produce un impago y la capitalización de los intereses y las comisiones devengadas prolonga indefinidamente el pago de la deuda porque las cuotas periódicas, que por defecto se fijan en una cuantía mínima, apenas amortizan capital. Debe informarse, por tanto, de la relación entre la elevada TAE, el mecanismo de recomposición del capital y las demás cláusulas con trascendencia en la creación de los riesgos descritos, de manera que el consumidor esté en condiciones de valorar, basándose en criterios precisos e inteligibles, las consecuencias económicas que se deriven para él. En concreto, en lo que respecta al anatocismo, constituye una previsión contractual lícita, pero excepcional y con efectos significativamente gravosos para el consumidor, que requiere, por tanto, información clara al consumidor y que la redacción de la cláusula sea inteligible para el consumidor medio, como requisito para que pueda ser considerada transparente. Por tanto, la información debe permitir al consumidor medio comprender el producto ofertado, tomar conciencia de los riesgos que se derivan del plazo indefinido o prorrogable automáticamente, el elevado tipo de interés, la recomposición constante del crédito, la escasa amortización del capital en el caso de cuotas bajas, y el anatocismo; y, asimismo debe permitirle comparar las diversas ofertas, tal como exige el art. 10 de la Ley de contratos de crédito al consumo, pues para optar por una u otra modalidad de amortización es necesario que las comprenda. Por tanto, es necesaria una información diferenciada sobre las características, los costes y los riesgos de las tres modalidades de financiación que por lo general son electivas, por más que en muchos casos se aplique, por defecto, la modalidad revolving. Porque la diferencia de la modalidad revolving con la modalidad de pago aplazado a fin de mes, sin intereses, puede ser fácil de comprender, pero no lo es tanto la diferencia entre la modalidad de pago aplazado, que es en realidad un préstamo al consumo, parecido a la compra a plazos, y la modalidad revolving. Para cumplir tales exigencias no es suficiente que la información contenga la TAE. En términos comprensibles para el consumidor medio, la información debe indicar que el sistema de amortización es del tipo revolving; debe establecer cuál es la cuota mensual (bien en una cantidad determinada, bien en un porcentaje de la cantidad dispuesta); debe establecer cuál es la duración del contrato; debe indicar si, y en qué casos, el interés se devengará no solo respecto del capital dispuesto sino también respecto del total de la cantidad adeudada(incluyendo intereses, comisiones e indemnizaciones devengadas); y deberá contener unos ejemplos adecuados tanto para comprender los riesgos del sistema como para permitir la comparación con otras modalidades de amortización o con las ofertas de otras entidades financieras. Es preciso que la información incida sobre la forma en que esa elevada TAE opera en la propia economía del contrato, dadas las particularidades del sistema de amortización y las demás cláusulas a que se ha hecho referencia. Y debe hacerlo de modo claro y comprensible, no de una forma dispersa a lo largo de un extenso documento y en términos poco expresivos de los riesgos del sistema de amortización revolving, como es el caso objeto de este recurso. Estas exigencias, para el caso de contratos a los que sea aplicable por razones temporales, están actualmente explicitadas en la Orden ETD/699/2020, de 24 de julio, de regulación del crédito revolvente y por la que se modifica la Orden ECO/697/2004, de 11 de marzo, sobre la Central de Información de Riesgos, la Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad de los servicios y productos bancarios y la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios. El sistema de amortización revolving no es simplemente un sistema como el de pago aplazado, que puede considerarse un simple préstamo al consumo que se va amortizando en cuotas periódicas durante un periodo determinado. Ya hemos expuesto sus peculiares características y los riesgos que conllevan, significativamente superiores a los de un simple préstamo al consumo. No se trata solo de que el mayor aplazamiento generará mayores intereses, conocimiento que alcanza al consumidor medio; o que, por su propia naturaleza, no pueda fijarse ex ante el coste total del crédito ni establecer un cuadro de amortización. La duración indefinida o prorrogable del contrato de crédito revolving resulta relevante y ha de ser puesta en relación con el mecanismo de reconstitución de la deuda, especialmente si el contrato contempla la capitalización de los intereses y/o una cuota mínima por defecto de cuya incidencia en el coste del crédito es necesario advertir con suficiente claridad.”

En este caso, con independencia del mayor o menor riesgo que la tarjeta contratada por la parte actora pudiera suponer para la economía de la demandante según la pericia aportada por la demandada, lo cierto es que toda tarjeta con sistema de amortización revolvente implica el riesgo que describe el Alto Tribunal, aunque con la cuota establecida sea posible abonar tanto intereses como comisiones y afrontar el pago de parte del capital dispuesto.

En concreto, el Alto Tribunal exige que se informe “de la relación entre la elevada TAE, el mecanismo de recomposición del capital y las demás cláusulas con trascendencia en la creación de los riesgos descritos, de manera que el consumidor esté en condiciones de valorar, basándose en criterios precisos e inteligibles, las consecuencias económicas que se deriven para él.” Y, en lo que respecta al anatocismo, que constituye una previsión contractual lícita, pero excepcional y con efectos significativamente gravosos para el consumidor, debe suministrarse una información clara al consumidor y es preciso que la redacción de la cláusula sea inteligible para el consumidor medio, como requisito para que pueda ser considerada transparente.

Por tanto, para que la cláusula en análisis supere el doble control de transparencia, es preciso que, con independencia del mayor o menor riesgo que el contrato suponga para el consumidor en comparación con otros productos comercializados por otras entidades, se informe al cliente sobre los extremos indicados en los párrafos anteriores, dado el riesgo inherente a este tipo de crédito, que no solo deriva del importe que se paga mensualmente, sino del anatocismo previsto, de la capitalización de las comisiones, de la recomposición constante del crédito, de la TAE elevada que se pacta, y de los efectos que los eventuales impagos pueden tener en la vida del contrato.

Y, en este caso, como ya se ha analizado previamente, no se suministró esa información.

Una vez resuelto lo anterior, debe reiterarse que la falta de transparencia no determina el carácter abusivo de las cláusulas, sino que abre la puerta a dicho examen. La falta de transparencia material permite en este caso realizar en el control de abusividad de la cláusula cuestionada.

La falta de transparencia de las cláusulas contractuales analizadas debe causar un perjuicio al consumidor, requisito exigido para la declaración de nulidad de las condiciones generales no transparentes en el art. 83 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en la redacción dada por la Ley 5/2019, de 15 de marzo:"Las condiciones incorporadas de modo no transparente en los contratos en perjuicio de los consumidores serán nulas de pleno derecho".

En este sentido, aclara la STS, Sala Primera, de 8 de junio de 2017, que:"Es posible que una condición general inserta en un contrato celebrado con un consumidor, pese a no ser transparente, no sea abusiva pues tal como afirmábamos en el apartado 250 de la sentencia 241/2013"la falta de transparencia no supone necesariamente que[las condiciones generales] sean desequilibradas"(...) Tal afirmación se explica porque esa falta de transparencia puede ser, excepcionalmente, inocua para el adherente, pues pese a que el consumidor no pueda hacerse una idea cabal de la trascendencia que determinadas previsiones contractuales pueden tener en su posición económica o jurídica en el desarrollo del contrato, las mismas pueden no tener efectos negativos para el adherente".

Y la STJUE de 26 de enero de 2017(Banco Primus), en un supuesto en que la cláusula controvertida se refiere al cálculo de los intereses ordinarios en un contrato de préstamo, declara que"incumbe al órgano jurisdiccional remitente examinar el carácter abusivo de dicha cláusula y, en particular, si ésta causa, en detrimento del consumidor de que se trate, un desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones de las partes del contrato a la luz de las consideraciones expuestas en los apartados 58 a 61 de la presente sentencia[...]".

A su vez, el apartado 60 precisa en qué circunstancias se causa ese desequilibrio contrariamente a las exigencias de la buena fe, explicando que"habida cuenta del decimosexto considerando de la Directiva 93/13, el juez nacional debe comprobar a tal efecto si el profesional podía estimar razonablemente que, tratando de manera leal y equitativa con el consumidor, éste aceptaría una cláusula de ese tipo en el marco de una negociación individual(sentencia de 14 de marzo de 2013, Aziz, C-415/11, EU:C:2013:164, apartado 69).

Asimismo, dicho perjuicio debe ser denunciado y puesto de relieve por el consumidor, aunque puede admitirse cierta flexibilidad en las alegaciones sobre este particular.

En este sentido, explica la STS, Sala Primera, número 538/2019, de 11 de octubre, lo siguiente:" Llama la atención que la argumentación del recurso contiene una referencia a la cláusula suelo, que no es objeto de enjuiciamiento ahora, hasta el punto de que en el suplico del recurso lo que se pide es la nulidad de la cláusula suelo. Y el escaso razonamiento referido a la falta de transparencia de la cláusula de determinación del interés variable es genérico, como lo era el que se contenía en la demanda. No se indica qué información se ha dejado de presentar con la transparencia necesaria para comprender su carga económica y jurídica, y lo que es más importante, a la vista de la jurisprudencia del TJUE, por qué habría de considerarse su inclusión contraria a las exigencias de la buena fe y qué desequilibrio importante de derechos y obligaciones entre las partes habría producido, en perjuicio del consumidor".

Sin embargo, en supuestos como el presente, puede afirmarse el carácter abusivo de una cláusula que no supera el control de transparencia cuando no existe una información correcta especialmente sobre las reglas que establecen el sistema de amortización y liquidación periódica de la deuda, contrariando las reglas de la buena fe, y provocando un desequilibrio jurídico y económico en la posición contractual del consumidor que puede ver agravada, sin explicación e información previa que le permita tomar una decisión consciente, su situación económica de forma excesivamente gravosa.

Es decir, el efecto negativo que provoca en el consumidor la utilización de las tarjetas revolving, derivado de la falta de una adecuada explicación, es el sobreendeudamiento por la utilización que sucesivamente se hace de la tarjeta, que a su vez hace que el consumidor quede"atrapado" en el contrato con evidente riesgo de insolvencia por sobreendeudamiento. Por ello, debe considerarse que la falta de transparencia de las cláusulas que regulan el pago de cuota, intereses y forma de amortización del crédito en las tarjetas revolving puede provocar su nulidad por ser abusivas en tanto que, en contra de las exigencias de la buena fe, causen en perjuicio del consumidor dicho desequilibrio importante, como es el caso.

Y así se ha razonado en las ya citadas SSTS, Sala Primera, números 154/25 y 155/25.

En este sentido, además de la cita que anteriormente se ha hecho de la STS, Sala Primera, número 154/2025, en este Fundamento, la STS, Sala Primera, número 155/2025 razona sobre el particular lo siguiente: “7. Una vez que se ha determinado que la cláusula relativa al interés del crédito, considerada conjuntamente con el resto de las cláusulas del contrato y, más concretamente, las relativas al sistema de amortización revolving, no es transparente, es necesario valorar si es abusiva. Cuando un tribunal considera que una cláusula contractual no está redactada de manera clara y comprensible a efectos del artículo 4, apartado 2, y 5 de la citada Directiva 93/13/CEE, le incumbe examinar si tal cláusula es abusiva en el sentido del artículo 3, apartado 1, de esa misma Directiva. La falta de transparencia no supone automáticamente que una cláusula contractual sea considerada abusiva en virtud del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE pues la mera circunstancia de que una cláusula no esté redactada de manera clara y comprensible no le confiere, por sí sola, carácter abusivo. Esto significa que, aun estableciendo que una cláusula cubierta por el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13/CEE no es clara ni comprensible, su carácter abusivo debe todavía evaluarse con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 3, apartado 1. Así lo ha declarado el TJUE desde la sentencia de 26 de enero de 2017, C-421/14, Banco Primus, apartados, 62 a 67, habiéndolo reiterado en sentencias como la de 3 de octubre de 2019, Kiss y CIB Bank, C-621/17, apartado 49, y de 13 de julio de 2023, C-265/22, Banco Santander, apartado 66. Sin embargo, en la medida en que las cláusulas contractuales no sean claras ni comprensibles, esta circunstancia puede contribuir a concluir que una cláusula contractual es abusiva en virtud del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE, o incluso puede indicar su carácter abusivo. La transparencia de una cláusula contractual que exigen los arts. 4.2 y 5 de la Directiva 93/13/CEE(más exactamente, su falta de transparencia) es uno de los elementos que deben tenerse en cuenta para apreciar si tal cláusula es abusiva (por todas, las recientes sentencias de 13 de julio de 2023, C-265/22, Banco Santander, apartado 66, y de 12 de diciembre de 2024, C-300/23, Kutxabank, apartado 110). De manera similar a como hemos declarado en los supuestos de cláusulas suelo o de préstamos en divisas, en el caso de las tarjetas revolving, la falta de transparencia de la cláusula relativa a la TAE, valorada junto con las cláusulas relativas al sistema de amortización, el anatocismo y la escasa cuota mensual, no es inocua para el consumidor, sino que provoca un grave desequilibrio, en contra de las exigencias de la buena fe, puesto que, al ignorar los riesgos significativos que entraña dicho sistema de amortización, no puede comparar la oferta con las de otros sistemas de amortización y se compromete en un contrato que puede tener para él graves consecuencias pues puede terminar siendo lo que hemos venido en llamar un «deudor cautivo» y el Banco de España denomina «efecto bola de nieve». Son también circunstancias relevantes para la valoración de la buena fe del predisponente necesaria para apreciar la abusividad de estas cláusulas la incitación por parte del profesional a la contratación en la modalidad revolving en los términos más proclives a acentuar tales riesgos, como resulta de su comercialización fuera de establecimientos financieros(en las estaciones de tren, autobús, aeropuerto o centros comerciales tales como hipermercados, grandes superficies de electrodomésticos y electrónica, etc.), con denominaciones que ocultan esos riesgos e incitan a su contratación («cuota fácil» en este caso), con previsiones contractuales en las que, por defecto, se contrata el sistema revolving y/o las cuotas de escasa cuantía que incrementan el pago de intereses y prolongan el plazo de amortización.”

Y más reciente ha expresado la misma conclusión la STS, Sala Primera, número 187/2026, de 10 de febrero.

Así pues, procede declarar la abusividad de las cláusulas relativas al interés remuneratorio y a la TAE de los contratos litigiosos, por falta de transparencia y, por tanto, la nulidad de las mismas, con expulsión del contrato de las referidas estipulaciones(artículo 83 Tr).

Para concluir este razonamiento, debe indicarse que la reciente STS, Sala Primera, número 257/26, de 17 de febrero, resolviendo una acción colectiva sobre la abusividad de las cláusulas que, en los contratos de Tarjeta de crédito Pass Carrefour, se incluyen para regular los intereses remuneratorios y el sistema de amortización revolvente, ha declarado de forma clara y contundente que esas estipulaciones no superan el doble control de transparencia y que, por tanto, deben ser consideradas abusivas y, por ende, nulas: “No consta que la práctica estandarizada de Carrefour en relación con su contrato de tarjeta «Pass» fuera la de entregar al potencial adherente, con suficiente antelación, información clara y comprensible, que le permitiera ser consciente de los riesgos del crédito revolving a que se ha hecho referencia de modo que, con la práctica estandarizada de Carrefour en la contratación de esa tarjeta, un consumidor medio, normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, no es capaz de tomar conciencia de la naturaleza y consecuencias del mecanismo de amortización revolving, los elevados costes que pueden suponerle y los riesgos de terminar siendo un «deudor cautivo» que tal sistema puede implicar. El único ejemplo que se contenía en la documentación presentada con la contestación a la demanda(«[p]ara una disposición inicial de ████ con una cuota mensual de ██ y sin incluir más operaciones, la deuda sería amortizada en un período aproximado de 16 meses, pagando un importe total de ████████(TAE 21,99%)») no da una información que permita a ese consumidor medio hacerse idea de las peculiaridades, riesgos y consecuencias del sistema revolving ni sirve para comparar esa modalidad de pago con otras modalidades de crédito o pago aplazado. El documento que lleva el encabezamiento «la presente información tiene por objeto ayudarle a valorar si el producto se adecua a su situación personal y financiera y a sus preferencias»(énfasis de mayúsculas suprimido), al que Carrefour parece dar una especial transcendencia informativa por el tamaño de la letra, significativamente más legible que la del resto de documentos, y por el lenguaje llano en que está redactado, contiene una información sustancialmente común para todas las modalidades de pago; no informa sobre las características y, sobre todo, sobre los riesgos del sistema revolving; y parece encaminado más a mostrar las ventajas de la tarjeta(«pertenencia al programa Club Carrefour, que bonifica con el 1% adicional determinadas operaciones», «no tiene comisión de emisión ni de mantenimiento», posibilidad de diferir los pagos) que a permitir que el consumidor sea consciente de los riesgos de la utilización del sistema revolving a que se ha hecho referencia. Afirmar, como se hace en dicho documento, que «el uso de la línea de crédito siempre es voluntario, tenga en cuenta que, como cualquier línea de crédito, el uso de la misma conlleva el pago de intereses, que se le cobrarán como una parte de la cuota mensual pactada. El uso del crédito debe partir de una reflexión responsable». no supone informar de la carga jurídica y económica que asume el usuario de la modalidad de pagos revolving y de los riesgos que la misma entraña. 10.- Una vez que se ha determinado que la cláusula relativa a los sistemas de pago, en lo que se refiere a la modalidad de pago revolving, no es transparente, es necesario valorar si la cláusula es abusiva. Cuando un tribunal considera que una cláusula contractual no está redactada de manera clara y comprensible a efectos del artículo 4, apartado 2, y 5 de la citada Directiva 93/13/CEE, le incumbe examinar si tal cláusula es abusiva en el sentido del artículo 3, apartado 1, de esa misma directiva. La falta de transparencia no supone automáticamente que una cláusula contractual sea considerada abusiva en virtud del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE pues la mera circunstancia de que una cláusula no esté redactada de manera clara y comprensible no le confiere, por sí sola, carácter abusivo. Esto significa que, aun considerando que una cláusula cubierta por el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13/CEE no es clara ni comprensible, su carácter abusivo debe todavía evaluarse con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 3, apartado 1 de dicha directiva. Así lo ha declarado el TJUE desde la sentencia de 26 de enero de 2017, C-421/14, Banco Primus, apartados, 62 a 67, y lo ha reiterado en las sentencias de 3 de octubre de 2019, Kiss y CIB Bank, C-621/17, apartado 49, y de 13 de julio de 2023, C-265/22, Banco Santander, apartado 66. Sin embargo, en la medida en que las cláusulas contractuales no sean claras ni comprensibles, esta circunstancia puede contribuir a concluir que una cláusula contractual es abusiva en virtud del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE, o incluso puede indicar su carácter abusivo. La transparencia de una cláusula contractual que exigen los arts. 4.2 y 5 de la Directiva 93/13/CEE (más exactamente, su falta de transparencia) es uno de los elementos que deben tenerse en cuenta para apreciar si tal cláusula es abusiva (por todas, las recientes sentencias de 13 de julio de 2023, C-265/22, Banco Santander, apartado 66, y de 12 de diciembre de 2024, C-300/23, Kutxabank, apartado 110). Pues bien, de manera similar a como hemos declarado en los supuestos de cláusulas suelo o de préstamos en divisas, en el caso de las tarjetas revolving, la falta de transparencia de la cláusula o cláusulas que regulan este sistema de pago no es inocua para el consumidor, sino que provoca un grave desequilibrio, en contra de las exigencias de la buena fe, puesto que, al ignorar los riesgos significativos que entraña dicho sistema de amortización, con elementos tales como el anatocismo y la posibilidad de una cuota mensual de muy escasa cuantía unidos a una elevada tasa de interés, que incrementan el pago de intereses y prolongan el plazo de amortización, no puede comparar la oferta con las de otros sistemas de amortización y se compromete en un contrato que puede tener para él graves consecuencias pues puede terminar siendo lo que hemos venido en llamar un «deudor cautivo» y el Banco de España denomina «efecto bola de nieve». En consecuencia, procede estimar el recurso de casación e incluir también en los pronunciamientos estimatorios de la demanda la cláusula 12, apartados 2 en adelante, del condicionado general utilizado por Carrefour en la tarjeta «Pass».”

En este caso, no se trata de la misma cláusula, dada la fecha del contrato ahora enjuiciado, pero la redacción es semejante a la que analiza el Alto Tribunal(esta última incluso contiene una mayor información que la litigiosa), y, como ocurre en el caso en este litigio, en el recurso de casación resuelto por el Tribunal Supremo no constaba que la práctica habitual de la demandada fuera entregar la información precontractual con la antelación suficiente, siendo así que en este caso no se ha probado que se entregase ninguna información precontractual, y ninguna información postcontractual.

Debe decirse, para finalizar, que los extractos aportados con la demanda y con la contestación muestran que la tarjeta se usó con frecuencia con el sistema de amortización revolvente, lo que justifica el control que se ha efectuado sobre las estipulaciones analizadas en este fundamento.

QUINTO.- EFECTOS EN EL CONTRATO DE LA NULIDAD DE LA CLÁUSULA RELATIVA AL INTERÉS REMUNERATORIO.

La nulidad de la cláusula que regula el interés remuneratorio, es decir, la contraprestación pactada a cargo de la demandante, lleva consigo la del contrato, al constituir la causa del mismo y al determinar la nulidad de su causa necesariamente la nulidad del propio contrato.

El servicio financiero prestado por la entidad demandada, de duración indefinida, dentro de la tipología de los contratos bancarios, solo tiene sentido jurídico si se concibe como un contrato oneroso, donde la disponibilidad de crédito otorgada al cliente ha de tener contraprestación en la remuneración satisfecha a favor del banco. Por ello, cuando esa clase concreta de relación jurídica obligacional pierde la onerosidad que le es propia, queda sin causa jurídica, art. 1.274 CC, y esa carencia debe genera la nulidad misma del contrato.

Sobre la posibilidad de apreciar de oficio la nulidad de los negocios jurídicos, por ausencia de elementos esenciales propios del contrato, como la causa contractual, se pronuncia favorablemente la jurisprudencia, de la que son claros ejemplos las SSTS, Sala Primera, de 28 de febrero de 2004 y de 2 de junio de 2000.

Y la declaración de nulidad del contrato, que no puede ser integrado parcialmente por el juzgador para suplir la cláusula declarada nula salvo en los casos en que la esencialidad de la estipulación determine que su nulidad implique la nulidad del propio contrato y esa declaración de nulidad vaya en perjuicio del consumidor, no es perjudicial para el consumidor, pues la única consecuencia de la declaración de nulidad en este tipo de contratos es la finalización de la relación jurídica duradera, con lo que cesa la obligación del banco de tener que seguir financiando a crédito al cliente, y, respecto de este consumidor, simplemente la liquidación del resultado de esa relación, para dar lugar a la devolución.

Esta consecuencia jurídica de la declaración de nulidad, por abusiva, de la cláusula de intereses remuneratorios incorporada a un contrato de tarjeta revolving se explica de manera minuciosa en la SAP de Madrid, Sección 28ª, número 491/2021, de 10 de diciembre: "7).- El régimen jurídico de control de condiciones generales de la contratación introduce en Derecho privado español una figura especial, como es la de la nulidad parcial del contrato, a diferencia de lo que se establece como regla general en Derecho civil para el caso de carencia de alguno de los elementos estructurales del negocio jurídico contractual, consentimiento, objeto y causa, art. 1.261 CC, donde lo previsto en la nulidad del contrato mismo, art. 1.300 CC. Ese mismo efecto, el de la completa nulidad del contrato, se da también ante la infracción de determinadas previsiones especiales, art. 6.3 CC, como son la carencia de formas especiales ad solemnitatem, o de supuestos de repudia de determinados acuerdos, como los intereses usurarios. Por tanto, en esta materia particular de condiciones generales de la contratación el principio que se sigue es el de conservación del contrato, pese a la nulidad de una o varias condiciones generales del mismo, arts. 9.2 y 10.1 LCGC. De esta manera, la relación obligacional continuará vigente entre las partes, pero sin el contenido contractual que venía dispuesto en las estipulaciones anuladas y expulsadas por ello de esa relación jurídica. Es más, como consecuencia del resultado que ofrece esa nulidad parcial respecto del conjunto de la reglamentación contractual que sigue vigente entre las partes, puede presentarse una alteración de los equilibrios ya jurídicos, ya prestacionales o económicos, que habían sido pergeñados originalmente al celebrar el contrato. Pese a ello, el tribunal no está facultado para integrar el contenido obligacional que deriva del contrato anulado parcialmente, colmando las lagunas que resultan de la expulsión de las condiciones generales anuladas, ya que ello busca erigirse en un desincentivo para que los adherentes se abstengan del empleo de cláusulas expuestas a posibles anulaciones bajo el control de condiciones generales de la contratación, vd. SsTJUE de 14 de junio de 2012, ap. 65, a. Banco Español de Crédito(c-2012/143); de 30 de abril de 2014, ap. 77, a. Kasler(c-2013/26); y más recientemente, de 26 de marzo de 2019, ap. 58(c-2017/70) ".

Si bien, a continuación, matiza: "No obstante lo anterior, nada impide que la declaración de nulidad que solo afectaba inicialmente a una estipulación del contrato, derivada de su sometimiento al control propio de condiciones generales, irradie a toda la validez del contrato mismo, cuando se observe que, pese a aquella vocación de pervivencia de la relación jurídica contractual, la misma no puede subsistir una vez extraído el contenido obligacional que soportaba la estipulación expulsada. Así, el ya citado art. 9.2 LCGC señala que"La sentencia estimatoria, obtenida en un proceso incoado mediante el ejercicio de la acción individual de nulidad o de declaración de no incorporación, decretará la nulidad o no incorporación al contrato de las cláusulas generales afectadas y aclarará la eficacia del contrato de acuerdo con el artículo 10, o declarará la nulidad del propio contrato cuando la nulidad de aquellas o su no incorporación afectara a uno de los elementos esenciales del mismo en los términos del artículo 1261 del Código Civil". De nuevo, ello se recoge al normar específicamente los efectos de la nulidad o no incorporación de condiciones generales de la contratación, al establecer el art. 10.1 LCGC que"La no incorporación al contrato de las cláusulas de las condiciones generales o la declaración de nulidad de las mismas no determinará la ineficacia total del contrato, si éste puede subsistir sin tales cláusulas, extremo sobre el que deberá pronunciarse la sentencia". Y esta misma regla se repite en el art. 83 TRLGDCy U, cuando la nulidad por abusividad afecta a adherentes que gocen del carácter de consumidor en la contratación de que se trate".

Para concluir, finalmente: "(8).- Por tanto, ha de atenderse al concreto contenido de la estipulación expulsada del contrato y a la naturaleza misma de dicho contrato para determinar si se estará solo ante una nulidad parcial del negocio jurídico, afectante solo a la cláusula señalada, o ante una nulidad completa de ese contrato, por irradiación de lo que, en principio, era solo una nulidad parcial".

Sentadas tales bases, en la referida sentencia se examinaba si los intereses remuneratorios representan un elemento esencial en la clase de contratos ante la que nos encontramos: "El contrato de tarjeta de crédito se define como aquel por el cual el acreditante, o entidad bancaria, concede la posibilidad al acreditado, cliente, de disponer de dinero a crédito, dentro de determinados límites, tanto en compras en establecimientos comerciales como en obtención de numerario en cajeros automático, a través del empleo de un soporte material, la tarjeta, con cuya presentación se hará efectiva la concesión de crédito(vd. ████████████ y ████████████, Valencia, 2019). Con ello, surgen las obligaciones principales, no únicas, del banco de emitir y entregar la tarjeta y conceder el crédito a demanda del cliente, dentro del límite máximo pactado, y por parte del acreditado, las de restitución del crédito efectivamente dispuesto y pago de los intereses pactados. También se señala por la doctrina mercantilista que se suele tratar con contratos de duración indefinida que establecen límites máximos de disposición de crédito dentro de determinados periodos temporales, generalmente, mensuales, con la posibilidad a favor del prestatario de reintegrar el crédito realmente dispuesto en una pluralidad de cuotas mensuales, no solo de una vez al término del periodo de disposición donde se usó del crédito concedido. De ello dependerá, además y generalmente, la aplicación de determinados intereses remuneratorios a favor de la entidad acreditante. No consta que el contrato de tarjeta celebrado entre WIZINK BANK SA y.... en este supuesto se aparte de aquellos rasgos descritos de este tipo de contrato. Por otro lado, como señala la doctrina, la instrumentalización de la dinámica contractual en torno a la emisión y utilización de una tarjeta, no separa en demasía esta clase de contrato de la clásica operación bancaria de activo que es la concesión o apertura de crédito(vd. ████████████, Madrid, 2011), con la que comparte una misma finalidad esencial, la de dotar al acreditado de la posibilidad de disposición de dinero a crédito, a su demanda y dentro de un máximo preestablecido, para asumir la obligación de devolución exclusivamente sobre la suma efectivamente dispuesta. En lo ahora relevante, puede señalarse que esta clase de operación bancaria de activo se diferencia del préstamo, también operación de dicha clase, en que el acreditado no recibe un montante determinado de dinero, generalmente, en el momento de celebrar el contrato, el cual se obliga a devolver en cuotas a lo largo del plazo de amortización prefijado. A diferencia de ello, en la apertura o concesión de crédito, el cliente no recibe suma inicial alguna, ni en todo ni en parte, sino tan solo la posibilidad de ir disponiendo a su discreción de las cantidades que precise, dentro del máximo pactado en el contrato. A ello se añade, en el caso del contrato de tarjetas de crédito, que el contrato suele tener una duración indefinida, con vocación de permanencia en el tiempo. Estos dos últimos rasgos, el propio de los contratos de concesión de crédito y el particular del de los de tarjeta, conduce a entender que la contraprestación a favor del acreditante, el interés remuneratorio aplicable a las sumas realmente dispuestas a crédito por el acreditado constituye un elemento esencial de esa clase de contrato, configurado de manera natural y necesaria como oneroso. Es decir, a diferencia de lo que ocurre con el préstamo, en el contrato de tarjeta de crédito, de un lado, depende de la decisión del acreditado el obligar al banco a continuar proveyendo en el futuro de disponibilidad inmediata a ese cliente, a hacerlo en la suma que decida, dentro del límite pactado, y a hacerlo, normalmente, con aplazamiento en cuotas del deber de devolución de la suma que se ha decidido disponer por el cliente, y ello, de otro lado, de manera indefinida hasta que pudiera presentarse eventualmente una causa de resolución contractual, lo que incrementa los riesgos de la entidad bancaria en la operación, al exponerse a las circunstancias que a lo largo del tiempo pudieran influir en la solvencia de su cliente. Por ello, ese servicio financiero, a la carta y de duración indefinida, dentro de la tipología de los contratos bancarios, solo tiene sentido jurídico si se concibe como un contrato oneroso, donde la disponibilidad de crédito otorgada al cliente ha de tener contraprestación en la remuneración satisfecha a favor del banco. Por ello, cuando esa clase concreta de relación jurídica obligacional pierde la onerosidad que le es propia, queda sin causa jurídica, art. 1.274 CC, y esa carencia debe genera la nulidad misma del contrato".

Dicho cuanto antecede, la sentencia reproducida señala la necesidad de efectuar dos observaciones. La primera, en relación con las especialidades impuestas por la normativa sectorial de consumo, que es el ámbito en el que se enmarcaba(también aquí) la controversia: "En cuanto a la primera, debe recordarse que se está ante la contratación realizada por una persona en calidad de consumidor, por lo que le resulta de aplicación el régimen tuitivo propio de esa clase de adherentes. De entrada, como ya se señaló, también el art. 83 TRLGDCy U admite expresamente que, en casos de nulidad de la condición general de que se trate, y pese a contemplar la regla general de la nulidad parcial del contrato, pueda esa consecuencia terminar por general la nulidad completa del contrato, si"no puede subsistir sin dichas cláusulas". Pero además de ello, ha de observarse una especial prevención en el supuesto de los consumidores, consistente en que la nulidad completa del contrato no ofrezca como resultado final un grave o desproporcionado perjuicio para el consumidor, que derive de la necesaria liquidación de la relación jurídica que existió por el contrato ahora anulado. Para ello, se ha de estar a la situación resultante que presente esa liquidación. Así, la STS nº 608/2017, de 15 de noviembre, ap. 53, señala que"La nulidad total del contrato préstamo supone un serio perjuicio para el consumidor, que se vería obligado a devolver de una sola vez la totalidad del capital pendiente de amortizar, de modo que el ejercicio de la acción de nulidad por abusividad de la cláusula no negociada puede perjudicarle más que al predisponente(sentencia del TJUE de 30 de abril de 2014(caso Kásler y Káslerné Rábai, asunto C-26/13, apartados 83 y 84)". Así, por ejemplo, en el caso de la nulidad de determinadas cláusulas de un préstamo, si ello se extendiese a la nulidad del contrato mismo, podría abocar al consumidor a tener que devolver de manera inmediata, sin el beneficio del aplazamiento, el total de la suma prestada, lo que generaría un perjuicio evidente para su posición".

Para advertir inmediatamente: " Pero ese efecto no se observa en el caso de la nulidad del contrato de tarjeta de crédito aquí debatido entre WIZINK BANK SA y...., ya que lo único que deriva de ello es la finalización de la relación jurídica duradera, con lo que cesa la obligación del banco de tener que seguir financiando a crédito al cliente, y, respecto de este consumidor, simplemente la liquidación del resultado de esa relación, para dar lugar a la devolución...".

La segunda observación, de naturaleza procesal, tiene su origen en la cuestión de si resultaba necesario que la entidad demandada hubiera formulado reconvención para que el contrato pudiera ser declarado nulo como consecuencia de la declaración de nulidad de la cláusula de intereses remuneratorios, llamando el tribunal la atención sobre el hecho de que, en el caso, la entidad demandada se había limitado a presentar escrito de contestación solicitando la desestimación de la demanda formulada de contrario(escenario que se reproduce aquí): "De un lado, la propia regulación aplicable a este supuesto contempla como una valoración que debe hacer el propio tribunal por si mismo, la del efecto que genere la declaración de nulidad o no incorporación de la condición general, ya limitada a la nulidad parcial, ya se extienda a la total del contrato. Como ya antes se recogió, el art. 10.2 LCG establece que el tribunal deberá examinar si el contrato puede o no pervivir sin la cláusula expulsada de su contenido obligacional. Se presenta así como una previsión legal que imperativamente determina el alcance que debe tener el juicio que realiza el tribunal, sobre el extremo de la pervivencia del contrato, lo que supone que dicha cuestión escape al principio de justicia rogada. Por otro lado, ese problema sobre el alcance de la nulidad se presenta como un efecto necesario derivado de lo que ha sido objeto de debate entre las partes, la invalidez de la condición general de la contratación, efecto que consiste precisamente, en este caso, en la declaración de nulidad del contrato mismo. Es decir, la observación de este efecto jurídico, de su alcance, no es más que una derivación inmediata de aquello que las partes han establecido como objeto del proceso, a través de sus alegaciones, y resulta, además, un efecto legalmente aparejado a aquel debate determinado por las partes, vd. STJUE de 11 de marzo de 2020(c-511/17), ap. 28 y ss., y SsTS nº 53/2020, de 23 de enero, y nº 19/2021, de 19 de enero. En tal sentido, sobre la posibilidad de apreciar de oficio por parte de los tribunales la nulidad de los negocios jurídicos, por ausencia de elementos esenciales propios del contrato, como la causa contractual, se pronuncia favorablemente la jurisprudencia, vd. SsTS de 28 de febrero de 2004 y 2 de junio de 2000. Además, en un supuesto como el presente, esa posibilidad entronca directamente con el deber de apreciar de oficio por el tribunal, en cualquier clase de proceso, la eventual nulidad de condiciones generales de la contratación, cuando las mismas fueran abusivas o intransparentes frente a consumidores, de manera que la declaración de nulidad del contrato, derivada de la nulidad de la condición general de que se trate, se presenta como una extensión natural de aquel control de oficio propio de la materia de condiciones generales. Finalmente, el art. 83 TRLGDCy U recuerda que el tribunal, para fijar la extensión de los efectos de la nulidad de la estipulación de que se trate, dará"previa audiencia a las partes" respecto de este extremo. En este supuesto, dicha audiencia queda colmada con el propio trámite de oposición al recurso de apelación, donde se ha discutido sobre el alcance de aquel efecto de nulidad".

Por tanto, declarada la nulidad de la cláusula de intereses remuneratorios inserta en el contrato que vincula a los contendientes, el contrato mismo ha de ser declarado nulo, y, como consecuencia de dicha nulidad, por aplicación de lo previsto en el artículo 1.303 del CC, la entidad acreditante habría de restituir a la parte acreditada las cantidades satisfechas por esta última que excedan del importe del capital dispuesto, capital que en todo caso debe ser reintegrado a la demandada, a determinar en ejecución de sentencia.

El artículo 219 de la LECiv. permite llevar a cabo la liquidación de las cantidades que deben reintegrarse las partes en ejecución de sentencia.

La jurisprudencia preconiza una interpretación flexible del artículo 219 LECiv.. Son muestra de ello las SSTS, Sala Primera, nº 90/2017, de 15 de febrero y nº 712/2014 (sic 2015) de 10 de diciembre de 2015, que tienen precedentes, a su vez, en la de Pleno de 16 de enero de 2012 y en las de 28 de junio, 11 de julio y 24 de octubre de 2012 y 9 de enero y 28 de noviembre 2013. en todas esas resoluciones se sostiene que las previsiones de los artículos 209.4º LECiv. y 219 LECiv. deben ser matizadas en aquellos casos en los que un excesivo rigor en su aplicación podría afectar gravemente al derecho a la tutela judicial efectiva de las partes, provocando indefensión, lo que aconseja que, cuando resultase dificultoso concretar el quantum de la condena, deba considerarse procedente acudir a una de estas dos soluciones alternativas: bien la de enviar la cuestión a otro procedimiento o bien la de permitir la remisión de la operativa a un incidente de ejecución. Precisamente, uno de los supuestos paradigmáticos en los que la jurisprudencia admite esa posibilidad es en el caso de la devolución de cantidades derivadas de la nulidad contractual, lo que, en definitiva, pasa por realizar la operación aritmética consistente en calcular la diferencia entre lo que fue cobrado al cliente y lo que procedería haber hecho sin el efecto de la condición general anulada. Es más, la jurisprudencia ha señalado que en estos supuestos está plenamente justificado acudir al artículo 219 LECiv., porque la cláusula anulada suele, habitualmente, seguir produciendo efectos en la relación que opera entre las partes hasta que resulta invalidada, por lo que es prudente que queden pendiente de liquidación las operaciones concretas para la completa eliminación de todas sus consecuencias.

La STS, Sala Primera, 423/2012, de 28 de junio(ponente Sr. Xiol Rios), recuerda en su fundamento de derecho séptimo, apartado A), titulado"Sentencias de condena con reserva de liquidación", la doctrina sentada sobre esta cuestión: " A) Esta Sala en la STS, del Pleno, de 16 de enero de 2012, RIC n.º 460/2008 ha declarado-en interpretación de los artículos 209.4º LEC y 219 LEC -, que el contenido de estos preceptos debe ser matizado en aquellos casos en los que un excesivo rigor en su aplicación puede afectar gravemente al derecho a la tutela judicial efectiva de las partes, provocando indefensión. Esto puede suceder cuando, por causas ajenas a ellas, a las partes no les resultó posible la cuantificación en el curso del proceso. Para evitarlo es preciso buscar fórmulas que, respetando las garantías constitucionales fundamentales-contradicción, defensa de todos los implicados, bilateralidad de la tutela judicial-, permitan dar satisfacción al legítimo interés de las partes. No es aceptable que deba denegarse la indemnización por falta de un instrumento procesal idóneo para su cuantificación. Como se examinó en la citada STS del Pleno, cuando se produce esta situación cabe acudir a dos criterios que impidan la indefensión de las partes. Es posible remitir la cuestión a otro proceso o, de forma excepcional, permitir la posibilidad operativa del incidente de ejecución. Ambas soluciones han sido utilizadas en sentencias de esta Sala atendiendo a las circunstancias singulares de cada caso." Y la misma sentencia aporta el criterio para escoger entre las dos posibilidades apuntadas: " El elemento orientador para optar por una u otra solución es atender-partiendo de que debe ser un litigio en el que no pueda prescindirse de esta solución- a la mayor o menor complejidad del supuesto( SSTS de 18 de mayo de 2009, RC n.º 725/2004 , 11 de octubre de 2011 , RIPC n.º 1285/2008 , 17 de junio de 2010 , RIC n.º 141/2006 ), teniendo en cuenta que el criterio que remite a otro proceso cuyo objeto se circunscribe a la cuantificación, con determinación previa o no de bases, reporta una mayor amplitud para el debate, mientras que el criterio que remite a la fase de ejecución supone una mayor simplificación y, como regla, un menor coste.".

Es por ello que, en ejecución de sentencia, se determinará la cantidad que la entidad demandada habrá de restituir a la parte demandante en concepto de cantidades satisfechas por esta última que excedan del importe del capital dispuesto, sin perjuicio de que, como resultado de dicha operación, no exista cantidad alguna a restituir(caso en que la actora hubiera dispuesto de más capital no reintegrado que pagos hubiera realizado a aquella por conceptos diferentes a la amortización de capital).

SEXTO.- ACTOS PROPIOS.

Por otro lado, no puede concluirse que la parte demandante haya realizado actos propios significativos de su conocimiento y tolerancia de la cláusula que se ha declarado nula, consistentes en el uso del crédito y en el pago de los intereses pactados.

No puede decirse que esos sean actos propios en el sentido expresado por la jurisprudencia.

La sentencia del Tribunal Supremo(Sala de lo Civil, Sección1ª) núm. 124/2012, de 6 marzo, Aranzadi RJ 2012\5435, señala, con cita de las sentencias 661/2011, de 4 de octubre (RJ 2011, 6835), y 691/2011 de 18 de octubre(RJ 2012, 421), que para que resulte aplicable la clásica regla venire contra factum proprium non valet-manifestación del principio de buena fe que, como límite al ejercicio de los derechos subjetivos, impone el artículo 7 del Código Civil-, es precisa la concurrencia los siguientes requisitos: 1) Existencia de una conducta jurídicamente relevante; 2) Que tal conducta tenga una significación inequívoca y sea susceptible de generar en terceros expectativas razonables; 3) Que la conducta posterior sea incompatible con la anterior y defraude las legítimas expectativas creadas.

Y es evidente que el cumplimiento de un contrato no excluye ni impide la posterior invocación de su nulidad, pues no es una conducta que signifique inequívocamente la renuncia al ejercicio de dicha acción, al admitir explicaciones alternativas, como la ignorancia sobre la existencia de la cláusula o de su significación en el caso de la de autos.

Además, tampoco puede decirse que esos actos de cumplimiento crearan ninguna expectativa a favor de la acreedora, pues las que tenía o podía tener derivaban directamente de la cláusula cuestionada, es decir, del contrato vinculante, y no de la conducta del demandante.

Por otro lado, no puede entenderse ratificada la cláusula por aplicación de los artículos 1.309 y siguientes del CC. Y ello por las siguientes razones.

Dispone el artículo 1309 del código civil que “La acción de nulidad queda extinguida desde el momento en que el contrato haya sido confirmado válidamente”.

Siguiendo a ████████, puede definirse la confirmación de los negocios anulables como el acto jurídico en virtud del cual la persona legitimada para solicitar del poder judicial anulación de un contrato o de un negocio jurídico suprime, en favor de la otra parte, la incertidumbre acerca de los efectos de su contrato, fijando definitivamente el valor vinculante de sus cláusulas y destruyendo así la anulabilidad. A través de la confirmación, su autor confiere carácter definitivo a la eficacia, hasta entonces claudicante y precaria, del contrato o del negocio anulable.

Los requisitos que se exigen para poder considerar la confirmación como válidamente realizada, algunos de los cuales se encuentran expresamente recogidos en el artículo 1.311 del Código Civil para la confirmación tácita, son los siguientes(de acuerdo con la exposición que hace ████████████████ en las páginas 1552 a 1554 de la obra “Comentarios al Código Civil”, coordinada por ████████████████████████, editada por ARANZADI, edición tercera): primero, que el negocio a confirmar adolezca de un vicio de nulidad, esto es, que sea anulable y no nulo, y que reúna, en todo caso, los requisitos del artículo 1.261 del Código Civil(así lo exige el artículo 1310 del Código Civil); segundo, que en el momento de realizar la declaración comprensiva de la confirmación, el vicio causante de la anulabilidad del negocio haya cesado; tercero, que el vicio originador de la anulabilidad y la posibilidad de confirmar el negocio o impugnarlo sean conocidos por el confirmante(basta con que conozca la existencia del vicio, pero no se le exige que sepa la calificación técnico jurídica del mismo); cuarto, que el confirmante sea la persona legitimada para impugnar el negocio(tal y como indica el artículo 1.311 del Código Civil, ha de tener el derecho a invocarla); quinto, que el confirmante goce no sólo de capacidad de obrar, sino también de la capacidad requerida para celebrar el negocio que es objeto de la confirmación.

A su vez, el artículo 1.311 del Código Civil tiene el siguiente tenor literal: “La confirmación puede hacerse expresa o tácitamente. Se entenderá que hay confirmación tácita cuando, con conocimiento de la causa de nulidad y habiendo esta cesado, el que tuviese derecho invocar la ejecutasen un acto que implique necesariamente la voluntad de renunciar”.

Sobre la confirmación tácita del negocio jurídico anulable se han pronunciado numerosas sentencias del Tribunal Supremo. Entre otras cabe destacar las SSTS, Sala Primera, de 27 de octubre de 1980, de 4 de julio de 1991, de 15 de febrero de 1995, de 12 de noviembre de 1996, de 21 de julio de 1997. La confirmación tácita tiene lugar cuando, cesada la causa de nulidad, la persona legitimada para impugnar el negocio, conociendo que dicha causa de anulabilidad había existido, realiza actos que implican necesariamente que está renunciando a la impugnación del negocio, como puede ser el cumplimiento voluntario del contrato, la constitución de garantías, la recepción o la reclamación de la prestación de la otra parte, etc...

Pero en el caso de autos la estipulación cuestionada no es anulable, y no es una cláusula que produzca efectos claudicantes. Es una cláusula radicalmente nula, y no puede ser objeto de sanación, por lo que no es de aplicación el régimen jurídico contenido en los artículos 1.309 y siguientes del CC.

En este sentido se pronuncia la SAP de Cáceres, Sección Primera, número 418/16: “Ha de señalarse, finalmente, que, con fundamento en los razonamientos jurídicos expuestos, no cabe duda de que, en términos estrictamente jurídico-sustantivos- no es posible confirmación alguna de las cláusulas por novación, ni por tanto, pueden haber resultado infringidos los artículos 1.309 y 1.310 del Código Civil. Adviértase, además, que este último precepto establece que"solo son confirmables los contratos que reúnan los requisitos expresados en el artículo 1.261"; es decir, solo pueden ser objeto de confirmación los contratos anulables, no los afectados de nulidad radical, que es el supuesto que se somete a la consideración de esta Sala respecto de las cláusulas controvertidas, en relación con las cuales no se declara(ni se postuló en la Demanda) su anulabilidad, sino su nulidad radical, en los términos expuestos en los Fundamentos Jurídicos precedentes y en los desarrollados en la propia Sentencia recurrida(Fundamentos der Derecho Primero a Quinto).”.

Como se ha indicado, en este procedimiento se ha ejercitado acción de nulidad absoluta o radical de una cláusula incorporada al contrato sin la debida transparencia(artículo 8.2 de la Ley 7/1998, de 13 de abril de Condiciones Generales de la Contratación, artículos 10 y 10 bis de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y en los artículos 82 y siguientes del actual Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre).

Así pues, estamos ante una acción de nulidad de pleno derecho del artículo 8 de la LCGC, precepto que dispone que serán nulas de pleno derecho las condiciones generales que contradigan en perjuicio del adherente lo dispuesto en esta ley o en cualquier otra norma imperativa o prohibitiva, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención. En particular, según el número 2 del indicado precepto, serán nulas las condiciones generales que sean abusivas, cuando el contrato se haya celebrado con un consumidor, entendiendo por tales en todo caso las definidas en el art. 10 bis y disp. adic. 1ª de la Ley 26/1984 de 19 julio.

El artículo 83 del actual TRLGDUC dispone que"las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas", y no meramente anulables, y el artículo 10 bis, apartado 2, de la Ley 26/1984, codificaba que “Serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas las cláusulas abusivas”.

Igual sanción de nulidad radical o absoluta contiene el artículo 6 de la Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril, del Consejo.

Por tanto, la acción que se ejercita, que se basa en el carácter abusivo de la cláusula cuestionada por falta de transparencia, es una acción de nulidad radical, de acuerdo con lo previsto en los artículos citados en los dos párrafos anteriores, y no una acción de anulabilidad, por lo que la cláusula cuestionada no puede ser objeto de confirmación.

Así lo establece reiterada jurisprudencia, como por ejemplo la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, número 654/2015, de 19 de noviembre, que dice:"Pero debe tenerse en cuenta que, tratándose de nulidad radical(inexistencia) no cabe la con?rmación o convalidación posterior del contrato. Siendo doctrina reiterada de esta Sala que la inexistencia o nulidad radical no puede ser objeto de con?rmación, o convalidable por los actos propios(Sentencias de 11 de diciembre de 1986, 7 de enero de 1993, 3 de mayo de 1995, 21 de enero y 26 de julio de 2000, 1 de febrero y 21 de diciembre de 2002 y 16 de febrero de 2012, entre otras muchas). Como recuerda la Sentencia 187/2015, de 7 de abril "[l]a jurisprudencia en torno a la doctrina de los actos propios, cuya base legal se encuentra en el artículo 7 CC, con carácter general, exige la concurrencia de las siguientes circunstancias: i) que el acto que se pretenda combatir haya sido adoptado y realizado libremente; ii) que exista un nexo causal entre el acto realizado y la incompatibilidad posterior; iii) que el acto sea concluyente e indubitado, constitutivo de la expresión de un consentimiento dirigido a crear, modificar y extinguir algún derecho generando una situación desacorde con la posterior conducta del sujeto. Pero como presupuesto esencial para su aplicación, resulta imprescindible que el acto sea susceptible de ser confirmado..... la jurisprudencia de esta Sala establece que sólo son susceptibles de ser confirmados los contratos que reúnan los requisitos del artículo 1261, a saber los elementos esenciales, consentimiento, objeto y causa, en definitiva, la doctrina de los actos propios, no es aplicable en materia de nulidad"".

El mero empleo de la tarjeta por la parte demandante no puede considerarse un acto propio que evidencie el conocimiento que aquella pudiera tener sobre el funcionamiento del crédito contratado, como ha declarado la ya citada STS, Sala Primera, número 187/2026, de 10 de febrero: “ Y, el hecho de que el cliente reciba la tarjeta y la utilice durante años, no permite entender acreditado que comprenda su funcionamiento; tampoco, que se hayan cumplido las exigencias de información a que hemos hecho referencia, menos aún con carácter previo a la celebración del contrato.”

En cuanto a la consideración del uso de la tarjeta por la demandante desde el año de su contratación al momento de interposición de la demanda como retardo malicioso en el ejercicio del derecho subjetivo, debe decirse que tampoco puede tenerse por tal, de acuerdo con lo que sobre esta institución reseña la STS, Sala Segunda, nº 260/2018, de 26 de abril: "Como recuerdan las sentencias de esta sala 399/2012, de 15 de junio y 163/2015, de 1 de abril, el retraso desleal, que opera necesariamente antes del término del plazo de prescripción extintivo de la acción, encuentra su específico fundamento de aplicación como una de las formas típicas de los actos de ejercicio extralimitado de los derechos que suponen una contravención del principio de buena fe(art. 7.1 CC). De forma que para su aplicación se requiere, aparte de la natural omisión del ejercicio del derecho y un transcurso dilatado de un periodo de tiempo, una objetiva deslealtad respecto de la razonable confianza suscitada en el deudor acerca de la no reclamación del crédito. Confianza que debe surgir, necesariamente, de actos propios del acreedor a tal efecto".

Por tanto, para poder predicar su concurrencia, deben existir actos terminantes de abandono del ejercicio del derecho de que se trate, por su titular, que generen la confianza razonable en el obligado de que se está adoptando una decisión en dicho sentido de no reclamar; que dichos actos sean mantenidos y sostenidos a lo largo del tiempo, de forma que, el posterior y sorpresivo ejercicio de ese derecho, se manifieste como un auténtico abuso de derecho, o que la espera guardada se sostenía realmente en móviles espurios, ya sea porque dio lugar al que el obligado se desprendiese de pruebas o documentación precisa para su defensa, o porque el retraso incrementa maliciosamente la deuda o su gravosidad.

Finalmente, es necesario que ello se presente como una objetiva deslealtad por el titular del derecho ejercitado, respecto de la confianza generada por terceros.

En tal sentido, no consta que la parte demandante haya retrasado maliciosa u oportunistamente el ejercicio de la acción declarativa de nulidad, ni se aportan argumentos concretos en este sentido, ni circunstancias fácticas precisas que revelasen un interés desleal en esperar largo tiempo en ejercitar la acción, con perjuicio de terceros.

SÉPTIMO.- INTERESES.

En cuanto a los intereses debidos por la cantidad que ha de reintegrarse, intereses que deben ser abonados como consecuencia de la declaración de nulidad de la estipulación, y por tanto del contrato, y de la obligación de restitución de prestaciones y sus frutos o intereses (artículo 1.303 del CC), la fecha desde la que deben ser computados los mismos es la data de entrega del numerario que ha de reintegrarse, esto es, desde que se hicieron cada uno de los pagos, porque el deber de restituir principal e intereses no responde al instituto de la mora en el cumplimiento de las obligaciones, sino al de la reversión de los efectos del contrato, y al de la evitación del enriquecimiento injusto por una de las partes contratantes, siendo los intereses frutos civiles por todo el tiempo del que se disfruta del dinero ajeno indebidamente (ver, en este sentido, STS, Sala Primera, de 12 de noviembre de 1.996, STS, Sala Primera, número 81/2003, de 11 de febrero, STS, Sala Primera, 251/2005, de 22 de febrero, STS, Sala Primera, número 460/2009, de 30 de junio, y STS, Sala Primera, número 605/2010, de 4 de octubre).

Lo expuesto se entiende sin perjuicio de lo previsto en el artículo 576 de la LECiv.

OCTAVO.- PRESCRIPCIÓN.

No puede considerarse prescrita la posibilidad de reclamar el reintegro de cantidades como consecuencia de la nulidad declarada.

Y ello por las siguientes razones.

La acción de declaración de nulidad de una cláusula contractual por ser abusiva y la acción devolución de las cantidades abonadas en cumplimiento de dicha estipulación abusiva, son dos acciones distintas, ya que una está una encaminada a obtener la declaración de nulidad de la cláusula y la otra tiene por objeto reclamar la restitución de las sumas abonadas por observancia de la indicada estipulación.

Esta postura, que distingue entre ambas acciones, es la que sostiene el Tribunal Supremo, Sala Primera, v.gr., en su sentencia número 46/2019, de 23 de enero, Fundamento de Derecho Sexto, y puede considerarse aceptada por las SSTJUE de 9 y 16 de julio de 2020, que declararon que la acción de restitución podía estar sujeta a un plazo de prescripción, y por las SSTJUE que se citan al final de este Fundamento.

La acción de declaración de nulidad, por abusiva, de una cláusula contractual es imprescriptible. Sin embargo, la acción de restitución, como ya se ha anticipado, es prescriptible(SSTJUE de 9 y 16 de julio de 2020, ya citadas).

Asentado lo anterior, debe decirse que no puede computarse el plazo de prescripción de la acción de restitución desde la fecha de los abonos realizados por el consumidor en cumplimiento de la cláusula nula, como patrocina la demandada. Y ello por las siguientes razones.

El ATS, Sala Primera, de 22 de julio de 2.021, acordó formular petición de decisión prejudicial al TJUE, relativa al inicio del cómputo del plazo de prescripción de la acción de restitución, sobre la base de los siguientes argumentos: “...en las pocas ocasiones en que tal cuestión se ha planteado, este Tribunal ha distinguido entre la acción por la que se solicita la nulidad del contrato, que no prescribe en el caso de tratarse de una nulidad absoluta, y la acción de restitución de las cosas y el precio entregados recíprocamente por las partes al ejecutar el contrato nulo, que es una acción de naturaleza personal sometida al plazo de prescripción previsto en el art. 1964 del Código Civil, que antes de octubre de 2015 era de 15 años y en la actualidad es de 5 años. 9.- En efecto, en la sentencia de 27 de febrero de 1964 y en la más reciente sentencia 747/2010, de 30 de diciembre, hemos distinguido entre la acción de declaración de nulidad absoluta del contrato, que hemos considerado imprescriptible, y la acción de restitución de las prestaciones realizadas en ejecución del contrato nulo, a la que hemos aplicado el régimen de prescripción de las acciones personales. 10.- En consecuencia, la aplicación de un plazo de prescripción a la acción de restitución de lo pagado por el consumidor en aplicación de una cláusula abusiva no solo es conforme con el principio de seguridad jurídica, que constituye uno de los principios rectores del Derecho de la UE, sino que además no vulnera el principio de equivalencia. 11.- El mismo razonamiento es aplicable, por concurrir una identidad de razón jurídica, a los supuestos en que la restitución no se debe realizar entre las partes contratantes, porque los pagos indebidos se hicieron a un tercero, como sucede en el presente caso, en que los receptores de los pagos indebidos hechos por el consumidor en aplicación de la cláusula abusiva fueron terceros(el notario, el registrador de la propiedad, el gestor) y no la parte causante de la nulidad(el prestamista predisponente de la cláusula), por lo que la acción de restitución ha sido calificada por este Tribunal Supremo como una acción derivada de un cobro de lo indebido, en los términos del antes transcrito artículo 1896 del Código Civil ( sentencia 725/2018, de 19 de diciembre ). 12.- Sobre esa base legal y jurisprudencial, la cuestión a resolver es la fecha a partir de la cual debe computarse el plazo legal de prescripción de la acción de restitución de lo pagado en aplicación de una cláusula abusiva. Problema sobre el que también se proyecta el principio de seguridad jurídica, puesto que es jurisprudencia constante del TJUE que cuando los Estados miembros apliquen el Derecho de la Unión, deberán respetar los principios generales de ese ordenamiento, entre los que figuran, en especial, el principio de seguridad jurídica y el de protección de la confianza legítima( STJUE de 15 de abril de 2021, C-798/18 y 799/18, y las que en ella se citan). QUINTO.- Necesidad de formulación de la petición de decisión prejudicial 1.- La jurisprudencia del TJUE sobre prescripción de las acciones de restitución posteriores a la declaración de abusividad de una cláusula en un contrato con consumidores se compendia en la sentencia de 10 de junio de 2021, BNP Paribas Personal Finance, asuntos acumulados C-776/19 a C-782/19, apartados 26-48. Esta sentencia resume las sentencias de 9 de julio de 2020, Raiffeisen Bank SA, asuntos acumulados C-698/10 y 699/18; de 16 de julio de 2020, asuntos acumulados C-224/19 y C-259/19, Caixabank SA y BBVA; y 22 de abril de 2021, Profi Credit Slovakia, C-485/19. 2.- En lo que concierne al"comienzo del cómputo del plazo", las SSTJUE 16 de julio de 2020, Caixabank SA y BBVA; 22 de abril de 2021, Profi Credit Slovakia , y 10 de junio de 2021, BNP Paribas Personal Finance se refieren expresamente a casos en que se juzgaba la compatibilidad del dies a quo previsto en el Derecho interno con la interpretación del Derecho de la Unión. En la STJUE 16 de julio de 2020, Caixabank SA y BBVA, apartado 88, el TJUE ha considerado que no es compatible con el principio de efectividad el plazo que comienza "desde la celebración del contrato". En el caso de la sentencia 10 de junio de 2021, BNP Paribas Personal Finance, asuntos acumulados C-776/19 a C-782/19, el Tribunal de Justicia es más explícito todavía en su apartado 47: "Pues bien, la oposición de un plazo de prescripción de cinco años, como el controvertido en los litigios principales, a una acción ejercitada por un consumidor para obtener la devolución de cantidades indebidamente abonadas, sobre la base de cláusulas abusivas en el sentido de la Directiva 93/13, que empieza a correr en la fecha de la aceptación de la oferta de préstamo, no garantiza a dicho consumidor una protección efectiva, ya que ese plazo puede haber expirado antes incluso de que el consumidor pueda tener conocimiento del carácter abusivo de una cláusula contenida en el contrato en cuestión. Un plazo de ese tipo hace excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que la Directiva 93/13 confiere a dicho consumidor y, por consiguiente viola el principio de efectividad(véanse, por analogía, las sentencias de 9 de julio de 2020, Raiffeisen Bank, apartados 67 y 75, y de 16 de julio de 2020, Caixabank y BBVA, apartado 91)". El TJUE ha considerado que tampoco es compatible con la Directiva 93/13/CEE fijar como dies a quo del plazo de prescripción de la acción de restitución el día en que se produce el"enriquecimiento indebido" o, en suma, el día en que se realizó el pago. Es el caso de la STJUE de 22 de abril de 2021, Profi Credit Slovakia, C-485/19, apartados 51-52, 60-66. Y ello, porque es un plazo objetivo que puede transcurrir sin que el consumidor conozca el carácter abusivo de la cláusula, por lo que resulta contrario al principio de efectividad. E igual sucede respecto de un plazo que comienza a correr con el cumplimiento íntegro del contrato: STJUE de 9 de julio de 2020, Raiffeisen Bank SA, apartados 65, 67 y 75. 3.- Si, conforme a dichos pronunciamientos previos del TJUE, descartamos la solución consistente en que el día inicial del plazo de prescripción sea el día en que se hicieron los pagos indebidos como consecuencia de la aplicación de la cláusula declarada abusiva sea compatible con los arts. 6.1 y 7.1 de la Directiva 93/13/CEE, quedarían dos opciones: a) Que el día inicial del plazo de prescripción de la acción de restitución sea el de la sentencia que declara la nulidad de la cláusula. Esta solución puede colisionar con el principio de seguridad jurídica, que constituye uno de los principios del ordenamiento jurídico de la UE: en la práctica, convierte la acción de restitución en imprescriptible, puesto que no puede comenzar el plazo de prescripción hasta que se haya estimado una acción(la de nulidad) que es imprescriptible en el Derecho interno, por tratarse de una nulidad absoluta. Además, el principio de seguridad jurídica se podría ver gravemente comprometido si se diera lugar a reclamaciones relativas a contratos consumados y extinguidos desde hace décadas. b) Que el día inicial sea aquel en que el Tribunal Supremo dictó una serie de sentencias uniformes en que declaró que las cláusulas que atribuían al consumidor el pago de todos los gastos del contrato eran abusivas y decidió cómo debían distribuirse tales gastos una vez expulsada la cláusula del contrato. Igualmente, puede decirse, no respecto de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, sino desde la propia jurisprudencia del TJUE, cuando admitió que la acción de restitución podía estar sujeta a un plazo de prescripción. Este criterio, que no contradice la prescriptibilidad de la acción de restitución, plantea el problema de que puede ser contrario al principio de efectividad, por ser dudoso que un consumidor medio, razonablemente atento y perspicaz pueda ser conocedor de la jurisprudencia del Tribunal Supremo o del TJUE en la materia.”

Posteriormente, la sentencia del TJUE de 25 de enero de 2024, dictada en los asuntos acumulados C-810/21 a C-813/21, ha declarado, sobre el cómputo del plazo de prescripción de la acción de reclamación de cantidad para obtener la restitución de las cantidades impagadas indebidamente en virtud de una cláusula contractual abusiva, que el mismo comienza cuando se tiene constancia del carácter abusivo de la misma, y no en el momento en que se liquida el último de los pagos.

De acuerdo con esta decisión, y en consonancia con lo razonado hasta el momento, debe decirse que el consumidor toma conciencia sin duda alguna del carácter abusivo de la cláusula relativa a la distribución de los gastos hipotecarios con el dictado de la sentencia que declara dicha nulidad de la estipulación, de manera que el criterio expresado al iniciarse el análisis de esta cuestión a la luz del ATS, Sala Primera, de 22 de julio de 2.021, previamente citado, es decir, que el inicio del cómputo del plazo de prescripción ha de situarse en la fecha de dictado de la sentencia que declara la nulidad de la cláusula, es conforme con lo resuelto por la sentencia del TJUE de 25 de enero de 2024.

Finalmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado dos sentencias en el día 25 de abril de 2.024, la primera de ellas en el asunto C-484/21, y la segunda en el asunto C-561/21, esta última dando respuesta a la cuestión prejudicial que acordó plantear el ATS, Sala Primera, de 22 de julio de 2.021, antes citado, que han resuelto definitivamente la cuestión.

La STJUE de 25 de abril de 2.024, dictada en el asunto C-484/21, razona lo siguiente sobre la fecha de inicio del cómputo del plazo de prescripción de la acción de restitución de gastos: “(...) la oposición de un plazo de prescripción a las pretensiones de carácter restitutorio, deducidas por unos consumidores con el fin de hacer valer derechos que les confiere la Directiva 93/13, no es, en sí misma, contraria al principio de efectividad, siempre que su aplicación no haga imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos en dicha Directiva(sentencia de 10 de junio de 2021, BNP Paribas Personal Finance, C-776/19 a C-782/19, EU:C:2021:470, apartado 40 y jurisprudencia citada). 28 A este respecto, es preciso tener en cuenta la posición de inferioridad del consumidor respecto del profesional en lo referido tanto a la capacidad de negociación como al nivel de información, situación que lo lleva a adherirse a las condiciones redactadas de antemano por el profesional sin poder influir en el contenido de estas. Asimismo, debe recordarse que es posible que los consumidores ignoren que una cláusula incluida en un contrato de préstamo hipotecario es abusiva o no perciban la amplitud de los derechos que les reconoce la Directiva 93/13(véase, en este sentido, la sentencia de 10 de junio de 2021, BNP Paribas Personal Finance, C-776/19 a C-782/19, EU:C:2021:470, apartado 45 y jurisprudencia citada). 29 En este contexto, el Tribunal de Justicia ha declarado que la aplicación de un plazo de prescripción que comience a correr tras la firma de ese contrato, en la medida en que tal aplicación implica que el consumidor solo pueda solicitar la restitución de los pagos realizados en ejecución de una cláusula contractual declarada abusiva durante un plazo determinado tras la firma de ese contrato —con independencia de si este tenía o podía razonablemente tener conocimiento del carácter abusivo de esta cláusula—, puede hacer excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que la Directiva 93/13 confiere a este consumidor y, por lo tanto, vulnerar el principio de efectividad, en relación con el principio de seguridad jurídica(véase, en este sentido, la sentencia de 16 de julio de 2020, Caixabank y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-224/19 y C-259/19, EU:C:2020:578, apartado 91; véase asimismo, por analogía, la sentencia de 22 de abril de 2021, Profi Credit Slovakia, C-485/19, EU:C:2021:313, apartado 63). 30 Así, en el presente asunto, del auto de remisión resulta que, como la cláusula de gastos produjo sus efectos en el momento de la celebración del contrato, que coincide con el del pago de esos gastos, señalar como inicio del plazo de prescripción de una acción de reclamación de dichos gastos el momento de esa celebración y de ese pago tendría como consecuencia que, en la fecha en que los demandantes en el litigio principal ejercieron la acción de restitución, esta ya estuviera prescrita con independencia de si los consumidores tenían o, cuando menos, podían razonablemente tener conocimiento del carácter abusivo de la cláusula de gastos. 31 A la luz de la jurisprudencia recordada en los apartados 28 y 29 de la presente sentencia, ha de considerarse que la fecha en que se celebró el contrato que contiene la cláusula abusiva y se pagaron los gastos de que se trata no puede, como tal, constituir el inicio del plazo de prescripción. 32 En cambio, en unas circunstancias como las del litigio principal, en la fecha en la cual adquiere firmeza la resolución que aprecia que la cláusula contractual en cuestión es abusiva y que declara su nulidad por esta causa, el consumidor tiene un conocimiento cierto de la irregularidad de esa cláusula. Consiguientemente, en principio, es desde esa fecha cuando está en condiciones de hacer valer eficazmente los derechos que la Directiva 93/13 le confiere y, por lo tanto, cuando puede empezar a correr el plazo de prescripción de la acción de restitución, cuyo objetivo principal no es otro que restablecer la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula, como se desprende de los apartados 15 y 20 de la presente sentencia. 33 En efecto, en ese momento, al tratarse de una resolución judicial que tiene fuerza de cosa juzgada y como destinatario al consumidor afectado, se pone a este en condiciones de saber que la cláusula en cuestión es abusiva y de apreciar por sí mismo la oportunidad de ejercer una acción de restitución de las cantidades pagadas en virtud de dicha cláusula en el plazo prescrito en el Derecho nacional. 34 Así pues, un plazo de prescripción que se inicia en la fecha en que adquiere firmeza la resolución que declara abusiva una cláusula contractual y la anula por esta causa es compatible con el principio de efectividad, pues el consumidor tiene la posibilidad de conocer sus derechos antes de que dicho plazo empiece a correr o expire(véase, en este sentido, la sentencia de 10 de junio de 2021, BNP Paribas Personal Finance, C-776/19 a C-782/19, EU:C:2021:470, apartado 46 y jurisprudencia citada). 35 No obstante, debe puntualizarse que, si bien, como se desprende de la jurisprudencia recordada en el apartado 29 de la presente sentencia, la Directiva 93/13 se opone a que el plazo de prescripción de la acción de restitución de las cantidades pagadas por un consumidor en virtud de una cláusula contractual abusiva pueda comenzar a correr con independencia de si este tenía o podía razonablemente tener conocimiento del carácter abusivo de esa cláusula, la referida Directiva no se opone a que el profesional tenga la facultad de probar que ese consumidor tenía o podía razonablemente tener conocimiento de tal hecho antes de dictarse una sentencia que declare la nulidad de dicha cláusula.”

En atención a tales argumentos, la STJUE concluye que“Habida cuenta de las consideraciones que anteceden, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera y tercera que los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, a la luz del principio de efectividad, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que el plazo de prescripción de una acción de restitución de gastos que el consumidor ha abonado, en el momento de la celebración de un contrato con un profesional, en virtud de una cláusula contractual cuyo carácter abusivo se ha declarado por resolución judicial firme dictada con posterioridad al pago de esos gastos comience a correr en la fecha de ese pago, con independencia de si ese consumidor tenía o podía razonablemente tener conocimiento del carácter abusivo de esa cláusula desde el momento de dicho pago, o antes de que por esa resolución se declarara la nulidad de dicha cláusula.”

La misma resolución analiza el motivo por el cual el plazo de prescripción de la acción de restitución no puede empezar a correr desde la fecha en que eñ tribunal supremo nacional dictó una sentencia anterior, en otro asunto, en la que declaró abusiva una cláusula tipo que se corresponde con esa cláusula de ese contrato: “(...) la Directiva 93/13 pretende permitir que se restablezca la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido tal cláusula contractual abusiva, concretamente mediante la constitución de un derecho a la restitución de las ventajas que el profesional haya obtenido indebidamente en detrimento del consumidor en virtud de esa cláusula. 40 Pues bien, señalar como momento de inicio del plazo de prescripción de una acción de restitución de gastos abonados por un consumidor, sobre la base de una cláusula contractual abusiva, la fecha en que el tribunal supremo nacional dictó una sentencia en la que se declaró abusiva una cláusula tipo que se corresponde con la cláusula incorporada al contrato controvertido permitiría al profesional, en multitud de casos, quedarse con las cantidades indebidamente adquiridas, en detrimento del consumidor, sobre la base de la cláusula abusiva, lo que sería incompatible con la exigencia que dimana de la jurisprudencia recordada en el apartado 29 de la presente sentencia, según la cual tal fecha de inicio del plazo no puede fijarse con independencia de si ese consumidor tenía o podía razonablemente tener conocimiento del carácter abusivo de esta última cláusula que fundamenta el derecho a la restitución y sin imponer al profesional una obligación de diligencia y de información para con el consumidor, acentuando así la situación de inferioridad de este que la Directiva 93/13 pretende mitigar. 41 Además, a falta de obligación del profesional de informar a este respecto, no cabe presumir que el consumidor pueda razonablemente tener conocimiento de que una cláusula contenida en su contrato tiene un alcance equivalente al de una cláusula tipo que el tribunal supremo nacional ha declarado abusiva. 42 En efecto, aunque la jurisprudencia de un tribunal supremo de un Estado miembro, siempre que goce de publicidad suficiente, puede permitir que un consumidor tenga conocimiento de que una cláusula tipo incluida en el contrato que ha celebrado con un profesional es abusiva, no cabe sin embargo esperar de ese consumidor, a quien la Directiva 93/13 pretende proteger, dada su situación de inferioridad respecto al profesional, que lleve a cabo actividades propias de la investigación jurídica[véase, en este sentido, la sentencia de 13 de julio de 2023, Banco Santander(Referencia a un índice oficial), C-265/22, EU:C:2023:578, apartado 60]. 43 Por añadidura, es preciso subrayar al respecto que tal jurisprudencia nacional no permite necesariamente declarar abusivas ipso facto todas las cláusulas de esa clase incluidas en el conjunto de los contratos celebrados entre profesionales y consumidores en el ordenamiento jurídico de ese Estado miembro. Cuando el tribunal supremo nacional ha declarado abusiva una cláusula tipo, aún queda, en principio, por determinar, caso por caso, en qué medida una determinada cláusula incorporada a un contrato en particular es equivalente a la referida cláusula tipo y, al igual que esta, debe declararse abusiva. 44 En efecto, de conformidad con los artículos 3, apartado 1, y 4, apartado 1, de la Directiva 93/13, el examen del carácter abusivo de una cláusula de un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, que implica determinar si esta causa en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes en el contrato, debe realizarse considerando, en particular, todas las circunstancias que concurran en su celebración. Tal examen caso por caso es tanto más importante cuanto que el carácter abusivo de una cláusula puede ser resultado de que esta adolezca de falta de transparencia. Así pues, en principio, no cabe presumir que una determinada cláusula contractual es abusiva, pues tal calificación puede depender de las circunstancias específicas de la celebración de cada contrato y, especialmente, de la información particular que cada profesional haya proporcionado a cada consumidor. 45 De las anteriores consideraciones resulta que a un consumidor medio, razonablemente atento y perspicaz no puede exigírsele no solo que se mantenga regularmente informado, por iniciativa propia, de las resoluciones del tribunal supremo nacional referentes a las cláusulas tipo que contengan los contratos de igual naturaleza a los que él haya podido celebrar con profesionales, sino además que determine, a partir de una sentencia de un tribunal supremo nacional, si una cláusula como la incorporada a un contrato específico es abusiva. 46 Por añadidura, contravendría la Directiva 93/13 que se llegara al resultado de que el profesional saque provecho de su pasividad ante esa ilegalidad declarada por el tribunal supremo nacional. En efecto, en unas circunstancias como las del asunto principal, el profesional, en cuanto entidad bancaria, dispone, en principio, de un departamento jurídico, especializado en la materia, que redactó el contrato controvertido en ese asunto y que tiene capacidad para seguir la evolución de la jurisprudencia de dicho tribunal y extraer de ella las conclusiones que se impongan para los contratos que dicha entidad bancaria haya celebrado. También cuenta, en principio, con un servicio de atención al cliente que posee toda la información necesaria para ponerse fácilmente en contacto con los clientes afectados. 47 Habida cuenta de las consideraciones que anteceden, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que el plazo de prescripción de una acción de restitución de gastos que el consumidor ha abonado en virtud de una cláusula de un contrato celebrado con un profesional cuyo carácter abusivo se ha declarado por resolución judicial firme comience a correr en la fecha en la que el tribunal supremo nacional dictó una sentencia anterior, en otro asunto, en la que declaró abusiva una cláusula tipo que se corresponde con esa cláusula de ese contrato.”

Esta resolución declara, por tanto, que: -Los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, a la luz del principio de efectividad, deben interpretarse en el sentido de quese oponen a que el plazo de prescripción de una acción de restitución de gastos que el consumidor ha abonado, en el momento de la celebración de un contrato con un profesional, en virtud de una cláusula contractual cuyo carácter abusivo se ha declarado por resolución judicial firme dictada con posterioridad al pago de esos gastos comience a correr en la fecha de ese pago, con independencia de si ese consumidor tenía o podía razonablemente tener conocimiento del carácter abusivo de esa cláusula desde el momento de dicho pago, o antes de que por esa resolución se declarara la nulidad de dicha cláusula. -Los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que el plazo de prescripción de una acción de restitución de gastos que el consumidor ha abonado en virtud de una cláusula de un contrato celebrado con un profesional cuyo carácter abusivo se ha declarado por resolución judicial firme comience a correr en la fecha en la que el tribunal supremo nacional dictó una sentencia anterior, en otro asunto, en la que declaró abusiva una cláusula tipo que se corresponde con esa cláusula de ese contrato.

La STJUE de 25 de abril de 2.024, dictada en el asunto C-561/21, razona que un plazo de prescripción cuyo día inicial se corresponde con la fecha en que adquiere firmeza la resolución que declara abusiva una cláusula contractual y la anula por esta causa es compatible con el principio de efectividad, pues el consumidor tiene la posibilidad de conocer sus derechos antes de que dicho plazo empiece a correr o expire(véase, en este sentido, la sentencia de 10 de junio de 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 a C‑782/19, EU:C:2021:470, apartado 46 y jurisprudencia citada). Pero el profesional tiene la facultad de demostrar que el consumidor tenía o podía razonablemente tener conocimiento del carácter abusivo de la cláusula en cuestión antes de dictarse una sentencia que la declare nula, aportando al efecto pruebas concretas sobre sus relaciones con ese consumidor de conformidad con el régimen nacional de la prueba que resulte de aplicación.

Un consumidor medio, razonablemente atento y perspicaz no puede exigírsele no solo que se mantenga regularmente informado, por iniciativa propia, de las resoluciones del tribunal supremo nacional referentes a las cláusulas tipo que contengan los contratos de igual naturaleza a los que él haya podido celebrar con profesionales, sino además que determine, a partir de una sentencia de un tribunal supremo nacional, si unas cláusulas como las incorporadas a un contrato específico son abusivas. Contravendría la Directiva 93/13 que se llegara al resultado de que el profesional saque provecho de su pasividad ante esa ilegalidad declarada por el tribunal supremo nacional. En unas circunstancias como las del asunto principal, el profesional, en cuanto entidad bancaria, dispone, en principio, de un departamento jurídico, especializado en la materia, que redactó el contrato controvertido en ese asunto y que tiene capacidad para seguir la evolución de la jurisprudencia de dicho tribunal y extraer de ella las conclusiones que se impongan para los contratos que dicha entidad bancaria haya celebrado. También cuenta, en principio, con un servicio de atención al cliente que posee toda la información necesaria para ponerse fácilmente en contacto con los clientes afectados.

Por todo ello, el Tribunal de Justicia(Sala Novena) declara que: -Los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, así como el principio de seguridad jurídica, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que el plazo de prescripción de una acción de restitución de gastos que el consumidor ha abonado en virtud de una cláusula contractual cuyo carácter abusivo se ha declarado por resolución judicial firme dictada con posterioridad al pago de tales gastos comience a correr en la fecha en que esa resolución haya adquirido firmeza, sin perjuicio de la facultad del profesional de probar que ese consumidor tenía o podía razonablemente tener conocimiento del carácter abusivo de la cláusula en cuestión antes de dictarse dicha resolución. -Los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que el plazo de prescripción de una acción de restitución de gastos que el consumidor ha abonado en virtud de una cláusula de un contrato celebrado con un profesional cuyo carácter abusivo se ha declarado por resolución judicial firme dictada con posterioridad al pago de tales gastos comience a correr en la fecha, anterior, en la que el tribunal supremo nacional dictó, en otros asuntos, una serie de sentencias en las que declaró abusivas ciertas cláusulas tipo que se corresponden con la cláusula en cuestión de ese contrato. Los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que el plazo de prescripción de una acción de restitución de gastos que el consumidor ha abonado en virtud de una cláusula de un contrato celebrado con un profesional cuyo carácter abusivo se ha declarado por resolución judicial firme comience a correr en la fecha de determinadas sentencias del Tribunal de Justicia que confirmaron que, en principio, los plazos de prescripción para las acciones de restitución son conformes con el Derecho de la Unión, siempre que respeten los principios de equivalencia y de efectividad.

Así pues, el criterio expresado al inicio de este razonamiento, consistente en situar el dies a quo del plazo de prescripción de la acción de restitución en la fecha de firmeza de la resolución que declara la nulidad de la cláusula de distribución de gastos hipotecarios, es conforme con el Derecho Comunitario.

Y esta doctrina comunitaria ha sido recogida por la STS, Sala Primera número 857/2024, de 14 se junio, para cuyo dictado precisamente se planteó la cuestión prejudicial que dio lugar al dictad de la STJUE de 25 de abril de 2.024(C-561/21), y que resuelve una alegación de prescripción de acción de restitución de cantidades abonadas por la aplicación de la una cláusula de distribución de gastos hipotecarios que fue declarada nula por ser abusiva: “SÉPTIMO.- Aplicación al caso de la jurisprudencia del TJUE 1.- Cuando se planteó por esta sala la petición de decisión prejudicial eran dos, básicamente, las cuestiones a resolver:(i) cómo salvar la aparente contradicción(aporía) entre el hecho de que la acción de nulidad de la cláusula de gastos fuera imprescriptible y la acción de restitución, que sí lo era, no comenzara hasta que se resolviera la primera; y(ii) cuál sería el dato fundamental de cognoscibilidad por parte del consumidor de la abusividad de la cláusula que permitiría fijar el día inicial del plazo de prescripción de la acción de restitución conforme al art. 1969 CC(el «día en que[las acciones] pudieron ejercitarse»). 2.- La jurisprudencia del TJUE sobre esta materia y muy especialmente la STJUE de 25 de abril de 2024(C-561/21) que da respuesta a nuestra petición de decisión prejudicial, ha establecido, resumidamente, que: (i) La Directiva 93/13 no se opone a que la prescripción de la acción de reclamación de gastos hipotecarios comience el día en que adquirió firmeza la sentencia que declaró el carácter abusivo de la cláusula de gastos, por ser el momento en que el consumidor tiene un conocimiento cierto de la irregularidad de la cláusula; y sin que esto atente al principio de seguridad jurídica, pues es el propio profesional el que, prevaliéndose de su posición de superioridad, ha generado una situación que la Directiva 93/13 prohíbe y pretende evitar. (ii)(iii) Ello, sin perjuicio de que el profesional tenga la facultad de probar, en cada caso, que ese consumidor tenía o podía razonablemente tener conocimiento de la abusividad de la cláusula antes de dictarse una sentencia que declare su nulidad, aportando al efecto pruebas concretas sobre sus relaciones con ese consumidor, de conformidad con el régimen nacional de la prueba que resulte de aplicación. De hecho, en la formulación realizada por el TJUE, esta facultad del profesional se erige como el único límite a que las acciones restitutorias sean imprescriptibles.(iv)(v) No cabe computar el plazo desde la fecha en la que el Tribunal Supremo dictó una serie de sentencias en las que declaró abusivas ese tipo de cláusulas, o desde la fecha de determinadas sentencias del TJUE que confirmaron que, en principio, los plazos de prescripción para las acciones de restitución son conformes con el Derecho de la Unión, siempre que respeten los principios de equivalencia y de efectividad. Porque la declaración de abusividad de un tipo de cláusula no entraña la de todas las cláusulas de esa clase, sino que el examen de la abusividad debe realizarse, caso por caso, considerando todas las circunstancias que concurran en su celebración, por lo que no cabe presumir que una determinada cláusula contractual es abusiva, pues tal calificación puede depender de las circunstancias específicas de la celebración de cada contrato y, especialmente, de la información concreta que cada profesional haya proporcionado a cada consumidor.(vi) Además, como añaden las SSTJUE de 25 de abril de 2024(párrafo 41, en dictada en el asunto C 484/21, y 48, en la dictada en el asunto C 561/21), a falta de obligación del profesional de informar al consumidor sobre esta cuestión, no cabe presumir que el consumidor pueda razonablemente tener conocimiento de que una cláusula contenida en su contrato tiene un alcance equivalente al de una cláusula tipo que el tribunal supremo nacional ha declarado abusiva. 3.- No corresponde a esta sala hacer consideraciones de orden doctrinal sobre el contenido de esa jurisprudencia del TJUE, ni sobre sus implicaciones en el sistema general de Derecho privado de los diferentes Estados miembros de la Unión. Tampoco optar por soluciones no previstas en el ordenamiento jurídico español, por más que, de lege ferenda, pudieran resultar plausibles o convenientes. Igualmente, tampoco procede plantear una nueva petición de decisión prejudicial, como sugiere la parte demandada en su escrito de alegaciones tras el dictado de la sentencia por el TJUE. Consideramos que con la jurisprudencia del TJUE a que hemos hecho ya referencia la cuestión constituye ya un acto aclarado(STJ de 6 de octubre de 1982, Cilfit, C-283/81, y STJUE de 6 de octubre de 2021, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, C-561/19). Por ello, únicamente procede dictar una sentencia que asuma lo resuelto por el TJUE(por todas, SSTJUE de 5 de octubre de 2010,Elchinov, C-173/09; de 19 de abril de 2016, DI, C-441/145; y de 1 de julio de 2016, Ognyanov, C-614/14); y cumplir la función que, como tribunal de casación, nos corresponde en orden a la armonización de la interpretación del Derecho nacional y en aras de la seguridad jurídica(SSTJUE de 7 de agosto de 2018, asuntos acumulados C96/16 y C- 94/17, y 14 de marzo de 2019, C-118/17). 4.- En consecuencia, salvo en aquellos casos en que la entidad prestamista pruebe que, en el marco de sus relaciones contractuales, ese concreto consumidor pudo conocer en una fecha anterior que esa estipulación(cláusula de gastos) era abusiva, el día inicial del plazo de prescripción de la acción de restitución de gastos hipotecarios indebidamente pagados por un consumidor será el de la firmeza de la sentencia que declara la nulidad de la cláusula que obligaba a tales pagos. OCTA VO.-Decisión de la Sala sobre el recurso de casación 1.- En la fecha en que se celebró el contrato litigioso, el art. 1964 CC establecía un plazo de prescripción de quince años para las acciones de esta naturaleza, si bien la Ley 42/2015, de 5 de octubre, redujo ese plazo a cinco años(sobre el régimen transitorio de esa reforma, sentencia 29/2020, de 20 de enero). 2.- Al no haber probado la parte demandada que los consumidores tuvieran conocimiento de la abusividad de la cláusula de gastos antes de la firmeza de la sentencia que declaró su nulidad, no cabe considerar que la acción de restitución estuviera prescrita (de hecho, ni siquiera había comenzado el cómputo del plazo), por lo que el primer motivo de casación debe ser estimado. Y, sin necesidad de examinar los restantes motivos, que atañen a la imposición de costas que queda resuelta por la confirmación de la sentencia de primera instancia, debe desestimarse el recurso de apelación de la entidad prestamista y confirmarse la sentencia de primer grado.”

De acuerdo con lo dicho, aplicando la jurisprudencia antes desarrollada al caso presente, hasta el dictado de esta sentencia no puede considerarse que el consumidor tuviera conciencia del carácter abusivo de las cláusulas a las que afecta esta resolución, por lo que hasta el momento actual no podía comenzar el cómputo dl plazo de prescripción de la acción de restitución.

La parte demandada, a la incumbe la carga de la prueba, no ha adverado que tuviera una conciencia precedente de la abusividad de las estipulaciones a que se refiere esta sentencia.

La parte demandada considera que el dies a quo debe fijarse en la fecha de cada pago, de conformidad con lo resuelto por la STS, Sala Primera, número 350/2025, de 5 de marzo.

Sin embargo, esa resolución solamente es aplicable a las acciones restitutorias que están vinculadas a la declaración de nulidad, por usura, de un contrato, no a los casos en que la reclamación de cantidad tiene su base en la declaración de nulidad, por su carácter abusivo, de la cláusula de intereses remuneratorios incluida en un contrato de tarjeta de crédito.

En este sentido, la resolución diferenciaba claramente la jurisprudencia aplicable a los casos de prescripción de la acción de reclamación de cantidades pagadas en aplicación de las cláusulas abusivas declaradas nulas, de la decisión que en la misma sentencia se adoptaba para la prescripción de las acciones de reclamación de cantidad en casos de declaración de nulidad del contrato por usura: “Como primera cuestión, conviene advertir no es aplicable la doctrina sentada por el TJUE sobre la prescripción de la acción de restitución de las cantidades pagadas en aplicación de las cláusulas abusivas, porque la usura es una cuestión ajena al ámbito del Derecho de la UE. En este sentido, el auto del TJUE de 25 de marzo de 2021, asunto C-593/20, ha declarado en su apartado 26: «Pues bien, procede hacer constar que ninguna disposición de esta Directiva recoge normas de armonización sobre la cuestión del coste máximo admisible del crédito o la del importe de la TAE, de modo que los Estados miembros siguen siendo competentes para fijar dicho coste o dicho importe(véanse, en este sentido, las sentencias de 26 de marzo de 2020, Mikrokasa y Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkniêty, C 779/18, EU:C:2020:236, apartados 40 y 48, y de 16 de julio de 2020, Soho Group, C 686/19, EU:C:2020:582, apartado 27)». En la sentencia 1662/2024, de 10 de diciembre, ya declaramos en un asunto en el que la cuestión a decidir también quedaba fuera del ámbito de aplicación del Derecho de la UE, en ese caso por razones temporales, que la prescripción de la acción de restitución debía abordarse al margen del bloque normativo y jurisprudencial de la Directiva de cláusulas abusivas 93/13 y debía aplicarse el régimen previsto en el Código Civil.”.

De forma más extensa y sistemática, la STS, Sala Primera, número 677/14, de 2 de diciembre, distingue la Ley de usura y la normativa de protección de consumidores (Fundamento de Derecho Tercero): “2. Concurrencia de la normativa sobre Usura y sobre Protección del consumidor. Sistematización y delimitación de sus respectivos ámbitos de control. La cuestión de la posible concurrencia de las normativas citadas en los supuestos de préstamos hipotecarios, porque así lo soliciten las partes, o bien, porque se considere de oficio su examen conjunto, caso que nos ocupa, ha sido tratada, en profundidad, por esta Sala en su Sentencia de 18 de junio de 2012(núm. 406/2012). En ella declaramos que, si bien las partes pueden alegar inicialmente dichas normativas en orden a su posible aplicación al caso concreto, no obstante, su aplicación conjunta o integrada resulta incompatible al tratarse de controles causales de distinta configuración y alcance, con ámbitos de aplicación propios y diferenciados. En esta línea, y de forma sintética al hilo de la Sentencia citada de esta Sala, interesa destacar las siguientes diferencias técnicas en torno a su respectiva aplicación. A) Dentro de la aplicación particularizada de la Ley de Usura, conviene resaltar que su configuración normativa, con una clara proyección en los controles generales o límites a la autonomía negocial del artículo 1255 del Código Civil, especialmente respecto de la consideración de inmoralidad de los préstamos usurarios o leoninos, presupone una lesión grave de los intereses objeto de protección que, a diferencia de la tutela dispensada por la normativa de consumo y condiciones generales, se proyecta tanto sobre el plano del contenido patrimonial del contrato de préstamo, sobre la base de la noción de lesión o perjuicio económico injustificado, como en el plano causal de la validez estructural del contrato celebrado. Por contra, el control de contenido, como proyección de la aplicación de la cláusula abusiva, se cierne exclusivamente sobre el ámbito objetivo del desequilibrio resultante para el consumidor adherente en sus derechos y obligaciones; sin requerir para ello ninguna otra valoración causal acerca de la ilicitud o inmoralidad de la reglamentación predispuesta. B) Como consecuencia de la gravedad y la extensión del control establecido, la Ley de Usura contempla como única sanción posible la nulidad del contrato realizado, con la consiguiente obligación o deber de restitución(artículo 1 y 3 de la Ley). Frente a ello, el control de contenido de la cláusula abusiva no se extiende a la eficacia y validez misma del contrato celebrado, esto es, no determina su nulidad, sino la ineficacia de la cláusula declarada abusiva. Extremo que, en contra del criterio seguido por la Audiencia y de conformidad con lo establecido en la nueva redacción del artículo 83 de TRLGDCU, dada por la Ley 3/2014, de 27 de marzo, comporta en la actualidad que la cláusula declarada abusiva no pueda ser objeto de integración contractual ni de moderación( STJUE de 14 de junio de 2012, caso Banesto, y SSTS de 11 de marzo de 2014, núm. 152/2014 y de 7 de abril de 2014, núm. 166/2014). C) Por último, cabe resaltar que su diferenciación también resulta apreciable en la distinta función normativa que cumplen o desarrollan ambas figuras. En este sentido, aunque la Ley de Usura afecte al ámbito de protección de los terceros y al interés público, no obstante, su sanción queda concretada o particularizada en la reprobación de determinadas situaciones subjetivas de la contratación, sin más finalidad de abstracción o generalidad, propiamente dicha. En cambio, la normativa de consumo y la de contratación bajo condiciones generales, tienen una marcada función de configurar un importante sector del tráfico patrimonial destinado a la contratación seriada; de suerte que doctrinalmente que dicho fenómeno en la actualidad se califique como un"auténtico modo de contratar", diferenciable del contrato por negociación, con un régimen y presupuesto causal también propio y específico( STS de 8 de septiembre de 2014, núm. 464/2014).”

Así pues, siendo regímenes jurídicos distintos los previstos en la Ley de 23 de julio de 1.908 y el propio de la normativa tutelar de consumidores y usuarios, y siendo materia de derecho interno el régimen de la usura y no de derecho comunitario, la doctrina que, para prescripción de la acción de reclamación de cantidad prevista en el artículo 3 de la Ley de 23 de julio de 1.908, se contiene en la STS, Sala Primera, número 350/2025, solamente es aplicable a esa acción, y no a la acción de reclamación de cantidad derivada de la declaración de nulidad, por su carácter abusivo, de una condición general de la contratación, para la cual la jurisprudencia sobre el dies a quo del plazo de prescripción se contiene en la ya citada STS, Sala Primera número 857/2024, de 14 se junio

Por tanto, la excepción de prescripción opuesta por la parte demandada debe ser desestimada.

NOVENO.- La nulidad del contrato de fecha 6 de septiembre de 2.003 igualmente alcanza a las novaciones contractuales unilaterales que la demandada pudiera haber llevado a cabo con posterioridad.

Es cierto que la modificación del interés por la entidad financiera durante la vigencia del contrato, efectuada sobre la base de lo previsto en el artículo 85.3 del Tr, y la influencia que la misma debía tener en la declaración de un crédito como usurario, fue analizada por la STS, Sala Primera, número 317/2023, de 28 de febrero, dictada en un recurso interpuesto en un procedimiento sobre declaración de un contrato de tarjeta revolvente por usura, cuyo interés había sido modificado por la entidad varias veces en el tiempo de vigencia del contrato.

En aquella sentencia, el Alto Tribunal distinguió entre las modificaciones del interés del crédito en los contratos en lo que el interés el tipo de interés es variable y las modificaciones realizadas en virtud de la facultad de modificación del interés, sin sujeción a un índice legal, establecida en el contrato a favor de la entidad acreedora.

Y respecto a las modificaciones del interés remuneratorio efectuadas por una decisión unilateral de la entidad financiera, de acuerdo con la previsión contractual(y realizadas conforme a las exigencias del art. 85.3 del Texto Refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios), se resolvió lo siguiente: "En este caso de contrato de servicios financieros de duración indeterminada, en que la entidad acreedora puede modificar el tipo de interés, sin atenerse a un índice legal, ajustándose a las exigencias del art. 85.3 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, ha de considerarse, a efectos de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, que cada modificación del interés supone la concertación de un nuevo contrato, en el que se fija un nuevo tipo de interés, y que a partir de ese momento el contrato crediticio puede ser considerado usurario si el nuevo tipo de interés de la operación es notablemente superior al interés normal del dinero en aquel momento y manifiestamente desproporcionado a las circunstancias concurrentes. "Una solución diferente llevaría a la consecuencia absurda de que bastaría que en un momento inicial la entidad financiera fijara un tipo de interés moderado para que el contrato crediticio mediante tarjeta no pudiera ser considerado usurario pese a que la entidad financiera se reservara la facultad de elevar, en cualquier momento, de forma unilateral, sin atender a un índice legal, el tipo de interés hasta cotas muy superiores al interés normal del dinero y desproporcionadas a las circunstancias concurrentes".

En el caso analizado, la TAE originaria no resultaba usuraria, pero la aplicada en virtud de la modificación unilateral posterior sí lo era.

Esta misma jurisprudencia se ha reiterado en las SSTS, Sala Primera, número 231/2024, de 21 de febrero, y 237/2024, de 22 de febrero, que igualmente analizaban un crédito cuya TAE originaria no era usuraria(y en el caso de la STS, Sala Primera, número 237/2024, la TAE resultante de la modificación tampoco era usuraria).

Sin embargo, en este proceso el caso que se presenta es el opuesto: el contrato originario es nulo por la nulidad de la cláusula que, sobre los intereses remuneratorios, tiene incorporada.

Por ello, la jurisprudencia asentada por las SSTS, Sala Primera, número 317/23, de 28 de febrero, número 231/2024, de 21 de febrero, y 237/2024, de 22 de febrero, no es proyectable sobre el caso de autos.

Y, en este caso, la nulidad del contrato originario es un matiz de gran relevancia, pues, como en las sentencias referenciadas se precisaba, la consideración de que, a efectos de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, cada modificación del interés supone la concertación de un nuevo contrato, tenía precisamente su base en que era la TAE sobrevenida la usuraria, y no la originaria, y una solución distinta “llevaría a la consecuencia absurda de que bastaría que en un momento inicial la entidad financiera fijara un tipo de interés moderado para que el contrato crediticio mediante tarjeta no pudiera ser considerado usurario pese a que la entidad financiera se reservara la facultad de elevar, en cualquier momento, de forma unilateral, sin atender a un índice legal, el tipo de interés hasta cotas muy superiores al interés normal del dinero y desproporcionadas a las circunstancias concurrentes".

Es decir, es una jurisprudencia que tiene por objeto evitar que la inclusión de una TAE no usuraria en el contrato primigenio impidiera que el mismo fuera declarado nulo por usura cuando se estableciera una TAE desorbitada de forma unilateral con posterioridad a la firma del contrato.

Y el caso que ahora se presenta es el contrario, que no ha sido todavía analizado por el Tribunal Supremo.

Además, otorga validez a la novación del contrato originario cuando este ha sido declarado nulo iría en contra de lo codificado en el artículo 1.208 del CC, que tiene la siguiente redacción: “La novación es nula si lo fuere también la obligación primitiva, salvo que la causa de nulidad sólo pueda ser invocada por el deudor, o que la ratificación convalide los actos nulos en su origen.”

El artículo 1.208 del CC es expresión de la denominada regla de la interdependencia novatoria, en virtud de la cual la obligación que se extingue y la que nace por efecto de la novación extintiva están ligadas por una relación de causa y efecto. El elemento característico de la novación es la inescindible unidad que existe entre la extinción de una obligación y el nacimiento de otra: se extingue una obligación porque nace otra nueva, y nace una obligación para que aquella se extinga.

Así pues, la nulidad de la obligación extinguida se extiende a la nueva obligación.

Aunque, como ya se ha dicho, el Tribunal Supremo no ha analizado la aplicación del artículo 1.208 del CC a un préstamo cuando la TAE originaria es usuraria y posteriormente se modifica al sustituirse aquella por otra TAE no usuraria, sí ha resuelto los efectos de la declaración como usurario de un préstamo en caso de cesión de este, y lo ha hecho aplicando el artículo 1.208 del CC.

Así, la STS, Sala Primera, número 1127/2008, de 20 de noviembre, razona lo siguiente sobre la ineficacia del nuevo contrato surgido de la cesión a un tercero de un préstamo usurario: “La fundamentación jurídica contenida en la Sentencia impugnada se ajusta a la doctrina de esta Sala, plasmada en la Sentencia de 28 de octubre de 2004, que al tratar sobre los efectos de un contrato de préstamo declarado como usurario y cedido por el prestamista posteriormente a otra persona, precisa que resulta ineludible determinar si tal nulidad afecta o no al nuevo negocio jurídico surgido de la subrogación efectuada por una de las partes, pronunciándose por una respuesta absolutamente afirmativa, «ya que es doctrina jurisprudencial emanada de sentencias de esta Sala, la que determina que la nulidad de los contratos a los que se refiere el artículo 1 de la Ley de 1908, es la radical ya que no admite convalidación sanatoria en cuanto queda fuera de la disponibilidad de las partes y como consecuencia de ello, si la convención inicial que aparece en el contrato en cuestión es radicalmente nula, la novación no puede operar su consolidación por prohibirlo así expresamente el artículo 1208 del Código Civil en relación al artículo 6-3 de dicho Cuerpo legal, por lo que cabe, por tanto, decir, con frase jurídicamente aceptada, que en estos casos la novación opera en vacío, al carecer del imprescindible sustento que dicha figura exige, representado por la obligación primitiva que se pretende novar-por todas las sentencias de 26 de octubre de 1959 y 30 de diciembre de 1.987-». Añade la citada Sentencia que en el caso no se puede olvidar que ha surgido la figura de la novación subjetiva por cambio de acreedor recogida en el artículo 1203 del Código Civil, por lo que en conclusión hay que proclamar la"nulidad derivada" del negocio jurídico de cesión de crédito efectuada entre las partes.”

Aplicando esta jurisprudencia al caso presente, cabe concluir que, siendo radicalmente nulo el contrato primigenio por los motivos ya indicados, los nuevos contratos resultantes de las modificaciones unilaterales llevadas a cabo por la demandada también serían nulos, pues esas novaciones extintivas llevadas a cabo por la entidad financiera al modificar la TAE y la cláusula de intereses remuneratorios operan en vacío, al carecer del imprescindible sustento que dicha figura exige, representado por la obligación primitiva que se pretende novar.

Para reforzar las conclusiones antes expresadas, ha de hacerse mención al razonamiento que contiene la STS, Sala Primera, número 88/2024, sobre los efectos de las modificaciones contractuales en la declaración de nulidad de la estipulación o del contrato novado cuando inicialmente podían considerarse nulos radicalmente, y que puede considerarse un complemento de la jurisprudencia contenida en la ya mencionada STS, Sala Primera, número 1127/2008, de 20 de noviembre.

Así, en el Fundamento de Derecho Segundo de la STS, Sala Primera, número 88/2024, se hace el siguiente razonamiento: “Es cierto que, en relación con la nulidad de los préstamos usurarios, la jurisprudencia de esta sala ha remarcado que esta nulidad del contrato de préstamo afecta también al cesionario. Así, en la sentencia 1028/2004, de 28 octubre, citada por la posterior sentencia 1127/2008 de 20 noviembre, invocadas en el recurso, se afirma lo siguiente: "(...) la nulidad de los contratos a los que se refiere el artículo 1 de la Ley de 1908 es la radical ya que no admite convalidación sanatoria en cuanto queda fuera de la disponibilidad de las partes y como consecuencia de ello, si la convención inicial que aparece en el contrato en cuestión es radicalmente nula, la novación no puede operar su consolidación por prohibirlo así expresamente el artículo 1208 del Código Civil en relación al artículo 6-3 de dicho Cuerpo legal; cabe por tanto decir, con frase jurídicamente aceptada, que en estos casos la novación opera en vacío, al carecer del imprescindible sustento que dicha figura exige, representado por la obligación primitiva que se pretende novar-por todas las sentencias de 26 de octubre de 1959 y 30 de diciembre de 1987. Y en el presente caso no se puede olvidar que ha surgido la figura de la novación subjetiva por cambio de acreedor recogida en el artículo 1203 del Código Civil, por lo que en conclusión hay que proclamar la"nulidad derivada" del negocio jurídico de cesión de crédito efectuada entre las partes recurridas, ahora, en casación". Pero, en línea con lo que hicimos en relación con la novación de la cláusula suelo, respecto de la que entendimos que su validez no se veía afectada por el art. 1208 CC, pues "no es propiamente una novación extintiva, sino una modificación de un elemento que incide en el alcance de una relación obligatoria válida"( sentencias 489/2018, de 13 de septiembre; 548/2018, de 5 de octubre; y 675/2019, de 17 de diciembre), también en el caso de la modificación subjetiva de la obligación por cambio de acreedor, debemos hacer una matización equivalente. De tal forma que una cosa es que la novación no sane o subsane la nulidad del contrato y otra distinta que, como consecuencia de la nulidad del contrato del que deriva el crédito cedido, sea nula la cesión. De hecho, el efecto previsto en el art. 1529 CC en caso de inexistencia(nulidad) del crédito cedido es la responsabilidad del cedente frente al cesionario, una acción de saneamiento. En realidad, de cara al"deudor cedido", lo relevante es que puede oponer la nulidad del contrato y sus efectos frente al cesionario del crédito. Y así nos hemos pronunciado en ocasiones anteriores. La jurisprudencia, contenida en la sentencia 768/2021 de 3 noviembre, reconoce al deudor la facultad de oponer al cesionario todas las excepciones que tuviere contra el cedente: "Una vez perfeccionada la cesión, el cesionario adquiere la titularidad del crédito cedido con el contenido contractual que tenía en origen, por lo que puede exigir dicho crédito al deudor cedido sin ninguna restricción o limitación( arts. 1112 y 1528 CC, y sentencia 384/2017, de 19 de junio). Sus efectos han sido precisados por la jurisprudencia de esta sala. Así, la sentencia de 459/2007, de 30 de abril, confirmada por la núm. 505/2020, de 5 de octubre, señaló sus tres principales efectos jurídicos, sistematizando la doctrina jurisprudencial en la materia:(i) el cesionario adquiere la titularidad del crédito, con el mismo contenido que tenía para el acreedor cedente, permaneciendo incólume la relación obligatoria( sentencias de 15 de noviembre de 1990, 22 de febrero de 2002, 26 de septiembre de 2002, y 18 de julio de 2005);(ii) el deudor debe pagar al nuevo acreedor ( sentencias de 15 de marzo y 15 de julio de 2002, y 13 de julio de 2004); y(iii) al deudor le asiste el derecho de oponer al cesionario, todas las excepciones que tuviera frente al cedente( sentencias de 29 de septiembre de 1991, 24 de septiembre de 1993, y 21 de marzo de 2002).... Ello supone que el cesionario, como señalaron las citadas sentencias 459/2007 y 505/2020, en vía de principios,"puede reclamar la totalidad del crédito del cedente, con independencia de lo pagado(compraventa especial), y el deudor sólo está obligado a pagar la realidad de lo debido(incumplido)" 5. Lo anterior responde a la lógica de la configuración legal de la cesión de créditos, para cuya validez no se precisa el consentimiento del deudor, sin perjuicio de que no le sea oponible hasta que le sea comunicada la cesión. Conforme al art. 1526 CC,"la cesión de un crédito, derecho o acción no surtirá efecto contra tercero sino desde que su fecha deba tenerse por cierta en conformidad a los artículos 1.218 y 1.227"( art. 1526 CC); y según el art. 1527 CC"el deudor que antes de tener conocimiento de la cesión satisfaga al acreedor quedará libre de la obligación"( art. 1527 CC). En un caso como este, la falta de comunicación de la cesión de crédito al deudor lleva consigo que todos los pagos realizados por ██████ a 4Finance se consideren válidos y produzcan efectos liberatorios.”

En la resolución antes indicada, el Tribunal Supremo excepciona la aplicación del artículo 1.208 del CC a los casos de novación modificativa, y hace una matización equivalente sobre la aplicación de dicho precepto a los casos de novación modificativa subjetiva.

Sin embargo, en este caso la novación que opera al llevarse a cabo una alteración unilateral de la TAE por la demandada es una novación extintiva, como resulta de la jurisprudencia instaurada por la STS, Sala Primera, número 317/2023, de 28 de febrero, de manera que no puede dejar de aplicarse el régimen jurídico previsto en el artículo 1.208 del CC.

Que la modificación de la TAE originaria usuraria y su sustitución por otra TAE no usuraria, alteración verificada de forma unilateral por la parte demandada, no permite que el contrato siga vigente desde esa variación de la TAE es el parecer mayoritario de las Audiencias Provinciales para casos precisamente como el actual, de cuya posición son ejemplo la SAP de Zaragoza, Sección 5ª, número 188/2023, de 19 de abril, Fundamentos de Derecho Séptimo y Octavo, y la SAP de Madrid, Sección 28ª, número 106/2023, de 3 de febrero, que se cita en la anterior: “SEPTIMO.- Por lo que respecta a la novación, no sería en principio descartable como posibilidad, al menos referida a las Condiciones que representan el precio del contrato de crédito. En este sentido, la S.T.J.U E de 9 de julio de 2020 y el ATJUE de 3 de marzo de 2021 validan esa posibilidad siempre que se expongan al consumidor de forma clara las consecuencias económicas de la modificación del objeto del contrato. Es verdad que la doctrina del Tribunal Supremo al concretar como juez nacional la jurisprudencia del TJUE entendió que un consumidor medio podía hacerse con los datos precisos para calcular esas consecuencias del pacto novatorio(evolución del Euríbor a través del BOE). Criterio que no es fácilmente homologable respecto a un contrato de tarjeta revolving. Las variables son de mayor entidad. Los cálculos exigen aplicar fórmulas matemáticas y eliminar el presunto anatocismo que deriva de la existencia de cuotas pequeñas. Y, además, es preciso conocer exactamente qué se ha aplicado, pues una cosa es la TAE pactada y otra el TIN reflejado en los extractos, lo que supone, por sí mismo, una información viciada. Tampoco las explicaciones vertidas que le dio la agente del banco permiten, en absoluto, realizar un cálculo de lo cobrado en exceso, ni sobre si el nuevo tipo es el correspondiente y adecuado. Todo ello en una conversación grabada de 10 minutos en la que el cliente carecía de ningún documento de contraste, que tampoco le fue ofrecido. Es más, en dicha conversación tanto se le habló de un 18% como de un 20%. Como de un interés del 24%, cuando esto se corresponde al TIN y no a la TAE del 27%. Lo que supone una información inconexa Y ausente del mínimo rigor. OCTA VO.- Pero, en todo caso, no estamos ante una Condición General, sino ante un contrato nulo. La S.A.P. Madrid, sección 28, 106/2023, de 3 de febrero, es un supuesto prácticamente igual al que nos ocupa(rebaja del tipo de 2020, por parte de Wizink), niega la posibilidad de la novación cuando se trata de la nulidad radical de todo el contrato. Razona de esta manera: "Así, se estaría técnicamente ante una novación objetiva de las condiciones contractuales, que se introduce para modificar una relación jurídica contractual ya entablada. Pero, respecto de ello, el art. 1.208 CC dispone que dicha novación es nula si lo es el contrato en la que se introduce. Así, el contrato aquí examinado era nulo en origen, esto es, padecía una causa de invalidez genética, por su contravención de normas imperativas, art. 6.3 CC , las cuales establecían la consecuencia de nulidad radical y absoluta para ese supuesto, art. 3 LRU. Por tanto, la introducción de esa novación en un negocio nulo en origen carece de cualquier efecto, al no poder integrarse en una relación jurídica estructuralmente inválida. Además, si dicha novación sanease la causa de invalidez de todo el contrato, se produciría el efecto perverso de confirmar la patrimonialización por parte de la entidad de crédito de unos intereses considerados usurarios, aplicados durante años, cuando la novación objetiva para rebajarlos solo ha tenido lugar unos pocos meses antes de la presentación de la demanda por ██████. Incluso más, cabe dudar de que se esté realmente ante una novación formal del contrato, esto es, por el concurso del consentimiento contractual de ambas parte e introducción de un nuevo pacto en el marco de la relación obligatoria, art. 1.261 CC , ya que más bien lo que se observa de dicha alegación de WIZINK BANK SA es un comportamiento unilateral de esa entidad, en el plano puramente fáctico, lo que conllevaría problemas respecto a la consideración de un deber obligacional por su parte de mantener dicho comportamiento meramente práctico. Finalmente, la declaración de nulidad del contrato lo es por la calificación de intereses usurarios, a lo que se apareja el efecto del art. 3 LRU. Por ello, no puede siquiera regularse el efecto de dicha nulidad, ya que lo es de todo el contrato, no exclusivamente de la cláusula de intereses remuneratorios, por lo que, al tratarse de una invalidez completa y total, sus efectos son los mismos respecto de todo el periodo." Y también pueden citarse como exponente de esta línea doctrinal las siguientes resoluciones, a modo de muestra de los motivos desarrollados por la corriente doctrinal aludida en los párrafos anteriores y que este juzgador suscribe plenamente: -SAP de Pontevedra, Sección 1ª, número 456/24, de 8 de octubre: “8.- Comenzaremos por señalar que Ley de 23 de julio de 1908 dispone que "Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso". Es pues, el interés contractualmente previsto, en principio, el relevante. Por otro lado, es también sobradamente conocido que la nulidad con la que la Ley sanciona la usura es una nulidad radical y, por ende, no convalidable. Así lo ha manifestado el Tribunal Supremo en reiteradas ocasiones, como por ejemplo, en la sentencia del Pleno de la Sala Primera número 628/2015, de 25 de noviembre: "1.- El carácter usurario del crédito"revolving" concedido por Banco Sygma al demandado conlleva su nulidad, que ha sido calificada por esta Sala como «radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es fatalmente insubsanable, ni es susceptible de prescripción extintiva» sentencia núm. 539/2009, de 14 de julio". 9.- Ello así, la modificación posterior unilateralmente decidida por la entidad financiera supone una pretendida convalidación contraria a lo establecido por el artículo 1208 del CC. Como dijimos ya en Sentencia de fecha 17 de julio de 2024: "20 La nulidad de origen no puede ser sanada por la novación del contrato, según el art. 1208 del Código Civil . Por tanto, el contrato inicialmente usurario deviene nulo. Esta podemos decir que es la interpretación tradicional, seguida en estos casos mayoritariamente por la jurisprudencia provincial, y con ella por esta Sección de la Audiencia Provincial de Pontevedra. No desconocemos la existencia de opiniones doctrinales en sentido contrario que postulan una interpretación diferente de las referidas sentencias del TS, en el sentido de que, como quiera que a partir de determinada fecha los intereses dejaron de ser usurarios, debería modularse la consecuencia de la nulidad de manera que la obligación de restitución se limitaría a los intereses nulos. Pero creemos que ello significaría excepcionar la regla general del precepto sustantivo, y admitir que el pacto novatorio que benefició al cliente al reducir el tipo de interés no fue propiamente una novación modificativa, sino una segunda fase del mismo contrato, en ejercicio de una facultad contractual lícitamente pactada. Esta interpretación resulta contraria a los efectos de la usura previstos en el art. 3 de la ley especial, y a la propia categoría de la nulidad derivada del contrato usurario, que presenta un componente de desvalor moral que justifica, más que en otros supuestos de ineficacia contractual, la transmisión de la carencia absoluta de efectos a toda la vigencia del contrato y a sus sucesivas modificaciones. Además, la tesis que propone el apelante obligaría a modular las consecuencias de la singular obligación de restitución de prestaciones del mencionado art. 3, de forma que se diferenciaran,-apreciada la nulidad por usura-, tramos del contrato en los que el interés pudo resultar inferior al umbral que, con criterio unificador, ha fijado por la jurisprudencia. Por último, los principios comunitarios de equivalencia y efectividad, y la exigencia de protección de los consumidores, abogan en favor de la tesis que proponemos, pues de lo contrario al consumidor le sería muy difícil fijar el importe de la obligación de restitución y la propia determinación del interés de referencia para apreciar el carácter usurario de contrato, que quedaría a voluntad del predisponente. Por fin, el principio de equivalencia sufriría por establecerse un régimen exorbitante, en perjuicio del consumidor, contrario además al principio de equivalencia de las prestaciones, dejando el contrato en manos de la voluntad unilateral del acreditante. 21 Por estas razones consideramos que el contrato se determinó desde su inicio con un tipo de interés que superaba el umbral de la usura, y ello contaminó a toda la vigencia de la relación contractual, de manera que la sentencia de instancia ha resuelto correctamente la cuestión. Se desestima el recurso". 10.- Nótese que, cuando se trata de la nulidad por abusividad de una cláusula del contrato, el control de tal abusividad debe realizarse en abstracto, esto es, con independencia de la aplicación que el profesional haya podido hacer de la cláusula en consideración. Así lo ha manifestado el TJUE en numerosas ocasiones, por ejemplo, en Sentencia de 26 de enero de 2017(Recurso C-421/14 ), en la que leemos: "73 Por consiguiente, y a fin de garantizar el efecto disuasorio del artículo 7 de la Directiva 93/13 , las prerrogativas del juez nacional que constata la existencia de una cláusula abusiva, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la misma Directiva, no pueden depender del hecho de que esa cláusula se aplique o no en la práctica. De este modo, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que, cuando el juez nacional haya constatado el carácter «abusivo» en el sentido del artículo 3, apartado 1, de esa Directiva de una cláusula de un contrato celebrado entre un consumidor y un profesional, la circunstancia de que tal cláusula no haya llegado a aplicarse no se opone por sí sola a que el juez nacional deduzca todas las consecuencias oportunas del carácter abusivo de la cláusula en cuestión(véase, en este sentido, el auto de 11 de junio de 2015, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-602/13 , no publicado, EU:C:2015:397 , apartados 50 y 54)". 11.- Nos parece entonces que, en el caso de la nulidad radical del contrato por usura, en cuyo fundamento se encuentran, además, connotaciones de desvalor moral, debe actuarse del mismo modo y valorar el pacto contractual originario, en el que se encuentra ya el germen de la nulidad. Ciertamente, el Banco modificó la TAE al amparo de la posibilidad contractualmente prevista-cfr. condición general nº19, bajo el título" Modificación de las condiciones"-, pero tenía la posibilidad de no haberlo hecho, amparado también en unas estipulaciones contractuales plenamente vigentes cuando la modificación se produjo. Luego, el contrato, en la medida en que uno de sus pactos permitía aplicar un interés merecedor de la calificación de usurario, debe reputarse nulo, sin perjuicio de modificaciones ulteriores que, por lo demás, podrían haber sido también al alza. La tesis de la parte apelante-aunque no en este caso concreto en el que la modificación se produjo al comienzo de la relación contractual- podría producir en otros casos el efecto al que se refería la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid(Sección 28ª) de 3/02/2023, al señalar: "si dicha novación sanease la causa de invalidez de todo el contrato, se produciría el efecto perverso de confirmar la patrimonialización por parte de la entidad de crédito de unos intereses considerados usurarios, aplicados durante años, cuando la novación objetiva para rebajarlos solo ha tenido lugar unos pocos meses antes de la presentación de la demanda por ██████". 12.- No altera la anterior conclusión el contenido de las Sentencias citadas por el recurrente en apoyo de su tesis sobre la TAE a tomar en consideración para realizar el"test de usura". Comenzando por la Sentencia número 317/2023, de 28 de febrero, el supuesto de hecho sometido entonces a la consideración de la Sala se refería a un contrato de crédito mediante el uso de una tarjeta revolving, celebrado el 15 de enero de 2003, en el que se estipulaba un interés del 15,9% TAE y en el que se contenía una condición general que facultaba a la entidad financiera para su modificación, sin atenerse a un índice de referencia legal. La TAE pactada fue la aplicada hasta un determinado momento, en el que la entidad financiera la fijó en el 17.9% y, posteriormente, en el 26,9%, TAE esta última que se mantuvo en vigor hasta la cancelación del contrato. Fue en este contexto en el que el TS declaró que: "En este caso de contrato de servicios financieros de duración indeterminada, en que la entidad acreedora puede modificar el tipo de interés, sin atenerse a un índice legal, ajustándose a las exigencias del art. 85.3 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios , ha de considerarse, a efectos de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, que cada modificación del interés supone la concertación de un nuevo contrato, en el que se fija un nuevo tipo de interés, y que a partir de ese momento el contrato crediticio puede ser considerado usurario si el nuevo tipo de interés de la operación es notablemente superior al interés normal del dinero en aquel momento y manifiestamente desproporcionado a las circunstancias concurrentes". Se partía en este caso de un contrato originariamente válido que pasó a ser usurario cuando la entidad financiera modificó TAE aplicando un interés notablemente superior al normal del dinero. En coherencia con este punto de partida, el TS añadía a sus conclusiones: "Una solución diferente llevaría a la consecuencia absurda de que bastaría que en un momento inicial la entidad financiera fijara un tipo de interés moderado para que el contrato crediticio mediante tarjeta no pudiera ser considerado usurario pese a que la entidad financiera se reservara la facultad de elevar, en cualquier momento, de forma unilateral, sin atender a un índice legal, el tipo de interés hasta cotas muy superiores al interés normal del dinero y desproporcionadas a las circunstancias concurrentes". 13.- En este caso, en efecto, el TS consideró que: "12.- Este carácter usurario no afecta al contrato desde el momento inicial del contrato, sino exclusivamente desde el momento en que la acreedora fijó unilateralmente una TAE a un tipo de interés notablemente superior al normal del dinero en ese momento. 13.-Por tal razón, las consecuencias anudadas a ese carácter usurario(que la acreditada solo ha de restituir las cantidades satisfechas mediante el uso de la tarjeta revolving, pero no los intereses devengados) han de producirse desde que se fijó el interés usurario, el 12 de agosto de 2009". 14.- Pero, en nuestro caso, el contrato ya es en origen nulo, porque la TAE en él prevista es, conforme a los parámetros jurisprudenciales, notablemente superior al interés normal del dinero y, por lo tanto, dado que esa nulidad originaria no es convalidable, sus efectos no pueden eludirse mediante una modificación posterior. 15- Tampoco altera la conclusión alcanzada el contenido de la Sentencia número 1669/2023, de 29 de noviembre. En este caso, el contrato analizado, celebrado en el año 2014, preveía un TIN del 19,92% para disposiciones de hasta 450 euros y del 18,72% para disposiciones de 750 euros y, por otro lado, para determinadas operaciones, establecía una TAE del 29,89%. En el período comprendido entre el año 2015 y el 2018 la entidad financiera había aplicado a las operaciones realizadas por la demandante un interés TAE del 21,84% y en el año 2019 del 22,28%, cuando el interés promedio de las tarjetas con pago aplazado según las estadísticas del Banco de España había oscilado en ese período entre el 21,13% TEDR en el año 2015 y el 19,67% en el año 2019. De ahí que, respetando el criterio de comparación "entre periodos completos" que no era discutido, concluye que el contrato no es usurario porque la diferencia entre el interés máximo aplicado a la tarjeta, 22,28% TAE, en el año 2019, y el interés promedio según estadísticas para ese mismo año (19,67 TEDR "que correspondería a una TAE ligeramente superior al 20% aproximadamente"), es de menos de 3 puntos. Y añade: "La no apreciación de carácter usurario del contrato de tarjeta de crédito concertado por la demandante, no es óbice para que el interés se pudiera reputar usurario y, por tanto, declarar el contrato nulo, conforme a la jurisprudencia expuesta, en el supuesto de que se hiciera uso de la modalidad de pago para la que se establece un interés remuneratorio del 29,80% TAE. El contrato contempla distintas modalidades de pago y la demandante nunca hizo uso de la modalidad de pago para la que se establece el interés del 29,80%, no aplicable a la elegida, y la apreciación del carácter usurario o no del contrato no puede fundarse en un supuesto contractual que no ha llegado a aplicarse". 16.- No es nuestro caso: en este, la TAE que se pactó inicialmente sí es usuraria y, por otro lado, se prevé en el contrato para la modalidad de pago por la que optó la demandante.”

En esta última resolución se analiza, además, el motivo por el cual no es de aplicación al caso presente la STS, Sala Primera, número 1669/23.

-SAP de Huelva, Sección 2ª, número 809/24, de 20 de noviembre: “Partiendo de que según la TAE aplicada supera en más de seis puntos la referencia del Alto Tribunal y que por lo tanto los intereses aplicados son usurarios, hemos de determinar si esa nulidad arrastra a los cambios o novaciones producidas en la TAE, en el sentido antes expuesto, partiendo del análisis de la jurisprudencia del TS, cuestión esta sobre la que se ha pronunciado la Sala en sentencia de 13/09/2023(Rec. 497/23 ), cuando razonábamos que "El Tribunal Supremo ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la fecha a la que debe referirse la comparación de la TAE aplicada con los intereses medios de las tarjetas revolving, estimando que esta comparación se difiere a la fecha de la celebración del contrato. Sin embargo, en los supuestos generalizados en este tipo de contratación, en que se permite al prestamista o entidad crediticia la modificación unilateral del tipo de interés, elevando con posterioridad el inicialmente pactado, ha de estarse al real interés aplicado para valorar la usura del contrato, pues de otro lado, le bastaría al profesional un incremento posterior y unilateral de un interés retributivo inicial ponderado, para eludir el control de usura del contrato. Así se pronuncia la STS de 28 de febrero de 2023 : 5.-La comparación entre la TAE de la operación crediticia cuestionada como usuraria y la TAE que puede considerarse como"interés normal del dinero" ha de realizarse en el momento en que se celebra el contrato( sentencia 149/2020, de 4 de marzo ). 6.- Bien porque el interés del crédito sea un tipo fijo, bien porque sea un tipo de interés variable referenciado a un índice legal, cuya evolución no depende del propio prestamista, las circunstancias determinantes de que el interés fuera notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso son, lógicamente, las que concurrieran en el momento de contratar, pues no es imputable al acreedor que tales circunstancias evolucionen con el tiempo y que el interés que se fijó cuando se celebró el contrato, ajustado a las circunstancias de aquel momento, quede muy por encima del interés normal de esos contratos cuando transcurran varios años, dada la duración en el tiempo de estos contratos crediticios. 7.- Ahora bien, en el contrato objeto de este litigio se da la circunstancia singular de que se estipulaba que la entidad financiera podía modificar unilateralmente(previa notificación al acreditado y con la posibilidad de que este diera por terminado el contrato y se limitara a pagar lo que hasta ese momento adeudaba al tipo de interés pactado) el tipo de interés de la operación crediticia revolvente, sin que tal modificación se hiciera con referencia a un índice legal. De este modo, la TAE, que inicialmente, cuando se concertó el contrato en 2003, era de un 15,9% anual, fue incrementada paulatinamente por la entidad financiera y pasó a ser en 2009 del 26,9%. 8.- En este caso de contrato de servicios financieros de duración indeterminada, en que la entidad acreedora puede modificar el tipo de interés, sin atenerse a un índice legal, ajustándose a las exigencias del art. 85.3 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios , ha de considerarse, a efectos de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, que cada modificación del interés supone la concertación de un nuevo contrato, en el que se fija un nuevo tipo de interés, y que a partir de ese momento el contrato crediticio puede ser considerado usurario si el nuevo tipo de interés de la operación es notablemente superior al interés normal del dinero en aquel momento y manifiestamente desproporcionado a las circunstancias concurrentes. 9.- En este tipo de operación crediticia, como se ha dicho, el contrato será considerado usurario si el interés supera en seis puntos porcentuales la TAE que pueda considerarse como interés normal del dinero, que será el tipo de interés medio del apartado de tarjetas de crédito y revolving de las estadísticas del Banco de España, y que si es una TEDR y no una TAE(como ocurre hasta el momento), habrá de incrementarse en 20 o 30 centésimas. 10.- Una solución diferente llevaría a la consecuencia absurda de que bastaría que en un momento inicial la entidad financiera fijara un tipo de interés moderado para que el contrato crediticio mediante tarjeta no pudiera ser considerado usurario pese a que la entidad financiera se reservara la facultad de elevar, en cualquier momento, de forma unilateral, sin atender a un índice legal, el tipo de interés hasta cotas muy superiores al interés normal del dinero y desproporcionadas a las circunstancias concurrentes". La sentencia indicada no establece por tanto la aplicación del test de usura a cada una de las liquidaciones aplicadas en cada año concreto en que se producen, sino que viene a resolver la alteración unilateral por el prestamista del contrato para afrontar, en este caso también, la usura del mismo desde esta novación autorizada por el propio contrato, sin que el hecho de que el contrato sea de tracto sucesivo o duración indefinida permita otra interpretación. En el caso de autos debemos tener en cuenta que las únicas liquidaciones aportadas se refieren a un saldo dispuesto y acumulado sucesivamente, sobre el que se aplican los intereses propios de la modalidad revolving. El documento 4 de la contestación a la demanda no conlleva el ejercicio de una alteración unilateral del contrato por la demandada, en base a alguna cláusula inserta en el contrato inicial, cuya existencia no consta. La modificación de la TAE a partir del año 2021 se pretende como fruto de una novación contractual. La posibilidad de novación de un contrato nulo, aquejado de una nulidad radical, como sostiene la sentencia de instancia, es contraria al contenido del artículo 3 de la Ley de Represión de la Usura , como del artículo 1208 del CC . La jurisprudencia del Tribunal Supremo, si bien con referencia a la novación de las cuestionadas cláusulas suelo en los contratos de préstamo con garantía hipotecaria, viene reconocimiento la validez de las novaciones contractuales que dejan sin efecto la aplicación de una cláusula nula, en tanto no se aprecie defecto de información o renuncia abusiva de acciones por el consumidor. La posibilidad de novación de una cláusula suelo (SSTS 489/2018, 548/2018) no viene excluida por la nulidad originaria de la cláusula, pudiendo, si la cláusula novada cumple los requisitos de negociación individualizada o de transparencia, en caso de su predisposición, conllevar su validez, aun cuando no sanara o convalidara los efectos de la inicial cláusula nula"con el consiguiente efecto de que se considere que no ha producido efectos y por tanto todo lo cobrado de más en aplicación de esa originaria cláusula deba ser restituido al consumidor. Estimamos, sin embargo, que no es de aplicación la jurisprudencia expuesta, puesto que la pretendida aplicación de unos nuevos intereses retributivos sobre un saldo deudor originado y engrosado con intereses nulos mensualmente incrementados al capital, no supone sino el reconocimiento de efectos a la nulidad de los intereses retributivos declarada, no sólo con vulneración del mandato legal, sino con vulneración de la transparencia contractual, habida cuenta de la condición de consumidor de la demandante. Además, debe aclararse que en el asunto que fue objeto de enjuiciamiento por la citada STS de 28 de febrero de 2023 las circunstancias no era iguales a las del supuesto que nos ocupa, ya que en aquél el contrato no era nulo desde el principio, mientras en éste sí lo es, sin que pueda purificarse desde el inicio, pues, como se ha dicho, si el contrato es nulo en origen no puede pretenderse luego que el mismo tenga vigencia entre las mismas partes, sin que haya mediado un consentimiento expreso al respecto. Por lo expuesto no puede mantenerse la validez de las liquidaciones posteriores al año 2021, pues enmascaran intereses usuarios, sin que se estime concurrente una nueva voluntad contractual originaria entre las partes, sino mera novación modificativa de una obligación nula ex origen, contraria por ello a la regulación legal.".

Por lo tanto, siendo usurario el interés aplicado al contrato desde un principio, sigue siendo nulo a pesar de las modificaciones producidas por novaciones de la TAE y por tanto del interés aplicado, lo que hace que en definitiva se estime la demanda en cuanto a la nulidad del contrato por usurario, lo que implica la devolución del interés aplicado durante toda la vida del mismo debido a ese carácter, con los intereses legales desde cada abono.”

Estas consideraciones son extrapolables al caso de autos, en el que la nulidad del contrato primigenio viene determinada no por la usura del contrato, sino por la nulidad, por su carácter abusivo, de la cláusula que regula el interés remuneratorio.

En definitiva, las modificaciones de la TAE operadas en fechas posteriores a la firma del contrato de tarjeta no tienen trascendencia alguna en este procedimiento, y no evitan que la declaración de nulidad del contrato primigenio se propague a las diferentes novaciones efectuadas por decisión unilateral de la parte demandada.

La modificación unilateral que la demandada pudiera haber hecho del contrato, por otro lado, tampoco permite considerar que la nulidad inicial de las cláusulas ahora analizadas quedase sanada o que la parte demandante renunciara a hacer valer la nulidad de la cláusula originaria, ya que no consta que concurran los requisitos exigidos por la jurisprudencia a tal efecto.

El TJUE, en los apartados 28 y 29 de la citada sentencia, 34 y 35 del auto de 3 de marzo de 2021, asunto C-13/19, y 32 a 34 del auto de 1 de junio de 2021, asunto C-268/19, declaró que un consumidor puede renunciar a hacer valer el carácter abusivo de una cláusula en el marco de un contrato de novación mediante el que este renuncia a los efectos que conllevaría la declaración del carácter abusivo de tal cláusula, siempre y cuando la renuncia proceda de un consentimiento libre e informado, lo que solo sucederá si, en el momento de la renuncia, el consumidor era consciente del carácter no vinculante de esa cláusula y de las consecuencias que la renuncia conllevaba, y"la nueva cláusula modificadora no sea por sí misma abusiva.”

Y no consta que esos requisitos se cumplieran al modificar unilateralmente el contrato la demandada. Es más, ni siquiera consta que la modificación del contrato fuera efectivamente notificada a la demandante, pues no se ha aportado justificante de remisión a la actora y recepción por esta última del nuevo clausulado.

Además, tampoco se ha desarrollado prueba alguna que acredite que, en el proceso previo a la novación contractual, la parte demandada cumpliera con los deberes de información que, sobre la cláusula controvertida, le imponen, entre otras normas, las siguientes: Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril, del Consejo, Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre(artículos 80 y siguientes), Ley 7/1998, de 13 de abril, de Condiciones Generales de la Contratación(artículos 5 y 7), Ley 16/2011, de Crédito al Consumo, la Orden ETD 699/2020, de 24 de julio, de regulación del crédito revolvente, y la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, ya que ni siquiera se ha aportado con la contestación a la demanda el justificante de la efectiva remisión al cliente y recepción por el destinatario de la información relativa a esas novaciones, o de los nuevos Reglamentos de la tarjeta

Como consecuencia de lo expuesto en este Fundamento, y una vez declarada la nulidad del contrato litigioso de 6 de septiembre 2.003 por ser nula la cláusula que regula el interés remuneratorio valorada juntamente con la que regula el sistema de amortización revolvente, igualmente habría de declararse la nulidad de las novaciones contractuales que la parte demandada pudiera haber efectuado con posterioridad.

DÉCIMO.- PRETENSIONES SUBSIDIARIAS.

Al haberse estimado la pretensión principal de la demanda, valorada juntamente con la pretensión subsidiaria primera, no procede analizar las restantes pretensiones subsidiarias.

DÉCIMO PRIMERO.- COSTAS.

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 394.1 de la LECiv., y dada la estimación íntegra de la demanda, la parte demandada habrá de abonar las costas causadas en la tramitación y decisión de este procedimiento.

Además, debe decirse que es jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo, de la que es exponente la STS, Sala Primera, número 965/22, de 21 de diciembre, que las exigencias previstas en los arts. 6.1 y 7.1 de la Directiva 93/13/CEE y los principios de no vinculación y de efectividad del Derecho de la UE, sin obstaculizar el derecho conferido por la Directiva 93/13 a los consumidores a un control judicial efectivo del carácter potencialmente abusivo de cláusulas contractuales, conducen a que, estimada la acción de nulidad por abusivas de la cláusula contractual discutida, proceda la imposición de las costas de la primera instancia al demandado, sin que tampoco hubiera impedido este pronunciamiento la no estimación de la totalidad de todas las cláusulas debatidas o de las pretensiones restitutorias, de acuerdo con lo resuelto por la Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de julio de 2020, asuntos acumulados C-224/19 y C-259/19.

Según declara la STS, Sala Primera, número 965/22, de 21 de diciembre: “Las exigencias previstas en los arts. 6.1 y 7.1 de la Directiva 93/13/CEE y los principios de no vinculación y de efectividad del Derecho de la UE, sin obstaculizar el derecho conferido por la Directiva 93/13 a los consumidores a un control judicial efectivo del carácter potencialmente abusivo de cláusulas contractuales, conducen a que, estimada la acción de nulidad por abusiva de la cláusula contractual discutida, proceda la imposición de las costas de la primera instancia al demandado, sin que tampoco hubiera impedido este pronunciamiento la no estimación de la nulidad de la totalidad de las cláusulas debatidas o de las pretensiones restitutorias, de acuerdo con lo resuelto por la Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de julio de 2020, asuntos acumulados C-224/19 y C-259/19.”

En el caso resuelto por la anterior sentencia, se había estimado parcialmente la demanda, al haber considerado el Juzgado de Instancia y la Sala de Apelación que “en los supuestos supresión o reducción de las pretensiones del actor producida después de la contestación a la demanda y que no pueda deducirse del propio contenido de la demanda, esto es, cuando se produce un error de suma, interpretativo, de cálculo o trascripción, si esta modificación se traslada a la sentencia, significa una estimación parcial de la demanda, con la consecuencia prevista en el artículo 394 de la LEC de no proceder en tal caso la imposición de las costas devengadas en la instancia, sin que la norma permita distinguir según las distintas fases del procedimiento.”(SAP de Granada, Sección 3ª, número 759/19, de 31 de octubre)

En tal caso, la demandante se había desistido, después de contestarse la demanda, de la petición de nulidad de la cláusula relativa a distribución de gastos hipotecarios, por lo que el Juzgado de Primera Instancia y la Audiencia Provincial consideraron que la estimación de la demanda era parcial, al no haberse declarado la nulidad de la estipulación sobre gastos, pretensión inicialmente incluida en la demanda.

El Alto Tribunal, al resolver el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada en apelación, entendió que los principios de no vinculación y de efectividad del Derecho de la Unión exigen, de acuerdo con lo razonado en la Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de julio de 2020, asuntos acumulados C-224/19 y C-259/19, que se impongan las costas a la entidad bancaria demandada aunque no se haya declarado la nulidad de todas las cláusula a las que se refería inicialmente la demanda.

Esta doctrina jurisprudencial ha sido reiterada recientemente en la STS, Sala Primera, número 749/2024, de 28 de mayo, que cita otras resoluciones anteriores del Alto Tribunal que sostienen el mismo parecer: “La sentencia del juzgado consideró que no procedía imponer las costas dada la estimación parcial de la demanda. En su recurso de apelación los demandantes argumentaron que debían imponerse las costas de la primera instancia al banco, y la Audiencia consideró correcto el criterio del juzgado y mantuvo la no imposición de las costas porque no se había declarado la nulidad de las condiciones 3 y 3 bis de la escritura. En el motivo segundo del recurso de casación, con cita de la sentencia del pleno 419/2017, de 4 de julio, los recurrentes impugnan este pronunciamiento. De acuerdo con la doctrina de la sala este motivo segundo debe ser estimado. Como recuerda la sentencia 991/2023, de 20 de junio, las exigencias previstas en los arts. 6.1 y 7.1 de la Directiva 93/13/CEE y los principios de no vinculación del consumidor a las cláusulas abusivas y de efectividad del Derecho de la UE, en los términos en que han sido interpretados por nuestras sentencias, en especial la 35/2021, de 27 de enero, o la de pleno 418/2023, de 28 de marzo, conducen a que, estimada la acción de nulidad por abusiva de determinadas cláusulas, aunque no se estime la nulidad de la totalidad de todas las cláusulas impugnadas en los términos inicialmente establecidos en la demanda, o de las pretensiones restitutorias, procede la imposición de las costas de la primera instancia al banco demandado, conforme con la sentencia del TJUE de 16 de julio de 2020, C-224/19 y C-259/19, CaixaBank y BBVA. Por tal razón, debemos revocar el pronunciamiento sobre costas de primera instancia de la sentencia de la Audiencia Provincial y sustituirlo por el de la condena a la entidad demandada al pago de tales costas procesales, siendo de aplicación necesaria en los recursos de apelación y casación el art. 398.2 LEC, sentencias 18/2021, de 19 de enero, y 653/2020, de 3 de diciembre.”

Por tanto, en aplicación del principio de efectividad del derecho comunitario igualmente sería obligado imponer las costas a la parte demandada caso de haberse estimado parcialmente la demanda.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

La parte demandada habrá de abonar las costas causadas en la tramitación y decisión de este procedimiento.

Notifíquese esta resolución a las partes del procedimiento.

Contra esta sentencia podrá interponerse recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla; recurso que habrá de interponerse ante la Audiencia Provincial en el plazo de VEINTE días a contar desde su notificación. No se admitirá a trámite el recurso de apelación a ninguna de las partes legitimadas si al tiempo de su interposición la parte apelante no ha constituido el depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 6/1985, en su redacción dada por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre.

Líbrese testimonio de la presente resolución para su unión a los autos principales y llévese el original al libro de sentencias de este juzgado.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Dada y leída que fue la anterior sentencia por el Juez que la ha dictado, en el día de la fecha estando celebrando audiencia pública. Doy fe.