Sentencia 00088/2026 de Alcázar de San Juan: nulidad de tarjeta de crédito Wizink Click

TRIBUNAL DE INSTANCIA SECCION CIVIL Y DE INSTRUCCION PLAZA Nº 3 ALCÁZAR DE SAN JUAN
CL MEDIODIA 8
Teléfono: 0034926540869
Correo electrónico: SCT.ALCAZARDESANJUAN@JUSTICIA.ES
N.I.G.: ████████████████
Procedimiento: Juicio Ordinario 0000812/2025
Materia: Otras materias
Demandante: D./Dña. ████████████████ Procurador/a: ████████████████ Abogado/a: ████████████████
Demandado: D./Dña. WIZINK BANK, S.A.U Procurador/a: ████████████████ Abogado/a: ████████████████

SENTENCIA Nº 00088/2026

En Alcázar de San Juan, a treinta de octubre de dos mil veintiséis.

Vistos por mí, Dña. ████████████████, Jueza de la Plaza 3 del Tribunal de Instancia de Alcázar de San Juan y su Partido Judicial, los autos de JUICIO ORDINARIO Nº 812/2025 promovido a instancia de DOÑA ████████████████ representada por la Procuradora doña ████████████████ y bajo la dirección técnica del letrado don ████████████████ contra WIZINK BANK, S.A.U representado por la Procuradora doña ████████████████ y bajo la dirección técnica de doña ████████████████, versando los autos sobre nulidad contractual, se resuelve con fundamento en los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La Procuradora doña ████████████████ en representación de la indicada parte actora presentó demanda de juicio ordinario a la que acompañó los documentos que consideró oportunos solicitando que se dicte Sentencia en los términos contenidos en el suplico de su escrito. En el acto de la Audiencia Previa la parte actora mantuvo que renunciaba a la pretensión principal de su escrito.

SEGUNDO.- Admitida la demanda se emplazó a la parte demandada para que contestara a la misma en el plazo de veinte días lo que así hizo, solicitando la desestimación de la demanda con condena en costas a la parte actora.

TERCERO.- Citadas las partes a la correspondiente Audiencia Previa, resueltas las excepciones procesales, cada parte se ratificó en sus correspondientes escritos de demanda y contestación; fijados los hechos en los que existe controversia y no habiendo llegado a un acuerdo que ponga fin al litigio, se solicitó el recibimiento del pleito a prueba. Se admitió únicamente prueba documental, por lo que de conformidad con el art. 429.8 de la LEC los autos quedaron conclusos para sentencia.

CUARTO.- En la sustanciación del pleito se ha observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se ejercita por la parte actora tras la modificación efectuada en el acto de la Audiencia Previa una acción de nulidad de las cláusulas que regulan el interés remuneratorio y el sistema de amortización revolving, la cláusula que regula el interés de demora, y comisión por posiciones deudoras por su carácter abusivo. Alega que las cláusulas del contrato son de difícil lectura y además no son claras y comprensibles, aludiendo a su falta de transparencia tratándose de un contrato redactado unilateralmente por la parte actora existiendo un desequilibrio entre los derechos y las obligaciones de las partes.

Se opone la parte demandada a la nulidad del contrato por usurario; mantiene que supera el control de transparencia al no tratarse de un producto financiero complejo y en la medida en que se proporcionó al consumidor toda la información al respecto del mismo; y añade que la cláusula que regula la comisión por impago es transparente y cumple con la regulación en la materia.

Para la correcta y adecuada resolución del pleito debe recordarse el contenido del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que señala en sus apartados primero a tercero que: "1. Cuando, al tiempo de dictar sentencia o resolución semejante, el tribunal considerase dudosos unos hechos relevantes para la decisión, desestimará las pretensiones del actor o del reconviniente, o las del demandado o reconvenido, según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones. 2. Corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención. 3. Incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior".

Es principio general del Derecho que incumbe la prueba de una obligación a quién reclama su cumplimiento y la extinción al que la opone, tratándose de una regla de distribución del "onus probandi" aplicable tanto al actor como al demandado, y que les impone, respectivamente, la carga de probar los hechos que sirvan de base de las alegaciones de cada uno de las que nazca el derecho en que consista la acción o se deduzca la excepción opuesta. A tenor de tal normativa, la carga de la prueba en el proceso civil queda distribuida de manera que corresponde al actor demostrar la realidad de los hechos que constituyen el supuesto de hecho de la norma jurídica cuya aplicación se pretende.

SEGUNDO.- Desde el enfoque de los controles de abusividad, de un lado, y de transparencia, de otro, conviene tener presente que el Tribunal Supremo viene indicando que: "... conforme al art. 4.2 de la Directiva 93/13, el control de contenido no puede referirse 'a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible'."

Esto es, sólo cabe el control de abusividad de una cláusula relativa a los elementos esenciales del contrato si no es transparente. Transparencia que supone que esas cláusulas no sólo han ser gramaticalmente comprensibles y estar redactadas en caracteres legibles, sino que además deben permitir al consumidor hacerse una idea cabal de las consecuencias económicas y jurídicas que su inclusión le supondrá.

En el caso de autos no resulta nada fácil la lectura del documento, en lo que se refiere al condicionado general, sin aumentar mecánicamente el tamaño de la letra, y, aun así, aparece deformada, de modo que, no se atiene a lo dispuesto en el art. 80 TRLGDCU, dado que la medida de la letra impide que el texto sea legible y comprensible.

Por lo tanto, se debe concluir que el contrato no cumple con las existencias de transparencia, claridad, concreción y sencillez (artículos 10.1 LGDCU y 5.5 LCGC) y legibilidad (artículo 7 LCGC). La consecuencia, conforme al artículo 7 de la LCGC, es que no quedarán incorporadas al contrato las condiciones generales que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa al tiempo de la celebración del contrato ni las que sean ilegibles, con lo que no superaría el control de inclusión, entre ellas, la cláusula reguladora de los intereses remuneratorios.

En suma, se estima, aplicando la doctrina expuesta, que también concurre falta de transparencia, de modo que las cláusulas del condicionado general, especialmente la que regula el interés remuneratorio, es abusiva porque provoca un desequilibrio sustancial en perjuicio del consumidor a quien no le ha sido posible hacerse una representación fiel del impacto económico que le supondrá este contrato.

Declarada nula por falta de transparencia y originadora de desequilibrio la cláusula reguladora de intereses remuneratorios, la condena debe alcanzar solamente a la suma dispuesta como capital detrayendo de la misma las sumas abonadas por el deudor por cualquier concepto (pues solo se ha de devolver el capital efectivamente dispuesto), suma que deberá liquidarse en ejecución de sentencia.

TERCERO.- Nulidad de la comisión por reclamación de posiciones deudoras. En lo que a la controversia suscitada entre las partes se refiere son numerosas las resoluciones de los tribunales que exigen que las comisiones insertas en los contratos de adhesión respondan a servicios efectivamente prestado y que la imposición de un coste indemnizatorio al consumidor que no cumple con sus obligaciones, debe respetar la regla de la proporcionalidad. Si se incurre en desproporción la cláusula debe considerarse abusiva.

En el caso de autos, la cláusula relativa a costes del crédito dispone que: "Gasto por reclamación de cuota Impagada. Por las gestiones que realicemos para la recuperación de la deuda Impagada: 35€ máximo". Esta comisión se establece de forma automática y sin la vinculación a servicio alguno, por lo que debe declararse nula por abusiva en los términos de la jurisprudencia expuesta.

CUARTO.- Costas. En cuanto a las costas, siendo estimatoria la demanda, la demandada deberá abonar las costas de conformidad con el artículo 394 LEC.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Todo ello con condena en costas a la entidad demandada.

Contra esta resolución cabe formular recurso de apelación, que se presentará en el plazo de veinte días desde la notificación de esta resolución, conforme disponen los artículos 458 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para su conocimiento y fallo por la Audiencia Provincial de Ciudad Real.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

La Jueza

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.