Sentencia 169/2019 de Llanes: indemnización por inclusión indebida en fichero de morosos, Wizink debe indemnizar a nuestra cliente

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN ÚNICO DE LLANES
Procedimiento Ordinario ***/2018
N.I.G.: ████████████████
Materia: Derecho al Honor

SENTENCIA Nº 169/2019

En Llanes, a 22 de octubre de 2019.

La Ilma. Magistrado-Juez Dña. ████████████████, Titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Llanes, ha visto los presentes autos seguidos por los trámites del juicio ordinario con el nº ***/2018, a instancias de ████████████████, representada por la Sra. Procuradora ████████████████ y asistida por el Sr. Letrado ████████████████, frente a WIZINK BANK S.A., representada por el Sr. Procurador ████████████████ y asistida por la Sra. Letrada ████████████████, sobre vulneración del Derecho al Honor, siendo también parte el Ministerio Fiscal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El día 31/03/2018, por la indicada representación de la parte actora, se formuló escrito de demanda, en la que, con fundamento en los hechos y consideraciones legales que cita, se concluía suplicando se dictase sentencia, por la que: -Se declare que la demanda ha incluido a la actora en ficheros de solvencia patrimonial sin que se cumplan los requisitos para ello, lo cual constituye una intromisión ilegítima en su honor. se condene a la demandada.

-Se condene a la demandada a indemnizar a la actora en la cantidad de ████████ por los daños morales causados, más los intereses legales devengados desde la interposición de la demanda.

-Se condene a la demandada a ejecutar cuantos actos y comunicaciones sean necesarios para la cancelación y exclusión de los datos en los ficheros referidos, en concreto ASNEF-EQUIFAX, de conformidad con la legislación vigente y lo comunique de forma escrita a la actora y a las entidades a quienes se hubieran comunicado o cedido los datos.

-Se condene a la demandada a abstenerse en el futuro de realizar cualesquiera actos de intromisión ilegítima en el honor de la actora, sin perjuicio de las acciones legales que le pudiera corresponder a ésta.

- Con expresa condena en costas a la parte demandada.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se emplazó a la demandada y al Ministerio Fiscal para que se personaran en autos y la contestaran, lo que hicieron en tiempo y forma con el resultado obrante en autos, acordándose señalar la audiencia previa el 21 de febrero de 2019, donde se admitió la prueba declarada pertinente, y una vez recibidos los oficios acordados, formularon las partes sus conclusiones por escrito, quedando los autos por Diligencia de ordenación de 18 de octubre de 2019 sobre la mesa de SSª para su resolución.

TERCERO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado todas las formalidades legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por la representación de ████████████████ y con fundamento en los art. 1254 y ss del código civil, así como en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, y demás normativa concordante, se ejercita una acción tendente a reponer su derecho al honor, alegando que habiendo celebrado con la demandada un contrato de tarjeta de crédito Visa Citi, el pasado 11/12/2017 le remitió burofax sobre la existencia de usura en el citado contrato; al no contestar la demandada el requerimiento la actora interpuso demanda de juicio ordinario frente a la misma.

Entretanto, la entidad demandada remitió a los servicios de información sobre solvencia y crédito Asnef Equifax el 2/03/2018 los datos de la actora por un incumplimiento de pago en la cuantía de ████████, sin cumplir con los requisitos exigidos por la legislación vigente para ello, vulnerando el derecho al honor de la demandante y ocasionándole un perjuicio evidente.

La entidad demandada se opone a la demanda alegando que la deuda que mantenía el actor era cierta, vencida y exigible en su totalidad, habiendo sido requerido de pago con expresa advertencia de su posible inclusión en el fichero de impagados Asnef-Equifax, sin que a la fecha de inclusión en el mismo tuviera conocimiento de la demanda de nulidad instada de contrario. Por todo ello interesa la íntegra desestimación de la demanda con expresa imposición de costas a la parte actora.

SEGUNDO.- Alegada la vulneración del derecho al honor por el demandante, debemos centrar los términos del debate en determinar si, tal como éste sostiene, su inclusión en los ficheros referidos por parte de la demandada se ha realizado incumpliendo la normativa de protección de datos de carácter personal y que esa indebida inclusión constituye una intromisión ilegítima en su derecho al honor, que le ha ocasionado daños morales, cuya reparación solicita. Pues bien, debemos partir en todo caso de la doctrina contenida en la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de 2.014, que aborda directamente el tema objeto de esta litis, y que señala, en primer lugar, que ante la trascendencia que tiene para los derechos fundamentales, como es el honor, la inclusión de los datos personales en alguno de los denominados "registros de morosos", se ha de estar a una rígida observancia de las exigencias de la normativa de protección de datos de carácter personal, las cuales se contienen en el art. 29.4 de la Ley de Protección de Datos Personales, que dispone: "Sólo podrán registrar y ceder los datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica de los interesados y que no se refieran, cuando sean adversos, a más de 6 años, siempre que respondan con veracidad a la situación actual de aquéllos", siendo el precepto citado desarrollado por los artículos 38 y siguientes del RD 1720/2.007, de 21 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LO 15/1.999, de 13 diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal; conforme al citado art. 38 sólo será posible la inclusión en esos ficheros de datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica del afectado cuando concurran los siguientes requisitos: a) Existencia previa de una deuda cierta, vencida y exigible; b) Que no hayan transcurrido 6 años desde la fecha en que hubo de procederse al pago de la deuda o del vencimiento de la obligación o del plazo concreto si aquélla fuera de vencimiento periódico; c) Requerimiento previo de pago a quien corresponde al cumplimiento de la obligación, con advertencia de que, caso de no producirse el pago en el término previsto para ello, los datos relativos al impago podrán ser comunicados a fichero relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias, extremo éste que resulta del art. 39 del Reglamento, señalando el art. 43 de este mismo texto legal que: "El acreedor o quien actúe por su cuenta o interés deberá asegurarse que concurren todos los requisitos exigidos en los arts. 38 y 39 en el momento de notificar los datos adversos al responsable del fichero común, de modo que "Será responsable de la inexistencia o inexactitud de los datos si hubiere facilitado para su inclusión en el fichero en los términos previstos en la LO 15/1.999 de 13 de diciembre".

A la vista de la prueba practicada toda ella documental, necesariamente debe concluirse que la deuda reclamada por la demandada y que motivó la inclusión del actor en el fichero de morosos es indebida. No puede desconocerse que ante este mismo Juzgado se ha tramitado el procedimiento seguido entre las mismas partes como JO 42/2018, sobre nulidad contractual, habiéndose dictado el pasado 31 de julio de 2019 sentencia declarando “la nulidad por usurario del contrato suscrito entre las partes en fecha 13/03/2007, debiendo devolver la parte demandada a la parte actora todas las cantidades percibidas por cualquier concepto que superen el capital dispuesto, a determinar en ejecución de sentencia, con expresa imposición de las costas causadas en este procedimiento a la parte demandada” refiriéndose tal nulidad al contrato de tarjeta de crédito al que se refiere este mismo procedimiento. Siendo aquél procedimiento presupuesto o antecedente lógico del presente, declarada la nulidad del contrato del que deriva la deuda por la que la demandante ha sido incluida en el fichero de morosos cabe afirmar que tal deuda no era ni cierta ni exigible.

Pero es que además, y en relación al requisito del previo requerimineto de pago, resulta igualmente incumplido. Es cierto que la normativa no exige que éste se lleve a cabo de una determinada forma, y en este sentido la jurisprudencia viene señalando que cuando el destinatario niega la recepción de dicho requerimiento recae sobre el responsable del finchero o tratamiendo, en este caso, la entidad demandada, la carga de acreditar el cumplimiento de dicha obligación de requerimiento previo de pago. Ahora bien, éste es una declaración recepticia, debiendo acreditarse cumplidamente su recepción, tanto por que es la regla general en materia de carga de la prueba (art. 217.3 LEC) como porque el destinatario niega su recepción, siendo la parte demanda quien sostiene que se practicó el mismo sobre la que recae la carga de la prueba. En este supuesto la demandada alega en su contestación que no falta el requerimiento previo en tanto se le notificó a la parte actora su inclusión en el fichero sin que nada alegara; circunstancia que en modo alguno cumple con la exigencia legal de un requerimiento previo.

Por todo ello, debe considerarse totalmente legítima la actuación del demandante de no cumplir con el pago de lo debido, por no resulta justificada la deuda reclamada, más aún tras haberse declarado la nulidad del contrato que vinculaba a las partes, lo que da lugar a la vulneración del procedimiento para la inclusión del actor en los ficheros de morosos. No cumpliéndose entonces el primero de los requisitos exigidos en el mencionado art. 38 del Reglamento de desarrollo de la LO 15/1999 (deuda cierta, líquida y exigible) ni siquiera procedería entrar a examinar la existencia de un previo requerimiento de pago, pues la deuda que da origen a la presente reclamación no ha resultado cierta ni exigible, debiendo pasar la demandada por tal declaración.

TERCERO.- Resultado de la valoración en conjunto de los hechos enjuiciados es la necesaria apreciación de una intromisión ilegítima en el derecho fundamental al honor del demandante. En este sentido la referencia a la doctrina jurisprudencial predica el menoscabo del honor por la inclusión faltando a la veracidad y se explica porque la imputación de ser moroso lesiona la dignidad de la persona al haber salido de la restringida esfera de conocimiento personal del acreedor y el deudor, residiendo pues y entonces el núcleo de la cuestión en la veracidad de la información, pues su concurrencia excluye la protección del derecho al honor (sentencia del Tribunal Supremo de 6 de marzo de 2.013). Ya la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de abril de 2.009 establecía que "Esta Sala, en Pleno, ha mantenido la posición de entender que la inclusión, faltando a la veracidad, por una entidad, en un registro de solvencia o patrimonio - los llamados "registros de morosos" - implica un atentado al derecho del honor del interesado que ha aparecido en tal registro erróneamente".

Siendo que lo esencial, a efectos de la vulneración del honor, es que la situación reflejada en dicho registro no se corresponda a la realidad, que se falte a la veracidad, lo que acontece en ambos casos, tanto cuando quien figura como deudor no lo es, como cuando la deuda es menor de la que se hace constar en el registro".

En el presente supuesto, consta según la comunicación recibida por el fichero Equifax, que los datos de la demandante no fueron consultados por ninguna entidad durante los dos meses que estuvo dada de alta.

Finalmente, y en relación con la cuantía de la indemnización que por daño moral se solicita debe señalarse que la sentencia de Pleno del TS de 24 abril de 2.009 declaró que: "Esta Sala, en pleno, ha mantenido la posición de entender que la inclusión, faltando la veracidad, por una entidad, en un registro de solvencia patrimonial - los llamados "registros de morosos" - implica un atentado al derecho del honor del interesado que ha aparecido en tal registro, erróneamente", y se añade "por cuanto es una imputación, la de ser moroso, que lesiona la dignidad de la persona y menoscaba su fama y atenta a su propia estimación".

Debiendo recordar que el art. 9.3 de la Ley de Protección Civil del Derecho al Honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen prevé que "La existencia de perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima. La indemnización se extenderá al daño moral que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta en su caso la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido. También se valorará el beneficio que haya obtenido el causante de la lesión como consecuencia de la misma". Este precepto establece una presunción "iuris et de iure" de existencia de perjuicio indemnizable cuando se haya producido una intromisión ilegítima en el derecho al honor, como es el caso del tratamiento de datos personales en un registro de morosos sin cumplir las exigencias que establece la Ley Orgánica de Protección de Datos, y aún cuando el daño moral sea difícil de valorar, no por ello se imposibilita a los Tribunales para fijar su cuantía valorando las circunstancias concurrentes en cada caso, indemnizando en primer lugar la afectación a la dignidad en su aspecto interno subjetivo, y en el externo u objetivo relativo a la consideración de las demás personas, siendo necesario, para valorar este segundo aspecto, determinar qué divulgación han tenido los datos incluidos en el fichero.

En el presente caso, la prueba practicada acredita que ninguna entidad consultó los datos de la actora incluidos por la demandada en un fichero de morosos, por lo que teniendo en cuenta este dato, así como la cuantía del inexactitud y el tiempo por el que se mantuvo al actor en dichos ficheros de dos meses, se estima adecuada la cantidad de ████.

CUARTO.- Habiéndose estimado parcialmente la demanda, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 394 de la LEC, no se hace especial pronunciamiento en cuanto a las costas causadas, sin que proceda entenderse estimada sustancialmente la demanda, a la vista de la divergencia existente entre la indemnización solicitada y la finalmente concedida.

Vistos los preceptos legales invocados, y demás normas de general y pertinente aplicación:

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella podrán interponer recurso de apelación en los términos previstos en la LEC en los términos previstos en la LEC.

Así, por esta mi sentencia, juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Ilma. Juez que la suscribe estando celebrando audiencia en el día de su fecha, de lo que doy fe.