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Sentencia 3/2026 de Torrelavega: nulidad por falta de transparencia de tarjeta de Carrefour PASS

Estimación sustancial · Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Torrelavega · 8 de enero de 2026
Nº de sentencia3/2026
ÓrganoJuzgado de Primera Instancia Número 1 de Torrelavega
CiudadTorrelavega
Fecha8 de enero de 2026
ProcedimientoJuicio verbal 428/2025
Entidad Carrefour PASS
Vía de nulidadOtra

La sentencia condena a Carrefour a devolver a nuestro cliente todos los intereses y comisiones que le cobraron de más desde el principio del contrato. El juzgado declara la nulidad del contrato de tarjeta de crédito por falta de transparencia en la información precontractual y por no superar el control de incorporación, estableciendo la restitución recíproca de las cantidades dentro del plazo de prescripción de cinco años. Recurrida por el plazo de prescripción.

«Declaro nulo el contrato de tarjeta de crédito suscrito por las partes, debiendo la actora devolver a la demandada el capital dispuesto más el interés legal, y debiendo la demandada devolver a la actora todo lo que, con exceso del capital, recibió por cualquier concepto más el interés legal desde cada cobro realizado, con el límite temporal de cinco años anteriores a la reclamación.»

Fallo de la sentencia 3/2026, Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Torrelavega
Recorte del fallo de la sentencia 3/2026 contra tarjeta de crédito
Fallo de la sentencia 3/2026.

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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO 1 DE TORRELAVEGA
Juicio verbal (condiciones generales contratación- 250.1.14) 0000428/2025
N.I.G.: ████████
Sección: Seccion01 TX019

SENTENCIA nº 000003/2026

En Torrelavega, a 8 de enero de 2026.

Vistos por mí, ████████, magistrado-juez de la Plaza n.º 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia del Torrelavega n.º 1 de Torrelavega, los presentes autos de juicio verbal n.º 428/2025, promovidos por la procuradora doña ████████, en representación de doña ████████, asistida por el letrado don ████████, contra SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR, EFC, SA, representada por el procurador don ████████ y asistida por el letrado don ████████, en los que se ha ejercitado acción declarativa de nulidad de contrato bancario.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que por la referida procuradora, en la representación acreditada, se interpuso demanda ajustada a Derecho el 15 de abril de 2025, que fue turnada a este Juzgado, con el siguiente petitum: «1.- Se declare LA NULIDAD DEL CONTRATO POR RESULTAR NULAS POR FALTA DE INCORPORACION AL CONTRATO O FALTA DE TRANSPARENCIA LA CLÁUSULAS QUE REGULAN EL INTERÉS REMUNERATORIO dado que la nulidad del interés remuneratorio no permite que el contrato subsista 2.- Que se condene a la entidad demandada a estar y pasar por dichas declaraciones 3.- Que, como consecuencia de lo anterior, y conforme al art 1303 CC, esto es, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato se condene a la entidad demandada a pagar todas la cantidades abonadas por conceptos diferentes al capital prestado y sin que la demandada pueda imputar esas cantidades a capital alguno debido, dado que cedió la deuda con el interés legal desde la fecha en que se detrajeron dichas cantidades de la cuenta del actor hasta su determinación en ejecución de sentencia 4.-Con expresa imposición de costas a la demandada Con carácter subsidiario a la anterior...».

Se alegó que: «PRIMERO.- Mi representado contrató con SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EFC S.A en calidad de persona física y en un ámbito ajeno a cualquier actividad empresarial o profesional, contrato de apertura de cuenta tarjeta pàss visa celebrado en fecha 9 de diciembre de 2016 mediante el cual, la misma pone a su disposición un límite de dinero concreto para que el mismo haga disposiciones por las cantidades que considere oportunas, obligándose tanto el titular de tarjeta de crédito, como los titulares de la cuenta de adeudo a reembolsar el capital contrato habitualmente conocido como contrato revolving.

Se adjunta contrato de fecha 9 de diciembre de 2016 (Documento 1) La utilización de esta tarjeta, permite, entre otras operaciones, adquirir bienes y servicios...».

SEGUNDO.- Que admitida a trámite por decreto de 24 de junio de 2025 se dispuso el emplazamiento de la demandada para que en el término de diez días compareciese representada por procurador y asistida de letrado y la contestase, lo que así verificó mediante escrito arreglado a las prescripciones legales el 11 de julio del mismo año, formulando oposición.

TERCERO.- Que la vista se ha celebrado el 8 de enero de 2026, en la que se practicaron las pruebas que fueron declaradas pertinentes, los documentos ya aportados y el informe pericial aportado por la demandada, formulando, finalmente, conclusiones los letrados de las partes y declarándose visto para sentencia.

CUARTO.- Que en la sustanciación del procedimiento se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 10 de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo, relativo a la información previa al contrato, dice: «1. El prestamista y, en su caso, el intermediario de crédito deberán facilitar de forma gratuita al consumidor, con la debida antelación y antes de que el consumidor asuma cualquier obligación en virtud de un contrato u oferta de crédito sobre la base de las condiciones del crédito ofrecidas por el prestamista y, en su caso, de las preferencias manifestadas y de la información facilitada por el consumidor, la información que sea precisa para comparar las diversas ofertas y adoptar una decisión informada sobre la suscripción de un contrato de crédito. 2. Esta información, en papel o en cualquier otro soporte duradero, se facilitará mediante la Información normalizada europea sobre el crédito al consumo que figura en el anexo II».

El artículo 11 de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo, relativo a la asistencia al consumidor previa al contrato, dice: «Los prestamistas y, en su caso, los intermediarios de crédito facilitarán al consumidor explicaciones adecuadas de forma individualizada para que éste pueda evaluar si el contrato de crédito propuesto se ajusta a sus intereses, a sus necesidades y a su situación financiera, si fuera preciso explicando la información precontractual, las características esenciales de los productos propuestos y los efectos específicos que pueden tener sobre el consumidor, incluidas las consecuencias en caso de impago por parte del mismo».

La «debida antelación» en la Información Normalizada Europea (INE) significa que el banco debe entregar este documento clave con tiempo suficiente antes de firmar un crédito al consumo, para que el consumidor pueda comparar ofertas y tomar una decisión informada, no justo antes de o simultáneamente la firma.

La STJUE, Sala Cuarta, de 18 de diciembre de 2014, En el asunto C‐449/13, ha dicho: «1) Las disposiciones de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo deben interpretarse en el sentido de que: – se oponen a una normativa nacional según la cual la carga de la prueba del incumplimiento de las obligaciones prescritas en los artículos 5 y 8 de la Directiva 2008/48 corresponde al consumidor, por una parte, y – se oponen a que, en razón de una cláusula tipo, el juez deba considerar que el consumidor ha reconocido el pleno y debido cumplimiento de las obligaciones precontractuales que incumben al prestamista, de modo que esa cláusula origine así una inversión de la carga de la prueba del cumplimiento de esas obligaciones que pueda perjudicar la efectividad de los derechos reconocidos por la Directiva 2008/48, por otra parte. 2) El artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2008/48 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que la evaluación de la solvencia del consumidor se realice a partir exclusivamente de la información presentada por éste, siempre que esa información sea suficiente y que las simples declaraciones del consumidor se acompañen de documentos acreditativos, por una parte, y de que no exige al prestamista comprobar sistemáticamente la información facilitada por el consumidor, por otra parte. 3) El artículo 5, apartado 6, de la Directiva 2008/48 debe interpretarse en el sentido de que, si bien no se opone a que el prestamista facilite explicaciones adecuadas al consumidor antes de haber evaluado la situación económica y las necesidades de éste, se puede poner de manifiesto que la evaluación de la solvencia del consumidor hace necesaria una adaptación de las explicaciones adecuadas facilitadas, que deben comunicarse en tiempo oportuno al consumidor, antes de la firma del contrato de crédito, sin que no obstante deban formalizarse en un documento específico».

La STS n.º 154/2025 de 30 de enero, Rec. n.º 921/2022, dice: «El hecho de que la tarjeta pueda comenzar a utilizarse con posterioridad a la celebración del contrato y no necesariamente en el momento de la suscripción del contrato, no exime al profesional de facilitar esa información con antelación suficiente a la celebración del contrato pues, una vez celebrado este, el consumidor puede hacer uso inmediato del crédito facilitado y sufrir las consecuencias derivadas de los riesgos del sistema revolving a que hemos hecho referencia, antes de haber analizado la información».

Pues bien, en este caso el documento en el que figura la Información Normalizada Europea lleva la misma fecha que el documento en el que se formalizó el contrato, el 9 de febrero de 2016, por lo que es palmario que no se entregó con la debida antelación a la suscripción del contrato, sino simultáneamente, vulnerándose de este modo los preceptos imperativos anteriormente referidos; lo que por sí solo debe conllevar la declaración de nulidad del contrato; aunque, como se verá a continuación, no es esta la única causa de nulidad del contrato.

Segundo.- Efectivamente, se alega en el hecho tercero de la demanda que: «Asimismo sorprende el formato de contrato, el cual resulta ilegible por el mínimo tamaño de la letra llegando a necesitarse una lupa para leer sus condiciones e impide la apreciación de las cláusulas que aquí se postulan como nulas, ni siquiera se identifica cada apartado en el pliego de condiciones, sino que se presentan en el mismo tipo y tamaño ínfimo de letra, sin posibilidad de apreciar una fácil lectura ni siquiera de manera muy pormenorizada».

Pues bien, en cuanto al tamaño de la letra del contrato y el espacio entre líneas, procede decir que no es de fácil lectura el documento contractual, especialmente las condiciones generales.

En los ámbitos judiciales el TS exige una letra de tamaño 12 puntos y 1,5 mm de interlineado (Acuerdo de 20 de abril de 2016, de la Sala de Gobierno del TS, sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al Recurso de Casación ante la Sala Tercera del TS).

Medida habitual en otros tribunales de ámbito internacional (Tribunal General de la Unión Europa, TEDH) y tribunales supremos de otros países (USA, Reino Unido, Canadá, Australia).

El de la India exige un tamaño de 14 puntos.

Es razonable dar por sentado que los magistrados y resto de profesionales que trabajan en o ante la Administración Justicia tienen una capacidad lectora y comprensora muy superior al consumidor medio. Por lo que no cabe exigir a los consumidores unos estándares de legibilidad mucho más arduos que los que utilizamos en los tribunales.

Y ocurre que en este caso ni la dimensión de la letra ni el interlineado del documento en el que figura el contrato alcanzan esos estándares mínimos.

Todo contrato debe superar dos controles de transparencia.

El primero es el expresamente previsto en el artículo 5 de la LGCG para todo adherente, sea consumidor o no, es decir, exige la comprobación de que las condiciones generales son accesibles y comprensibles.

La Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación, en relación a lo que se viene en denominar el control de incorporación, dice en su artículo 5, apartado 5, que: «5. La redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez. Las condiciones incorporadas de modo no transparente en los contratos en perjuicio de los consumidores serán nulas de pleno derecho».

Asimismo, en su artículo 7 establece que: «No quedarán incorporadas al contrato las siguientes condiciones generales: a) Las que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa al tiempo de la celebración del contrato o cuando no hayan sido firmadas, cuando sea necesario, en los términos resultantes del artículo 5. b) Las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles, salvo, en cuanto a estas últimas, que hubieren sido expresamente aceptadas por escrito por el adherente y se ajusten a la normativa específica que discipline en su ámbito la necesaria transparencia de las cláusulas contenidas en el contrato».

La jurisprudencia también ha resuelto casos en relación al tamaño de la letra en contratos bancarios. Son numerosas las sentencias que resuelven la nulidad de las cláusulas redactadas en letra minúscula. Por ejemplo, la AP de Madrid, Sección 10.ª, Sentencia n.º 129/2020 de 10 de marzo de 2020, Rec. n.º 874/2019; o AP de Barcelona, Sección 13.ª, Sentencia n.º 226/2021, de 12 de abril de 2021, Rec. n.º 508/2020.

Tercero.- En cuanto al informe pericial aportado con la contestación a la demanda para demostrar que el contrato que ha dado lugar al litigio no produce en efecto de bola de nieve, y que no es muy oneroso para la actora, procede decir que no merece credibilidad, puesto que en los cálculos de las tablas 7 y 8 no se ha utilizado la TAE-1,83% mensual-, como debería hacerse, en tanto que representa el coste total del crédito, sino solamente el tipo de interés mensual del 1,75%.

Efectivamente, la TAE comprende:

1.º Tipo de Interés Nominal (TIN), que es el porcentaje básico que el banco cobra por prestar el dinero, sin considerar otros costos.

2.º Comisiones y gastos, en los que deben incluirse cargos como comisiones de apertura, estudio, gestión y otros costos obligatorios asociados al producto financiero de que se trate.

3.º La frecuencia de liquidación de intereses, es decir, cuántas veces al año se calculan y pagan los intereses (mensual, trimestral, anual, etc.).

4.º El plazo de la operación, es decir, el tiempo total de duración del préstamo o producto financiero para su cálculo.

Consecuentemente, siendo nulo el régimen de amortización del contrato este no puede subsistir, y sin él, pues no existe una norma que regule supletoriamente ese régimen, y es patente que, estando como estamos ante un contrato de crédito con devolución aplazada, sin régimen de aplazamiento el contrato queda completamente desnaturalizado. Por esta razón, el entero contrato es nulo, y no solo alguna de sus cláusulas. Las consecuencias de esa nulidad son las previstas en el artículo 1.303 del Código Civil, de modo que el titular de la tarjeta debe devolver todo el dinero del que dispuso más el interés legal desde cada disposición, y la concedente del crédito debe devolver todo lo que, con exceso del capital, recibió por cualquier concepto más el interés legal desde cada cobro realizado. La liquidación del saldo final se realizará en ejecución de sentencia con arreglo estas bases (AP de Cantabria, Sección 4.ª, Sentencia n.º 559/2025, de 30 de septiembre de 2025, Rec. n.º 743/2024).

Cuarto.- En cuanto a la prescripción de la acción de restitución la STS n.º 350/2025, de 5 de marzo, analiza la normativa aplicable y su propia jurisprudencia previa estableciendo los siguientes razonamientos en relación con la nulidad de los contratos usurarios y sus efectos jurídicos que pueden trasladarse a este caso:

1.º Reafirma que la declaración de nulidad de un contrato usurario es absoluta y radical lo que implica que puede ser invocada en cualquier momento sin sujeción a límites temporales destacando así su imprescriptibilidad y la imposibilidad de convalidación por el mero transcurso del tiempo.

2.º Distingue entre la imprescriptibilidad de la nulidad y la acción de restitución de las cantidades abonadas en virtud del contrato nulo, señalando que esta última tiene naturaleza personal y está sujeta al plazo de prescripción general de cinco años establecido en el artículo 1964.2 del Código Civil tras la reforma operada por la Ley 42/2015.

3.º Se determina el dies a quo para el cómputo del plazo de prescripción de la acción de restitución. En este caso, se precisa que dicha acción no nace con la celebración del contrato, sino con cada pago mensual efectuado por el titular de la tarjeta, ya que el crédito revolving implica pagos fraccionados que incluyen capital, intereses y otros gastos. Por lo tanto, la acción de restitución surge de forma individual con cada cuota pagada, por lo que el plazo de prescripción comienza a contarse a partir de la fecha de cada pago.

Como consecuencia, el prestatario tiene derecho a reclamar las cantidades pagadas en exceso dentro del periodo de cinco años anteriores a la interposición de la reclamación extrajudicial o de la demanda, ampliado en 82 días debido a la suspensión de plazos decretada por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Quinto.- En cuanto a las costas, debe aplicarse el principio del vencimiento del artículo 394.1 de la LEC, puesto que se estima la demanda sustancialmente.

Vistos los preceptos citados y demás concordantes de general aplicación

FALLO

Que debo estimar y estimo, sustancialmente, la demanda interpuesta por procuradora doña ████████, en representación de doña ████████, contra SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR, EFC, SA, representada por el procurador don ████████, y:

1.º Declaro nulo el contrato de tarjeta de crédito suscrito por las partes el 9 de diciembre de 2016, con las consecuencias especificadas en el último párrafo del fundamento de Derecho tercero de esta resolución, es decir, que la actora deberá devolver a la demandada a todo el dinero del que dispuso con más el interés legal desde cada disposición, y debiendo la demandada, a su vez, devolver a la actora todo lo que, con exceso del capital, recibió por cualquier concepto común más el interés legal desde cada cobro realizado, todo ello con el límite temporal referido en el fundamento de Derecho cuarto, es decir, dentro del periodo de cinco años anteriores a la interposición de la reclamación extrajudicial (25 de marzo de 2025), ampliado en 82 días. La liquidación del saldo final se realizará en ejecución de sentencia con arreglo estas bases.

2.º Condeno a la demandada al pago de las costas.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días a partir del siguiente a su notificación, ante la Ilma. Audiencia Provincial de Cantabria.

Así lo acuerdo, mando y firmo

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha. Doy fe.

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, las partes e intervinientes en el presente procedimiento judicial quedan informadas de la incorporación de sus datos personales a los ficheros jurisdiccionales de este órgano judicial, responsable de su tratamiento, con la exclusiva finalidad de llevar a cabo la tramitación del mismo y su posterior ejecución. El Consejo General del Poder Judicial es la autoridad de control en materia de protección de datos de naturaleza personal contenidos en ficheros jurisdiccionales.

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