Sentencia real · falta de transparencia · primera instancia

Sentencia 138/2023 de Ortigueira: nulidad por falta de transparencia de tarjeta de tarjeta Popular-e

Estimación parcial · Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ortigueira · 2 de noviembre de 2023
Nº de sentencia00138/2023
ÓrganoJuzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ortigueira
CiudadOrtigueira
Fecha2 de noviembre de 2023
ProcedimientoProcedimiento Ordinario 0000018/2023
Entidad WiZink
Vía de nulidadOtra

La sentencia condena a Wizink Bank a devolver a nuestro cliente los intereses y comisiones que le cobraron de más desde el principio del contrato. El juzgado declara la nulidad del contrato de tarjeta de crédito por falta de incorporación y transparencia de las condiciones generales, condenando a la entidad a la restitución de las cantidades cobradas en exceso sobre el capital dispuesto.

«Declaro la nulidad del contrato de tarjeta de crédito, suscrito en fecha 11 de septiembre de 2012, por indebida incorporación de las condiciones generales, con los efectos inherentes a tal declaración. Condeno a la parte demandada a fin de que reintegre a la actora cuantas cantidades abonadas durante la vida de la tarjeta excedan a la cantidad de capital dispuesto.»

Fallo de la sentencia 00138/2023, Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ortigueira
Recorte del fallo de la sentencia 00138/2023 contra Bancopopular-e
Fallo de la sentencia 00138/2023.

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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 1 DE ORTIGUEIRA
SENTENCIA: 00138/2023
N.I.G.: ████████████████████
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000018/2023
Sobre: RESTO. ACCIO. INDV. CONDIC. GNRLS. CONTRATACION

DEMANDANTE: D/ña. ████████████████████
Procurador/a: Sr/a. ████████████████████
Abogado/a: Sr/a. ████████████████████
DEMANDADO: WIZINK BANK S.A.
Procurador/a: Sr/a. ████████████████████
Abogado/a: Sr/a. ████████████████████

S E N T E N C I A

JUEZ QUE LA DICTA: ████████████████████.
Lugar: ORTIGUEIRA.
Fecha: dos de noviembre de dos mil veintitrés.

Doña ████████████████████, jueza sustituta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ortigueira, ha visto los autos de juicio ordinario número 18/2023, promovidos por doña ████████████████████, representada por el Procurador Sr. ████████████████████ y asistida por el Letrado Sr. ████████████████████, contra WIZINK BANK S.A., representado por la procuradora Sra. ████████████████████ y asistido por la Letrada Sra. ████████████████████, sobre condiciones generales de la contratación.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El 16 de enero de 2023 la parte demandante presentó demanda de juicio ordinario frente a la parte demandada.

La parte actora interesa que se dicte sentencia por la que:

1.- Se declare la nulidad del contrato de tarjeta de crédito suscrito entre la actora y la entidad demandada, por el carácter usurario de las condiciones generales contenidas en dicho contrato que establecían el interés mensual para el fraccionamiento de pago, la comisión por reclamación de posiciones deudoras y el interés anual para compras.

Por lo que, con carácter principal, que se declare la nulidad del crédito TARJETA WIZINK, de contrato de tarjeta, suscrito con la entidad demandada (DOCUMENTO nº 1), con las consecuencias previstas en el art. 3 de la Ley de Represión de la Usura, esto es, el prestatario estará obligado a entregar sólo la suma recibida, debiendo la entidad demandada imputar el pago de todas las cantidades satisfechas por conceptos diferentes al importe prestado, es el caso de los intereses, comisiones y seguros que se hubieran cobrado, a minorar la deuda y, en caso de resultar sobrante, devolverlo al actor, cuantía a determinar en ejecución de Sentencia, con el interés legal desde la fecha en que se detrajeron dichas cantidades de la cuenta del actor hasta sentencia - subsidiariamente desde la reclamación hasta Sentencia, y, desde ésta, el interés moratorio hasta completo pago. Todo ello con expresa imposición de las costas.

En consecuencia, se condene a la demandada, como consecuencia legal inherente a la declaración de nulidad por existencia de usura, de conformidad con el artículo 3 de la LRU, a abonar a la parte actora las cuantías que excedan del total del capital que le haya prestado, tomando en cuenta el total de lo ya recibido por todos los conceptos cargados y percibidos al margen de dicho capital y que ya hayan sido abonados por el demandante, con ocasión del citado documento o contrato, especialmente las cantidades cobradas por los conceptos de comisión por disposición de efectivo, intereses, comisión por reclamación de cuota impagada y cuotas de seguros asociados a la tarjeta de crédito, según se determine en ejecución de Sentencia, aportando para su correcta determinación todas las liquidaciones y extractos mensuales de la tarjeta de crédito completos y correlativos remitidos al cliente desde la fecha de suscripción del contrato hasta la última liquidación practicada, todo ello con el correspondiente interés legal desde el momento de su pago e incrementado en dos puntos desde el dictado de la sentencia, en virtud del artículo 576 de la LEC;

3) Se condene a la demandada al pago de las costas de este proceso.

Para el caso de que no se entienda que el contrato es nulo por establecer un interés usurario, con carácter subsidiario:

1.- Se declare LA NULIDAD POR ABUSIVIDAD POR FALTA DE TRANSPARENCIA Y POR NO SUPERAR EL CONTROL DE INCORPORACIÓN como condiciones generales de contratación de la cláusula relativa a la fijación del tipo de interés remuneratorio (interés mensual), de la cláusula relativa a la comisión por posiciones deudoras del crédito TARJETA CITADA, suscrito con la entidad demandada, y, en consecuencia, se tengan por no puestas, y, subsidiariamente, su nulidad y que se tengan por no puestas por abusivas las cláusulas relativas al interés de demora, remuneratorio y comisión por reclamación de posiciones deudoras.

2.- Que se condene a la entidad demandada a estar y pasar por dicha declaración y las elimine del contrato, dejando subsistente el resto del contrato.

3.- Que, como consecuencia de lo anterior, se condene a la entidad demandada a imputar el pago de todos los intereses y comisiones que se hubieran cobrado en virtud de la aplicación de las cláusulas declaradas nulas a minorar la deuda y, en caso de resultar sobrante, devolverlo al actor, cuantía a determinar en ejecución de Sentencia, con el interés legal desde la fecha en que se detrajeron dichas cantidades de la cuenta del actor hasta su determinación.

4.- Se condene a la demandada al abono de las costas causadas y que se causen en este procedimiento.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se emplazó a la parte demandada para personarse y contestar. La parte demandada solicita la desestimación íntegra de la demanda, con imposición de costas a la parte actora.

TERCERO.- El 30 de octubre de 2023 tuvo lugar la audiencia previa en la que comparecieron los letrados y los procuradores de las partes.

Parte actora y parte demandada propusieron prueba documental.

Toda la prueba fue admitida y practicada, con el resultado que obra en las actuaciones. A continuación, las partes formularon conclusiones orales y quedaron los autos vistos para Sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La parte actora ejercita una acción individual de nulidad de las condiciones generales de la contratación contra la entidad bancaria demandada. Interesa que se declare la nulidad del contrato por usurario y, de forma subsidiaria, por falta de transparencia. Alega la parte demandante que el contrato es prácticamente ilegible y que concurre falta de transparencia, siendo abusivas las siguientes cláusulas:

1) Interés mensual para fraccionamiento de pago (pago fácil) (26,82% TAE).

2) Comisión por reclamación de posiciones deudoras: 35 euros por cada posición deudora reclamada, si bien la entidad procedió a cobrar comisiones más altas, a pesar de lo reflejado.

3) Comisión por exceso de límite: 20 euros.

Por su parte, el banco demandado se opone porque para poder analizar si el contrato suscrito supera los controles de incorporación y transparencia y si contiene cláusulas abusivas, debe aportarse el contrato correspondiente, incumpliendo la parte actora su deber de justificar la relación contractual así como la fecha de contratación de la tarjeta. Así mismo, considera que la TAE contractual del caso en autos no es usuraria y que la tarjeta de crédito supera el doble control de transparencia.

En primer lugar, en lo que concierne a la ausencia de aportación del contrato por la parte actora, cabe destacar la SAP de Badajoz 540/2023, de 1 de septiembre, la cual determina que planteado el debate en estos términos, donde el recurso se basa exclusivamente en que la inexistencia del contrato impide la declaración de nulidad por usura que establece la sentencia y que la carga de su aportación correspondía a la actora, debe ser inmediatamente rechazado por aplicación de doctrina jurisprudencial, de la que es buena muestra la STS de 19/07/2021, rec 4983/2018, que determina la obligación de la entidad de entregar el contrato, y también aportarlo a los autos decimos nosotros, al tratarse de una prestación legal accesoria o complementaria de las obligaciones asumidas contractualmente por las entidades financieras que sirve para probar la existencia del contrato y su contenido (art. 1258 CC) y que tiene por finalidad permitir que el cliente pueda comprobar que se ha plasmado de manera correcta lo acordado y tenga constancia de lo contratado y pueda comprobar durante la ejecución del contrato si se está cumpliendo adecuadamente.

Esta doctrina es especialmente de aplicación en casos, como el que nos ocupa, en el que extrajudicialmente, y antes de interponer la demanda, se requiere expresamente la entrega del contrato y la liquidación detallada, sin que la entidad haya cumplido dicho requerimiento.

Para resolver esta cuestión, procede traer a colación las reglas de la carga de la prueba contempladas en el artículo 217 de la LEC. A tenor de su apartado 7º, referente a la facilidad probatoria, “para la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo el tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio”. En el hipotético supuesto de que ninguno de los litigantes aportase el contrato litigioso, si la parte actora interpone demanda pretendiendo la nulidad de un contrato de tarjeta, por la abusividad de sus condiciones y el carácter usurero de los intereses aplicados, a ella le corresponde principalmente la carga de aportar el contrato (artículo 265.1.1º de la LEC). No obstante, ha sido la entidad bancaria demandada la que ha proporcionado el contrato, pudiendo esta Juzgadora entrar a conocer del fondo del asunto.

Por consiguiente, a pesar de que la parte demandante no haya aportado a las actuaciones el documento contractual, por burofax emitido en fecha 10 de febrero de 2020, la demandante requirió al banco demandado a fin de que remitiese copia del contrato original de la tarjeta de crédito. Igualmente, trata de acreditar la existencia del vínculo contractual con los extractos de las operaciones (documentos núms. 1 y 2 del escrito rector de demanda). Es conveniente recordar que las entidades financieras tienen la obligación de conservar el documento contractual y de poner una copia a disposición del cliente, siempre que lo solicite (artículo 7 Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios).

En segundo lugar, en lo que se refiere a la petición inicial de nulidad del contrato por usura, el artículo 1 de la Ley de la usura establece que “Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales. Será igualmente nulo el contrato en que se suponga recibida mayor cantidad que la verdaderamente entregada, cualesquiera que sean su entidad y circunstancias.

Será también nula la renuncia del fuero propio, dentro de la población, hecha por el deudor en esta clase de contratos”.

Para analizar la prosperabilidad de la pretensión principal debemos atenernos a la doctrina de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en sus Sentencias de 25 de noviembre de 2015 (recurso nº 2341/2013), 4 de marzo de 2020 (recurso nº 4813/2019), 4 de mayo de 2022 (recurso nº 812/2019), 4 de octubre de 2022 (recurso nº 2108/2019) y 15 de febrero de 2023 (recurso nº 5790/2019).

Es doctrina jurisprudencial consolidada la que determina que el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados. Para determinar si el préstamo, crédito u operación similar es usurario, el interés con el que ha de realizarse la comparación es el «normal del dinero». Para establecer lo que se considera «interés normal» puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas. No es correcto utilizar como término de comparación el interés legal del dinero(...).

La STS 149/2020, de 4 de marzo, señala que “debe utilizarse el tipo medio de interés, en el momento de celebración del contrato, correspondiente a la categoría a la que corresponda la operación crediticia cuestionada. Y si existen categorías más específicas dentro de otras más amplias (como sucede actualmente con la de tarjetas de crédito y revolving, dentro de la categoría más amplia de operaciones de crédito al consumo), deberá utilizarse esa categoría más específica, con la que la operación crediticia cuestionada presenta más coincidencias (duración del crédito, importe, finalidad, medios a través de los cuáles el deudor puede disponer del crédito, garantías, facilidad de reclamación en caso de impago, etc.), pues esos rasgos comunes son determinantes del precio del crédito, esto es, de la TAE del interés remuneratorio”.

En la Sentencia 367/2022, de 4 de mayo, la Sala reitera su doctrina sobre la utilización como término de referencia de la categoría estadística específica del revolving. Sin perjuicio de que en el caso concreto analizado, el resultado del juicio comparativo viniera condicionado por los hechos acreditados en la instancia: i) en las fechas próximas a la suscripción del contrato litigioso, celebrado en 2006, la TAE aplicada por las entidades bancarias a las operaciones de tarjeta de crédito con pago aplazado era frecuentemente superior al 20%; ii) también era habitual que las tarjetas revolving contratadas con grandes entidades bancarias superasen el 23%, 24%, el 25% y hasta el 26% anual; iii) y la TAE de la tarjeta revolving contratada por la recurrente era del 24,5% anual. Sobre la base de estos hechos probados, la Sala confirmó que la conclusión alcanzada por la Audiencia de que el interés remuneratorio no era usurario, no vulneraba la Ley de Usura y la jurisprudencia que lo interpreta, pues el tipo de interés de la tarjeta estaba muy próximo al tipo medio de las operaciones con las que más específicamente comparte características.

La sentencia 643/2022, de 4 de octubre, resuelve un pleito en que el contrato era de 2001, cuando no existía una estadística específica de referencia en las tablas del Banco de España, y el interés remuneratorio pactado era el 20,9% TAE. Señala que “aunque en el año 2001 no se publicaba todavía por el Banco de España el tipo medio de las operaciones revolving, el tipo medio de productos similares era superior a la citada cifra”.

E insiste en que “no es correcto aplicar los porcentajes referidos a créditos al consumo, sino otros productos más similares a los créditos revolving como las tarjetas recargables o de las de pago aplazado, que en la fecha de celebración del contrato tenían un interés medio del 24,5% anual y en la década 1999/2009, osciló entre el 23% y el 26%; en todo caso, siempre en un rango superior al interés pactado en el caso litigioso”.

Por último, la reciente STS 258/2023, de 15 de febrero, fija doctrina, no sólo con respecto al tipo de interés que debe tomarse como referencia para efectuar la pertinente comparación, sino también en relación a los puntos porcentuales o el porcentaje en que puede superar la TAE del contrato al tipo medio de referencia, para que no se considere un interés notablemente superior al normal del dinero. Habrá usura si la diferencia entre el tipo medio de mercado y el convenido es superior a 6 puntos porcentuales.

Así las cosas, el Alto Tribunal afirma que “para los contratos posteriores a que el boletín estadístico del Banco de España desglosara un apartado especial a este tipo de créditos, en junio de 2010, puede acudirse a la información suministrada en esta estadística para conocer cuál era ese interés medio en aquel momento en que se concertó el contrato litigioso, con alguna advertencia: el índice analizado en esos boletines estadísticos no es la TAE, sino el TEDR (tipo efectivo de definición restringida), que equivale a la TAE sin comisiones; de manera que si a ese TEDR se le añadieran las comisiones, el tipo sería ligeramente superior, y la diferencia con la TAE también ligeramente menor, con el consiguiente efecto respecto de la posibilidad de apreciar la usura. Respecto de los contratos anteriores a junio de 2010, sin perjuicio de la prueba concreta que pudiera practicarse en el pleito, con carácter general podía acudirse a la información específica más próxima en el tiempo. Esta es la que se ofreció en 2010.

Según el boletín estadístico el tipo medio TEDR ese año estaba en el 19,32. Lógicamente, la TAE, al agregar las comisiones, sería ligeramente superior (entre 20 y 30 centésimas, en los niveles de interés que nos movemos). A falta de un criterio legal sobre el margen superior aceptable para no incurrir en usura, ante las exigencias de predecibilidad en un contexto de litigación en masa, el tribunal acuerda fijar un criterio, aplicable solo a este tipo de contratos de tarjeta de crédito en la modalidad revolving, en que hasta ahora el interés medio se ha situado por encima del 15%: el tribunal considera más adecuado seguir el criterio de que la diferencia entre el tipo medio de mercado y el convenido sea superior a 6 puntos”.

Pues bien, aplicando la anterior doctrina al supuesto aquí enjuiciado, debemos de partir de los datos que facilita el Banco de España en su boletín estadístico. En el caso obrante en autos, el contrato de crédito al consumo mediante tarjeta de crédito revolving es de fecha 11 de septiembre de 2012. La TAE pactada es del 26,82% (TIN 24%). La página web del Banco de España refleja un tipo TEDR medio para las tarjetas revolving en el año 2012 del 20,90%. Si a ese porcentaje le sumamos 30 centésimas, obtenemos una cifra del 21,2%, que, comparada con la TAE del contrato, 26,82%, no implica una diferencia superior a los 6 puntos a los que alude la doctrina del Tribunal Supremo para considerar que estamos ante un interés usurero.

Por todo lo expuesto, la pretensión principal debe ser desestimada.

SEGUNDO.- Subsidiariamente, la parte demandante solicita que se declare la nulidad del contrato por abusividad, en base a la falta de transparencia y no superación del control de incorporación de la cláusula de intereses remuneratorios.

El interés remuneratorio es un elemento esencial del contrato de préstamo. Únicamente se analizará la abusividad cuando no supere el doble control de transparencia formal y material. Se supera el control de transparencia formal o de incorporación cuando la cláusula está incorporada al contrato y no es ilegible, ambigua o incomprensible. En lo que concierne a la transparencia material o de transparencia estricta, es insoslayable que el consumidor pueda comprender el alcance de la obligación que asume por dicha cláusula.

Para resolver esta cuestión procede traer a colación el artículo 5.5 de la Ley sobre condiciones generales de la contratación 7/1998, de 13 de abril, el cual preceptúa que “la redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez. Las condiciones incorporadas de modo no transparente en los contratos en perjuicio de los consumidores serán nulas de pleno derecho”.

Sobre el control de transparencia, la SAP de A Coruña 204/2020, de 30 de junio, indica que El control de transparencia es un plus sobre el control de incorporación, y consiste en la comprensibilidad de la carga jurídica y económica de la condición general de la contratación para el consumidor (en este caso solo opera entre profesional y consumidor, nunca entre profesionales); que el adherente pueda conocer con sencillez tanto la carga económica que realmente le supone el contrato celebrado, esto es, el sacrificio patrimonial realizado a cambio de la prestación económica que quiere obtener, como la carga jurídica del mismo, es decir, la definición clara de su posición jurídica tanto en lo elementos típicos que configuran el contrato celebrado, como en la asignación de los riesgos del desarrollo del mismo; que ese plus de información que permita al consumidor adoptar su decisión de contratar con pleno conocimiento de la carga económica y jurídica que le supondrá concertar el contrato, sin necesidad de realizar un análisis minucioso y pormenorizado del contrato.

El filtro del control de incorporación, previsto en los artículos 5 y 7 de la LCGC, hace referencia a la comprensibilidad gramatical y semántica de la cláusula. Para superarlo debe tratarse de una cláusula con una redacción clara, concreta y sencilla, que permita una comprensión gramatical normal y que el adherente haya tenido oportunidad real de conocer al tiempo de la celebración del contrato.

La Circular 5/2012, de 27 de junio, del Banco de España, a entidades de crédito y proveedores de servicios de pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos, prevé que “la letra a utilizar en los documentos de información previa debe tener un tamaño apropiado para facilitar su lectura y que, en todo caso, la letra minúscula que se emplee no podrá tener una altura inferior a un milímetro y medio” (norma novena).

La STS 996/2020, de 23 de diciembre, con expresa mención a la STS de 9 de mayo de 2013 dictamina que las cláusulas que conforman el objeto principal del contrato están excluidas del control de abusividad, siempre que dichas cláusulas se hayan redactado de manera clara y comprensible (artículo 4.2 de la Directiva 93/13).

En este sentido, es doctrina jurisprudencial consolidada la que entiende que el adherente debe poder conocer con sencillez tanto la carga económica que realmente le supone el contrato celebrado, esto es, el sacrificio patrimonial realizado a cambio de la prestación económica que quiere obtener, como la carga jurídica del mismo, es decir, la definición clara de su posición jurídica tanto en los elementos típicos que configuran el contrato celebrado, como en la asignación de los riesgos del desarrollo del mismo” (STS 784/2021, de 15 de noviembre).

Matiza la STS 395/2021, de 9 de junio, que Como hemos declarado en las sentencias 241/2013, de 9 de mayo, y 314/2018, de 28 de mayo, el control de incorporación o inclusión es, fundamentalmente, un control de cognoscibilidad.

Lo que requiere, en primer lugar, que el adherente haya tenido oportunidad real de conocer al tiempo de la celebración del contrato la existencia de la condición general controvertida y, en segundo lugar, que la misma tenga una redacción clara, concreta y sencilla, que permita una comprensión gramatical normal.

En el contrato de la presente litis, constan los datos personales y el número de cuenta corriente de la consumidora, su firma y la fecha de la contratación. Sin embargo, las condiciones del reglamento de la tarjeta son absolutamente borrosas e ilegibles.

En atención a lo expuesto, no podemos considerar debidamente incorporadas al contrato las condiciones de la tarjeta de crédito porque no proporcionan unas mínimas garantías de cognoscibilidad por parte del adherente. Como dice la SAP Tarragona, de 3 de marzo de 2022, un contrato en el que toda la regulación contractual se condensa en un reverso de un solo folio, de minúscula y abigarrada letra impresa, es difícil sostener siquiera que se cumpla el control de incorporación.

Además, las cláusulas tampoco superan el control de transparencia, pues a la consumidora no se le explica qué representa el tipo de interés pactado y no se le informa sobre las consecuencias económicas de la contratación.

El artículo 9 de la Ley sobre condiciones generales de la contratación 7/1998, de 13 de abril, prescribe que “1. La declaración judicial de no incorporación al contrato o de nulidad de las cláusulas de condiciones generales podrá ser instada por el adherente de acuerdo con las reglas generales reguladoras de la nulidad contractual. 2. La sentencia estimatoria, obtenida en un proceso incoado mediante el ejercicio de la acción individual de nulidad o de declaración de no incorporación, decretará la nulidad o no incorporación al contrato de las cláusulas generales afectadas y aclarará la eficacia del contrato de acuerdo con el artículo 10, o declarará la nulidad del propio contrato cuando la nulidad de aquellas o su no incorporación afectara a uno de los elementos esenciales del mismo en los términos del artículo 1261 del Código Civil”.

Añade el artículo 10 del mismo cuerpo legal que “1. La no incorporación al contrato de las cláusulas de las condiciones generales o la declaración de nulidad de las mismas no determinará la ineficacia total del contrato, si éste puede subsistir sin tales cláusulas, extremo sobre el que deberá pronunciarse la sentencia. 2. La parte del contrato afectada por la no incorporación o por la nulidad se integrará con arreglo a lo dispuesto por el artículo 1258 del Código Civil y disposiciones en materia de interpretación contenidas en el mismo”.

La consecuencia de lo expuesto es la nulidad del contrato de autos, por falta de incorporación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9.2 de la LCGC, pues el contrato no puede subsistir sin las estipulaciones no incorporadas (artículo 10 de la LCGC). Ello implica que haya de estarse a lo previsto en el artículo 1.303 del CC, con la consiguiente devolución recíproca de prestaciones. Por tanto, a la prestataria debe serle restituido lo que se le cobró de más sobre el principal financiado.

En consecuencia, debe condenarse a la demandada a la devolución de todos los importes cobrados por intereses o comisiones durante la vida del contrato, dado que sólo tiene derecho a la devolución del capital prestado, debiendo restituir todo lo que exceda del concepto estricto del mismo.

La liquidación de las consecuencias de la nulidad se solventarán en ejecución de sentencia.

La cantidad resultante devengará los intereses legales del artículo 1.108 CC desde la fecha de interposición de la demanda, así como los intereses por mora procesal del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, desde la fecha de la presente Sentencia.

Para concluir, apreciada la nulidad por falta de incorporación de las condiciones incluidas en el reglamento de la tarjeta, resulta ya innecesario analizar la abusividad de cada una de las cláusulas en particular.

TERCERO.- Costas.

En materia de costas, en virtud del principio de vencimiento objetivo del artículo 394 de la LEC, dada la estimación parcial de la demanda, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Por todo lo expuesto,

FALLO

Estimando parcialmente la demanda interpuesta por el Procurador Sr. ████████████████████, en nombre y representación de doña ████████████████████, debo declarar y declaro la nulidad del contrato de tarjeta de crédito, suscrito en fecha 11 de septiembre de 2012, por indebida incorporación de las condiciones generales, con los efectos inherentes a tal declaración.

Condeno a la parte demandada a fin de que reintegre a la actora cuantas cantidades abonadas durante la vida de la tarjeta excedan a la cantidad de capital dispuesto, lo que se determinará en ejecución de sentencia, con los intereses legales desde la fecha de interposición de la demanda y los intereses del artículo 576 de la LEC a partir de la presente Sentencia.

Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Notifíquese la presente resolución a las partes. Contra la misma podrán interponer recurso de APELACIÓN ante este Juzgado dentro del plazo de VEINTE DÍAS desde el siguiente a la notificación. Deberán exponer las alegaciones en que se base la impugnación y citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna. Del presente recurso conocerá la Audiencia Provincial de La Coruña (artículos 458 y 463 LEC en redacción dada por Ley 37/2011, de 10 de octubre).

De conformidad con la Disposición Adicional decimoquinta de la LOPJ introducida por LO 1/2009, de 3 de noviembre, para la interposición del referido recurso de apelación será necesaria la previa constitución de un depósito de CINCUENTA EUROS (50 euros) que deberá ser consignado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este órgano judicial, aportando constancia documental del mismo. No se admitirá a trámite el recurso si no se ha constituido el referido depósito.

Así lo acuerdo y firmo.

EL/LA MAGISTRADO/JUEZ

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.

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