Sentencia 00007/2020 de Ferrol: nulidad de tarjeta CEPSA Wizink

XDO. PRIMEIRA INSTANCIA N. 5 FERROL
RÚA A CORUÑA, 55 Teléfono: ████████, Fax: ████████ Equipo/usuario: BV Modelo: N04390
N.I.G.: ████████████████
ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO ████████
Procedimiento origen: / Sobre RESTO.ACCIO.INDV.CONDIC.GNRLS.CONTRATACION
DEMANDANTE D/ña. ████████████████ Procurador/a Sr/a. ████████████████ Abogado/a Sr/a. ████████████████
DEMANDADO D/ña. WIZINK BANK SA Procurador/a Sr/a. ████████████████ Abogado/a Sr/a. ████████████████

SENTENCIA: ████████

En Ferrol, a 8 de enero de 2020.

Vistos por Dª ████████████████, Magistrada del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Ferrol, los presentes autos de Juicio Ordinario nº ████████, seguidos ante este Juzgado, en los que son partes, como demandante D. ████████████████, representado por la Procuradora Sra. ████████████████ y asistido del Letrado Sr. ████████████████, y como demandada la entidad “WIZINK BANK, S.A.”, representada por la Procuradora Sra. ████████████████ y asistida del Letrado Sr. ████████████████, sobre nulidad de contrato de tarjeta de crédito por ser el interés remuneratorio usurario, subsidiariamente, sobre nulidad por falta de transparencia de las cláusulas que regulan el cobro de intereses remuneratorios y las comisiones y, de forma subsidiaria, sobre nulidad por abusividad de la estipulación contractual y/o práctica no consentida expresamente, relativa al cobro de comisiones por impagados, se procede, en nombre de S.M. el Rey, a dictar la presente sentencia

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 3 de septiembre de 2019 la representación procesal de D. ████████████████ formuló demanda de juicio ordinario contra la entidad “WIZINK BANK, S.A.”, que fue turnada a este Juzgado, conforme a las normas de reparto, en la que, tras exponer los hechos y alegar los fundamentos de Derecho que estimaba pertinentes, terminaba suplicando que, previa la tramitación correspondiente, con recibimiento del pleito a prueba, se dictase sentencia por la que, estimando íntegramente las pretensiones formuladas en la demanda: 1º) Con carácter principal: a) se declarase la nulidad del contrato de tarjeta de crédito VISA CITI(ahora WIZINK) suscrito entre el demandante y la demandada por existencia de usura en la condición general que establece el interés remuneratorio; b) se condenase a la demandada, como consecuencia legal inherente a la declaración de nulidad por existencia de usura, de conformidad con el art. 3 LRU, a abonar al demandante la cantidad que exceda del total del capital que le haya prestado, tomando en cuenta el total de lo ya recibido por todos los conceptos cargados y percibidos al margen de dicho capital y que ya hayan sido abonados por el demandante, con ocasión del citado documento o contrato, especialmente las cantidades cobradas por los conceptos de comisión por disposición de efectivo, intereses, comisión por reclamación de cuota impagada, y cuotas de seguros asociados a la tarjeta de crédito, según se determine en ejecución de sentencia, aportando para su correcta determinación, copia de todas las liquidaciones y extractos mensuales de la tarjeta de crédito, completos y correlativos, en el mismo formato que fueron originalmente remitidos al cliente, desde la fecha de suscripción del contrato, hasta última liquidación practicada, más intereses legales. 2º) Con carácter subsidiario, para el caso de no estimarse usurario el contrato: a) se declarase que las condiciones financieras generales de la tarjeta de crédito, que regulan los intereses, el pago de las cuotas y las comisiones, son nulas de pleno derecho, al no superar el control de transparencia, por lo que deben tenerse por no puestas, al no incorporarse válidamente al contrato; b) se condenase a la demandada, como consecuencia legal inherente que sigue a la declaración de no incorporación al contrato de las condiciones que regulan el cobro de intereses y comisiones por falta de transparencia, a abonar a la parte demandante la cantidad que exceda del total del capital prestado, tomando en cuenta el total abonado por todos los conceptos declarados nulos, según se determine en ejecución de sentencia, aportando para su correcta determinación, copia de todas las liquidaciones y extractos mensuales de la tarjeta de crédito, completos y correlativos, en el mismo formato que fueron originalmente remitidos al cliente, desde la fecha de suscripción del contrato, hasta última liquidación practicada, más intereses legales. 3º) Y, con carácter subsidiario, para el caso de que tampoco se declarase la no incorporación al contrato de las condiciones financieras que regulan el cobro de los intereses remuneratorios y comisiones por impago, por falta de transparencia: a) se declarase, a todos los efectos procedentes en Derecho, la abusividad y, por tanto, la nulidad radical de la estipulación contractual y/o práctica no consentida expresamente, relativa al cobro de comisiones por impagados; b) se condenase a “WIZINK BANK S.A.”, por aplicación del art. 1303 del C. Civil, a la devolución y/o restitución de las cantidades que hayan sido abonadas por el demandante en concepto de comisión por impagados, aplicadas por la entidad demandada, al contrato de tarjeta de crédito, más intereses legales, según se determine en ejecución de sentencia, aportando para su correcta liquidación, el histórico completo de extractos y liquidaciones mensuales de la tarjeta de crédito, desde la fecha de suscripción del contrato hasta la última liquidación practicada. Todo ello con expresa imposición de costas.

SEGUNDO.- Por decreto de 30 de septiembre de 2019 se admitió a trámite la demanda y se acordó emplazar a la parte demandada, con traslado de la demanda y documentación acompañada, para que la contestase en el plazo de veinte días hábiles. En fecha 6 de noviembre de 2019 la representación procesal de la entidad “WIZINK BANK, S.A.” contestó a la demanda, oponiéndose a la misma y solicitando que, tras la sustanciación del litigio por los cauces oportunos, se dictase sentencia por la que se desestimase íntegramente la demanda y se condenase a la actora al pago de las costas de este procedimiento. En los fundamentos de Derecho de su escrito de contestación, la parte demandada impugnó la cuantía del procedimiento, fijada en la demanda como indeterminada, señalando que debería fijarse en la diferencia entre la cantidad adeudada a día de hoy por el prestatario y las cantidades abonadas por los conceptos cuya nulidad interesa la parte demandante, es decir, en ████████ euros.

TERCERO.- Al acto de la audiencia previa comparecieron ambas partes, sin que fuera posible alcanzar un acuerdo sobre los extremos que eran objeto de controversia. No se impugnó la autenticidad de ninguno de los documentos aportados. Tras ser oída la parte actora acerca de la impugnación de la cuantía, se acordó mantenerla como indeterminada. Como medios de prueba, ambas partes propusieron que se diera por reproducida la documental aportada con sus respectivos escritos, por lo que, una vez admitida la prueba propuesta, se declararon los autos vistos para sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La parte actora ejercita en el presente procedimiento la acción de nulidad de contrato de tarjeta de crédito, por usura en la condición general que establece el tipo de interés remuneratorio; subsidiariamente, la acción de nulidad, por falta de transparencia, de las condiciones financieras generales de la tarjeta de crédito que regulan el cobro de intereses remuneratorios y las comisiones; y, de forma subsidiaria, la acción de nulidad, por abusividad, de la estipulación contractual y/o práctica no consentida expresamente, relativa al cobro de comisiones por impagados, todo ello con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 3 y 9 de la Ley de Represión de la Usura, de 23 de julio de 1908, así como en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. En este sentido, alega que el demandante, D. ████████████████, es titular del contrato de tarjeta de crédito “VISA CEPSA”(ahora “WIZINK”), con la modalidad incorporada por defecto de “crédito revolving”. Los datos financieros básicos del contrato son los siguientes: fecha de contratación: 14 de enero de 2013; TAE inicial para pagos aplazados y disposiciones a crédito: 26,82%; TAE actual para pagos aplazados y disposiciones a crédito: 27,24%.

Asimismo alega que, de conformidad con los parámetros indicados en la doctrina expuesta en la STS 628/15, de 25 de noviembre, rec. 2341/2013, se pueden realizar las siguientes comparaciones: el tipo de interés medio para los créditos al consumo, durante el mes de enero del año 2013, era del 9,43% TAE; en realidad, los tipos de interés medio para los préstamos de consumo, desde que se comenzó a llevar registro estadístico por el Banco de España(enero 2003), siempre se han mantenido en una horquilla equilibrada entre el 7% y el 10%. Por ello, según la actora, la demandada ha aplicado tipos de interés usurarios durante toda la vida del contrato. Por otro lado, alega que la demandada ha repercutido en las liquidaciones mensuales de la tarjeta de crédito, comisiones en concepto de reclamación de cuota impagada, estipulación contractual no negociada individualmente y práctica no consentida expresamente, que legitima y justifica. El titular del contrato remitió a la demandada requerimiento justificado de pago que fue recepcionado el 5 de junio de 2019, con el fin y efecto de que reconociera, tanto el carácter abusivo y la nulidad de la estipulación relativa al cobro de la comisión por cuotas impagadas, como el carácter usurario del contrato de la tarjeta de crédito y, por tanto, su nulidad, con los efectos inherentes a tal reconocimiento ex art. 3 de la Ley de Represión de la Usura, sin que dicho requerimiento fehaciente y justificado de pago haya sido atendido de manera efectiva, defendiendo la demandada la licitud del contrato y procediendo a practicar una devolución parcial de importes en concepto de cobro por comisión de cuota impagada, sin aceptar la nulidad de la estipulación aplicada al contrato, renunciando a su aplicación futura, asegurándose así un elevado grado de indemnidad financiera y jurídica, aparentando conformidad con el requerimiento remitido por el cliente. Por todo ello, solicita: 1º) con carácter principal: a) que se declare la nulidad del contrato de tarjeta de crédito VISA CITI(ahora WIZINK) suscrito entre el demandante y la demandada por existencia de usura en la condición general que establece el interés remuneratorio; b) que se condene a la demandada, como consecuencia legal inherente a la declaración de nulidad por existencia de usura, de conformidad con el art. 3 de la Ley de Represión de la Usura, a abonar al demandante la cantidad que exceda del total del capital que le haya prestado, tomando en cuenta el total de lo ya recibido por todos los conceptos cargados y percibidos al margen de dicho capital y que ya hayan sido abonados por el demandante, con ocasión del citado documento o contrato, especialmente las cantidades cobradas por los conceptos de comisión por disposición de efectivo, intereses, comisión por reclamación de cuota impagada, y cuotas de seguros asociados a la tarjeta de crédito, según se determine en ejecución de sentencia, aportando para su correcta determinación, copia de todas las liquidaciones y extractos mensuales de la tarjeta de crédito, completos y correlativos, en el mismo formato que fueron originalmente remitidos al cliente, desde la fecha de suscripción del contrato, hasta la última liquidación practicada, más intereses legales. 2º) Con carácter subsidiario, para el caso de no estimarse usurario el contrato: a) que se declare que las condiciones financieras generales de la tarjeta de crédito, que regulan los intereses, el pago de las cuotas y las comisiones, son nulas de pleno derecho, al no superar el control de transparencia, por lo que deben tenerse por no puestas, al no incorporarse válidamente al contrato; b) que se condene a la demandada, como consecuencia legal inherente que sigue a la declaración de no incorporación al contrato de las condiciones que regulan el cobro de intereses y comisiones por falta de transparencia, a abonar a la parte demandante la cantidad que exceda del total del capital prestado, tomando en cuenta el total abonado por todos los conceptos declarados nulos, según se determine en ejecución de sentencia, aportando para su correcta determinación, copia de todas las liquidaciones y extractos mensuales de la tarjeta de crédito, completos y correlativos, en el mismo formato que fueron originalmente remitidos al cliente, desde la fecha de suscripción del contrato, hasta última liquidación practicada, más intereses legales. 3º) Y, con carácter subsidiario, para el caso de que tampoco se declare la no incorporación al contrato de las condiciones financieras que regulan el cobro de los intereses remuneratorios y comisiones por impago, por falta de transparencia: a) que se declare, a todos los efectos procedentes en Derecho, la abusividad y, por tanto, la nulidad radical de la estipulación contractual y/o práctica no consentida expresamente, relativa al cobro de comisiones por impagados; b) que se condene a “WIZINK BANK S.A.”, por aplicación del art. 1303 del Código Civil, a la devolución y/o restitución de las cantidades que hayan sido abonadas por el demandante en concepto de comisión por impagados, aplicadas por la entidad demandada, al contrato de tarjeta de crédito, más intereses legales, según se determine en ejecución de sentencia, aportando para su correcta liquidación, el histórico completo de extractos y liquidaciones mensuales de la tarjeta de crédito, desde la fecha de suscripción del contrato hasta la última liquidación practicada. Todo ello con expresa imposición de costas.

La parte demandada se opone a las pretensiones de la actora, alegando, en síntesis, que el “interés normal del dinero” que debe servir como base para hacer el test comparativo de usura es el interés remuneratorio de las tarjetas de crédito de pago aplazado, no el interés de los préstamos normales al consumo, que forman parte de mercados distintos. Pues bien, en el informe pericial que se aporta con la contestación a la demanda se indica: a) que las tarjetas de crédito “revolving” que se comercializan en España tienen TAEs que oscilan entre el 16,1% de la tarjeta de “ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA”, que es el mínimo del mercado, y el 34,5% de la tarjeta de “UNICAJA BANCO”, que es el precio máximo; b) que todas las tarjetas de crédito “revolving” que se comercializan en España presentan TAEs superiores al doble de la TAE media de los préstamos al consumo, que en 2018 fue, según datos del Banco de España, del 7,4%; y c) que la mitad de las tarjetas de crédito “revolving” que se comercializan en España tienen una TAE igual o superior al 24,5%. El 90% de ellas ofrecen una TAE igual o inferior al 28,1%. La TAE media del mercado es del 24,0%. Con base en estas consideraciones, el perito concluye que “los datos del Banco de España muestran que el tipo de interés de las tarjetas de pago aplazado de Wizink está en línea con el tipo de interés de tarjetas similares ofertadas por otras entidades en España. La TAE de las tarjetas Wizink(26,8%) es tan solo 2,3 puntos porcentuales superior a la mediana(24,5%) y 2,8 puntos superior a la media de estas tarjetas(24%). Las tarjetas de Wizink no se encuentran entre el 10% de las tarjetas revolving con la TAE más alta de España”. Por tanto, si el precio medio de las tarjetas de crédito de pago aplazado es del 24,0% TAE, es material(y matemáticamente) imposible que el interés aplicado por la demandada, del 26,8% TAE, sea usurario.

Por otro lado, alega que todas las cláusulas del contrato superan el control de inclusión y de transparencia. Así, el demandante no sólo tuvo acceso a las condiciones aplicables antes de firmar la solicitud, sino que pudo acceder a ellas en cualquier momento a través de la página web de Citibank España S.A.(luego Bancopopular-e, S.A. y ahora Wizink Bank) y se le remitió copia en papel del clausulado cada vez que sufrió alguna modificación. Cuando se firmó la solicitud, el tamaño de la letra cumplía la normativa aplicable, por lo que no puede declararse la nulidad del clausulado por su ilegibilidad. Además, el contrato establece: a) los medios de devolución del crédito; b) la composición económica de cada adeudo; c) las consecuencias del aplazamiento; d) la fórmula y explicación del cálculo de los intereses; e) un ejemplo numérico del funcionamiento del tipo de interés aplicado; y f) la capitalización de los intereses devengados y no satisfechos.

Respecto a la petición formulada con carácter subsidiario, alega que el tipo de interés remuneratorio constituye el elemento esencial de cualquier contrato de financiación, por lo que no puede estar sujeto al control de abusividad. En cuanto a la comisión por reclamación de cuota impagada, aduce que los apartados 1 y 2 del artículo 3 de la Orden EHA/2899/2011 otorgan validez a las comisiones fijadas por el banco siempre y cuando: 1º) el cobro de las mismas responda a servicios efectivamente prestados o gastos habidos; y 2º) el cliente haya prestado su conformidad y se encuentre en todo momento debidamente informado. Ambos requisitos se cumplen en este caso. Así, resulta evidente que el actor conocía y aceptó las comisiones establecidas por el banco y recogidas en el Reglamento entregado en el momento de la firma de la solicitud y al tiempo de recibir la tarjeta física. Además, el cliente recibió información expresa sobre las comisiones aplicadas tanto en cada uno de los extractos mensuales como en las copias de los distintos Reglamentos que se le enviaron cada vez que éste sufría alguna modificación, comisiones que el actor fue abonando en lo que constituyeron nuevos y sucesivos actos de aceptación y confirmación. Por otro lado, alega que la comisión por reclamación del impago, o cuota impagada, responde a un gasto efectivamente sufrido por el banco como consecuencia de la decisión del cliente de no pagar la cuota a la que se comprometió. Esta comisión tiene como finalidad paliar los costes ocasionados a la entidad debido a los gastos en que incurre por las gestiones realizadas por el departamento especializado en la gestión de cobros, la nueva emisión de recibos, etc. Adquiere aún más sentido el establecimiento de esta comisión si tenemos en cuenta que el contrato de tarjeta de crédito suscrito por el demandante no establece, ni ha establecido en ninguna de sus versiones anteriores, interés de demora alguno que indemnice el retraso en el pago de las cuotas.

Por último, alega que la actuación del demandante contraviene sus actos propios. Así, en el año 2013 firmó la solicitud de tarjeta de crédito en unas condiciones que conoció y aceptó, por lo que no puede ahora, seis años más tarde, pretender la devolución de todas las cantidades cobradas por el banco que excedan del capital dispuesto amparándose, entre otros motivos, en la falta de transparencia del tipo de interés aplicado. Lo que pretende la parte demandante, que ha tenido tiempo más que suficiente para valorar otras opciones, es conseguir que la financiación otorgada por el banco sea a coste cero, eximiéndose de sus obligaciones bajo la apariencia de una pretendida nulidad que no puede estimarse por superar todo el clausulado contractual el doble control de inclusión y transparencia en los términos exigidos por la legislación vigente al tiempo de contratar.

SEGUNDO.- La pretensión formulada con carácter principal por la parte actora consiste en que se declare la nulidad del contrato de tarjeta de crédito “VISA CEPSA”(ahora “WIZINK”) suscrito en fecha 14 de enero de 2013, por usura en la condición general que establece el interés remuneratorio. Pues bien, el artículo 1º de la Ley de Represión de la Usura, de 23 de julio de 1908, también conocida como Ley Azcárate, establece que “Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales (...)”. El artículo 3º del mismo texto legal dispone que “Declarada con arreglo a esta ley la nulidad de un contrato, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida; y si hubiera satisfecho parte de aquélla y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado”. De acuerdo con el artículo 9º, “Lo dispuesto por esta ley se aplicará a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sea la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido”.

Como señala la SAP de A Coruña, Sección 3ª, de 16 de octubre de 2018,“Nuestro Tribunal Supremo [ Ts. 25 de noviembre de 2015(Roj: STS 4810/2015, recurso 2341/2013) de Pleno, 2 de diciembre de 2014(Roj: STS 5771/2014, recurso 389/2012), 18 de junio de 2012(Roj: STS 5966/2012, recurso 46/2010), 26 de octubre de 2011(resolución 709/2011, en el recurso 1328/2008), 23 de noviembre de 2009(Roj: STS 7002/2009, recurso 1808/2005), 14 de julio de 2009(Roj: STS 4672/2009, recurso 325/2005), entre otras muchas] ha establecido que para que un contrato pueda declararse nulo por usura, conforme a la Ley Azcárate, es preciso que se haya pactado un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado a las circunstancias del caso, debiendo significarse que:

(a) Quien invoca el carácter usurario de un préstamo debe acreditar cuál era el interés normal del dinero en la época en que se concertó el contrato. No basta con alegar que el interés es abusivo. Tiene que probarse cuál era el interés normal del dinero en esa época para ese tipo de contratos de financiación.

(b) Lo que debe tenerse en consideración no es valor absoluto del tanto por ciento de interés pactado, sino que debe atenderse a las circunstancias en que se desenvuelva el mercado monetario. Un tipo de interés que en un determinado momento económico puede calificarse de muy alto, en otro puede considerarse normal, o incluso bajo. El término de comparación es el tipo medio al que se estaba prestando el dinero por entidades bancarias. Pero tampoco en forma absoluta, sino en situaciones de riesgo crediticio similares. No recibe el mismo trato un cliente vinculado a un banco desde hace muchos años, con una clara solvencia patrimonial, que en un determinado momento precisa liquidez; que la persona que acude por vez primera. Tampoco el tipo es igual para todos los tipos de préstamo, siendo evidente la diferencia cuando la finalidad es la inversión y cuando el fin es la adquisición de productos de consumo. E incluso depende de las garantías que se ofrecen.

(c) No puede acudirse a parámetros de comparación tales como el interés legal del dinero, que se suele aprobar anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado; ni tampoco el precio oficial del dinero que pueda marcar el Banco Central Europeo. Tales índices no necesariamente obedecen a criterios de mercado, sino que pueden tener su origen en medidas económicas o monetarias para corregir desviaciones del curso económico. El criterio de interés normal del dinero lo marca el mercado, en una situación de libertad en su estipulación. La comparación no debe tener lugar con el denominado interés legal, sino con el interés normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad contractual existente en esta materia para supuestos como el presente”.

Por otro lado, la reciente SAP de A Coruña, Sección 5ª, de 10 de octubre de 2019, establece lo siguiente: “Puesto que el carácter pretendidamente usurario del interés remuneratorio pactado por la demandada en el contrato de tarjeta de crédito objeto de litigio se funda en el hecho de que se trata de un interés manifiestamente desproporcionado y excesivo, debemos señalar que, para que el contrato pueda calificarse de usurario y estar viciado de nulidad, ha de atenderse al momento de su perfección, por ser aquel en el que se otorga el consentimiento, siendo la realidad social de ese momento la que ha de contemplarse y no la vigente cuando se persigue que el contrato tenga efectividad, aunque se hayan variado las circunstancias iniciales( art. 3.1 CC)( SS TS 10 junio 1940, 1 febrero 1957, 29 septiembre 1992 y 8 junio 2006), por lo que la apreciación de la usura en los préstamos bancarios hace necesario que, al tiempo de la celebración del contrato, se haya impuesto un interés superior al que entonces era normal o habitual en el mercado bancario para operaciones crediticias semejantes, conforme a la práctica y a los usos mercantiles, en función de las circunstancias propias de la intermediación en el mercado del dinero de las entidades financieras, rebasándose los tipos de interés habituales de modo notable o en gran entidad( SS TS 29 noviembre 1984, 8 julio 1988, 7 noviembre 1990, 7 marzo 1998, 20 junio 2001, 7 mayo 2002, 8 junio 2006 y 23 noviembre 2009), lo que nos lleva, en un examen casuístico de la jurisprudencia que realiza la citada Sentencia del TS de 18 junio 2012, a considerar que no revisten carácter usurario en función de las circunstancias del caso los intereses remuneratorios con un tipo nominal anual incluso superior al 20%, como pudiera ser el situado en torno al 24%.

También se ha pronunciado sobre esta cuestión la Sentencia del TS de 25 de noviembre de 2015, en relación con el carácter usurario de un contrato de “crédito revolving” concedido por una entidad financiera a un consumidor, el 29 de junio de 2001, a un tipo de interés remuneratorio del 24,6% TAE. Parte esta resolución, de conformidad con el art. 315, párrafo segundo, del Código de Comercio, según el cual “se reputará interés toda prestación pactada a favor del acreedor”, de que el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados, extremo que también es imprescindible para que la cláusula que establece el interés remuneratorio pueda ser considerada transparente, pues no solo permite conocer de un modo más claro la carga onerosa que para el prestatario o acreditado supone realmente la operación, sino que además permite una comparación fiable con los préstamos ofertados por la competencia. Considera la sentencia que el interés con el que ha de realizarse la comparación es el “normal del dinero”.

No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés “normal o habitual”, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia”(S TS 2 octubre 2001). Para establecer lo que se considera “interés normal” puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas.

Puesto que, para que el préstamo pueda ser considerado usurario, es necesario que el interés estipulado, además de ser notablemente superior al normal del dinero, sea manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso, y dado que la normalidad no precisa especial prueba mientras que la excepcionalidad necesita ser alegada y probada, entiende esta resolución que la entidad financiera que concede el crédito ha de justificar la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo. Generalmente, las circunstancias excepcionales que pueden justificar un tipo de interés anormalmente alto están relacionadas con el riesgo de la operación. Cuando el prestatario va a utilizar el dinero obtenido en el préstamo en una operación especialmente lucrativa pero de alto riesgo, está justificado que quien le financia, al igual que participa del riesgo, participe también de los altos beneficios esperados mediante la fijación de un interés notablemente superior al normal. Por ello, aunque las circunstancias concretas de un determinado préstamo, entre las que se encuentran el mayor riesgo para el prestamista que pueda derivarse de ser menores las garantías concertadas, puede justificar, desde el punto de vista de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, un interés superior al que puede considerarse normal o medio en el mercado, como puede suceder en operaciones de crédito al consumo, no puede justificarse una elevación del tipo de interés desproporcionado en operaciones de financiación al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.

Si bien la citada Sentencia del TS de 25 de noviembre de 2015, calificó de usurario el crédito “revolving” con un tipo de interés remuneratorio del 24,6% TAE, apreciando que se estipuló un interés notablemente superior al normal del dinero en la fecha en que fue concertado el contrato, sin que concurra ninguna circunstancia jurídicamente atendible que justifique un interés tan notablemente elevado, el término de comparación que utiliza, para estimar que el interés remuneratorio pactado es notablemente superior al normal del dinero, es el del interés medio ordinario en las operaciones de crédito al consumo de la época en que se concertó el contrato, que el crédito litigioso superaba en el doble, cuando lo procedente sería, de acuerdo con la doctrina ya expuesta, valorar si al tiempo de la celebración del contrato, se ha convenido un interés superior al que entonces era normal o habitual en el mercado bancario para operaciones crediticias semejantes a la que es objeto de examen, conforme a la práctica y a los usos mercantiles. Por ello, en el presente caso, consideramos que el actor apelante no ha probado en absoluto que el interés remuneratorio convenido, que asciende a un TAE del 24,75% anual, fuese en el momento en el que se suscribió el contrato de tarjeta de crédito notablemente superior al normal del dinero, entendido no como el interés medio ordinario en las operaciones de crédito al consumo en general, sino como el habitual en el mercado financiero para tarjetas de crédito semejantes y con garantías o situaciones de riesgo similares, teniendo en cuenta la falta de garantías de cobro adicionales para el acreedor en este tipo de contratos, lo que conduce a desestimar el expresado motivo de apelación”.

En el presente supuesto, en el Anexo del Reglamento de la tarjeta “VISA CEPSA” que figura en el reverso del contrato suscrito por el demandante se indica lo siguiente: “Tipo Nominal Anual para Compras: 24%; T.A.E.: 26,82%. Tipo Nominal Anual para Disposiciones de efectivo y transferencias: 24%; T.A.E.: 26,82%”. La parte actora alega que el tipo de interés medio para los créditos al consumo durante el mes de enero de 2013(fecha de suscripción del contrato) era del 9,43% T.A.E. y que, en realidad, los tipos de interés medio para los préstamos de consumo desde que se comenzó a llevar registro estadístico por el Banco de España, en enero de 2003, siempre se han mantenido en una horquilla equilibrada entre el 7% y el 10%. Sin embargo, como establece la sentencia anteriormente citada, el término de comparación no ha de ser el interés medio ordinario en las operaciones de crédito al consumo en general, sino el interés habitual en el mercado financiero para tarjetas de crédito semejantes y con garantías o situaciones de riesgo similares. Por ello, para determinar si los intereses remuneratorios aplicados por la entidad demandada son o no usurarios no resulta útil la “Tabla de tipos de interés, activos y pasivos, aplicados por las entidades de crédito” correspondiente al año 2013, que la parte actora aportó con su demanda, pues dicha tabla no contempla específicamente los tipos de interés de las operaciones realizadas mediante tarjetas de crédito de pago aplazado. La demandada, por su parte, ha aportado un informe pericial(documento nº 5 de la contestación a la demanda), en el que se señala que “Para evaluar la razonabilidad de las condiciones ofrecidas por WiZink en sus tarjetas de pago aplazado, hemos comparado la TAE de las tarjetas WiZink con la TAE de las tarjetas de pago aplazado del resto de entidades que, según el Banco de España, pertenecen a la misma categoría. Esta tipología excluye las tarjetas de pago aplazado asociadas a la compra en establecimientos concretos y que no permiten, por ejemplo, compras de servicios(viajes o habitaciones de hotel) o retiradas de efectivo. Un ejemplo de un tipo de tarjeta bien conocida, excluida por esta clasificación, es la tarjeta de El Corte Inglés”. El resultado de ese análisis es el siguiente: la T.A.E. de las tarjetas de pago aplazado va desde el 16,1% de la tarjeta de pago aplazado de “ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA” al 34,5% de “UNICAJA BANCO”.

De acuerdo con los datos del Banco de España, todas las entidades presentan una T.A.E. para sus tarjetas de pago aplazado superior al 16%, es decir, superior al doble de la T.A.E. media de los préstamos al consumo, que en 2018 fue del 7,4%. La mitad de las tarjetas de pago aplazado tienen una T.A.E. igual o superior al 24,5%. El 90% de las tarjetas de pago aplazado ofrecen una T.A.E. igual o inferior al 28,1%. La media simple de la T.A.E. para las tarjetas de pago aplazado no vinculadas a la adquisición de bienes de consumo que ofrecen facilidades de crédito de hasta 4.000 euros es del 24,0%(páginas 41 y 42 del informe). Por ello, se señala lo siguiente: “En conclusión, los datos del Banco de España muestran que el tipo de interés de las tarjetas de pago aplazado de WiZink está en línea con el tipo de interés de tarjetas similares ofertadas por otras entidades en España. La TAE de las tarjetas WiZink(26,8%) es tan solo 2,3 puntos porcentuales superior a la mediana(24,5%) y 2,8 puntos porcentuales superior a la media simple de estas tarjetas (24%). Las tarjetas de WiZink no se encuentran entre el 10% de las tarjetas de pago aplazado con la TAE más alta en España. De nuestro análisis concluimos que los tipos interés de las tarjetas de WiZink están en línea con los de otros productos comparables en España sin que exista evidencia de que sean excesivos o desproporcionados”.

En consecuencia, a la vista de la prueba practicada, al no haber quedado acreditado que el tipo de interés remuneratorio establecido en el contrato de tarjeta de crédito suscrito por las partes sea notablemente superior al normal del dinero, tomando en consideración los tipos de interés aplicados en tarjetas similares por otras entidades bancarias españolas, la pretensión de que se declare la nulidad del contrato, por resultar usurarios los intereses remuneratorios, debe desestimarse.

TERCERO.- De forma subsidiaria, para el caso de no estimarse usurario el contrato, la parte actora solicita que se declare que las condiciones financieras generales de la tarjeta de crédito que regulan los intereses remuneratorios y las comisiones son nulas de pleno derecho, al no superar el control de transparencia, por lo que deben tenerse por no puestas, al no incorporarse válidamente al contrato, con los efectos legales inherentes a tal declaración.

La SAP de A Coruña, Sección 5ª, de 10 de octubre de 2019, citada en el fundamento jurídico anterior, establece: “El segundo motivo de apelación reitera la pretensión deducida con carácter subsidiario en la demanda, y rechazada por la sentencia recurrida, en el sentido de que se declare la no incorporación de las condiciones generales del contrato de tarjeta de crédito, en relación con la cláusula de intereses pactada, por falta de transparencia. Como ya se ha dicho, en la medida en que los intereses ordinarios integran el objeto principal del contrato, a diferencia de los moratorios que son un elemento accesorio del mismo, no pueden ser calificados de abusivos, de manera que el examen de su validez ha de limitarse al control de transparencia y de inclusión, en relación con el consentimiento contractual del prestatario consumidor y el deber de información del prestamista empresario, y según ha declarado la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, referida a la cláusula suelo en los intereses de un préstamo hipotecario, las cláusulas que rigen los intereses remuneratorios describen y definen el objeto principal del contrato, lo que supone que no pueda examinarse la abusividad de su contenido ni la verificación de su equilibrio, aunque ello no impide el sometimiento a un control de transparencia, en el sentido de que, haciendo una interpretación a contrario sensu del art. 4.2 de la Directiva 93/13/CEE, si la cláusula que describe o define el objeto principal del contrato es clara y comprensible, aunque ello no signifique que sea equilibrada y beneficie al consumidor, no es susceptible de control de abusividad, que sí es posible en el caso de cláusulas claras y comprensibles que no se refieren al objeto principal del contrato o en el de aquellas que adolecen de falta de transparencia, sin que esto suponga necesariamente que sean desequilibradas y que el desequilibrio sea importante en perjuicio del consumidor, de manera que, además del control de incorporación, deben someterse a un segundo control de transparencia, como parámetro abstracto de validez de la cláusula predispuesta en los contratos celebrados con los consumidores, que tiene por objeto comprobar que el adherente conoce o puede conocer con sencillez tanto la carga económica que realmente supone para él el contrato celebrado, esto es la onerosidad o sacrificio patrimonial realizados a cambio de la prestación económica que se quiere obtener, como la carga jurídica del mismo. En definitiva, el cumplimiento de los requisitos de transparencia para su incorporación a las condiciones generales del contrato, de la cláusula aisladamente considerada, es insuficiente para eludir el control de abusividad en los contratos suscritos con consumidores, aunque describa o se refiera a la definición del objeto principal del contrato, si no es transparente en el sentido expuesto, que implica el control de comprensibilidad real de su importancia en el desarrollo razonable del contrato, garantizando que el consumidor obtenga antes de la celebración del contrato la información necesaria para tomar una decisión fundada y pueda prever, sobre la base de criterios claros y comprensible derivados de dicha información, las eventuales modificaciones del coste de la operación(S TJUE 21 marzo 2013)”.

En el caso que nos ocupa, se considera que la cláusula relativa al interés remuneratorio no supera el control de transparencia. A este respecto, debe tenerse en cuenta que la parte demandada alega en la página 59 de su escrito de contestación a la demanda lo siguiente: “La demandante también hace referencia en términos genéricos a la ilegibilidad del contrato de tarjeta de crédito. Desde luego, si la calidad tipográfica del contrato se acercase a la de la copia aportada por la parte actora, esta parte no tendría ningún reparo en aceptar la nulidad radical y absoluta del todo el negocio. Sin perjuicio de que la copia aportada por la parte actora no respeta ni la calidad tipográfica ni el tamaño de la letra original del contrato-a cuyo efecto recomendamos que se atienda al aportado por esta parte como Doc. 2- cabe recordar que el requisito de legibilidad se refiere esencialmente al tamaño tipográfico de la letra contractual. Tamaño que, conforme a la normativa aplicable, debe ser de 1,5 milímetros (Art. 80.1.b) TRLGDCU y Norma Décima.3 de la Circular 5/2012, de 27 de junio, del Banco de España) y que, en nuestro caso, se cumple. En atención a lo anterior, resultan irrelevantes las afirmaciones de la demandante sobre el tamaño y calidad de la tipografía contractual. Cuando se firmó la solicitud, el tamaño de la letra cumplía con la normativa aplicable; por lo que no puede declararse la nulidad del clausulado por su ilegibilidad”. Pues bien, precisamente atendiendo al contrato aportado como documento nº 2 de la contestación a la demanda, cabe concluir que los intereses remuneratorios adolecen de falta de transparencia. Así, en el anverso del contrato no figura el tipo de interés aplicable, sino solo los datos personales del solicitante de la tarjeta de crédito y su firma. Los intereses remuneratorios figuran en el reverso, donde se contiene, en una letra minúscula y prácticamente ilegible, el “Reglamento de la tarjeta VISA CEPSA” (en concreto, en el Anexo que figura al final del Reglamento). Por ello, siendo evidente la dificultad para leer dicho Reglamento, se considera imposible que el actor pudiera conocer y comprender la carga económica y jurídica que para él suponía el contrato celebrado.

La SAP de Girona de 8 de octubre de 2019, en un caso similar al que aquí se plantea, establece: “En el supuesto presente nos encontramos con un contrato en el que en la página principal solo constan los datos personales y la firma y en la página, totalmente ilegible o por lo menos sumamente dificultoso por su tamaño consecuencia, el Reglamento de la tarjeta de crédito y condiciones del mismo contenidas en dicho contrato. Ante tal dificultad de lectura y comprensión, resulta imposible que el consumidor pudiera conocer con precisión cual era la trascendencia real y económica de aquello a lo que se está comprometiendo. Por ello, debemos concluir que los intereses remuneratorios no eran transparentes, la cláusula en que se establecieron, abusiva, y, por tanto, nula, debiendo tenerse por no puesta(art. 83 TRLGDCU)”. También la SAP de Baleares de 28 de octubre de 2019 señala que “En la primera página del contrato de tarjeta, aportado como doc. Nº 1 con la demanda,(consta de dos), que es donde aparecen los datos personales y la firma del demandado, no se establece el tipo de interés aplicable. En la parte inferior de esta página, y redactado con un tamaño de letra diminuto, se contiene lo que se denomina el “Reglamento de la tarjeta de crédito bancopopular-e”, extendiéndose a la segunda hoja, e inserto en el mismo y al final de esta segunda hoja, un Anexo donde con grandes dificultades pueden leerse los intereses aplicables para compras, para disposiciones en efectivo a crédito, para transferencias en efectivo, comisiones, etc.

El art. 80 del TRLGDCU, en su redacción actual, establece: “1. En los contratos con consumidores y usuarios que utilicen cláusulas no negociadas individualmente, incluidos los que promuevan las Administraciones públicas y las entidades y empresas de ellas dependientes, aquéllas deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión directa, sin reenvíos a textos o documentos que no se faciliten previa o simultáneamente a la conclusión del contrato, y a los que, en todo caso, deberá hacerse referencia expresa en el documento contractual. b) Accesibilidad y legibilidad, de forma que permita al consumidor y usuario el conocimiento previo a la celebración del contrato sobre su existencia y contenido. En ningún caso se entenderá cumplido este requisito si el tamaño de la letra del contrato fuese inferior al milímetro y medio o el insuficiente contraste con el fondo hiciese dificultosa la lectura”.

La segunda parte del apartado b) fue introducido por el art. único 25 de la Ley 3/2014, de 27 de marzo, es decir, ya estaba en vigor cuando se suscribió el contrato tarjeta en fecha 14 de octubre de 2014, y ese tamaño obligatorio no se antoja que se alcance en la utilizada en el contrato de autos, por lo que no resulta aventurado señalar que la cláusula en cuestión no supera ni siquiera el necesario control de incorporación. La entidad demandada manifiesta que sí alcanza el tamaño mínimo la letra del contrato, pero no acredita tal manifestación, con lo que su alegato está huérfano de prueba.

Además, como hemos señalado, ese Anexo se encuentra inserto en lo que se denomina Reglamento, sin separación ni diferenciación alguna de apartados que permita distinguir lo que es esencial de lo que es accesorio, y sólo después de una ardua labor de localización, puede alcanzarse a saber cuáles son los intereses a aplicar a las diferentes operaciones.

No se ha practicado prueba alguna por la parte demandada tendente a acreditar que se proporcionó al actor información sobre el tipo de interés más allá de la que consta en el contrato. Ante tal oscurantismo, resulta imposible que el consumidor pudiera conocer con precisión cual era la trascendencia real y económica de aquello a lo que se estaba comprometiendo. Por ello, debemos concluir que los intereses remuneratorios no eran transparentes, la cláusula en que se establecieron, abusiva, y, por tanto, nula, debiendo tenerse por no puesta (art. 83 TRLGDCU)”.

Lo mismo sucede con las comisiones, que tampoco superan el control de transparencia, puesto que aparecen recogidas igualmente en el Anexo del Reglamento de la tarjeta VISA CEPSA, en una letra diminuta y difícilmente legible. En consecuencia, ambas cláusulas-la relativa a los intereses remuneratorios y la relativa a las comisiones- deberán tenerse por no puestas, al no incorporarse válidamente al contrato.

Como consecuencia de lo anterior, la entidad “WIZINK BANK, S.A.” deberá reintegrar al demandante las cantidades cobradas por ambos conceptos durante toda la vida del contrato, que, según se desprende del cuadro de movimientos de la tarjeta aportado como documento nº 3 de la contestación a la demanda, ascendían hasta el día 22 de septiembre de 2019 a la suma de ████████ en concepto de comisiones por recibos impagados y a la suma de ████████ en concepto de intereses remuneratorios(████████ en total), más el interés legal del dinero desde la fecha de presentación de la demanda (03/09/19) hasta la de esta sentencia(artículos 1.100, 1.101 y 1.108 del Código Civil), devengándose a partir de esta fecha los intereses previstos en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, esto es, un interés anual igual al del interés legal del dinero incrementado en dos puntos, hasta el completo pago.

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al haber sido estimada íntegramente la pretensión formulada con carácter subsidiario, para el caso de que no se estimase usurario el contrato, procede imponer las costas del presente procedimiento a la parte demandada.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que la resolución no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente a su notificación.

Por exigirlo así la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, la interposición del recurso contra esta resolución exige la constitución del depósito de 50 euros mediante ingreso en efectivo, en cualquier sucursal de BANCO SANTANDER, en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este órgano judicial, expediente ████████. El depósito de la expresada suma deberá ser acreditado al interponer el recurso, a cuyo escrito se adjuntará copia del resguardo o de la orden de ingreso, sin cuyo requisito no será admitido a trámite. Están exceptuados de la obligación de constituir el depósito quienes tengan reconocido en el procedimiento el derecho de asistencia jurídica gratuita.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

LA MAGISTRADA,