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Sentencia 44/2026 de Casas-Ibáñez: obligación de entrega de contrato de tarjeta Mastercard Mas de Liberbank

Estimación íntegra · Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Casas-Ibáñez · 27 de marzo de 2026
Nº de sentencia44/2026
ÓrganoJuzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Casas-Ibáñez
CiudadCasas-Ibáñez
Fecha27 de marzo de 2026
ProcedimientoProcedimiento Ordinario 656/2025
Entidad Liberbank
Vía de nulidadOtra

El juzgado estima la demanda y condena a la entidad a entregar al cliente la copia del contrato original de la tarjeta de crédito y sus modificaciones. La resolución se basa en el derecho del consumidor a recibir información clara y en la obligación legal de las entidades de conservar y facilitar la documentación contractual.

«ESTIMO la demanda formulada por el demandante frente a la entidad demandada, y, en consecuencia: 1. Declaro la obligación de la demandada de cumplir con los deberes de información a los que se refiere la normativa sectorial respecto del contrato de tarjeta revolving suscrito entre las partes. 2. Condeno a la entidad demandada a cumplir con tales deberes de información entregando la siguiente documentación: copia del contrato ORIGINAL del crédito suscrito entre las partes junto con sus posibles modificaciones.»

Fallo de la sentencia 44/2026, Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Casas-Ibáñez
Recorte del fallo de la sentencia 44/2026 contra tarjeta de crédito revolving
Fallo de la sentencia 44/2026.

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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 1 DE CASAS-IBAÑEZ
Procedimiento Ordinario 656/2025
N.I.G.: ████████████████████
Materia: Acción individual de condiciones generales de la contratación

DEMANDANTE: D/ña. ████████████████ Procurador/a: ████████████████ Abogado/a: ████████████████
DEMANDADO: UNICAJA BANCO, S.A.U. Procurador/a: ████████████████ Abogado/a: ████████████████

SENTENCIA Nº 44/2026

En Casas-Ibáñez, a 27 de marzo de 2026.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. D. ████████████████ interpuso demanda de juicio ordinario frente a la mercantil UNICAJA BANCO, S.A., ejercitando las acciones referidas en base a los hechos que relata en la misma. Después de alegar derecho terminó suplicando se dictase sentencia por la que se declarase la obligación de la demandada de cumplir con los deberes de información a los que se refiere la normativa sectorial respecto del contrato de tarjeta revolving suscrito entre las partes; así como el correlativo incumplimiento por parte de la entidad demandada de dichos deberes de información, y en consecuencia, que se condenase a la entidad demandada a cumplir con tales deberes de información entregando la siguiente documentación: 1. Copia del contrato ORIGINAL del crédito suscrito entre las partes junto con sus posibles modificaciones que se hayan producido durante la vida del contrato.
Todo ello con expresa imposición de costas.

SEGUNDO. Admitida a trámite la demanda, se dio traslado de esta a la demandada, que la contestó en términos de oposición. Solicitó la íntegra desestimación de la demanda y la imposición de costas a la actora.

TERCERO. Llegado el día, tuvo lugar la celebración de la audiencia previa a la que comparecieron debidamente las partes. En ella se intentó, sin éxito, llegar a un acuerdo. Posteriormente, las partes ratificaron sus pretensiones, se resolvieron las excepciones procesales planteadas, se fijaron los hechos controvertidos y se recibió el procedimiento a prueba, proponiéndose únicamente prueba documental y quedando así los autos vistos para sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. La parte actora, en calidad de consumidor y titular de una tarjeta de crédito revolving contratada con la entidad demandada, presentó demanda de juicio ordinario en la que solicitaba que se declarara la obligación de la entidad financiera demandada de entregar copia del contrato de tarjeta de crédito suscrito entre las partes. El actor justificó su pretensión en el derecho que le asiste como consumidor a obtener copia del contrato y la documentación económica relacionada con el producto financiero contratado, invocando al efecto la normativa sectorial en materia de transparencia bancaria (Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre; Orden ECE/1263/2019, de 26 de diciembre; Ley 16/2011, de contratos de crédito al consumo).

La entidad financiera demandada se opone a la pretensión del actor, negando la existencia de incumplimiento alguno en materia de entrega de documentación. Plantea carencia de objeto afirmando que la petición ya fue atendida tras reclamación extrajudicial del demandante.

SEGUNDO. De este modo, conforme al art. 8.1.d) del TRCU es un derecho básico del consumidor obtener información detallada y correcta sobre los diferentes bienes y servicios. Este mismo texto legal obliga a los empresarios a facilitar información no solo sobre los bienes o servicios ofertados, sino también sobre los contratados, debiendo dar respuesta a las reclamaciones recibidas en el plazo más breve posible y, en todo caso, en el plazo máximo de un mes desde la presentación de la reclamación.

La STS 547/2021, de 19 de julio, considera que la obligación de entrega de documentación contractual es una prestación accesoria que permite al cliente verificar el contenido y cumplimiento del contrato (art. 1258 CC), pero su exigibilidad está condicionada a la conservación efectiva de los documentos, la cual está regulada por normas específicas que establecen un plazo de seis años; además, la prescripción de las acciones personales no puede extender la obligación de conservación documental más allá de ese plazo, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la normativa aplicable.

En el mismo sentido, el legislador comunitario en los considerandos de las Directivas en las que aparece el término "soporte duradero" declara su intención de que el uso de los medios tecnológicos no sirva como disculpa para mermar el derecho de los consumidores a tener cumplida información de determinadas cuestiones en los procesos de contratación en línea (Directiva 1997/7/CEE, relativa a la protección de consumidores en los contratos a distancia y Directiva 2008/48/CE, relativa a los contratos de crédito).

Esta normativa pretende garantizar un elevado nivel de protección al consumidor, en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad con respecto al profesional, tanto en lo referente a la capacidad de negociación como al nivel de información (STJUE 11 noviembre 2019, Lexitor, C-383/18, y las que cita). Así, el art. 16, apartado 1, de la Directiva 2008/48, vincula la posibilidad de que el consumidor ejerza los derechos relativos al contrato de crédito con el acceso a la información relativa a dicho contrato. De ello se desprende, como señala la STJUE 12 octubre 2023, C-326/22, que la obligación de información incluye entre otras, la obligación del prestamista de transmitir al consumidor una copia del contrato de crédito y toda la información relativa al mismo con el fin de permitirle presentar una eventual demanda en reclamación de algún derecho derivado del mismo, sea en papel o en otro soporte duradero (art. 10.1 Directiva 2008/48). En la medida en que la posesión efectiva de esos documentos y de la información que contienen es indispensable para tales fines, la entrega por parte del prestamista de una copia de estos al consumidor que ya no disponga de ellos, por lo que fuere, como señala el demandante en nuestro caso, debe erigirse, igualmente, en obligación.

La normativa sectorial en nuestro ordenamiento jurídico no se aparta de las Directivas citadas pudiendo citar al efecto la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, sobre transparencia y protección del cliente en servicios bancarios, y la reciente Orden ETD 699/2020, de 20 julio, de regulación del crédito revolvente que puede servir de criterio hermenéutico para la resolución del presente, a la vista de que su entrada en vigor es posterior a la fecha de celebración del contrato (D. final 2ª). Esta Orden detalla obligaciones en materia de transparencia que aseguran que, tanto antes de prestar su consentimiento, como durante toda la vigencia del contrato (art. 33 sexies), los clientes comprenden correctamente las consecuencias jurídicas y económicas de estos productos, y evitando, en último término, que el desconocimiento sobre su funcionamiento y consecuencias económicas puedan conducirles a niveles de endeudamiento excesivo en algunos casos (EM II). Al tiempo, trata de reforzar la información que el prestatario recibe de la entidad, en el momento previo a la contratación, en el momento de realizarse esta y durante la vigencia del contrato. Esto ayudará al prestatario a contar con un conocimiento claro y específico del contenido y efectos asociados al servicio que va a contratar, así como a conocer periódicamente con precisión la deuda que mantiene con la entidad (EM III). Y, por supuesto, a facilitarle el ejercicio de sus derechos en orden al contrato.

Tampoco la utilización del sistema multicanal contratado por el cliente "Línea Abierta" exime al banco de sus obligaciones documentales conforme a la citada STJUE 12 octubre 2023, C-326/22. El cliente tiene derecho a obtener un soporte documental del contrato de crédito y toda la información relativa al mismo que puede no estar disponible a través del sistema informático, o no tenerlo contratado, o simplemente disponiendo de ello prefiere que sea el propio banco quien se lo entregue para mayor certeza y seguridad. En suma, si el propio banco cesionario dice que no fue parte en el contrato primigenio y no dispone del original como puede pretender que el cliente disponga de la documentación por vía telemática (SAP de Tarragona, de 17 de diciembre de 2025).

En cuanto a la obligación de entrega de la documentación solicitada y si ello ha de realizarse sin coste alguno debemos traer a colación la STS de 19 de julio de 2021, que dispone: "La norma sexta de la Circular del Banco de España núm. 8/1990, de 7 de septiembre, a Entidades de Crédito, sobre transparencia de las operaciones y protección de la clientela y del artículo 15 del Real Decreto 629/1993, de 3 de mayo, sobre normas de actuación en los mercados de valores y registros obligatorios) y el artículo 63 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establecen la obligación de entrega del documento contractual referido a la operación de que se trate. Esas normas sobre obligación de entrega de los contratos han sido seguidas de otras, en ocasiones específicas para determinados ámbitos de la contratación bancaria (entre otras, art. 13 de la Orden EHA/1608/2010, de 14 de junio, sobre transparencia de las condiciones y requisitos de información aplicables a los servicios de pago, derogada por la Orden ECE/1263/2019, de 26 de diciembre, sobre transparencia de las condiciones y requisitos de información aplicables a los servicios de pago; art. 7.1 de la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios; o el artículo 16 de la Ley 16/2011, de 24 de junio de contratos de crédito al consumo).(...) Estas normas no establecen las consecuencias jurídico-privadas del incumplimiento por parte de las entidades de esta obligación, pero no cabe duda de que la entrega de la documentación contractual es exigible (arts. 1258 y 1096 del CC). Y añade que 'La obligación de entrega del contrato es una prestación legal accesoria o complementaria de las obligaciones asumidas contractualmente por las entidades que sirve para probar la existencia del contrato y su contenido (artículo 1258 CC). La finalidad de esta normativa que impone la obligación de entrega del documento contractual es permitir que el cliente pueda comprobar que se ha plasmado de manera correcta lo acordado, tenga constancia de lo contratado y pueda comprobar durante la ejecución del contrato si se está cumpliendo adecuadamente.' Es decir, la disposición se condicionaba al pago de una previa comisión de dudosa exigibilidad, pues no cabe exigir el pago de un servicio que aún no ha sido prestado y al que resultaba obligada conforme a la normativa que anteriormente ha sido expuesta.

En el presente caso, como consecuencia de lo anterior, resulta obvio que los argumentos esgrimidos por la demanda en su contestación no son de recibo. A la parte demandada le compete la conservación de los documentos y su entrega a la demandante como parte en el contrato. Consta acreditado en autos la remisión por parte del demandante de un requerimiento extrajudicial fehaciente y justificado de entrega de la documentación, que no fue atendido en su totalidad por la entidad demandada con anterioridad a la interposición de la demanda. En efecto, la parte actora aporta la reclamación cursada el 26 de abril de 2025 al Servicio de Atención al Cliente de la entidad, en la que se solicitó de forma concreta y detallada la entrega de la documentación contractual y económica relativa a la tarjeta de crédito. Asimismo, se ha incorporado la respuesta de la entidad de 16 de mayo de 2025 (documento nº3) en la que, a entidad demandada respondió de manera parcial e insuficiente, limitándose a remitir un cuadro de amortización y tres liquidaciones, sin aportar copia del contrato, sin que de las actuaciones resulte la efectiva remisión de la documentación solicitada ni justificación válida del incumplimiento.

Tal secuencia, unida a la ausencia de prueba por la demandada de haber satisfecho la solicitud en tiempo y forma, permite tener por acreditado tanto el requerimiento como su falta de atención, a los efectos del artículo 217 LEC sobre la carga de la prueba y en coherencia con los deberes de transparencia y de información al cliente que pesan sobre la entidad.

Por todo lo expuesto, procede la íntegra estimación de la demanda.

TERCERO. Normativa general aplicable.

El artículo 7 de la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, dispone que: “1. Las entidades de crédito deberán entregar al cliente el correspondiente ejemplar del documento contractual en que se formalice el servicio recibido. 2. Las entidades de crédito deberán conservar el documento contractual y poner a disposición del cliente copia de este siempre que éste lo solicite.

Por su parte, el artículo 33 quinquies de la Orden ETD/699/2020, de 24 de julio, de regulación del crédito revolvente refiere lo siguiente “1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8, en el caso de disposición de crédito señalado en el artículo 33 bis la entidad deberá suministrar al cliente con periodicidad al menos trimestral la siguiente información:

a) El importe del crédito dispuesto, para lo que la entidad deberá tener en cuenta las posibles cuotas devengadas y los intereses generados pendientes de liquidación;

b) El tipo deudor.

c) La modalidad de pago establecida, señalando expresamente el término «revolving» e indicando la cuota fijada en ese momento para la amortización del crédito.

d) La fecha estimada en la que el cliente terminará de pagar el crédito dispuesto, teniendo en cuenta la cuota de amortización establecida en ese momento. En particular, se comunicará al cliente:

1.º la fecha en la que el cliente terminaría de pagar el crédito dispuesto si no se realizasen más disposiciones ni se modificase ningún otro elemento del contrato; y

2.º la cuantía total, desglosando principal e intereses, que acabaría pagando el cliente por el crédito dispuesto si no se realizasen más disposiciones ni se modificase la cuota.

La entidad advertirá de que la estimación realizada corresponde al crédito dispuesto en una fecha de referencia, teniendo en cuenta la cuota de amortización y el tipo deudor establecidos en ese momento.

2. Cuando coexistan en el periodo de liquidación distintas modalidades de pago mediante las cuales se estén reembolsando las disposiciones efectuadas bajo un mismo límite de crédito, la entidad facilitará la información señalada en el apartado 1 de forma desglosada para cada modalidad de pago acordada conforme a lo previsto en el contrato.

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, el documento de liquidación que deben facilitar las entidades al prestatario con arreglo a lo previsto en el artículo 8.3 recogerá la información requerida en la normativa aplicable de forma desglosada para cada modalidad de pago establecida en el periodo de liquidación, de forma que este pueda verificar y comprender adecuadamente la liquidación efectuada.

3. Cuando con posterioridad a la contratación del crédito señalado en el artículo 33 bis la cuantía de la cuota de amortización sea inferior al porcentaje establecido en el artículo 18.2.e), la entidad añadirá la siguiente información a la señalada en el apartado 1:

a) Ejemplos de escenarios sobre el posible ahorro que representaría aumentar el importe de la cuota por encima de la establecida en ese momento. En particular, se comunicará al cliente la fecha en la que terminaría de pagar el crédito dispuesto y la cuantía total que acabaría pagando en el caso de aumentar un 20, un 50 y un 100 por cien la cuota actual.

b) El importe de la cuota mensual que permitiría liquidar toda la deuda en el plazo de un año”.

Finalmente, el artículo 33 sexies establece que “1. Cuando el cliente así lo solicite, la entidad le facilitará en el plazo máximo de 5 días hábiles la siguiente información en relación con el crédito señalado en el artículo 33 bis:

a) Cualquiera de los extremos señalados en el artículo anterior.

b) Las cantidades abonadas y la deuda pendiente. La entidad facilitará al cliente un detalle lo más completo posible del crédito dispuesto, a fin de que pueda verificar la corrección del importe adeudado o reclamado y su composición. Salvo que el cliente indique otra cosa, la información incluirá las fechas, importes y conceptos de los pagos efectuados, desglosará la cantidad pendiente de pago en concepto de principal, intereses acumulados y comisiones devengadas por distintos conceptos.

c) El cuadro de amortización; la entidad advertirá claramente que el cuadro de amortización se elabora para el saldo dispuesto, en una fecha de referencia y con la cuota establecida en ese momento.

2. Cuando se amplíe el límite del crédito señalado en el artículo 33 bis, la entidad deberá comunicar al cliente de forma individualizada, con una antelación mínima de 1 mes:

a) El nuevo límite.

b) La cuantía de la deuda acumulada hasta ese momento.

c) La nueva cuota que deberá pagar, en su caso.

y d) La información prevista en el artículo 33 quinquies.2, en su caso.

No obstante, no será necesario realizar esta comunicación cuando la entidad autorice excepcionalmente y de forma unilateral disposiciones del crédito referido en el artículo 33 bis por encima del límite del crédito concedido, siempre que sea por un importe inferior al 25% de dicho límite y que el importe dispuesto por encima del límite se incluya en su totalidad en la cuota correspondiente a la siguiente liquidación del crédito, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 16/2011, de 24 de junio, en relación con los excedidos tácitos.

3. Cuando haya transcurrido más de un año entre el momento de la contratación y el de la activación del crédito a que se refiere el artículo 33 bis, la información normalizada europea y el ejemplo representativo de crédito señalados en el artículo 33 ter.1 se suministrarán al cliente de nuevo en el momento de su activación”.

CUARTO. Las costas causadas se imponen a la demandada vencida conforme al artículo 394.1 LEC.

FALLO

ESTIMO la demanda formulada por D. ████████████████ frente a la entidad UNICAJA BANCO, S.A., y, en consecuencia: 1. Declaro la obligación de la demandada de cumplir con los deberes de información a los que se refiere la normativa sectorial respecto del contrato de tarjeta revolving suscrito entre las partes; así como el correlativo incumplimiento por parte de la entidad demandada de dichos deberes de información. 2. Condeno a la entidad demandada a cumplir con tales deberes de información entregando la siguiente documentación: copia del contrato ORIGINAL del crédito suscrito entre las partes junto con sus posibles modificaciones que se hayan producido durante la vida del contrato.

Las costas causadas se imponen a la parte demandada.

Así por esta mi sentencia, contra la que cabe recurso de apelación en el plazo de veinte días siguientes a su notificación ante la Ilma. Audiencia Provincial de Albacete.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.

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